Según un informe revelado este lunes por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) en Colombia, en el Jardín Cementerio Universal de Medellín se encontraron más de 900 cuerpos que corresponderían a víctimas de falsos positivos, que es el nombre que reciben quienes fueron ejecutados por las fuerzas de seguridad del Estado y luego registrados como bajas en combate contra las guerrillas, hechos que fueron especialmente frecuentes durante los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010). 

Movice asegura, que «se presume la existencia de al menos 906 cuerpos inhumados de personas no identificadas y que pueden corresponder a víctimas desaparición forzada y/o ejecuciones extrajudiciales». 

La investigación, que contó con el respaldo de Diakonia, una organización religiosa sueca que financia proyectos orientados a «cambiar las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales injustas, que generan pobreza, desigualdad, opresión y violencia», pretende completar el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), instancia con la que contrastarán los hallazgos sistematizados en el informe.

Se detalla que la realización de «la radiografía del cementerio Jardín El Universal de Medellín y la revisión y sistematización de más de 2.000 documentos, aportados por las entidades responsables de los procesos de búsqueda y las medidas cautelares ordenadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)» de ese país, «se constituyen como una contribución de absoluta relevancia para la elaboración del registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas, y se convierte en una posibilidad de restitución de los derechos de las personas, tanto de las personas dadas por desaparecidas y su derecho a ser buscadas y a su identificación, como de sus familiares a que se les devuelva el cuerpo de su ser querido y, finalmente, a la misma sociedad, en el marco de la necesidad de sus ciudadanos para que se conozca la verdad de lo sucedido con estas personas».

Movice apunta que el documento presentado también da cuenta de los desafíos que tuvieron que sortear durante el proceso de búsqueda, entre los que se destaca «la falta de un archivo organizado con toda la información sobre cuerpos no identificados y cuerpos identificados sin entregar, exhumaciones y personas entregadas a las familias».

Entre las irregularidades halladas en la documentación, la organización informó de «vacíos en licencias de inhumación e inconsistencias en información sobre zonas, datos y cifras», por lo que insistieron en la importancia del establecimiento de «protocolos claros para la presentación» de estos registros. 

Luz Marina Monzón, directora de la UPD, precisó que el documento, «presenta un resultado concreto de la situación de las personas no identificadas en el Jardín Cementerio Universal: se evidencia que se les ha tratado como si estas personas no tuvieran un vínculo con sus familias».

De su lado, la agencia rusa RT destacó que esta información se hizo pública pocos días después que la JEP «revelara que entre 2002 y 2008 (primeros seis de los ocho años de gobierno de Álvaro Uribe) se registraron 6.402 ‘falsos positivos’ en Colombia», que suma 4.154 víctimas de la violencia del Estado colombiano a las que reportó en 2018 la Fiscalía General de la Nación

(LaIguana.TV)

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