Este jueves el diputado José Brito (Primero Venezuela) enumeró los acuerdos aprobados por la anterior legislatura parlamentaria que permitieron la expoliación de los activos del Estado venezolano por parte de Juan Guaidó y su grupo de colaboradores, entre los que figuran otros exdiputados, así como algunos empresarios.

Así, relató, usando como excusas una supuesta emergencia humanitaria y la necesidad de superar la crisis, la Asamblea Nacional (AN) previa aprobó un conjunto de resoluciones que «permitieron formar el Centro de Gobierno para el Plan País», aunque en realidad se trató de «un traslado de fondos para los ciudadanos Leopoldo López, Humberto Prado, Julio Borges, Alejandro Platz y Javier Troconis, entre otros».

A esto siguió «la toma simbólica y ficticia» del Banco Central de Venezuela (BCV), con la designación de una junta administrativa, una junta directiva y un presidente paralelos, lo que se tradujo en «la expoliación de inmensos recursos económicos y financieros de la República». De manera análoga se hizo con la filial Citgo Holding y Petróleos de Venezuela (PDVSA), detalló Brito.

Este tinglado, requería, sin embargo, de un operador autorizado para manejar los fondos. Por ello, explicó, la anterior AN aprobó en plenaria la autodesignación de Guaidó como «presidente interino», tras lo cual los diputados procedieron a designar como pseudoprocurador al abogado José Ignacio Hernández, quien «fue técnico jurídico especializado promovido por la empresa Crystallex en la demanda contra la República», una acción que implica la comisión de prevaricato, delito sancionado por la legislación venezolana.

Esto, además, fue acompañado por una resolución en la que se respaldaba a Crystallex en su «intención de recibir activos de Citgo» por cargo de una presunta deuda incumplida por el Estado venezolano.

«Resolvieron nombrar una junta interventora para la Corporación Venezolana (CVG), aprobaron los instrumentos legales para la reorganización de la deuda pública. Para la posesión de Monómeros, en Colombia, nombraron nuevo presidente de Monómeros y Pequiven. Aprobaron resolución solicitando a las ‘naciones democráticas’, someter a medidas cautelares y de incautación a las cuentas de la República Bolivariana de Venezuela en sus respectivos países, para evitar que la corrupción del gobierno de ‘la dictadura’, haga uso de los fondos que deben ser guiados y administrados por Juan Guaidó», añadió el parlamentario opositor.

El grupo decidió que su operador en el exterior sería el exdiputado Miguel Pizarro, quien fue designado como «comisionado presidencial para administrar fondos provenientes del exterior para la ayuda humanitaria» a través de otra resolución.

Adicionalmente, la legislatura precedente aprobó un acuerdo en el que se declara «la invalidez y nulidad de los contratos por los cuales PDVSA y sus empresas filiales otorgan en garantía el 49,9% de las acciones de Citgo a favor de Rosneft Trading S.A.», así como una «Ley Especial de Fondos Provenientes de Cuentas Bancarias en el Extranjero», cuyo fin es que el «nuevo BCV» transfiera los recursos directamente a Juan Guaidó para sus manejos dentro y fuera del país, dijo José Brito para cerrar su intervención.

(LaIguana.TV)

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