El presidente Joe Biden ordenó la instalación de un centro de detención en Carrizo Spring, Texas, a 138 kilómetros de la frontera con México, para menores migrantes que llegan a la frontera sur sin compañía de un familiar. Una medida que recuerda a las «jaulas para niños» de Donald Trump. ¿Seguirá Biden los pasos de su antecesor? 

Durante los meses de campaña, Biden y Trump tuvieron diversos desencuentros por las medidas migratorias que el republicano impulsó bajo su mandato. Biden lo acusó de retener a niños migrantes en jaulas y Trump respondió que estas se habían creado en el Gobierno de Barack Obama. Ahora al frente de la Casa Blanca, el demócrata ha imitado a su antecesor abriendo un nuevo centro de detención para menores.  

La medida ha causado cierta indignación dentro de la población estadounidense e, incluso, algunos legisladores demócratas han manifestado su rechazo. 

«Esto no está bien, nunca ha estado bien, nunca estará bien, sin importar la administración o el partido», expresó la representante demócrata Alexandria Ocasio-Сortez. 

«Sin importar quien esté en la Casa Blanca, las palabras ‘instalaciones migratorias para niños’ no deberían estar en el vocabulario de nuestro Gobierno», escribió Jamaal Bowman, representante de la Cámara Baja, en su cuenta de Twitter. 

Thomas Kennedy, coordinador en Florida de la organización de derechos de migrantes United We Dream, calificó la medida de la administración Biden de «terrible» y expresó que el hecho «resalta la hipocresía de la vicepresidenta [Kamala] Harris, que fue al Senado como candidata y dijo que se trataba de un abuso a los derechos humanos perpetrado por el Gobierno de EEUU, pero ahora está bien, ahora se trata de un ‘refugio de paso'». 

«El lugar simboliza uno de los peores excesos de la era de la política de inmigración de Trump, es un lugar en el que los niños son abusados sexualmente y maltratados. Cerca de ahí hay un sitio de desechos militares tóxicos. También se trata de un lugar en donde los contratistas hacen dinero deteniendo niños, así que no queremos que estas instalaciones vuelvan a abrir«, manifestó Kennedy en entrevista con Sputnik. 

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, defendió la postura de la Administración argumentando que las instalaciones provisionales de Carrizo fueron abiertas debido a que la capacidad de alojamiento en las Oficinas de Reasentamiento de Refugiados (ORR) se había visto reducida por los efectos de la pandemia de COVID-19. 

«La política de este Gobierno no es expulsar a menores acompañados», aseguró la portavoz.  «No son niños en jaulas», dijo en respuesta a las críticas que aludían a que en el pasado Biden y Harris arremetieron contra la política fronteriza de Trump.  

La política migratoria estadounidense: ¿un sistema carcelario? 

La reapertura de los centros de detención para menores indocumentados y la vigencia de las cárceles privadas para migrantes ha abierto el debate sobre el sistema de justicia estadounidense, el cual se basa en un «marco carcelario» para procesar a personas que cruzan ilegalmente hacia el país.  

Para Estefanía Cruz Lera, investigadora del Centro de Investigaciones de América del Norte (CISAN), las recientes acciones de la Administración Biden se deben a que «la política de la era Trump no podrá ser revertida y mucho menos transformada de inmediato».  

«No veo cómo la desconfianza y el vigilantismo van a dejar de ser la política vigente en la frontera sur de Estados Unidos ni en el corto ni en el mediano plazo, son cuestiones estructurales de la ideología estadounidense que se materializan en sus políticas de gestión fronteriza», comentó a Sputnik. 

«Entre la sociedad estadounidense hay un miedo generalizado de que aligerar los mecanismos de migración regular y ordenada, tendría como efecto una migración masiva al país. Para intentar contrarrestar esta percepción se han reinstaurado algunos mecanismos como los centros de detención que están incluidos en los procedimientos vigentes en el Departamento de Seguridad Interior», prosiguió. 

Sobre este punto, Ocassio-Cortez escribió en su cuenta de Twitter que la reapertura de dichos centros se debían a que «nuestro sistema de inmigración se basa en un marco carcelario. No es casualidad que desafiar la forma en que abordamos estos dos temas se considere posturas ‘controvertidas’. Requieren reinventar nuestra relación entre nosotros y desafiar las suposiciones comunes que damos por sentado». 

En tanto, el pasado cuatro de febrero, el Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoció la decisión del Gobierno entrante de dejar de utilizar las cárceles federales de gestión privada e instó a Joe Biden a poner fin a la subcontratación de todos los centros de detención.  

«Poner fin a la dependencia de las cárceles privadas para los presos federales es un paso alentador, pero se necesitan más acciones», manifestó Jelena Aparac, presidenta del Grupo de Trabajo. Pues aclaró que esta medida excluye específicamente a «las personas vulnerables recluidas en centros de asilo y migrantes que corren un riesgo particular de sufrir violaciones graves de derechos humanos». 

Biden y la reforma migratoria 

Joe Biden se comprometió revertir las políticas «antiinmigrante» de la era Trump e impulsar la Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021, pero la deportación de más de 26.000 personas indocumentadas en los primeros meses de su mandato y la reapertura de centros de detención parecen contravenir sus promesas.  

«Joe Biden tiene buenas intenciones en materia de migración, sabe que es un tema pendiente en la agenda política estadounidense, pero no basta con buenas intenciones. El presidente también sabe que implica un alto costo político y que el camino para lograr los cambios profundos que el país requiere es un camino cuesta arriba. Los presidentes en Estados Unidos tienen menos poder del que pensamos, la reforma migratoria tiene que hacerse de la mano del Congreso y evitando caer en inconstitucionalidad para no terminar en controversias que tengan que ser dirimidas en la Suprema Corte», explicó Cruz Lera. 

Por su parte, el representante de United We Dream, reconoció que el Gobierno de Biden tiene proyectos en materia migratoria que avanzan, tales como: los grupos de trabajo para reunificar a familias y la protección de los beneficiarios del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).  

«Nuestra tarea es continuar presionando a la Administración Biden para proteger a tanta gente como sea posible sin continuar con la maquinaria de detención y deportación», comentó en conversación con Sputnik sobre las acciones que emprenderán desde los colectivos de protección a migrantes. 

(Sputnik) 

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