Las comunidades que hacen vida en el departamento del Chocó, ubicado al noroeste de Colombia, denunciaron que están siendo víctimas de desplazamientos forzados inducidos por grupos paramilitares que pretenden apoderarse de la zona, un espacio geoestratégico de sumo interés para el narcotráfico colombiano pues tiene salida directa hacia el Mar Caribe (océano Atlántico), el océano Pacífico, Panamá y además es cercano a Medellín, Cali, Pereira y Bogotá.

La importancia del Chocó para los grupos narcoparamilitares es que de los 32 departamentos que integran a Colombia es el único que tiene frontera marítima y terrestre con Panamá, lo que lo hace una zona propicia para sacar la cocaína colombiana hacia Centroamérica y Estados Unidos, su principal cliente.

De acuerdo con las denuncias reseñadas por el medio colombiano W Radio, «la Unidad de Víctimas y el Ministerio del Interior se desplazaron al Alto Baudó para conocer de primera mano la crítica situación que afrontan diariamente los ciudadanos que están siendo desplazados por los grupos armados ilegales«.

En diálogo con W Fin de Semana, Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, explicó que “fueron dos días de trabajo con la comunidad, ellos nos pidieron garantizar la alimentación, nos comprometimos a atender a las 65 familias que fueron desplazadas con paquetes alimentarios”.

De acuerdo a las reseñas, el grupo narcoparamilitar que está ejecutando el desplazamiento forzoso en el Chocó es el Clan del Golfo, también conocido como Clan Úsuga, Los Urabeños, Bloque Héroes de Castaño y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC); quienes a su vez se enfrentan contra comandos del Ejército de Liberación Nacional (ELN), guerrilla armada con fines políticos que se mantiene en combate con los paramilitares para defender a las familias de estos desplazamientos forzosos y a su vez lucha por un cambio de régimen en el país desde hace más de medio siglo.

“El ELN y las AGC estaban disputando el territorio y allí murió un miembro de la comunidad. Nos comprometimos a desminar los campos de la zona y garantizar los temas de seguridad», dijo Rodríguez a la W.

Rodríguez acotó que aproximadamente son 165 familias las desplazadas en esta zona del país, quienes “no han podido regresar a sus viviendas porque los amenazaron con los campos minados”.

Por su parte, el alcalde de Alto Baudó (Chocó), Eulises Palacios, ha denunciado que dos semanas después de que estalló la emergencia de confinamiento de más de 3.000 indígenas, 290 de ellos resultaron desplazados y aún no reciben ayudas del régimen uribista de Iván Duque, esto a pesar que es una «población en especial protección».

Agrega el alcalde Palacios que además de los desplazamientos también se producen confinamientos que no obedecen a la pandemia sino a los enfrentamientos armados en la zona.

Sobre la demora a la atención del Gobierno, Rodríguez expresó que “la atención está en el marco de la ley y esta establece que es responsabilidad del ente territorial, después sigue la Gobernación y ahí sí la Nación para hacer la atención. Siempre hemos tenido atención con el alcalde del Alto Baudó”.

Por su parte, la Iglesia Católica junto a otras organizaciones de Derechos Humanos advierten que los grupos al margen de la ley tiene a más del 50% de su población confinada y desplazada, por lo que piden a Duque que aplique un acuerdo humanitario que permita mitigar esta situación que genera temor en la ciudadanía.

Monseñor Juan Carlos Barreto, obispo de la Diócesis de Quibdó, le dijo a la W que lo que ocurre en el Chocó es una emergencia.

«Encontramos que las afectaciones que están causando los grupos armados están llevando al desplazamiento (…) han hundido a la población en hambre y en una zozobra”, dijo Barreto.

Entre tanto, la vicepresidenta de la Cámara de Representantes de Colombia, Astrid Sánchez, le hizo un llamado al régimen de Duque para que atienda la situación de inseguridad en el Chocó.

La parlamentaria aseguró que en varios municipios del departamento se han dado casos de desplazamiento forzado, secuestros, acciones terroristas y ataques contra líderes sociales, acciones que forman parte de los objetivos y estrategias del Clan del Golfo.

«En el departamento de Chocó no hay confinamiento por el COVID, sino por la inseguridad», dijo la parlamentaria, quien añadió que seguirá trabajando en «planes que ayuden a mitigar esta problemática, exijo respeto por la vida de los civiles”.

(LaIguana.TV)