En Colombia masacran a menores de edad, pero el problema de derechos humanos lo tiene Venezuela
Para iniciar el debate, el experto refirió que el pasado 2 de marzo, el Ejército colombiano informó que había ocasionado ocasionado 10 bajas a «un grupo armado irregular» en la localidad del Guaviare, omitiendo que todos eran menores de edad, pero el caso salió a la luz, gracias a la denuncia pública que hiciera el ciudadano Nepomuceno Marín, quien asegurara que todas las víctimas –5, inicialmente–, tendrían entre 12 y 16 años de edad.
En su opinión, el proceder de las fuerzas militares colombianas se corresponde con un guion repetido, en el que los asesinados siempre pertenecen a «grupos irregulares» y si no lo son, igual les atribuyen esta pertenencia, como sucedió en el caso de los falsos positivos, cuando el Ejército ajustició a inocentes y los disfrazó de guerrilleros.
Holman Morris, un periodista y exconcejal que reportó desde el lugar de los hechos, dijo que el bombardeo había ocasionado el deceso de 13 personas entre 9 y 19 años de edad, más otra víctima cuya edad se desconoce, al tiempo que afirmó que en el hospital de la localidad estarían ingresados otros tres heridos.
En este punto, el también director de LaIguana.TV se preguntó qué pasaría si, en el supuesto negado, el Ejército venezolano bombardeara una zona y asesinara a menores de edad. La respuesta, a esta altura, parece obvia: llegarían los ‘marines’ y los ejércitos europeos «a poner fin a la guerra» en Venezuela.
Sin embargo, acotó, como el transgresor es Colombia, un país que pese a estar inmerso en una guerra civil de más de seis décadas de duración y en el que se producen violaciones recurrentes a los derechos humanos, el mundo y los medios callan, porque entregó su soberanía territorial y jurídica a Estados Unidos y se convirtió en una gran base militar.
Regresando al bombardeo, la versión oficial del gobierno de Iván Duque la proporcionó el Departamento de Medicina Legal en un informe que sostiene que en el bombardeo de Guaviare, falleció un menor de 16 años. El resto de las víctimas, aseguran, son dos personas de 19 años.
Empero, desde el punto de vista de Pérez Pirela, el dato es poco creíble, dados sus antecedentes de las instituciones colombianas, que durante más de dos décadas han amparado prácticas como los falsos positivos.
De su lado, el senador Roy Barreras, denunció inconsistencias en el documento difundido por Medicina Legal, pues con base en documentos de identidad que anexó a su denuncia, comprobó que dos de los fallecidos presentados como personas de 19 años, en realidad tenían 10 y 16 años.
Además, el analista comentó que siete familias de las víctimas están siendo asistidas por organizaciones de derechos humanos y habiendo transcurrido más de una semana desde la masacre, aún están a la espera de la confirmación de la identidad de los asesinados.
Por otra parte, comentó que no es la primera vez que se denuncia al Ejército por desmanes semejantes pues hace dos años, en Caquetá se denunció el asesinato de 8.000 personas por parte de las fuerzas de seguridad y el paramilitarismo, que sigue actuando bajo el amparo del Estado.
El ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, ofreció unas polémicas declaraciones en las que consideró el ataque «legítimo» y aseguró que iba dirigido al líder de la estructura criminal, alias «Gentil Duarte».
«Nosotros sabíamos que allí había estructuras que participaban del hostigamiento y que eran jóvenes. La edad y sexo sería determinada por la Fiscalía (…) están haciendo una afirmación que había 12 niños. Aquí lo que había era máquinas de guerra planeando acciones terroristas», dijo Molano a modo de justificación.
Xenofobia ciudadana y xenofobia de Estado contra los venezolanos
En la segunda parte del programa, Pérez Pirela abordó un tema solicitado por la audiencia: el «incremento alarmante» del maltrato hacia los migrantes venezolanos en países como Perú, Ecuador y Colombia.
A su parecer, a diferencia de lo que sucedió en la mayor parte de los países de la región, Venezuela hasta hace unos cinco años, Venezuela no fue un emisor sino un receptor de migrantes y este cambio se debe fundamentalmente a dos razones imbricadas: una operación propagandística y a los efectos de las medidas coercitivas unilaterales.
Así, explicó, de una parte, está la campaña en pro de la migración hacia países vecinos que adelantaron personajes como Julio Borges, Juan Guaidó, Lilian Tintori en contubernio con los gobernantes de esas naciones y por otra, el deterioro de las condiciones de vida de los venezolanos, explicables en gran medida gracias a los bloqueos y sanciones impuestos por Estados Unidos que estos personajes auparon, en su afán por derrocar al presidente Nicolás Maduro.
Específicamente, estos grupos posicionaron la falsa idea de que en ningún país se podría vivir peor que en Venezuela, cuando la realidad de los que hoy reciben a la mayor parte de los migrantes venezolanos, es justamente miseria y pobreza, si bien la mayoría de los que han abandonado el país, lo ha hecho por razones económicas.
En Colombia, la Dirección Administrativa Nacional de Estadísticas (DANE), informó que en 2020 solo el 71% de los hogares puede hacer tres comidas al día, en comparación con el 89% que podía hacerlo antes de la pandemia.
Según la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya confiabilidad puede ser ampliamente puesta en duda, dado el sistemático sesgo político de sus informes sobre Venezuela, unos 600 venezolanos cruzan diariamente hacia Colombia, aunque, como puede constatarse a partir de los movimientos migratorios de los últimos meses, una masa creciente de venezolanos ha emprendido el camino de regreso hacia su país a causa de la vulnerabilidad que padecían, agudizada tras la llegada de la COVID-19.
En todo caso, redondeó el analista, la táctica no fue efectiva y hoy, esos gobiernos que anunciaron que recibirían con los brazos abiertos a los venezolanos, no quieren asumir la responsabilidad y, por lo contrario, han puesto en práctica un conjunto de procedimientos que, con la excusa de frenar la migración irregular ante la incapacidad de atenderla por las consecuencias que ha dejado la pandemia, representan políticas de Estado antiimigración.
De otro lado, es indispensable distinguir entre la xenofobia ciudadana, que aunque barbárica e injustificable, podría asumirse como la acción de individualidades, de la que promueva el Estado a partir de leyes, discursos y prácticas xenófobas.
Los venezolanos residentes en países como Perú, Ecuador o Colombia, han sufrido de ambas clases y para ilustrarlo, trajo a colación varios ejemplos:
El pasado mes, en un autobús de Bogotá (Colombia), hombres armados con cuchillos amenazaron a pasajeros venezolanos, en Guayaquil estalló una batalla con palos entre vendedores locales y venezolanos en las aceras y en la vecina Trinidad, se reporta que los venezolanos evitan hablar español en público.
Pero los países no frenan el ingreso de migrantes apoyándose exclusivamente en fuerzas castrenses, sino que pueden imponer restricciones legales, como la solicitud de visados o la entrega de documentación compleja que haga más difícil el ingreso de ciertos extranjeros, políticas que cuentan con amplia tradición en Estados Unidos o en los países que conforman la Unión Europea.
En data reciente, naciones como Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, Santa Lucía o Chile, empezaron a exigir documentación adicional para frenar la migración venezolana, aunque la lista ya suma once, solamente en la región.
Además, se ha tratado de justificar estas acciones, presentando el fenómeno migratorio venezolano como una excepción continental y hasta histórica, aún cuando es sencillo comprobar que se trata de otra operación propagandística y política orientada a conseguir dinero a costa de los venezolanos que residen en esos países, que tienen o han tenido un porcentaje significativo de su población –entre el 6% y el 10%– fuera de sus fronteras por causa de situaciones sociopolíticas o económicas contingentes o estructurales.
Acaso, refirió Pérez Pirela, Venezuela fue una atípica excepción continental, pero en sentido opuesto, pues cuenta con una extensa tradición de recepción de migrantes, que en el último siglo abarcó al menos tres momentos distintos: el primero, al concluir la Segunda Guerra Mundial, cuando cientos de miles de españoles, italianos, portugueses y de otras nacionalidades europeas, recalaron en costas venezolanas huyendo de la miseria de sus naciones, que habían quedado devastadas por la guerra o eran gobernadas por dictadores.
En un segundo momento, correspondiente a la década de 1970, continuó relatando, arribaron al país migrantes provenientes de Chile, Argentina y Uruguay que huían de las cruentas dictaduras militares, así como de la guerra civil en la vecina Colombia, mientras que a partir de la década de 1980, la mayor parte de los migrantes que eligieron a Venezuela como país de residencia, procedían de Colombia, Perú y Ecuador. Se trató de una migración motivada por razones económicas, antes que otra cosa.
En todos los casos, los migrantes recibieron un trato igualitario en el país y ningún gobierno demandó ayudas internacionales para atenderles.
Así, defendió Pérez Pirela, es injusto que se califique la migración venezolana de los últimos cinco años, inscrita además en un contexto de sanciones y bloqueos cuyos efectos han sido suficientemente documentados, como un asunto «inédito» en la región y que compromete la capacidad de respuesta de los países receptores.
Algunos datos de la xenofobia ejercida contra los venezolanos en países vecinos
Según datos compilados por el equipo de investigación de Desde Donde Sea, desde 2019 se han incrementado las denuncias de xenofobia contra los venezolanos en países como Ecuador, Perú, Panamá y Chile, alentadas por declaraciones de funcionarios. En Ecuador, el propio presidente Lenín Moreno alentó las acciones, amparándose en el asesinato de una mujer ecuatoriana por parte de su pareja, un venezolano.
En Colombia, la xenofobia también ha sido aupada por funcionarios. Recientemente, Claudia López, alcaldesa de Bogotá dijo: «yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay una migración que está inmersa en la criminalidad y nos tiene la vida de cuadritos».
Para Pérez Pirela, López, que en su campaña electoral prometió acabar con la exclusión, apela a una táctica ya largamente ensayada por gobernantes europeos con fines electorales: culpar a los extranjeros de males sociales como la delincuencia o el desempleo.
En 2018, se colgaron carteles en puentes y calles de Lima con el texto: «Perú sin venezolanos. Ya basta». En 2019, Esther Saavedra, congresista fujimorista, exigió al entonces presidente Martín Vizcarra, la salida de todos los venezolanos, «buenos o malos».
Pocos meses más tarde, el ministro del Interior culpó a los venezolanos del incremento de la delincuencia en el país, pese a que según informes de la Policía Nacional, es cierto que la delincuencia se disparó en el país entre enero de 2016 y mayo de 2019, pero las denuncias interpuestas contra venezolanos no llegan a 0,6%, razón por la cual no puede justificarse, ni aún con sus propios registros, que el fenómeno se deba al arribo de venezolanos a Perú.
De igual modo, comentó el experto, para apoyar la insostenible conclusión, se hipermediatizó la captura de tres miembros de la banda criminal conocida como «Tren de Aragua», quienes fueron aprehendidos por las autoridades en un centro comercial mientras planeaban el asalto a un banco.
Es ese país el único que ha impuesto a su Ejército la tarea de custodiar la frontera con Ecuador, solamente para impedir el paso de los venezolanos, aunque según la legislación internacional, se debería permitir el ingreso de los migrantes y no torpedear su integración en la sociedad de acogida, al promover discursos xenófobos.
Otro aspecto que no puede ser dejado de lado en el incremento de la xenofobia contra los venezolanos, son las redes sociales.
De acuerdo con lo levantado por el Barómetro de la Xenofobia en Colombia, los temas predominantes en los insultos hacia los venezolanos registrados en las redes entre diciembre de 2020 y enero de 2021, fueron los relacionados con la salud y la delincuencia.
Esta compilación precisa que el 28 de diciembre de 2020 proliferaron los insultos ante la posibilidad de que los venezolanos pudieran recibir la vacuna anticoronavirus y el 12 de enero se difundió la noticia que médicos venezolanos arribarían a Bogotá para apoyar en la emergencia sanitaria, acompañado de la falsa especie de que habían sido formados en «misiones cubanas».
De acuerdo con esta fuente, el 21% de los mensajes escritos en estas fechas y sobre los temas antes mencionados pueden calificarse como mensajes de odio.
Saliendo de la región, el pasado enero, una empresaria venezolana dueña de un restaurante en Salamanca, un barrio lujoso de Madrid, fue insultada por un ciudadano español, solo por haber nacido en Venezuela. El hecho quedó registrado en un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales.
Para concluir, Pérez Pirela comentó que el presidente Nicolás Maduro denunció ante las Naciones Unidas el aumento de los ataques contra los venezolanos, con la complicidad de los países de acogida y el silencio de la comunidad internacional.
(laIguana.TV)
