Más de un centenar de venezolanos han sido notificados por el Ministerio del Interior de España que solicitud de residencia «por razones humanitarias» ha sido denegada, recoge El Mundo.
Alberto Sandoval, portavoz del Grupo de Venezolanos Denegados Sin Asilo y Sin Residencia, mencionó que en los procedimientos han identificado vicios y patrones que contravienen lo establecido por la Unión Europea, que compromete a sus Estados miembros a otorgar acogida a los solicitantes de asilo o refugio.
«Hemos detectado ciertos patrones en todas las resoluciones, copia y pega con errores. Nos hace pensar que estamos ante negaciones masivas o en grupo y ante el incumplimiento de la administración española de la directiva europea sobre acogida a los aplicantes de protección internacional«, detalló.
Daniel Lozano, autor del trabajo periodístico, precisa que «desde 2019, España otorgaba residencia por razones humanitarias a los venezolanos que no calificaban para el asilo», pero esto cambió desde diciembre de 2020.
Un caso que atestigua este viraje en la política española, es el de una familia venezolana de cinco personas. El pasado 7 de marzo, los padres, Fabianna Itriago y Alfredo Franceshini recibieron una comunicación del Ministerio del Interior en la que se les negaba el permiso de residencia y, además, se les exigía abandonar el país en 15 días junto a sus menores hijos, dos gemelos de 8 años y otro niño de 7.
La pareja dijo a Lozano que está sorprendida por la negativa, puesto que la madre de Fabbiana hizo la solicitud el mismo día que ellos, como parte del grupo familiar, y la de ella sí fue aceptada.
De su lado, Sandoval indicó que «las motivaciones que proporciona la administración española son variadas, pero tienen dos elementos comunes: se trata de venezolanos que provienen de otros países de Sudamérica y que no cumplen los requisitos para el asilo y refugio».
Tanto él como otros representantes de los afectados creen que «la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior deniega las peticiones de forma aleatoria, como en el caso de Fabianna», sintetiza Daniel Lozano.
Hay otros casos, como el de Andreína Moya, una enfermera que arribó al país europeo procedente de Perú tras haber sido víctima de una mala praxis médica asociada a la insuficiencia renal que padece.
«La semana pasada me informaron que mi solicitud de protección internacional está denegada, pese a que en febrero me trasplantaron un riñón y estoy en recuperación. Tengo que estar aquí durante todo mi tratamiento. ¿Cómo nos vamos a Venezuela en mi condición? ¿Cómo costearíamos mis medicamentos si mi familia pierde el trabajo», se cuestionó una angustiada Moya.
Aparentemente, ninguna persona ha sido expulsada todavía, razón por la cual Sandoval insiste en que los casos deben ser reconsiderados por el gobierno de Pedro Sánchez. Entre las acciones concretas que prevén poner en marcha los afectados está dirigirse al Defensor del Pueblo.
(LaIguana.TV)
