Todas las fuerzas políticas y mediáticas de la derecha mundial se han volcado a defender a la exdictadora Jeanine Áñez, cuestionando el derecho que tiene el Estado boliviano a juzgarla por los crímenes cometidos durante el gobierno de facto. Al mismo tiempo, esas mismas fuerzas conspiran para tratar de evitar el triunfo en segunda vuelta del candidato Andrés Arauz, en Ecuador. 

El programa Desde Donde Sea, que conduce el comunicador y filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela, abordó el jueves 18 de marzo la situación en los dos países andinos, planteadas en su contexto global.  

Bolivia: la defensa de la exdictadora

Comenzó con el análisis de lo que está ocurriendo tras la detención de la exdictadora Áñez, defendida por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por las fuerzas políticas de la derecha continental y por la maquinaria mediática del capitalismo hegemónico. 

Resaltó que el Grupo de Puebla, que está conformado por presidentes, expresidentes y líderes progresistas de América Latina, advirtió que no le reconoce autoridad moral alguna al secretario general de la OEA para cuestionar las detenciones de las personas acusadas de haber participado en el golpe de Estado sufrido en Bolivia en 2019. 

Señalan que Almagro desconoce, de manera flagrante, la independencia de poderes en ese país y lo fustigan porque pretende que la OEA sea una especie de supraestado, por encima de los gobiernos de los países, una atribución que no tiene. 

Hacen referencia a lo planteado por la OEA en un comunicado que el organismo emitió el lunes 15, luego de que se conociera la detención de la expresidenta de facto y se intensificaran los procesos judiciales en contra de parte de su gabinete por terrorismo, sedición y conspiración. 

El Grupo de Puebla recordó que después de las elecciones presidenciales de 2019, la misión de la OEA publicó un informe sin ningún soporte estadístico para justificar una segunda vuelta electoral a partir de un fraude no demostrado, como meses después pudieron constatarlo centros académicos de Estados Unidos como el Centro de Investigación de Economía y Política, el laboratorio electoral del MIT y las universidades de Pensilvania y Tulane. 

«Por esta razón, el Grupo de Puebla reitera que, mientras la OEA no tenga un secretario general efectivamente imparcial, seguirá siendo un organismo generador de conflictos en la integración regional, que hoy es más necesaria que nunca», señala la declaración. 

En respuesta, la OEA desmintió las acusaciones y repudió «el tono represivo y amenazante» del Gobierno de Luis Arce al considerar que pretende personalizar en Almagro decisiones y posiciones institucionales. «La secretaría general reitera los hechos referidos en su comunicado y reafirma los cursos de acción recomendados. Se reafirma que es necesario dar justicia y debida reparación a las víctimas y a los familiares de las víctimas de todos los actos de violencia, violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad ocurridos en Bolivia desde octubre de 2019 en adelante», dice el texto de la organización.

Pérez Pirela subrayó el cinismo de Almagro, quien habla de investigar los hechos de violencia a pesar de que siempre respaldó a quienes impusieron un golpe de Estado y que después cometieron las masacres de Sacaba y Senkata y otras graves violaciones a los derechos humanos.Lo que se está haciendo en Bolivia no son simples actos de revanchismo, sino juzgar crímenes de lesa humanidad. Detrás de ellos estuvo la dictadora, pero también Almagro. Eso no puede quedarse así. Como venezolano no puedo evitar hacer el paralelismo con lo ocurrido en las mal llamadas guarimbas, actos de terrorismo de los que apenas algunos fueron detenidos y luego liberados”, dijo el presentador. 

Ahora la OEA exige que los juicios sean “creíbles e imparciales”, rechaza cualquier apreciación que ponga en duda la autoridad moral y ética de Almagro e insiste en defender la actuación de las misiones de observación electoral y de auditoría de 2019, negándose a reconocer su influencia en la violencia que sacudió a Bolivia. “Es penoso, por decir lo menos, que para la OEA, la dictadura fue un gobierno de transición. ¿Les recuerda algo ese término? Es absolutamente la misma expresión que se utiliza para tratar de legitimar a Juan Guaidó, el presidente nombrado por Trump para Venezuela, y que ahora respalda el guerrerista Joe Biden”, enfatizó. 

“La OEA, en ejercicio de caradetablismo, exige, como si estuviesen condiciones de exigir la creación de una comisión internacional para investigar casos de corrupción desde el último Gobierno de Morales hasta ahora, remitir denuncias sobre posibles crímenes de lesa humanidad a la Corte Penal Internacional, reformar el sistema de Justicia y liberar a todos los detenidos hasta que existan procesos y mecanismos imparciales». 

El ministro de Justicia, Iván Lima Magne, dijo que el secretario de la OEA lo que plantea es que el gobierno constitucional se vaya de vacaciones. También desestimó que se pretenda llevar los casos a la CPI pues ya la dictadora pretendió hacerlo con Morales. Sobre el pedido de libertad inmediata, dijo que los casos no se deciden por declaraciones, amenazas o afirmaciones de Almagro, sino en los tribunales. 

Sobre el papel de Almagro en el golpe la posición del Gobierno boliviano es firme: “Ha sido parte de una construcción de una teoría de fraude que nunca existió”. 

Áñez podría pagar 30 años de prisión por su responsabilidad en cuatro masacres y por otros delitos. Nadia Cruz, defensora del Pueblo, dijo que en el gobierno de Áñez, y bajo sus órdenes, murieron en intervenciones policiales y militares al menos 37 personas. 

Acotó Pérez Pirela que las masacres son una especialidad de las derechas de la región, con Colombia como país campeón. Pero nadie habla desde la OEA sobre esas masacres y, es más, se trata de defender a los causantes. 

La defensora del Pueblo acusa a Áñez como responsable de estas masacres basándose en que el 15 de noviembre de 2019, la expresidenta de facto firmó un decreto, el 4.078, que autorizaba a las Fuerzas Armadas a reestablecer el orden público sin que esto generara responsabilidad penal. La normativa era una carta blanca para toda clase de barbaridades. Resultó tan terrible que dos semanas después, ella misma se vio obligada a derogarla. 

En octubre del año pasado, la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó un informe que señala que de esos 37 asesinados, 27 fueron por impactos de bala, algunos con calibre 22, otros con calibre 5,5 milímetros y calibre 7,62 y además hubo 861 personas heridas. 

La medida contra Áñez también recayó sobre sus exministros de Justicia, Álvaro Coímbra, y de Energías, Rodrigo Guzmán, y se justificó por la existencia de riesgo de fuga de los detenidos. 

El ministro actual de Justicia, Lima Magne, informó que pedirá una condena de 30 años contra Áñez por las matanzas ocurridas durante su administración (noviembre 2019-noviembre 2020). «Acá ha habido masacres sangrientas, acá ha habido familias que han quedado sin padres, madres que han quedado sin hijos», recalcó Lima. 

Memorial de las masacres

El Equipo de Investigación de Desde Donde Sea recopiló datos acerca de las dos principales masacres perpetradas por el Estado boliviano bajo la conducción de la dictadora Áñez: las de Sacaba y Senkata. 

Sacaba. El 15 de noviembre de 2019, justo el día de la firma del sonado decreto de Áñez, en la localidad de Huayllani, en el municipio de Sacaba del departamento de Cochabamba, se produjo una masacre cuando miles de campesinos de la región de Chapare caminaban en dirección a La Paz, donde tenían previsto manifestarse en contra del gobierno de facto. Los manifestantes intentaron atravesar el puente Huayllani, que une a la ciudad de Sacaba con Cochabamba, pero se toparon con un cerco policial y militar que les impidió el paso. Minutos después, las fuerzas de seguridad comenzaron a reprimir fuertemente a los manifestantes. El saldo de esta matanza fue de 12 personas asesinadas y 125 heridas.  

Senkata. Cuatro días después, sucedió la segunda masacre, esta vez en la localidad de Senkata, en la ciudad de El Alto, cuando un violento operativo policial y militar, que buscaba despejar una planta de hidrocarburos bloqueada por manifestantes, acabó con la vida de 10 personas. 

“¿Qué están defendiendo la OEA y Almagro, a quién defienden? A la exdictadora y a sus exministros, todos con las manos llenas de sangre. ¿Cómo es que nos calamos a un organismo que propicia y defiende masacres? –se preguntó Pérez Pirela- Lo terrible es que Almagro viene del Frente Amplio, cuyos militantes tuvieron que pagar con sus vidas y libertad por la democracia de Frente Amplio, de la izquierda de Uruguay. Llegó al cargo en la OEA con el apoyo de Venezuela porque había sido el canciller de Pepe Mujica. Se presentó como un dirigente de un partido progresista, se suponía que con él soplaba vientos de cambio en la OEA. ¡Mentira! Fue el equivalente a Lenin Moreno en Ecuador, personajes que llegan al poder sobre los hombros de liderazgos populares y luego se venden al mejor postor”.  

Una participante dejó la interrogante “¿dónde está Bachelet?”, en referencia al silencio total de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. “¡Qué buena pregunta!”, agregó el presentador del programa. 

Otra persona del público recordó cómo, a través de los medios de comunicación y las redes sociales “vimos con horror como la policía boliviana rezaba de rodillas antes salir a masacrar”.

Además de las dos masacres, de acuerdo con el documento que aprobó la Asamblea Legislativa Plurinacional, hubo muertos y heridos en el municipio de Betanzos, Potosí; y en Yapacaní, Santa Cruz.  

El Ministerio de Justicia presentó además cuatro solicitudes de juicio contra Áñez que tienen que ver con el préstamo presuntamente irregular de más de 327 millones de dólares otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Bolivia; la prórroga ilegal por 15 años de una concesión de Fundaempresa, entidad comercial contratada por el Estado; la vulneración de derechos humanos de los bolivianos residentes en Chile; y las restricciones decretadas durante la pandemia. 

“Ojalá que se haga justicia en Bolivia y lo dice un venezolano que clama por justicia también en Venezuela”, insistió Pérez Pirela. 

Comienza la campaña en Ecuador 

En cuanto a Ecuador, Pérez Pirela alertó acerca de la posibilidad de una maniobra judicial, con apoyo externo, para evitar que se produzca el retorno del correísmo al poder, mediante la victoria del candidato ganador de la primera vuelta, Andrés Arauz. 

“Les dije el día después de la primera vuelta, que la segunda sería de pronóstico reservado: de hecho, Guillermo Lasso tuvo que agarrarse a trancazos y logró su tique para la segunda vuelta. Comenzó la campaña con ánimos caldeados. Serán unas elecciones muy duras con alianzas muy polémicas”.  

La campaña para la segunda vuelta de las presidenciales acaba de iniciarse. Los reportes periodísticos indican que Ecuador se prepara para elegir nuevo presidente en medio de una crisis económica agravada por la Covid-19 y la necesidad de acelerar la vacunación para mitigar la pandemia. 

Dos modelos políticos y económicos opuestos se enfrentan en el balotaje. Después de la primera vuelta del pasado 7 de febrero, ensombrecido por las denuncias de fraude por parte del excandidato indigenista Yaku Pérez, los ecuatorianos finalmente decidirán entre el economista de izquierda Andrés Arauz y el centro derechista y banquero Guillermo Lasso. 

Pérez, quien alegó fraude en la primera vuelta y aún busca un recuento, ha dicho que no apoyará a ningún candidato. Además, la organización indígena Conaie pide a los ciudadanos que estropeen sus boletas en señal de protesta. 

Recordó el conductor del programa que Pérez se presenta, en el marketing político, como un candidato indígena, y para hacerlo hasta dejó de usar su nombre verdadero, Carlos, para emplear el apodo que lo hace ver más originario. Sin embargo, ha demostrado ser, igual que el movimiento Conaie, un instrumento de Estados Unidos y de la derecha local. 

Aunque Arauz obtuvo el primer lugar en la primera vuelta, no logró más del 50 % de los votos, por lo que fue necesaria la segunda vuelta. Aunque el candidato de la izquierda alcanzó más de 10 puntos porcentuales por encima de su más cercano contrincante, aún no se han publicado las encuestas que mostrarían la tendencia para la fase final.  

En la primera vuelta, Arauz obtuvo el 32,7 % de los votos, mientras que Lasso el 19,74 % y Pérez el 19,39 %. Aproximadamente el 10 % de los votos emitidos fueron declarados nulos. 

Arauz, quien representa al expresidente Rafael Correa, apuesta por volver al modelo implantado por este durante la Revolución Ciudadana, caracterizado por una presencia importante del Estado en la vida nacional. 

Por su parte, Lasso, el candidato de derecha le apunta a la generación de empleo, pero enfrenta resistencia por parte del electorado debido a su condición de banquero. Los ecuatorianos están cansados de las medidas de austeridad vinculadas a un paquete del Fondo Monetario Internacional que complicó aún más la situación financiera  

En este contexto, el gobierno de Moreno está en silencio. En especial después de que la Defensoría del Pueblo de Ecuador (DPE) presentó el informe de la Comisión Especial para la Verdad y Justicia que concluye que durante las protestas ciudadanas de octubre de 2019, se vulneraron los derechos humanos. 

En ese informe se acusa al Estado ecuatoriano, a través de sus agentes, de violentar gravemente los derechos a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal, actos que tienen un directo impacto sobre el derecho a la libre expresión, a la protesta pacífica y a la resistencia. 

“¿Saben que ha dicho Moreno sobre esto? No ha dicho absolutamente nada”, comentó Pérez Pirela. 

Crónica de un lawfare anticipado 

El riesgo que se cierne sobre el proceso electoral ecuatoriano es que sea intervenido por las fuerzas de la derecha para impedir que se concrete la victoria de Arauz. Parece estar en marcha una modalidad de lawfare anticipado.  

Pérez Pirela citó ampliamente una nota de la periodista Tatiana Pérez, de Telesur, en la que indica que “mientras los ojos estaban puestos en el complejo entramado de actas, porcentajes y contradictorias declaraciones (de la disputa por el segundo lugar entre Lasso y Pérez), otra peligrosa estrategia se intentaba imponer para proscribir la candidatura de Andrés Arauz y cuenta con el apoyo del gobierno de la vecina Colombia”. 

“A la campaña de la Revolución Ciudadana se le acusa de haber recibido financiamiento del grupo insurgente colombiano ELN. Las pruebas son un video, desmontado por su mal parodia, y una supuesta información extraída del computador de alias ‘Uriel’, un cabecilla de un bloque de esta guerrilla que opera en el Departamento del Chocó y que fue asesinado por el ejército”, recuerda la comunicadora. 

“Primero fue un titular de una revista colombiana de extrema derecha y después una visita sorpresa del fiscal general de Colombia a su homóloga ecuatoriana en Quito, para revestir de legalidad la información. Esta visita de Francisco Barbosa prendió las alarmas de líderes y organizaciones de la región. Y no solo por la historia de Colombia en cuanto a montajes con computadores incautados se refiere, sino por su clara intervención en los asuntos internos de otro país. (…) El expresidente de Colombia, Ernesto Samper calificó de infamia los supuestos vínculos de Arauz con el ELN”, añadió.  

Pérez Pirela comentó que “si no fuera por la paciencia de los países vecinos, hace tiempo se hubiesen desatado varias guerras con Colombia porque la oligarquía de esa nación la ha convertido en un factor de desestabilización y en la cabeza de playa de los intereses de EEUU”. Lamentó que la principal víctima de esa postura de las élites sea el pueblo colombiano. 

Mencionó nuevamente al Grupo de Puebla, que en su momento emitió un comunicado condenando el hecho. En una parte del documento señala “Ante este intento de golpe a la democracia en Ecuador, rechazamos que se utilicen los aparatos mediáticos y judiciales para doblegar la voluntad popular del pueblo ecuatoriano y hacemos un llamado a todas las fuerzas comprometidas con la paz, con la democracia y la autodeterminación de los pueblos, a velar por un proceso limpio, libre de violencia”. 

Insistió Pérez Pirela en que hay que seguir denunciando este montaje porque no es poca cosa lo que la derecha pretende hacer en Ecuador. 

La derecha en aprietos

Para finalizar el programa, el moderador mostró una lista de eventos políticos que, con sus matices, parecen explicar por qué EEUU y sus aliados locales hacen tantos esfuerzos por torcer la voluntad de los electorados. Sucede que en los últimos años, la mayoría de las consultas han sido ganadas por candidatos progresistas o moderados.  

Estos son los acontecimientos señalados: 

Mayo 2018. Carlos Alvarado, considerado de centroizquierda (aunque Pérez Pirela tiene grandes reservas al respecto) venció en reñidas elecciones obteniendo la presidencia de Costa Roca 

Julio de 2018. Andrés Manuel López Obrador, encabezando la alternativa al bipartidismo PRI-PAN en México, llegó a la presidencia. 

En mayo de 2019, la centroizquierda obtuvo la presidencia de Panamá con Laurentino Cortizo (con similares dudas de parte del presentador) 

Octubre 2019, Alberto Fernández frenó el avance del macrismo y la propuesta de privatización y precarización de la calidad de vida del pueblo argentino. 

Octubre 2020, Luis Arce venció claramente en las elecciones de Bolivia. 

Febrero 2021, Andrés Arauz ganó la primera vuelta en Ecuador, representando al expresidente Rafael Correa. 

Marzo 2021, Luiz Inácio Lula Da Silva fue liberado de todas las condenas que le habían impuesto y quedó habilitado para cualquier elección. 

La región está a la expectativa de Perú, Nicaragua, Chile y Honduras 

“Son pasos que se han venido dando con muchos problemas. El desafío para las fuerzas progresistas en América Latina es, como lo hemos dicho muchas veces, que las dejen hacer elecciones. Es lo mismo que pasa en Venezuela –dijo-. Excluyendo de esa lista a Alvarado, en Costa Rica, y Cortizo, en Panamá, el cuadro muestra una tendencia. Por eso la derecha está tratando de frenar victorias electorales como la de Ecuador. Cuando se pensaba que, sin Chávez, Kirchner, Lula y Correa, ya no había perspectivas para la izquierda en América Latina, los pueblos se están pronunciando. Es interesantísimo lo que está ocurriendo en toda la región, la forma como se están moviendo las cosas”. 

Interacción

Temas polémicos los dos tocados en el programa, generaron una intensa participación de la audiencia. Fueron muchos los comentarios críticos acerca de las actuaciones de Almagro, Bachelet y Moreno, todos provenientes de movimientos de izquierda y ahora operadores de los intereses de EEUU y las oligarquías nacionales.  

En el transcurso del programa se produjo la noticia del asesinato de María Bernarda Juajibioy, alcaldesa del cabildo Camentzá Biyá, en el departamento del Putumayo, en el sur de Colombia. Junto a ella cayó muerta su nieta de apenas un año. “Sobre esto no se dice nada en la OEA. Solo habla de Venezuela. Y luego, cuando se hace justicia en Bolivia o se va a hacer en Venezuela, aparece el chantaje de que si se encarcela a los culpables, estamos en una dictadura”, deploró Pérez Pirela. 

(LaIguana.TV)