Este viernes, el exdiputado Juan Guaidó anunció en Twitter que el «gobierno encargado» había dado «un paso importante que permitirá al país acceder en los próximos meses a vacunas» contra la COVID-19 a través del mecanismo COVAX.

Un despacho de AFP precisa que el pseudoparlamento encabezado por Guaidó, aprobó un acuerdo para solicitar a la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la liberación de 30 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano que se encuentran bloqueados por esa instancia.

Concretamente, el documento autoriza «al presidente Juan Guaidó para que solicite un endeudamiento al Banco Central de Venezuela por un monto de 30.309.040,00 dólares, destinados a pagar el acceso a la Plataforma COVAX (18.199.040,00 dólares), y para inversión en la cadena de frío necesaria para el plan de vacunación contra la COVID-19 (12.110.000,00 dólares)«.

«Washington, en su presión contra el mandatario socialista Nicolás Maduro con sanciones financieras, entregó a Guaidó el control de cuentas y activos de Venezuela en Estados Unidos», recuerda la agencia francesa, razón por la cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro no puede utilizar estos dineros, aunque se trate de necesidades urgentes como la adquisición de vacunas, insumos médicos, alimentos o combustible. 

Adicionalmente, el pasado 29 de diciembre, un bufete de abogados que representa al exparlamentario dirigió una carta al Banco de Inglaterra para oponerse al uso de los fondos  que podrían obtenerse con la venta del oro venezolano depositado en sus bóvedas que, a propuesta del gobierno de Venezuela, se emplearían en adquirir vacunas y aditamentos médicos a través de agencias de la Organización de Naciones Unidas. 

«Nuestros clientes no tienen confianza en la disposición o habilidad del régimen de Maduro de justa y efectivamente distribuir el número contemplado de vacunas», adujeron los representantes de Guaidó, pero la excusa fue mal acogida y la negativa se interpretó en casi todo el espectro político nacional como una acción egoísta del grupo que atentaba contra la salud y la vida de la población venezolana. 

Pese a estas contrariedades, el Gobierno Bolivariano suscribió un convenio con el Fondo Rusa de Inversión Directa para la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, así como con la República Popular China para la compra de varios millones de dosis de la vacuna Sinopharm. 

En febrero arribaron las primeras 100.000 dosis de la Sputnik V y se inició el plan nacional de vacunación, que contempla la inmunización prioritaria de trabajadores sanitarios y funcionarios que están en la primera línea de lucha frente al virus. A inicios de marzo, se comunicó de la llegada de 500.000 dosis de la farmacéutica china Sinopharm, destinadas en principio a maestros y a otros grupos de riesgo. 

Aunque esta información es pública, el político derechista prometió en Twitter que el plan de vacunación que aparentemente planea poner en marcha su pseudogobierno tomará en cuenta «principios humanitarios», priorizando «a los más vulnerables» –no detalló a quiénes se refería– y al personal sanitario. Tampoco precisó la fecha en la que estarían disponibles los inmunizadores. 

A la fecha, Venezuela ha informado de 148.208 casos de COVID-19 y 1.467 decesos por esa causa, de acuerdo con cifras compiladas por el portal Worldometers, cantidades considerablemente más bajas que las reportadas en la mayor parte de los países en la región. 

Además, desde la identificación de la variante brasileña (P1) del virus SARS-CoV-2 a principios de marzo, el Ejecutivo impuso un cerco sanitario y endureció el confinamiento en las zonas más afectadas para prevenir un incremento descontrolado de las infecciones, ello en virtud de que la evidencia científica disponible ha concluido que la llamada variante amazónica es hasta dos veces más contagiosa y potencialmente más letal que la que previamente circulaba en el país.

(LaIguana.TV)

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