En enero pasado, la decisión era unánime. Contra todo obstáculo, la plenaria de la Asamblea Nacional (AN) designaría a finales de marzo a las rectoras o los rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así de decididas eran las declaraciones de diputados y diputados.

Pero en política nada es seguro, hasta que se cumple. Y eso fue lo que sucedió el pasado martes 16, cuando el plenario del Poder Legislativo acordó, por unanimidad, “exhortar” al Comité de Postulaciones Electorales (CPE) para que abriera un nuevo período de postulaciones.

¿Las razones? Problemas de comunicación lo que impidió a muchos aspirantes cumplir con el proceso; una solicitud de los partidos del llamado G4 hecha durante las negociaciones o a través de los facilitadores de Noruega; abrirle espacio a las universidades nacionales autónomas, cuyas autoridades se habían negado a participar. Tales son algunos de los argumentos difundidos públicamente, hasta ahora, para justificar que un proceso que se desarrollaba sin tropiezos y aceleradamente se haya detenido de repente para regresarlo en tres de los pasos que ya se habían cumplido.

Lo cierto es que el exhorto fue propuesto por el vicepresidente del CPE, José Gregorio Correa de AD, y secundado por el presidente del comité, Giusseppe Alessandrello del PSUV. Y, por supuesto, fue asumido por la totalidad de los miembros de esa instancia, quienes, un día después, aprobaron que el nuevo período iniciara el pasado jueves 18 de marzo.

Independientemente de cuál o cuáles sean las razones, en realidad esta decisión frenó la voluntad legislativa de principios de año, pues ya no podrá ser a finales de este mes, cuando se designen las nuevas autoridades electorales, sino más bien hacia finales de abril, cumplidas las actividades y respetados los plazos legales. Veamos porqué.

El cronograma del proceso

Aunque los diputados y las diputadas aprobaron un período de postulaciones de 10 días, al final el CPE se acogió a los 14 días continuos previstos en el artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Electoral (Lope), que regula esta fase del proceso, con lo que se estarían preservando los derechos de quienes aspiren a aprovechar esta nueva oportunidad.

Este lapso finalizará el próximo 01 de abril, luego de lo cual se abrirá la fase de evaluación, determinación de los elegibles, de objeciones y descargos y de la elaboración de la lista final que será presentada a la plenaria de la Asamblea Nacional.

Según el artículo 26 de la Lope, esta fase del proceso debe durar 20 días continuos, contados a partir del vencimiento del lapso de postulaciones. Si el CPE se toma la totalidad de este período, debería estar entregando la lista final a la plenaria alrededor del 21 de abril.

Sin embargo, los integrantes del Comité de Postulaciones Electorales podrían ganar tiempo, si redujeran los tiempos que deberán utilizar para algunas de sus actividades.

Una vez finalizado el período de postulaciones, los integrantes del CPE deberán revisar que los candidatos y las candidatas hayan presentado la totalidad de los recaudos que constatan el cumplimiento de todos los requisitos. También deberán consultar con organismos del Estado si cada aspirante está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos y si, en los últimos 20 años, no han sido sujetos de sentencias definitivamente firmes por la comisión de delitos dolosos, es decir aquellos que se cometen con la intención de producir un daño en una persona.

Los postulados y las postuladas que cumplan con todos los requisitos serán entrevistados entonces por miembros del Comité, lo que les servirá para hacer un perfil de ellos. Solo entonces procederán a hacer una lista de posibles elegibles que será la que se someta al conocimiento público.

Es en el desarrollo de estas labores que el CPE podría optimizar sus tiempos, si redujera los días de revisión de documentos y de consultas externas, y ampliara los horarios para realizar las entrevistas, las cuales, posiblemente, pueda hacer vía internet.

Los tiempos que no pueden ser recortados son los que corresponden a los períodos de objeciones y de descargos, pues estos plazos están determinados por la ley y corresponden al ejercicio de derechos, como lo son el de participar en la gestión pública y el de defensa.

El período de objeciones se refiere a la oportunidad que tiene la ciudadanía, una vez conocidos los elegibles, de impugnar a cualquiera de ellos, si considera que incumplen los requisitos legales. El descargo es el ejercicio de la defensa a la que tiene derecho el objetado.

Las objeciones y los descargos tienen, cada uno, seis días de plazo para ejercerse y ambos plazos deben cumplirse por completo. Como ambos suman un total de 12 días que deben correr en su totalidad, en realidad, el CPE solo cuenta con ocho días para el resto de las tareas.

Quizá por ello, el Comité ya suma seis días adicionales en el proceso de evaluación del primer período de postulaciones que se abrió el 13 de febrero pasado, si se toma en cuenta que para mañana martes 23, cuando cierra el lapso de descargos, ya tendrán 24 días en esta fase del proceso, sin contar los dos días que les llevará elaborar la lista definitiva.

¿Qué pasará con los preseleccionados de la primera oportunidad?

Abrir un nuevo período de postulaciones, luego de que casi finaliza el proceso de preselección de quienes se postularon en una primera oportunidad es inusual. Y aunque pudiera haber creado incertidumbres a los candidatos y las candidatas, éstas fueron aclaradas de una vez por el presidente del Comité. “Su proceso continuará como establece la ley”, dijo Alessandrello en la misma plenaria del pasado martes, en la que se aprobó el exhorto.

Ello quiere decir que, una vez que el CPE decida sobre las objeciones y los descargos, elaborará una lista final de entre los candidatos y las candidatas que salieron con bien en este último paso, la cual enviará a la plenaria. Esto quiere decir que el Comité deberá seleccionar, de entre los 74 postulados y postuladas cuyos nombres fueron dados a conocer públicamente, solo 45 aspirantes, pues el mismo artículo 26 de la Lope establece que deberá conformarse un registro con el triple de los cargos a designar, cinco rectores principales y 10 suplentes.

Pero los y las integrantes de esa primera entrega no serán los únicos y las únicas que serán tomados en cuenta por los diputados y las diputadas para decidir, pues la plenaria también recibirá una segunda lista de 45 postulados y postuladas, quienes provendrán del proceso de postulaciones y evaluación que se inició el jueves pasado.

De acuerdo con el procedimiento acordado en la Asamblea Nacional, los diputados tendrán a su disposición 90 nombres, distribuidos en dos listas, entre los cuales escogerán a las nuevas autoridades electorales.

(Taynem Hernández / LaIguana.TV)