¿Qué pasó en Apure? Guerra asimétrica de Colombia contra Venezuela explicada por Pérez Pirela

Venezuela al ser objeto de una guerra multiforme no convencional, es atacada por todos los frentes y a propósito de ello, el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela compartió con la audiencia de Desde Donde Sea sus pareceres respecto de tres acontecimientos recientes que dan cuenta de acciones que han tenido lugar en los últimos días: el asesinato de dos militares venezolanos por insurgentes colombianos, el despojo colosal y sostenido de los activos del país y la salida de Argentina del Grupo de Lima, brazo ejecutor de las políticas desestabilizadoras de Washington en la región.

 

 

Para entrar en materia, Pérez Pirela aludió al asesinato de dos efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) a manos de grupos paramilitares colombianos, en el marco de una operación militar ejecutada por el Comando Estratégico Operacional de la FANB (CEOFANB) al sur del estado Apure, fronterizo con Colombia, el pasado domingo 21 de marzo. 

 

Según confirmó la FANB, los soldados venezolanos fallecieron durante un enfrentamiento entre Orden Fragmentaria Lanceros de Apure y en el sector La Coromoto del municipio Urdaneta y grupos irregulares armados de origen colombiano. 

 

El experto destacó que, por un lado, estos sucesos desmontan la teoría de que en Venezuela se protege a la insurgencia colombiana y por otro, rompen con la creencia extendida de que el paramilitarismo es una expresión de la derecha política, cuando en realidad el término alude a «todo Ejército en armas fuera del monopolio legítimo de la violencia» que, siguiendo al pensador alemán Max Weber, es potestad del Estado. 

 

En la operación, precisó, fue neutralizado un cabecilla conocido con el mote de «El Nando», se capturó a 32 sujetos y se destruyeron seis campamentos, así como también se incautó armamento, proyectiles, pertrechos de guerra y drogas. 

 

Esta situación, a su parecer, es consecuencia de que «el gobierno colombiano dejó la frontera a merced de cualquier suerte de paramilitarismo», pues es incapaz de controlar su territorio, a pesar de contar con bases estadounidenses desplegadas por toda la nación. 

 

Sobre este punto, el presidente Nicolás Maduro anunció que se tendría «cero tolerancia» con esta clase de grupos. Además ordenó el combate de delitos trasnacionales como el narcotráfico y el paramilitarismo, así como el desplegar todas las acciones disponibles para garantizar la paz, la soberanía y la independencia nacional.

 

Para el también director de LaIguana.TV, lo sucedido es una demostración de lo que ha denunciado amplia y documentadamente desde hace más de una década: que en Venezuela hay grupos paramilitares.

 

En su juicio, en el presente la situación es todavía más grave, pues se estaría pretendiendo «colombianizar» a Venezuela a través de la exportación de una guerra que ya tiene más de seis décadas azotando al vecino país, lo que ha sido posible gracias al negacionismo de Colombia, que insiste en eludir su responsabilidad en estos asuntos. 

 

De otra parte, recuperó las declaraciones del ministro de la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, que a propósito de las matrices mediáticas que intentan posicionar que el Gobierno Bolivariano protege a grupos insurgentes colombianos de izquierda, señaló: «ningún grupo armado, cualquiera sea su ideología política, naturaleza u origen podrá posarse sobre nuestra tierra sagrada para delinquir».

 

El analista estima asimismo, que la acusación que lanza el ministro sobre las actividades que llevan a cabo estos grupos paramilitares en territorio venezolano, no es gratuita, en tanto lo que está detrás de sus acciones es «el negocio de la droga y sus derivados: prostitución, venta de armas, etcétera».

 

En este orden de ideas, Héctor Orlando Zambrano, diputado a la Asamblea Nacional por el estado Apure familiarizado con la dinámica en la zona fronteriza, declaró: «nuestra FANB, en el cumplimiento de las tareas, está golpeando a una estructura del narcotráfico que le es funcional al Estado colombiano para seguir agrediendo a Venezuela. No se está golpeando a un movimiento de izquierda, se está golpeando a una estructura del narcotráfico que ha colocado minas en territorio venezolano para afectar a la población».

 

 

A lo anterior habría que sumar que medios colombianos se hicieron eco de un audio difundido a través de las redes sociales, cuya autoría fue atribuida a comandantes de la disidencia de las FARC, en relación con el enfrentamiento entre las FANB y el grupo insurgente en Apure. 

 

Según un comandante del frente identificado con el alias de «Antonio Medina», su grupo dará «una respuesta militar» y se defenderá, pues los combatientes tienen «el sagrado derecho» de defender sus vidas.

 

Pérez Pirela cuestionó ampliamente estas declaraciones, toda vez que aunque la guerra civil en Colombia es un asunto que atañe a ese país, fracciones en pugna contra el Estado colombiano han ingresado irregularmente a territorio venezolano a cometer delitos e incluso, a sembrar minas antipersona, y ahora se alega un presunto derecho a la defensa de la vida para justificar más ataques contra Venezuela.

 

Así, cuestionó, es Venezuela quien está pagando «los platos rotos» de la ineficiencia y la corrupción del gobierno de Iván Duque, que no contento con esto, presta su territorio para invasiones, intentos de magnicidio y otros graves crímenes contra su vecino.

 

En este mismo espíritu, el diario El Tiempo reseñó que el líder de otro grupo disidente de las FARC, Jorge Eliécer Jiménez Martínez, alias «Arturo», había señalado que «es necesario establecer los mecanismos de solución a esta situación» y aseguró que el grupo al que pertenece está dispuesto a detener los ataques y replegar sus unidades, de común acuerdo con las autoridades venezolanas. 

 

En opinión del filósofo, la demanda de este líder insurgente está completamente fuera de lugar, puesto que su adversario es el Estado colombiano y no el venezolano. Por ello, añadió, en lugar de involucrar a Venezuela en asuntos de Colombia, deberían dirigirse a Bogotá o a la instancia gubernamental colombiana de su elección. 

 

 

Para completar el caleidoscopio de lecturas de la que ha sido objeto el choque entre la FANB y la disidencia de las FARC, refirió que el portal de periodismo de investigación y datos abiertos La Tabla, mostró el rol de la prensa privada nacional e internacional en la interpretación de estos sucesos, que fueron difundidos por «cuentacuentos» reconocidos del paramilitarismo colombiano. 

 

En la «reconstrucción» de la narrativa que elaboraran estos agentes, se puntualiza que poco después de las 11:30 de la mañana del domingo (hora de Venezuela), FronteraViva replicó informaciones de dos periodistas influenciadoras no presentes en el lugar de los hechos.

 

El medio venezolano destaca que estas acciones responden al interés manifiesto de la inteligencia colombiana en seguir los movimientos de las acciones de Caracas respecto de la insurgencia asentada en territorio venezolano, muy especialmente la procedente de disidencias de las FARC. 

 

Pérez Pirela también comentó que en el trabajo de La Tabla se muestran los errores cometidos por las propagandistas, que al desconocer el tema, siguieron un guion en el que, además se apeló a noticias y datos falsos para, una vez ejecutadas las acciones, para construir una trama consistente con un nuevo falso positivo. 

 

Sin embargo, en su criterio, todo indica que se está repitiendo el mismo guion de mayo de 2020, cuando medios privados intentaron posicionar un combate de las FANB contra un campamento de disidencia de las FARC, como acciones del gobierno venezolano para «desviar la atención», al tiempo que, casi en simultáneo, la banda criminal de El Coqui atacaba un puesto de la Guardia Nacional Bolivariana en una autopista en el oeste de Caracas, mientras que en el este, bandas criminales protagonizaban enfrentamientos sangrientos en Petare. 

 

En estos casos, recordó, la simultaneidad suele ser indicio de que se trata de operaciones financiadas desde el extranjero, puesto que este modus operandi antecedió a la fallida Operación Gedeón, que fue planificada y partió desde Colombia.

 

 

Este miércoles, la Vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, ofreció declaraciones relacionadas con las acciones que está emprendiendo el Estado venezolano para recuperar los recursos de Venezuela que permanecen retenidos en bancos extranjeros y para procurar la sanción de los culpables. 

 

A ese respecto, Miguel Ángel Pérez Pirela mencionó que Venezuela inició procesos legales en contra de las instituciones financieras que se niegan a liberar los recursos de la República alojados en sus bóvedas y, por otra parte, el Ejecutivo solicitó al Ministerio Público que se investigue a fondo al exdiputado Juan Guaidó, principal responsable del latrocinio contra su propio país. 

 

Concretamente, Rodríguez precisó que «Guaidó debe ser acusado por magnicidio, terrorismo, corrupción, promover sanciones y promover bloqueos», a lo que el también narrador venezolano añadió que el dirigente extremista ha contravenido prácticamente todas las leyes de la nación y aún sigue libre. En contraste, señaló a modo de comparación, en Bolivia, la exgobernante de facto Jeanine Áñez fue encarcelada por su participación en el golpe de Estado de 2019. 

 

De acuerdo con los datos reportados por la vicepresidenta, Venezuela cuenta con más de 7.000 millones  de dólares líquidos retenidos en bancos internacionales que podrían usarse para enfrentar la pandemia, distribuidos en bancos de once países, incluyendo Citibank y el Banco de Inglaterra.  

 

La funcionaria también recordó que el despojo inició en marzo de 2019, cuando los fondos del Banco Central de Venezuela depositados en una cuenta de Citibank fueron transferidos a la Reserva Federal de los Estados Unidos. 

 

En este punto, Pérez Pirela insistió que «en Venezuela se tiene que hacer justicia», pues «no es posible que a estas alturas, todavía seamos víctimas a este punto, a este nivel, con estas características, del ataque multiforme que estamos recibiendo».

 

Desde su punto de vista, la impunidad reinante se explica en buena medida por el chantaje que ejercen Estados Unidos y algunos países de la Unión Europea, que a tiempo que señalan al gobierno venezolano de ser «una dictadura», alientan y consienten que la dirigencia de la oposición extremista antidemocrática haga lo que le da la gana, porque si la justicia venezolana decidiera tomar cartas en el asunto, ese puñado de naciones que aún respalda a Guaidó, se aprestaría a emprender nuevas acciones contra Venezuela.