Este jueves Fedecámaras presentó una propuesta –ya remitida al Ejecutivo Nacional– del Programa de Vacunación anti-COVID-19 con el que se pretende garantizar la inmunización de al menos una parte de los trabajadores del sector privado y sus familiares.

Según explicó su presidente, Ricardo Cusanno, el plan fue elaborado con el apoyo de la empresa MEDITRON y estuvo bajo la coordinación de la Academia Nacional de Medicina y la Organización No Gubernamental Médicos Unidos de Venezuela.

Estas entidades, sostuvo, «en el mejor espíritu de colaboración y compromiso con el país», están dispuestas «a ayudar y a sumar esfuerzos para apoyar al sector salud, reforzar la capacidad de respuesta ante la pandemia y proporcionar a la población venezolana», particularmente «a los trabajadores del sector privado y a sus familias, la vacuna contra el COVID a la mayor brevedad posible», para alcanzar la inmunidad colectiva en el menor lapso posible.

El Programa de Vacunación consignado al Ejecutivo, que los empresarios insistieron en deslindar de fines de lucro por parte de cualquiera de los involucrados, «incluye la importación, almacenaje, control y distribución de las vacunas y materiales de bioseguridad. Se plantea su ejecución a través de la red de cien (100) centros de salud privados, sobre la base de una serie de condiciones necesarias, exigidas en el plan para alcanzar el objetivo planteado», precisa una nota de prensa divulgada por Fedecámaras.

De otro lado, Cusano sostuvo que en una primera etapa, el Plan contempla la adquisición de seis millones de dosis que alcanzarían para inmunizar tres millones de personas, si se requieren dos dosis, o seis, en caso de que solamente se necesite una, de cualquiera de las vacunas anti-COVID-19 autorizadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), si bien indicó que la decisión de cuál o cuáles vacunas se comprarán, dependerá de las autoridades sanitarias del país.

El representante de los empresarios destacó que al concretarse la adquisición de los inmunizadores, sería necesaria la aprobación expedita de los permisos de importación, así como la emisión de salvoconductos para que los vehículos encargados de la distribución puedan desplazarse sin trabas por el territorio.

Adicionalmente, demandó que el Estado debía garantizar acceso regular al combustible, protección por parte de los cuerpos de seguridad durante el traslado de las vacunas y exonerar algunas compras de insumos requeridos para la puesta en marcha del proyecto.

Respecto de los criterios a seguir para la inmunización, los empresarios acordaron que se apegarán a lo establecido por la OMS y las autoridades competentes de Venezuela, que implica la vacunación prioritaria de los trabajadores sanitarios, seguidos de las personas de más de 55 años o con comorbilidades, de las personas de 19 a 55 años con comorbilidades, de las personas vulnerables y, por último, las personas entre 19 y 55 años que no pertenecen a ninguno de los grupos antes definidos.

Resaltó, asimismo, que el programa no implica obligatoriedad para las compañías, pero las que decidan participar, estarán en la obligación de presentar un censo de sus trabajadores y trabajadoras, así como de sus familiares, a través de un sistema de carga automatizada de datos.

El protocolo de administración de las vacunas correrá por cuenta de la Academia Nacional de Medicina y la Red de Epidemiología, «será de cumplimiento obligatorio en los centros de salud privados» e incluirá «el seguimiento al comportamiento posterior a la aplicación de la vacuna».

Fedecámaras se comprometió a garantizar la cadena de frío de las dosis a lo largo de todo el proceso de desembarco, traslado y distribución en las instituciones de salud, así como de su conservación hasta su aplicación. Además, implementará mecanismos de contraloría para certificar que los lotes despachados siguieron los protocolos exigidos por los fabricantes.

Por último, los empresarios anunciaron que, de recibir el visto bueno del Ejecutivo Nacional, «se desarrollará una campaña informativa dirigida a la población, así como a los centros de salud, para dar a conocer los protocolos, términos, condiciones e informaciones necesarias para garantizar el desarrollo ordenado, eficiente y exitoso del Programa».

(LaIguana.TV)