En el lanzamiento de la campaña electoral para la renovación del parlamento nacional a finales del año pasado, el presidente Nicolás Maduro invitó a que en este nuevo período legislativo se discutiera la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo [i]. Sin embargo, en febrero de este año respondió en una rueda de prensa que no era un tema en agenda para el Poder Ejecutivo, aunque reafirmó que es la Asamblea Nacional la instancia idónea para su discusión [ii].
Como ya es conocido, el Gran Polo Patriótico (GPP), coalición de partidos que respaldan al Gobierno bolivariano, tuvo un triunfo absoluto en las elecciones parlamentarias alcanzando todas las mayorías establecidas en el artículo 203 [iii] de la constitución para la aprobación de leyes y designación de cargos [iv]. El GPP, con el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) a la cabeza, históricamente ha votado en bloque, lo que significa que toda medida legislativa deberá contar con su apoyo.
El GPP es además la fuerza política de mayor solvencia territorial, contando con la Presidencia de República, 79% de las gobernaciones, 71% de las alcaldías, y es mayoría en más del 70% de parlamentos locales [v]. Si bien entre sus filas hay grupos sexo-género disidentes que cuentan con un permanente reconocimiento por parte de las principales vocerías del bloque, no figura en los documentos de los congresos ninguna posición respecto al matrimonio civil igualitario, quedando la duda de si se impulsaría o al menos respaldaría su aprobación.
¿Qué es el matrimonio civil igualitario?
Consiste en que el Estado reconoce con los mismos derechos y palabra la unión voluntaria entre dos personas para iniciar un proyecto familiar, independientemente de sus sexos. Es distinto a las uniones de hecho, uniones estables o concubinatos, en las que el Estado reconoce ciertos o todos los derechos del matrimonio pero bajo una nomenclatura diferente, y tienden a excluir la adopción y la concepción subrogada (también llamado “alquiler de vientre”) para parejas homosexuales.
En la República Bolivariana de Venezuela no existe ningún tipo de reconocimiento legal a parejas del mismo sexo, razón por la que estas familias no tienen los mismos derechos que las iniciadas por un hombre y una mujer. En el año 2008, la organización Unión Afirmativa de Venezuela solicitó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) un recurso de interpretación de los artículos 21 y 77 de la constitución, pues el primero establece que no se admite ningún tipo de discriminación y el segundo protege el matrimonio entre un hombre y una mujer. La respuesta registrada en la sentencia nº 190/08 [vi] admite que el artículo 21 contempla la orientación sexual de una persona como una característica por la que no debe ser discriminada, mientras que sobre el artículo 77 señala que la protección al matrimonio heterosexual no implica la prohibición o desconocimiento de las uniones de hecho homosexuales. Concluye la sentencia que es la Asamblea Nacional la institución que debe resolver la traba legal para el reconocimiento de la unión de parejas homosexuales [vii].
Conveniencia diplomática
Es prácticamente incuestionable que la aprobación del matrimonio civil igualitario favorecería la imagen del gobierno presidido por Nicolás Maduro a nivel mundial, pues el discurso para sancionar al país y descalificar su gestión se ha sostenido en la presunta violación de derechos humanos. A pesar que la corporación mediática transnacional ha demostrado no tener ningún problema con distorsionar o interpretar a conveniencia los hechos para difamar a la Revolución Bolivariana, una acción política concreta como ésta difícilmente pueda ignorarse o tergiversarse.
Es mucho el peso que en la Unión Europea y Estados Unidos le han dado al reconocimiento de los derechos de las personas sexo-género disidentes como indicador de protección y defensa de los derechos humanos, y en consecuencia el tema está presente en la agenda de todos los organismos multiestatales. En el caso que Venezuela discuta y posteriormente apruebe el matrimonio civil igualitario, se abrirán puertas que podría aprovechar la diplomacia bolivariana para debilitar el discurso de los autores del asedio del que es víctima.
Colateralmente, en América Latina sería un contragolpe al Grupo de Lima. Si bien es cierto que Venezuela ha quedado desfasada en la región respecto al reconocimiento legal de parejas del mismo sexo, también lo es que a excepción de Argentina y Uruguay tales reconocimientos se han dado por vía o mandato judicial, lo que en algunos países sostiene complejidades administrativas y no termina de concitar la discusión del tema en las agendas políticas. No es lo mismo que el parlamento lo apruebe luego de una discusión pública en la que se expongan los argumentos a favor y en contra, a que sea resuelto en privado por un tribunal.
Respecto a las corrientes políticas aliadas, aprobar el matrimonio civil igualitario implicaría un acercamiento entre progresismos de distinto signo de cara a la recomposición de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), desarticuladas desde el 2015 por la acción de gobiernos de derecha. Venezuela conserva el liderazgo en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA-TCP), tendiente al socialismo. Sería entonces el primero de sus integrantes en asumir esta medida, que ha sido apoyada por los progresismos reformistas de México, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Uruguay.
Conveniencia económica
Una de las razones por las que la derecha neoliberal global no le cierra el paso a esta causa y se desmarca de la resistencia que le hace la derecha conservadora, es precisamente porque advierte sus posibilidades de nuevos negocios. No solo se trata de que más matrimonios impliquen más celebraciones, sino que también ampliaría lo que en economía se conoce como mercados específicos o segmentados. Esto consiste en ofertar productos y servicios a una población con determinadas características, como hasta el momento ha ocurrido con discotecas, bares, gimnasios, inmobiliario, alimentos dietéticos, y rutas turísticas dirigidas exclusivamente para las personas homosexuales.
La investigación de Luciana Barragán “El turismo LGBT como segmento de mercado emergente en Argentina”, señala que el matrimonio civil igualitario es un criterio clave en la clasificación de las revistas especializadas en turismo para personas homosexuales, fortaleciendo e incluso diversificando estos mercados. Al ser aún pocos los Estados del mundo que han tomado esta medida, automáticamente se convierten en destino turístico de la población homosexual con capacidad de consumo de aquellos en los que aún no se ha tomado [viii].
Un elemento que puede dilucidar la postura del GPP en este punto es la gestión que ha tenido el Gobierno bolivariano para la reactivación económica como contraofensiva al asedio. En este plan se ha mostrado voluntad para cuidar y potenciar los mercados nacionales, tanto por la sustitución como por la diversificación de importaciones. El resultado más palpable a la fecha está en el sector alimentos, que tras la articulación con empresas públicas y privadas superó el recuerdo de un año 2015 donde escasearon gran cantidad de productos, para exhibir en la actualidad anaqueles repletos con marcas nacionales nuevas y marcas extranjeras antes desconocidas. Legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo es, comprobadamente, un factor que convoca la inversión privada nacional y extranjera.
¿Quién se opone?
Al igual que en el resto de América la oposición pública viene de algunas iglesias protestantes. En la actual composición de la Asamblea Nacional solo figuran dos partidos de esta profesión religiosa, uno de oposición con tres diputados, y uno de la coalición del chavismo con un diputado. De ellos, el líder de los primeros ha sido el único en comentar que su partido se resiste a habilitar el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, aunque no lo ha señalado como parte de una agenda política. El resto de partidos de oposición se han mostrado indiferentes o favorables, mientras el GPP no ha sentado posición.
Sin embargo, la religión de mayor profesión en el país es la católica [ix]. En este sentido, la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV) ha sido contundente cuando en ocasiones anteriores repudió esta posibilidad [x]. Pero como la CEV se ha asumido enemiga pública del Gobierno bolivariano, respaldando prácticamente todos los intentos de desestabilización que ha ejecutado la oposición, incluido el golpe de Estado del año 2002[xi], es probable que poco le interese al GPP su postura. Además, el rechazo histórico de la iglesia católica a este tema está siendo sacudido, pues a finales del año pasado el Papá Francisco respaldó el reconocimiento legal de parejas del mismo sexo como una medida acorde con el amor incondicional e igualitario que Dios tiene por sus hijas e hijos.
¿Antipopular?
En Venezuela no hay datos sólidos sobre cómo se manifiesta la homofobia, presente con matices en prácticamente todo el mundo. Sin embargo, algunos estudios generales permiten ciertas inferencias. Pierre Bourdieu señala en “La masculinidad hegemónica” que la homofobia es un dispositivo del sexismo donde se superpone lo masculino a lo femenino. Dentro de sus muchas expresiones están las burlas que los sectores trabajadores hacen sobre las clases medias y altas que les oprimen, acudiendo a frases o palabras que asocian feminidad con debilidad, tales como “sifrino”; “se bajó los pantalones”, u otras consideradas insultos. Mientras, en “Memorias del fuego” Eduardo Galeano revisa cómo las instituciones religiosas judeocristianas garantizaron el éxito de la conquista de América al imponer una cosmovisión culposa en los pueblos indígenas y africanos que implicó, entre otras, el asesinato de sus líderes bajo la acusación de “sodomitas”.
A diferencia de otras sociedades, en Venezuela no es frecuente que la descalificación del otro u otra conduzca a su opresión física. En el caso particular de la homofobia, se manifiesta generalmente en la pérdida del status personal [xii]. De ahí que, cuando el matrimonio civil igualitario es servido como tema de conversación, hay una suerte de consenso en que es políticamente correcto apoyarlo pero a la vez hay un prejuicio poco argumentado que lo resiste. En el informe “Estudio sobre la sociología del gusto: gustos y deseos de la población venezolana”, realizada por la empresa GisXXI en el año 2011 [xiii], se indicó un 53% de rechazo a las relaciones homosexuales. Sin embargo, para la época las organizaciones sexo-género disidentes recién se incorporaban a la arena política tras la invitación que les hiciera Chávez de sumarse al Gran Polo Patriótico de cara a las elecciones presidenciales del año 2012. Una década después estas organizaciones son visibles en las movilizaciones políticas y tienen presencia firme tanto en la coalición de gobierno como en la opositora.
Evaluando el comportamiento histórico del chavismo, es prácticamente imposible que la homofobia social se superponga a la convicción de apoyar las medidas de inclusión que ejecuta el Gobierno bolivariano. Durante los dos mandatos de Chávez el chavismo enfrentó y superó una inédita campaña mediática de difamación, y en los dos mandatos de Maduro ha hecho lo propio a pesar de transitar por un sabotaje económico también inédito. La supervivencia del chavismo se explica, entre otras razones, porque no es solamente un electorado. Más allá del voto, cada chavista ha asumido alguna responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa y soberana siguiendo las claves de su líder fundacional, quien convocó a las organizaciones sexo-género disidentes a participar en la discusión pública y sentó su inclusión en el Plan de la Patria.
Intentos previos y sus actores
La primera intención de dar reconocimiento legislativo a las parejas del mismo sexo vino del chavismo durante la Asamblea Nacional Constituyente del año 1999, cuando se propuso dejar “cónyugues” en la constitución, aunque finalmente se aprobó con la especificación de “hombre y mujer” en el artículo 77. En aquel momento el Polo Patriótico contaba con la mayoría del plenario de la Asamblea, y el matrimonio entre personas del mismo sexo no había sido habilitado en ningún país del mundo.
Entre los años 2008-2009 tuvo lugar la primera iniciativa concreta, con el anteproyecto de Ley Orgánica de Igualdad y Equidad de Género que elevó una diputada del PSUV en la Comisión de Mujer, Familia y Juventud. El artículo ocho del primer borrador discutido en plenaria reconocía las asociaciones de convivencia constituidas por parejas del mismo sexo, pero en el segundo borrador esta figura ya no estaba. Finalmente venció el plazo de discusión sin que se aprobara el proyecto de ley [xiv]. El GPP detentaba entonces la presidencia, vicepresidencia y mayoría de integrantes de esa comisión, así como todas las mayorías del parlamento. En el mundo ya siete países reconocían el matrimonio igualitario y otros más las uniones de hecho.
El más reciente intento fue por iniciativa popular en el año 2014, es decir, introducido por organizaciones de la sociedad civil con las firmas de al menos el 0,1% del Registro Electoral según lo establece el artículo 204 de la constitución. Ha sido hasta el momento el último proyecto de ley introducido por el pueblo, antecedido por los anteproyectos de Ley de Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda; y de Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial, ambos aprobados en el año 2011. Fue recibido por una Comisión Especial presidida e integrada casi en su totalidad por diputados y diputadas del PSUV [xv], responsable de gestionar la validación de firmas ante el Consejo Nacional Electoral y de solicitar opinión al Tribunal Supremo de Justicia para finalmente avanzar con la discusión parlamentaria [xvi]. La organización Venezuela Igualitaria, autora del anteproyecto, afirmó que venció el plazo de discusión sin que recibieran notificación oficial de ninguno de los tres entes [xvii]. El GPP contaba entonces con mayoría simple, y en el mundo ya eran dieciséis los países que reconocían el matrimonio entre personas del mismo sexo.
En el período legislativo siguiente, 2016-2021, de mayoría opositora, no fue presentando ningún proyecto de ley que habilitara el matrimonio entre personas del mismo sexo, a pesar de contar la oposición con la primera diputada suplente transgénero de la historia parlamentaria, abogada y activista LGTBI perteneciente al partido que inició un gobierno paralelo con el respaldo de potencias occidentales. Actualmente hay matrimonio civil igualitario en treinta países del mundo, con algunas excepciones estadales en los países federados.
¿Se aprobará o no?
Por sus similitudes, el proceso argentino es una referencia pertinente. En lo cultural, en ambos países la homofobia se expresa prácticamente de la misma manera y tiene el mismo origen, pues ambas fueron colonias de España y consiguieron su independencia en el mismo momento y por las mismas razones. En lo político, al igual que en la Venezuela bolivariana, desde la llegada del kirchnerismo en el país sureño hay una polarización política que se refleja en los bloques parlamentarios aunque con menor intensidad.
Al momento de la aprobación de la Ley de Matrimonio Igualitario en Argentina, año 2010, el kirchnerismo venía de recibir su primer gran contragolpe político tras un triunfo de las y los terratenientes en el año 2008, quienes lograron fracturar la coalición de gobierno y así revertir un proyecto de ley. El costo político se extendió hasta las elecciones parlamentarias de medio turno del año 2009, en las que la bancada del gobierno no pudo renovar todos sus curules. Se rescata este momento porque, si bien el Gobierno bolivariano ha superado tensiones internas similares o hasta más críticas, nunca estuvo tan asediado internacionalmente como ahora, con un bloqueo comercial-financiero y una hiperinflación inducida que han generado la mayor emigración jamás registrada; y que a su vez es utilizada panfletariamente por la embestida diplomática-mediática para justificar y profundizar el asedio.
En el sur, cuando a principios del 2010 el proyecto de Ley de Matrimonio Igualitario llegó a la Cámara de Diputados tuvo una fuerte resistencia. Fue el respaldo de Néstor Kirchner, en calidad de líder del partido mayoritario en la cámara y del partido de gobierno, lo que permitió conseguir los votos necesarios para su aprobación. El rédito político fue absoluto, pues esta acción se sumó al apoyo que el kirchnerismo estaba brindando a la demanda de justicia por parte de las víctimas de las dictaduras militares, y se consolidó dentro y fuera del país como una fuerza política a favor de los derechos humanos. Si Néstor no hubiese tomado la decisión y hubiese quedado a criterio de cada parlamentario y parlamentaria, quizá el sexismo cultural se hubiese impuesto y la ley no hubiese prosperado.
Regresando a Venezuela, no hay ninguna razón política para no habilitar el matrimonio civil igualitario y de hecho el chavismo, cumpliendo con su postulado de inclusión, tiene el compromiso ético de impulsarlo. Sin embargo, en los dos intentos concretos que ha habido, las dilaciones en el parlamento para que no se discuta el tema traslucen desinterés. La ausencia de una posición favorable y una vocería clara dentro del GPP suponen miedo a la pérdida de status personal ante la homofobia silente. Entonces, se podría especular que solo sería posible alcanzar este objetivo si el alto mando político del PSUV lo instruye como una medida que, enmarcada en la defensa de los derechos humanos, sumará argumentos para debilitar en las instancias internacionales a la coalición de países que asedian a Venezuela. Una medida que además tendrá efectos colaterales positivos en la reactivación económica.
No obstante, al igual que ocurrió en Argentina y en el resto de los países donde ya es legal el matrimonio homosexual, es fundamental que las organizaciones sexo-género disidentes tengan un discurso sólido que posicione en la opinión pública por qué se debe legalizarlo. Un discurso que enaltezca la laicidad constitucional del Estado pero que también sea didáctico con las religiones, particularmente con las judeocristianas. Porque al día siguiente de aprobado el matrimonio civil igualitario, las iglesias seguirán celebrando bodas heterosexuales si así lo prefieren, mientras en los registros civiles miles de personas podrán finalmente ejercer con plenitud sus derechos y dejarán de ser ciudadanos y ciudadanas de segunda clase.
[xi] Rangel, A. (2016). Luces y sombras. Iglesia, poder y Estado en Venezuela. Caracas: Pequiven e Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías.
[xvii] Entrevista exclusiva a Giovanni Piermattei, presidente de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, organización autora del anteproyecto de Ley de Matrimonio Civil Igualitario del año 2014, Venezuela.
(Víctor FHA – [email protected] / LaIguana.TV)
