“A los abstencionistas ahora se les ocurre que pueden tener un rector en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y hasta hace unos días pedían más sanciones y criminalizaban a quienes participamos en las elecciones del seis de diciembre”.
Las palabras pertenecen al diputado José Gregorio Correa (AD), vicepresidente del Comité de Postulaciones Electorales, y le fueron expresadas al periodista Vladimir Villegas el pasado 24 de marzo. No es que se estuviera quejando, pero con su afirmación mostró un poco de las incomodidades que la derecha radical está provocando en las negociaciones políticas para designar a las autoridades del CNE.
Y no es para menos. Con una oposición fracturada en varios pedazos, las fuerzas políticas del gobierno han tenido que abrir varios frentes de conversaciones. Con los partidos que conforman desde hace año y medio la Mesa de Diálogo Nacional, con sectores empresariales y sociales y, también, con las organizaciones del llamado G4 (Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, la AD de Henry Ramos y Voluntad Popular, con Juan Guaidó a la cabeza) a cuyo auxilio ha venido el equipo negociador de Noruega.
En ejecución del nuevo plan del gobierno de Estados Unidos –que ha venido siendo anunciado por los funcionarios de ese país-, el G4 nuevamente presiona para obtener ventajas que no se corresponden con su verdadera fuerza política local y utiliza para ellos distintas vías. Veamos.
Extensión del lapso de postulaciones
Varias son las causas a las que se atribuye la decisión de la Asamblea Nacional (AN), tomada el pasado 16 de marzo, de exhortar al Comité de Postulaciones Electorales (CPE) para que extendiera el plazo de las postulaciones electorales. El brusco cambio en la dinámica del CPE fue propuesto por el diputado Correa, uno de los dirigentes de la oposición democrática en la AN.
Problemas de comunicación lo que impidió a muchos aspirantes opositores cumplir con el proceso; una solicitud de los partidos del llamado G4 hecha durante las negociaciones o a través de los facilitadores de Noruega; abrirle espacio a las universidades nacionales autónomas, cuyas autoridades se habían negado a participar. Tales fueron las razones difundidas por los medios opositores.
Si las tomamos como ciertas, todas estas versiones mediáticas apuntaban a que este nuevo lapso fue una concesión hecha a los “abstencionistas” para que postularan candidatos, entre ellos las autoridades de las universidades autónomas, la casi totalidad de las cuales ha mantenido una actuación política de irrestricto apego a las operaciones de la derecha radical, incluyendo el intento de golpe de Estado de abril del 2019.
Pero la extensión del plazo creó más presión sobre las negociaciones, pues ahora son más los actores políticos que aspiran a controlar un cargo electoral.
Las propuestas del Foro Cívico
El pasado 11 de marzo, la dirigente y candidata del Foro Cívico, Griselda Colina, aseguró que esta nueva plataforma de organizaciones sociales opositoras no buscaba “usurpar el rol de los partidos” sino que estaba “abriéndoles camino en la restructuración de la ruta electoral”.
Y así parece estar actuando esta alianza que, además de postular 15 candidatos y candidatas al CNE, también ha mantenido una activa agenda mediática, cuyos últimos temas han estado dedicados a proponer “soluciones” para que todas las oposiciones tengan lo suyo.
En especial para la derecha radical. Algunos de sus voceros, quienes también son candidatos a rectores, han insistido en que se conforme un “CNE Ad Hoc” que cuente con la aceptación y facilitación internacional. También en que el proceso de designación se suspenda hasta que “se logre un acuerdo”.
Exigir la vigilancia de países extranjeros no es nueva en este sector radical que no ve con prejuicio que Venezuela se convirtiera en una democracia tutelada por Estados Unidos. Pero ¿Por qué proponer un CNE Ad Hoc y la suspensión de un proceso que se ha cumplido sin contratiempos y gracias al cual los 15 postulados y postuladas de esta alianza política están en la lista de elegibles? ¿Para ganarle tiempo a los partidos a los que están “abriéndoles camino” electoralmente?
Lo cierto es que el Foro Cívico también propuso una fórmula para “equilibrar el poder en el CNE”. Para ello, sugirieron centrar las negociaciones no solo en la designación de los cinco rectores o rectores principales, sino también en los o las tres suplentes que deberán ser incorporados para conformar la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política y Ciudadana. Ello con el fin de que la oposición tenga presencia en estos tres órganos, lo cual “el chavismo ha impedido en los últimos 15 años, durante los cuales solo ha concedido un espacio en la Comisión de Participación Política y en la vicepresidencia”. La aspiración de esta plataforma es que la oposición tenga 3 o 4 rectores entre principales y suplentes y que “toda la sociedad sienta que tiene una representación dentro del Poder Electoral”.
La propuesta no es nada novedosa y las apreciaciones bastante imprecisas. De hecho, tal como lo proponen, así han sido los acuerdos políticos en las oportunidades en las que la oposición ha participado de las negociaciones.
Un ejemplo de ello son las autoridades electorales actuales, designadas por el TSJ el año pasado, solamente para realizar las elecciones legislativas. Su nombramiento fue el resultado de las negociaciones en la Mesa de Diálogo Nacional, en la que se acordó que dos de los cinco directivos fueran propuestos por la oposición, así como uno de los tres rectores suplentes que fueron incorporados. En total, tres de los actuales rectores fueron propuestos por la oposición.
Así se compuso también el CNE en el año 2006, en una correlación de fuerzas que se mantuvo hasta el año 2014, cuando venció el período de esas autoridades, y la oposición presente en la Asamblea Nacional se negó a lograr un acuerdo, excepción hecha de algunos factores que propusieron y acordaron el nombre de uno de los cincos rectores y rectoras que se designaron entonces. Es decir, la oposición no tuvo más cargos porque no quiso.
Tanto en la actual directiva como en la que se designó en el 2006, los rectores propuestos por la oposición fueron miembros activos de los tres órganos subordinados del CNE.
Hasta ahora, no existen indicios reales de que el chavismo no esté dispuesto a seguir con este esquema, aunque en realidad, la constitución de una correlación de fuerzas políticas en el CNE, en la que tres de los ocho cargos representen proposiciones de la oposición, no depende del chavismo, que domina más de 90% de la Asamblea Nacional, sino de la real voluntad de los diferentes sectores de oposición.
Los partidos opositores que hacen vida en la Asamblea Nacional están participando activa y protagónicamente en el proceso. Falta por saber si la derecha radical y el Foro Cívico están realmente dispuestos a una negociación que termine de dar cauce a la estabilización política del país.
(Taynem Hernández / LaIguanaTV)
