El gobierno colombiano pareciera estar utilizando el reciente enfrentamiento entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y grupos insurgentes procedentes de ese país dentro del estado Apure, en Venezuela, para promover una intervención extranjera.
Así las cosas, Miguel Ángel Pérez Pirela aportó a la audiencia de Desde Donde Sea, algunos datos y declaraciones que robustecen esta preocupante tesis, que, de otra parte, también estaría siendo promovida para desviar la atención de los acuciantes problemas sanitarios, sociales, políticos y económicos que padece el pueblo colombiano.
Para introducir el tema, refirió que desde el punto de vista sanitario y más allá de los maquillajes mediáticos, la situación en las dos naciones es radicalmente distinta. Al 30 de marzo, durante las últimas 24 horas, Colombia registró 7.952 nuevos casos de COVID-19, mientras que Venezuela reportó 1.206.
La brecha es todavía mayor si compara la cantidad de infectados desde el inicio de la pandemia: 2.397.731 (Colombia) contra 159.149 (Venezuela) y de fallecidos 63.255 (Colombia), 1.589 (Venezuela).
A su parecer, la razón de estas diferencias es que en Colombia, el presidente Iván Duque cedió ante las demandas de los empresarios y comerciantes que exigían la apertura de la economía, mientras que el gobierno de Venezuela optó por priorizar a los seres humanos.
Ademas, reconoció, el hecho que Venezuela sea un país bloqueado y sancionado, le ofreció «una especie de solución profiláctica», pues al estar tan restringidos los vuelos y rutas de transporte desde y hacia el extranjero, se redujo el flujo de personas y ello favoreció, entre otras medidas, el control de la pandemia.
El conflicto de Uribe y Duque contra Venezuela
Entrando en materia, Pérez Pirela aludió a una noticia –que calificó como de «gravedad absoluta– divulgada por el diario El Tiempo, en la que se asegura que Procuraduría de ese país solicitó la intervención de organismos internacionales ante la llegada de venezolanos al Arauca por causa de los ataques terroristas de grupos irregulares.
Específicamente, la procuradora Margarita Cabello aseguró que «no es suficiente la acción del gobierno nacional, sino que también se necesita la intervención de organismos internacionales».
Estas declaraciones, reflexionó, resultan altamente sospechosas e inclusive podrían ser el indicio de un falso positivo.
Siguiendo con lo publicado por El Tiempo, precisó que en la zona –Arauquita, en el departamento de Arauca– fue decretado un estado de calamidad pública y, hasta el momento, han sido atendidos 4.700 venezolanos. Además, se indicó que el ministerio de Defensa de Colombia desplegó al menos 2.000 funcionarios del Ejército y 90 infantes de marina.
Desde el punto de vista del también director de LaIguana.TV, esta sucesión de eventos que inició con una avanzada paramilitar procedente de Colombia hacia territorio venezolano, los ataques posteriores al enfrentamiento entre la FANB y grupos irregulares, la huída de estos hacia el vecino país –con la aparente protección de las autoridades colombianas– y despliegue de tropas en la frontera con la excusa del arribo de venezolanos, apuntan hacia la creación de otro falso positivo, puesto que ese tramo de la frontera fue abandonado por el Estado colombiano hace unas dos décadas y desde entonces ha estado históricamente controlado por paramilitares.
Regresando a las declaraciones de la procuradora, señaló que esta dijo: «es necesario poner fin a los hechos que están obligando a la población civil a desplazarse. Por eso, necesitamos un análisis profundo en materia de seguridad».
Con base en estos primeros indicios y tomando en consideración que Colombia tiene récord mundial de desplazados a consecuencia de un conflicto armado de más de 70 años, durante los cuales grupos paramilitares se han hecho del control de amplias zonas del territorio, el experto puntualizó que todo parece cobrar sentido: el Estado colombiano estaría tratando de importar hacia Venezuela los métodos que históricamente se han usado contra las víctimas de la guerra en ese país.
De otra parte, recordó que grupos armados irregulares ingresaron a Venezuela desde Colombia y se produjeron enfrentamientos en el estado Apure. En un parte ofrecido por el ministro de la Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López informó que durante la operación ejecutada el pasado 21 de marzo se había neutralizado a 6 miembros del grupo irregular y que 27 más habían sido capturados.
Previamente, la FANB había cuatro narcoavionetas. Estos hallazgos, continuó relatando, encendieron las alarmas y permitieron que el Ejército venezolano se preparara para el ataque ejecutado por estos grupos irregulares, que aún no se sabe si son miembros del grupo de élite anunciado por Duque para presuntamente combatir el narcotráfico a lo largo de la extensa frontera común con Venezuela.
Precisó, además, que en estos hechos se decomisaron granadas, explosivos, municiones, prendas militares, paquetes de droga y equipos con información relativa a los movimientos del grupo irregular.
De su lado, Caracas denunció el ataque y Bogotá envió tropas para reforzar la frontera. Esta conducta, insistió el analista, resulta muy sospechosa después de 20 años, puesto que fueron colombianos pertenecientes a grupos irregulares alzados en armas contra su Estado los que ingresaron a Venezuela y asesinaron a dos soldados, uno de ellos con una mina antipersona.
Refirió que durante los enfrentamientos, se utilizaron minas antipersonas y se quemaron viviendas de los habitantes de La Victoria, en un intento por amedrentarlos. Sin embargo, los medios de comunicación acusaron al Ejército venezolano de atacar a sus propios connacionales, pese a que la práctica está ampliamente documentada como propia del paramilitarismo colombiano.
Pérez Pirela es de la opinión de que aunque sea difícil distinguir entre una autodenominada disidencia de las FARC, los paramilitares, las bandas de narcotraficantes, el Ejército colombiano o el recién creado grupo de élite, estas fracciones en conflicto son un asunto estrictamente de Colombia y nada justifica su presencia en Venezuela, pues en el país la FANB tiene efectivamente el control de las armas.
Este comentario, explicó, viene a lugar porque, aunque parezca increíble y en este momento sea Venezuela el país que padece las consecuencias de un problema que le es ajeno, internacionalmente trata de responsabilizársele por esto.
En su criterio, la situación es compleja, pero lo ocurrido en Apure permite inferir que las fuerzas irregulares contaban con el beneplácito de las autoridades colombianas para actuar y poder ocultarse de nuevo en su país.
En ese orden de ideas, recuperó las declaraciones del gobernador del estado Apure, Ramón Cañizales, quien dijo: «nos estamos enfrentando a un grupo narcoterrorista financiado, equipado y dirigido por el gobierno colombiano».
La zona en conflicto regresó a la «normalidad social» el pasado sábado 27 de marzo, luego que la FANB expulsara definitivamente a los irregulares, destacó.
Tras la recuperación del territorio, miembros de la Armada Bolivariana confirmaron que más de 600 connacionales arribaron al país procedentes de Colombia, donde se les prestaron las debidas atenciones de bioseguridad, indispensables en tiempos de pandemia.
De otra parte, Cañizales advirtió que «aunque desde Colombia se emprenda una campaña para decirle a nuestra gente que acá se violan los derechos humanos, ellos saben que acá está la FANB que los protege».
Sobre esto, Padrino López cuestionó el rol de los medios de comunicación. «Rechazamos categóricamente las manipulaciones mediáticas del gobierno colombiano, que pretende trasladar a nosotros su manifiesta incapacidad para resolver sus propios problemas», dijo.
El general venezolano también denunció que el Ejecutivo colombiano sabe dónde operan los grupos irregulares, pero los usan como carne de cañón para atacar a Venezuela. «El gobierno de Colombia se ha prestado para convertir nuestro territorio en un campamento paramilitar. Ellos se han convertido en una súper base militar donde operan tropas norteamericanas», señaló al respecto.
Por último, el ministro recordó que «la situación de violencia que afecta a nuestros estados limítrofes con Colombia, es el resultado del total abandono de sus fronteras durante décadas».
Las arremetidas contra Venezuela desde el escenario internacional
Miguel Ángel Pérez Pirela mencionó que mientras todo esto estaba en desarrollo, Estados Unidos aprovechó de arremeter nuevamente contra Venezuela, manifestando una presunta preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, así como en Cuba y en Nicaragua.
El 30 de marzo, el departamento de Estado manifestó su «preocupación» –palabra que suele anteceder a los bombardeos– por la presunta violación de los derechos humanos en países como Venezuela, Cuba o Nicaragua.
El comunicador cuestionó la sinceridad de las angustias de los funcionarios estadounidenses, que señalan con el dedo a estas naciones, pero son incapaces de mirar lo que sucede en Brasil, donde casi 4.000 personas están muriendo diariamente a causa de la COVID-19 o en Colombia, donde prácticamente a diario hay una masacre.
En específico, aludió a un documento intitulado «Informe anual sobre los derechos humanos», en el que el Departamento de Estado llamó la atención sobre supuestas «torturas y ejecuciones extrajudiciales» que habrían llevado a cabo en Cuba, Venezuela y Nicaragua.
En el texto, se califica al Ejecutivo venezolano de «régimen ilegítimo» y reitera premisas falsas como: «la corrupción de Nicolás Maduro ha agravado la terrible crisis humanitaria del pueblo venezolano». También se acusa a la FANB y a las demás fuerzas de seguridad de Venezuela de cometer presuntas ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, tratos crueles e inhumanos contra privados de libertad, señalamientos estos que, lejos de reflejar la realidad venezolana, representan la realidad colombiana.
Advirtió, además, que este informe, hecho con supuestos datos recabados en 2020, servirá de base al Congreso de Estados Unidos para otorgar la ayuda que se le dará a cada nación en materia de derechos humanos.
En pocas palabras, explicó, esto servirá para que tal y como ha sucedido en años recientes, Washington desembolse millones de dólares con la excusa de apoyar la lucha por los derechos humanos en Venezuela, que han ido a parar a las arcas personales de agentes como Leopoldo López, Juan Guaidó e Iván Duque.
Desde otro ángulo más preocupante, también habría sentado las bases para justificar la solicitud que hiciera la procuradora colombiana de apoyo internacional en la frontera, es decir, la excusa para una invasión.
Adicionalmente, Pérez Pirela alertó que ONG de Colombia y Venezuela habían pedido la designación de un enviado especial para evaluar la situación en la frontera colombovenezolana.
Esta solicitud se sucede a la supuesta documentación del desplazamiento de 4.000 personas desde Venezuela a Colombia, a raíz del enfrentamiento entre la FANB y grupos irregulares procedentes del vecino país.
Detalló que el documento fue promovido por las organizaciones Control Ciudadano y Puente Ciudadano Colombia-Venezuela y el comunicado, presuntamente suscrito por 300 colombianos y venezolanos, así como por 60 ONG que operan en ambos países y en él se sostiene que «Colombia y Venezuela no pueden tomar los sucesos ocurridos en Apure y Arauca como una excusa para un escalamiento de tensiones».
«Reiteramos nuestra solicitud al Secretario General de las Naciones Unidas de la designación urgente del enviado especial para la zona de frontera común entre Colombia y Venezuela, así como las autoridades de ambos países que hagan parte de esta petición de la sociedad civil binacional y que permita la actuación de la crisis fronteriza», añaden los solicitantes.
En la demanda, apuntó el analista criollo, se deja ver la falsa idea que no hay Estados con capacidad de actuar. En el caso venezolano, enfatizó, eso no es verdad, porque en data reciente logró expulsar a grupos insurgentes colombianos hacia su país de origen para que sea ese Estado el que se encargue de lidiar con ellos, partícipes del prolongado conflicto armado que atraviesa a esa nación desde hace más de siete décadas.
Pero, sin dudas, lo que estimó más grave de todo lo que contiene el documento, es que se adopta una suerte de tono premonitorio para alertar sobre una escalada de la conflictividad entre Colombia y Venezuela, si no se pusiera en marcha la agenda injerencista que proponen.
«Sin cooperación entre Venezuela y Colombia, la situación en la frontera va a empeorar en el corto plazo, con consecuencias dramáticas –nos están diciendo lo que va a pasar– para las poblaciones, corriéndose el riesgo de escalar en la confrontación y que ambos Estados se vean tentados a dirimir sus diferencias por fuera del Derecho Internacional», citó Pérez Pirela.
Como dato relevante, destacó que entre los firmantes del documento figura Humberto de la Calle, que fue el jefe de la delegación oficial que negoció el Acuerdo de Paz con las FARC en 2016, un acuerdo que, a su parecer, «para lo único que sirvió fue para que a Santos le dieran el Nobel de la Paz y para que una parte de la guerrilla se desmovilizara y fuera masacrada a cuentagotas».
Colombia, marzo de 2021: 40 sociales líderes sociales asesinados y 23 masacres
Pese al interés de Bogotá por avivar y atizar cualquier conflictividad con Caracas, el comunicador venezolano informó que durante las últimas horas asesinaron a otro líder social, un indígena que respondía al nombre de Aguá José Santos López, que fue secuestrado y asesinado en compañía de un joven miembro de su comunidad en el municipio Tumaco del departamento de Nariño.
Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en el transcurso de 2021 han sido asesinados 40 líderes sociales y de esta cifra, 12 fueron dirigentes indígenas y 4 han sido ultimados en Nariño.
Adicionalmente, esta instancia totaliza 1.154 líderes asesinados desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y destaca que solo en 2020, más de 250 perdieron la vida violentamente.
El sicariato «sigue en auge», comentó, y nadie está a salvo. Ayer mismo –30 de marzo– asesinaron en su domicilio a Germán Medina Triviño, exgobiernador de Caquetá (2010-2011) y el 29 de marzo habrían asesinado a otro dirigente sindical en el Valle del Cauca.
Además del sicariato en apogeo, las masacres continúan, se lamentó. El pasado domingo 28 de marzo, tres personas fueron asesinadas en el municipio de Jamundí, del departamento de Valle del Cauca, representando la masacre número 23 en lo que va de año.
Colombia también parece haber vuelto a los tiempos en los que la aparición de coches bomba era moneda corriente. El sábado 27 de marzo, Diego Molano, ministro de Defensa de Colombia dio parte de los 43 heridos que dejó la detonación de un coche bomba el viernes en el municipio de Corinto, del departamento del Cauca. La explosión destruyó el edificio de la alcaldía y destruyó varios locales aledaños.
Todo esto lo padece el pueblo colombiano, que además debe soportar a sus politiqueros decir que se preocupan por Venezuela, cuando en realidad estarían pretendiendo evadirse –y evadirlos– de la durísima realidad que han de afrontar.
Desaciertos económicos de Colombia durante de la pandemia
Para cerrar en la radiografía actual de Colombia, Pérez Pirela trajo a colación un trabajo periodístico aparecido en el medio de tendencia conservadora Panampost, en el que se relatan los desaciertos cometidos por el gobierno de Iván Duque en el manejo de la economía durante la pandemia.
Así, el medio indica que al inicio, Duque hizo lo correcto, asumiendo una de las cuarentenas más largas de América Latina, aunque precisan que eso tuvo una incidencia en el Producto Interno Bruto (PIB) e hizo que Colombia entrara en recesión por primera vez en dos décadas.
Como consecuencia de lo anterior, el consumo y la recaudación fiscal se desplomaron y el desempleo creció, pero a pesar de ello, se señala que el gobierno optó por endeudarse, en lo que podría interpretarse, al menos desde el punto de vista del filósofo, como el incumplimiento de una de sus promesas electorales relativas a la reducción del tamaño del Estado, la burocracia y el gasto público, muy propias de la narrativa neoliberal.
Así, según anunció el ministro de Hacienda de ese país, el resultante déficit fiscal será atendido con un incremento de los impuestos, una «receta» que no resulta la más apropiada para superar la crisis.
Por otro lado, el trabajo periodístico de Panampost recuerda que Duque se encuentra a la mitad de su tercer año de gobierno y ha sido incapaz de promulgar una reforma laboral decente y la rigidez de la vigente es tal que impide el acceso a empleos formales, afectando a los colombianos y todavía más a los extranjeros.
De esta manera, dijo para concluir, si Colombia está en recesión después de 20 años, si las recetas aplicadas por Uribe-Duque están trayendo consecuencias nefastas para su economía, entonces la excusa de una mala gestión de la pandemia por haber apostado a la economía, se cae por completo, porque después de un año, ni avanzó la economía ni avanzó la sanidad.
(LaIguana.TV)
