Todo parece indicar que Estados Unidos está utilizando nuevamente a las naciones del norte de Centroamérica para poner a prueba un plan piloto que, de resultar exitoso, podría ser aplicado en otras regiones del orbe. 
 
Para el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela, este plan persigue consolidar la actividad ilegal del narcotráfico, la trata de personas y otros graves crímenes, sobre la base de un debilitamiento de los Estados Nacionales, aparejado con el fortalecimiento de diversas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), que por su propia condición pueden burlar las limitaciones de las legislaciones locales y  se constituyen en brazos ejecutores ideales de las políticas estadounidenses. 
 
A su parecer hay al menos dos grandes indicios de esta agenda oculta que desarrolla la administración Biden: de un lado, el descarte de los gobernantes de los países que conforman el llamado Triángulo Norte –Honduras, El Salvador y Guatemala–, siempre fieles vasallos del inquilino de la Casa Blanca y de otra, el manejo de la crisis migratoria en la zona transfronteriza entre México y Estados Unidos. 
 
La política del descarte de Estados Unidos en Honduras y El Salvador
 
Entrando en materia, el experto refirió que Honduras, uno de los estados centroamericanos en los que Washington ha procurado ejercer férreo control tras el golpe de Estado contra el expresidente Manuel Zelaya y cuyos gobernantes han mantenido una política enteramente subordinada a los intereses del país del Norte, ha sido tildado de narcoestado por la Fiscalía estadounidense. 
 
La catalogación se produjo en el contexto de un juicio por narcotráfico que se le seguía a  Juan Antonio «Tony» Hernández, hermano del actual presidente, Juan Orlando Hernández, quien fue condenado a cadena perpetua tras haber sido encontrado culpable por traficar 185.000 kilos de cocaína hacia los Estados Unidos durante 12 años. 
 
Según la parte acusadora, Honduras es un narcoestado porque «Tony» Hernández habría conspirado con su hermano Juan Orlando y el tráfico drogas en el que participó el acusado, fue promovido por el Estado hondureño.
 
El fiscal señaló que «Tony» Hernández, además de ser responsable de asesinatos, «actuó como facilitador en sobornos a políticos, incluido su hermano, provenientes de narcos como Joaquín «El Chapo» Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa, para proteger el tráfico de cocaína».
 
En este punto, el también director de LaIguana.TV destacó que la la práctica de descarte no es para nada inédita en la región, pues ya antes Estados Unidos ha impuesto o apoyado gobernantes de dudosa probidad, que han sido perseguidos judicialmente cuando ya no son útiles para sus intereses. 
 
En el caso de El Salvador, se insiste en que su presidente, Nayib Bukele es cada vez más poderoso, pero «la administración Biden intempestivamente le dio la espalda», pese a que antes había sido «una especie de protegido» de Washington. 
 
Así, comentó el analista, a propósito de las recientes elecciones en El Salvador, medios internacionales afines a los demócratas resaltaron las manifestaciones autoritarias de Bukele, quien ahora tendrá el «poder absoluto y podrá incidir incluso en la conformación de la Corte Suprema de Justicia». 
 
En las últimas elecciones, que coincidieron con la llegada de Biden al poder, Bukele arrasó pero ello no fue suficiente para obtener los favores del actual inquilino de la Casa Blanca, puesto que el gobernante centroamericano viajó a los Estados Unidos y ningún funcionario accedió a recibirle. 
 
Según José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, observatorio pro Biden y anti Bukele, el hecho de que ningún funcionario estadounidense accediera a reunirse con el mandatario, envía «un mensaje muy contundente».
 
De este modo, explicó Pérez Pirela, Vivanco asegura que «esto muestra a Bukele que las cosas han cambiado, que su conducta a nivel interno desde el punto de vista de derechos humanos, corrupción y su falta de respeto al Estado de Derecho tienen consecuencias en su relación bilateral con Washington». 
 
En términos regionales, Honduras, Guatemala y El Salvador fueron los tres países Latinoamérica con menor respaldo popular a la democracia en la encuesta de Latinobarometro 2018, la última disponible. De acuerdo con esa fuente, los tres países del llamado «Triángulo del Norte» acumulan acusaciones de falta de equilibrio de poderes, de corrupción, de violaciones de derechos humanos o de ataques a la libertad de expresión.
 
Además, Iván Velásquez, exmagistrado colombiano que encabezó la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CEIG), aseguró que hay muchos signos negativos comunes en estos países. La CEIG fue creada con el respaldo de la ONU en 2007 y sirvió de plataforma para destapar decenas de casos de corrupción en Guatemala que involucran autoridades y que incluso llevaron a la renuncia del presidente Otto Pérez Molina en 2015, detalló el comunicador. 
 
Velásquez es de la opinión que la reciente idea de la administración Biden de destinar 4.000 millones de dólares para atacar causas de la inmigración como la pobreza y la violencia, «no va a cambiar la realidad». A su juicio, «no se debe conceder ayuda económica, si no hay un compromiso de los países por respetar el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia». 
 
Las relaciones México-EEUU en el marco de la crisis migratoria
 
Miguel Ángel Pérez Pirela recordó a la audiencia de Desde Donde Sea que en plena campaña presidencial estadounidense, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador visitó a Trump en Washington, un gesto que no fue asumido con agrado por el ahora presidente, Joe Biden, quien, sin embargo, se reunió con su homólogo mexicano el pasado marzo para discutir la cooperación en materia de migración.
 
En el encuentro acordaron «avanzar juntos en los esfuerzos para promover el desarrollo en el sur de México y en el Triángulo Norte de Centroamérica» y López Obrador reitieró la importancia de mantener una relación de igualdad y respeto a la soberanía de ambos países para un mejor desarrollo de políticas para América del Norte, pero también ratificó el Tratado México-EEUU-Canadá (TEMEC), un Tratado de Libre Comercio que en julio de 2020 reemplazó al vigente desde 1994, que, a su juicio ha permitido que Norteamérica se integre en lo económico y lo comercial.
 
Pese a estas declaraciones y las de Antony Blinken, secretario de Estado de la administración Biden quien dijo en Twitter que ambos países «están conectados por los lazos comerciales, por las conexiones entre las personas, por el turismo, por un entorno compartido y por la seguridad mutua», desde el punto de vista del filósofo venezolano, la realidad sería otra tanto para México como para otros países centroamericanos, si esto fuera cierto, porque lo que es bueno para Estados Unidos, no lo es para el resto de los países.
 
Las «tramposas condiciones de la «ayuda» de Biden a Centroamérica 
 
Para describir las condiciones que ha impuesto la administración demócrata de Joe Biden para desembolsar 4.000 millones de dólares para atender el conflicto migratorio, Pérez Pirela apeló a un análisis de la autoría del analista mexicano Alfredo Jalife-Rahme, quien asegura que esa «ayuda» no llegará «sin «tramposas condiciones» y detecta, además, un posible «plan para la región», con posibilidad de extenderse a otros puntos del planeta.
 
Jalife-Rahme relata que más de 100.000 migrantes, entre ellos menores de edad, irrumpieron en Estados Unidos solo en febrero y crearon una grave crisis migratoria en la frontera con México, cuando el actual mandatario optó por la política del avestruz y delegó en su vicepresidenta, Kamala Harris, la responsabilidad de atender la situación en el Triángulo Norte y el estado de Chiapas. 
 
En una voltereta, explica el analista mexicano, la administración Biden endureció la política migratoria y fijó condiciones imposibles de implementar «con sus raquíticos 4.000 millones de ayuda etérea» y, antes bien, en su juicio, «el llamado Triángulo Norte y Chiapas, merecen un «Plan Marshall» para paliar las causas de la migración, porque la situación que vive Centroamérica es explosiva». 
 
De otro lado, aportó Pérez Pirela, la migración es un negocio para justificar las violaciones a los derechos humanos y planificar políticas de aversión a Centroamérica, pues mientras Estados Unidos señala a supuestos narcoestados como Venezuela, derroca a gobiernos progresistas para luego montar gobiernos derechistas y el negocio de la migración, luego procede a descartar a los presidentes de derecha, cuando ya no les resultan útiles para sus fines. 
 
Para Jalife-Rahme, la grave crisis transfronteriza de Estados Unidos y México lleva ya varias décadas y se ha venido gangrenando, conforme se ha deteriorado la situación en Centroamérica desde la Guerra Fría y a ese respecto, explica que «las migraciones no solamente se han ensamblado, sino que han desembocado en la criminal cartelización de la transfrontera de México y Estados Unidos, con su gran negocio de estupefacientes, negocio de tráfico sexual e incluso negocios de venta de órganos que asciende a más de 600.000 millones de dólares por año». 
 
Del lado estadounidense, pese a las promesas de Biden de «ayudar» al Triángulo Norte, ahora ha usado a Roberta Jakobson, exembajadora estadounidense en México, como vocera de unas políticas sustentadas en imposibles, que acaban siendo pretextos para no otorgar un monto que, además de todo, es pírrico. 
 
Así, detalló el conductor, las migajas de 4.000 millones de dólares serán sujetas «a estrictas condiciones de los destinatarios basadas en medidas anticorrupción y gobernanza, –supuestas elecciones justas y supuesto respeto a los derechos humanos– para desembolsar el dinero, pero por todas las restricciones que pesan sobre quienes lo reciben, la mentada ayuda «acaba siendo mal negocio».
 
Otro de los pretextos aducidos por Jakobson está el presunto carácter «corruptógeno» de la región, por lo que se exigió «contabilidad transparente» y «pruebas de adecuada gobernanza, como elecciones justas y respeto por los derechos humanos.
 
Alfredo Jalife-Rahme pide recordar que Biden llegó a la presidencia prometiendo una «ayuda y una regulación más humana al conflicto fronterizo en Centroamérica», pero, desde el punto de vista del venezolano, este discurso siempre fue, cuando menos, dudoso, en tanto el presidente Barack Obama y su secretaria de Estado Hillary Clinton, gestión en la que Biden sirvió como vicepresidente propiciaron el golpe de Estado militar en Honduras contra Manuel Zelaya, debido a su intercambio político con líderes como Hugo Chávez. 
 
Desde otro ángulo, esto equivaldría a señalar que desde Washington se ponen y quitan gobiernos a conveniencia y cuando los gobernantes ya no son útiles, se apela a la carta del narcotráfico, que es usado como como una herramienta para desmembrar países, derrocar gobiernos y, a través de la DEA, obligar a media Latinoamérica a seguir sus órdenes, so pena de acusarles de narcotraficantes, reflexionó el comunicador.
 
Por su parte, Jakobson aseveró que «en lugar de colocar la mayor parte del dinero en las tesorerías nacionales, las mayores cantidades serán transferidas a las ONG, a programas para madres solteras y entrenamientos de jóvenes», para que, en última instancia se fortalezca a las sociedades en lugar de enriquecer a esos gobiernos.
 
En el parecer de Pérez Pirela, este modus operandi está en marcha en Venezuela, donde Estados Unidos le ha dado millones de dólares a Juan Guaidó y a otro pequeño grupo, para que a cambio ellos le entreguen a ese país las riquezas y activos del suyo. 
 
Jalife-Rahme destaca que la mayor parte de las ONG dependen del financiamiento de Estados Unidos e incluso pasan por encima de la constitucionalidad de los gobiernos legítimos y se vuelven el vehículo para aplicar políticas exógenas que atentan contra las soberanías nacionales y es allí que cobran sentido instancias desestabilizadoras como la USAID, que ama a las ONG porque son sus brazos armados, completó el analista criollo.
 
El plan de la administración Biden para Centroamérica
 
Jalife-Rahme plantea que se trataría de un plan piloto de experimentación para Estados Unidos, con el que pretendería, de resultar exitoso, emular la prueba en otras partes del mundo. 
 
En este sentido, precisa que Los Angeles Times, un medio cercano a la vicepresidenta Harris, encargada de la política migratoria transfrontera entre Estados Unidos y México, reportó que «miembros del Congreso y varios de los consejeros de Biden formulan como un error inyectar dinero en países que han mal usado y dilapidado la ayuda de Estados Unidos con nulos resultados». 
 
Por su parte el Encargado de Asuntos para el Hemisferio Occidental, Juan González, alega que el dinero prometido no tendrá «impacto sin la voluntad política de los gobiernos de Centroamérica para implementar acciones», aún cuando sea contra sus propios intereses (políticos). 
 
Así, el mexicano cuestiona que si el enfoque de Biden se refiere a resolver las causas de la migración, «tales encomiables designios no pueden ser encomendados ni a las ONG –que traen una agenda exógena propia– ni a la misma Embajada de Estados Unidos, sin que los gobiernos participen en forma conjunta con los donantes y sus sociedades civiles ad hoc». 
 
En virtud de lo anterior, precisa que, «como era de esperarse, los gobiernos del Triángulo Norte se han opuesto a las soluciones» y han advertido que se han establecido «metas suprasoberanas», en tanto «las ONG no están equipadas para absorber los millones de dólares».
 
En otro orden, Jalife-Rahme se pregunta si realmente Biden desea «resolver de tajo las causas migratorias o consagrarse a cambios de regímenes, como operó Estados Unidos durante los años de la Guerra Fría en Centroamérica. 
 
A favor de esta tesis alega que desde Washington pretenden escabullir las promesas relativas a la migración, aplicando una táctica que «parece más bien una pérfida fuga»: «exorcizar a los tres presidentes en turno del Triángulo Norte, quienes son condenados como aliados de Trump». 
 
Jalife-Rahme también recupera las declaraciones de Pat Buchanan, exjefe de prensa de Richard Nixon, Gerald Ford y Ronald Regan, quien considera pese haber conseguido un triunfo legislativo por 1,9 billones de dólares para su plan de rescate, Biden tiene algunos problemas que él mismo ha creado, muy particularmente los derivados de la crisis en la transfrontera de Estados Unidos y México: «el récord masivo de niños, adolescentes y familias que llegan y piden asilo, es casi totalmente creación de Biden, sin ningún final a la vista». 
 
Buchanonn afirma que «de los miles de inmigrantes ilegales que ingresan diariamente a EEUU, pocos pasan la prueba de la COVID-19 antes de ser trasladados al corazón de Estados Unidos y portan la infección con ellos», lo que juzga como una emergencia médica de seguridad y una crisis nacional, dejando entrever que, después de todo, la crisis pandémica es responsabilidad de los migrantes, agregó el experto venezolano. 
 
En relación con este tema, durante su primera conferencia de prensa, el presidente Joe Biden afirmó que el brote migratorio se debía a que él era un buen tipo y echó toda la culpa del desmantelamiento del sistema migratorio a Trump, pero reveló datos espeluznantes, como el hecho que Estados Unidos tiene bajo custodia de 15.000 menores que llegaron al país sin compañía, los cuales son retenidos mucho más tiempo que las 72 horas legales y son recluidos en sitios donde reinan condiciones paupérrimas.
 
Adicionalmente, Jalife-Rahme denuncia que «estos migrantes están entre la espada y la pared», porque en otra política estigmatizadora de los migrantes, la Secretaría de Salud de México ha contemplado cerrar la frontera con Estados Unidos para limitar la propagación de la COVID-19.
 
Mientras tanto, los cárteles del narcotráfico engordan sus arcas con la trata de personas y desde comienzos de 2021, migrantes marcharon en México para pedir asilo político en Estados Unidos.
 
«Le pedimos al señor Biden que cumpla su promesa. Él dijo que ayudaría a los inmigrantes. Nosotros le pedimos una oportunidad, nosotros le pedimos una oportunidad legal», recogió uno de los medios internacionales durante una manifestación el pasado 23 de marzo. 
 
Desde ese momento, migrantes mexicanos y centroamericanos permanecen en un campamento improvisado en la localidad de El Chaparral, cerca del paso fronterizo con Estados Unidos, pero nadie habla de eso, pese a que se trata de «un drama que se escapa de vista», denunció Pérez Pirela. 
 
De hecho, por esta y otras consecuencias más de la negligencia de la administración Biden para con la migración, un empresario dijo: «el presidente Joe Biden es el regalo más bello jamás ofrecido a los carteles de la droga en México». Jalife-Rahme detalla que el supernegocio asciende a un mínimo de 500.000 millones de dólares y un máximo de 652.000 millones de dólares, sin contar el tráfico sexual de menores. 
 
En medio de esto, comentó el comunicador, Trump no perdió la oportunidad de arremeter contra la administración Biden por el pésimo manejo de la crisis migratoria, un tema que se estima sea central para las próximas elecciones legislativas, en las que los demócratas podrían ser castigados y perder su actual hegemonía bicameral. 
 
En el mismo orden, refirió un editorial de Le Monde, medio cercano a la cancillería francesa, en el que se vaticina que «una cierta ambigüedad del mensaje de la nueva administración, al prometer futuras vías legales de migración, puede también ser la causa de la primera crisis de Biden en la frontera con México». 
 
Esta hipótesis parece tener asideros muy reales, puesto que ya dentro de Estados Unidos, legisladores de estados con amplia población mexicana –California, New Jersey, Arizona y Texas– presionan a Biden por el tema migratorio y a principios de marzo, legisladores pidieron priorizar la defensa de derechos humanos en México y tomar medidas inmediatas y urgentes para resolver el problema de la migración. 
 
En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, plantearon la urgencia de «tomar medidas decisivas para asegurarse de que el gobierno mexicano y asociaciones no gubernamentales puedan proteger y apoyar adecuadamente a los migrantes y mejorar la capacidad del propio sistema de asilo de México».
 
Los congresistas reacalcaron que el departamento estadounidense de Seguridad Nacional anunció en febrero que reiniciaría el procesamiento de casos abiertos bajo la política con la que decenas de miles de personas siguen esperando en México para continuar su proceso migratorio en los Estados Unidos o solicitar asilo.  
 
La carta asegura que México padece una «violencia récord», con aproximadamente 35.000 homicidios anuales, con 30 periodistas o defensores de derechos humanos asesinados en 2020 y más de 80.000 personas desaparecidas desde 2006. 
 
En este contexto de violencia, continuó relatando Pérez Pirela, instaron a Biden a trabajar con el gobierno de López Obrador, para abordar «los niveles casi totales de impunidad que permiten a los grupos criminales y agentes estatales perpetrar delitos graves y abusos contra los derechos humanos» y lo exhortaron a abonar esfuerzos para la creación de instituciones civiles y destinadas a la defensa de los derechos humanos. 
 
Finalmente, estos legisladores alientan a Blinken a participar en una «revisión y reevaluación seria de las políticas de seguridad específicas» que no han logrado reducir la violencia o resarcir a las víctimas. 
 
Por su parte, el gobierno de México había anunciado una estrategia de seguridad pública para proteger a candidatos potencialmente señalados como blanco de las organizaciones criminales, que entre septiembre y octubre pasados dejó 64 personas muertas. 
 
Así las cosas, reflexionó el experto, todo este complejo rompecabezas parece, sin embargo, apuntar en una dirección clara: Biden tiene un plan orquestado, un plan piloto que, de funcionar, sería aplicado en otras regiones del planeta, en el que tienen lugar las injerencias, el aprovechamiento de los migrantes y el fortalecimiento de estructuras criminales, así como el debilitamiento de los Estados-Nacionales usando como brazo armado las ONG. 

 

(LaIguana.TV)

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