Un nuevo éxodo centroamericano de dimensiones históricas, desencadenado ante la nueva política migratoria de EEUU que busca dejar atrás el racismo y la xenofobia, obligó a México a desplegar operaciones de contención fronteriza, y las deportaciones en ambos países se dispararon en el comienzo de este año.

El tema fue abordado el 7 de abril por el presidente Andrés Manuel López Obrador con la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, encargada por Joe Biden para «abordar las causas fundamentales de la migración desde los países del Triángulo Norte, (El Salvador, Guatemala y Honduras), que incluyen la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades económicas».

Los Gobiernos acordaron «contrarrestar el contrabando humano y la trata de personas», mientras Biden promete incrementar la asistencia humanitaria a esos países, con unos 4.000 millones de dólares.

López Obrador dijo que «hay condiciones inmejorables para tener un entendimiento, que haya cooperación y el tema migratorio no sea preocupación central en EEUU».

Desde enero al 25 de marzo, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha detenido a 34.993 migrantes, un aumento de casi el 28% comparado al año pasado.

A pesar de esa contención, solo en marzo de este año las autoridades migratorias estadounidenses detuvieron a casi 19.000 niñas y niños, que cruzaron solos la frontera norte mexicana.

En total, la población migrante detenida en EEUU sumó a más de 171.000 personas, un récord mensual.

Desafío histórico

La secretaría técnica del Grupo Trabajo sobre Política Migratoria, Melissa Vertiz, dijo a Sputnik que «es muy positiva la cooperación bilateral entre los Estados ante la crisis humanitaria del fenómeno migratorio, que surge en los países de origen, donde no garantías al derecho a permanecer y no emigrar».

Pero lamenta que en los países de tránsito y destino, esas personas «tampoco encuentran garantías al derecho a migrar y a ser protegidas», dijo la portavoz de la red que integran decenas de organizaciones especialistas en migración y asilo en ambos países.

López Obrador insiste en su enfoque de reproducir el modelo de dos programas sociales mexicanos: «Sembrado Vida» para cultivar árboles frutales y maderables; y «Jóvenes Construyendo el Futuro», con becas para aprendices de talleres.

Al explicar la propuesta que hizo a Harris y Biden, el gobernante insistió en que «se puede ofrecer a la gente trabajo, sembrando árboles, además que se mejora el medio ambiente».

Vertiz afirma que los países centroamericanos no solo padecen pobreza y falta de trabajo, sino que sufren de mucha corrupción, opacidad, impunidad y falta de perspectiva de derechos humanos en sus políticas ante la violencia».

Además, esos proyectos de desarrollo «no son consultados con las comunidades y la ayuda finalmente es insuficiente y mínima».

Criminales al acecho

La especialista, que ha recorrido la ruta de la migración internacional durante varios años, señala que muchas veces esos planes multinacionales «dan continuidad a proyectos de despojo más amplios, culturalmente rechazados, porque los Estados los utilizan para apropiarse de tierras y recursos naturales».

Los programas sociales mexicanos son percibidos por comunidades centroamericanas como ajenas a su propio contexto.

«Piensan que le imponen planes que no necesariamente son lo que necesitan «, explica la experta, con base en valoraciones de sus colegas en la región.

El problema no solo es de pobreza «sino la inseguridad, el impacto del cambio climático, carencias de infraestructura adecuada para las comunidades inundadas por huracanes, destruidas por terremotos o devastadas por el corredor seco, por una sequía inédita que destruyó las tierras para cosechar».

El enfoque asistencialista de los programas sociales no toma en cuenta que «repartir dinero en forma directa a las comunidades podría incluso ser perjudicial, porque el crimen organizado pueden convertir a los beneficiarios en blanco de extorsiones, ante la debilidad de la estructura gubernamental necesaria».

La migración es, en realidad, la última carta para salvar la vida de familias enteras aterrorizadas, que prefieren emprender una aventura incierta.

Dilema de la infancia

En cuanto al combate al tráfico de menores, Vertiz señala que una migración «ordenada regular y segura» es imposible si continúa «una criminalización de los migrantes con énfasis en la seguridad nacional», y no está claro si los menores detenidos son canalizados al sistema de protección a la infancia.

Los defensores de migrantes observan que los despliegues la Guardia Nacional y militares obliga a menores y familias a aventurare por rutas clandestinas riesgosas.

Los operativos «provocan violaciones derechos humanos, secuestros, robos, violaciones, desapariciones, y ejecuciones extrajudiciales, porque no les garantizan a los menores una forma efectiva de reunificarse con sus familiares», que los esperan en EEUU.

El dilema es que no todos los niños son víctimas del tráfico de personas, como creen las autoridades.

Aunque las detenciones de menores crecen en EEUU, las cifras oficiales mexicanas de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas van a la baja, a pesar de los operativos.

Las detenciones de niñas, niños y adolescentes presentados ante el INM mexicano en el bimestre enero-febrero fueron 5.048 en el años 2019; bajaron a 4.027 en 2020; y este año se redujeron a 1.742 menores. La mayoría pasó, y fue a estrellarse con agentes de EEUU.

(Sputnik)