Bartolomeu Varela, catedrático de la Universidad de Cabo Verde y reconocido jurista en esa nación africana, aseguró este 13 de abril que la justicia de su país debe denegar la extradición del diplomático venezolano Álex Saab hacia los Estados Unidos, puesto que no tiene dudas que tras el caso hay motivos políticos que ponen en entredicho la presunción de inocencia y le impiden al imputado ejercer su legítimo derecho a la defensa.
En conversación con Notícias do Norte, el abogado destacó que aunque la Corte de Apelaciones de Barlavento y la Corte Suprema de Justicia fallaron a favor de la extradición de Saab, el proceso podría reiniciarse si el Tribunal Constitucional lo anulara, pues existiría la posibilidad de que el funcionario venezolano fuera juzgado en Cabo Verde «con todas las garantías de la defensa».
«La Constitución de la República de Cabo Verde prohíbe formalmente la extradición por motivos políticos. Y este caso surge exactamente en medio de un enorme conflicto político, que se viene desarrollando desde hace varios años, entre Estados Unidos y Venezuela. Por lo tanto, este proceso, además de estar motivado por acusaciones –que aún no se han probado– de presuntos delitos, está claramente enmarcado por cuestiones políticas», arguyó el experto.
Explicó que, de concretarse esta alternativa, correspondería a la justicia caboverdiana juzgar a Álex Saab de los distintos delitos trasnacionales que Estados Unidos le imputa. Así, «Cabo Verde podría pedir todas las pruebas y juzgar a Alex Saab, quien no quedaría impune en caso de culpabilidad, pero tampoco quedaría agraviado en caso de inocencia», dijo al respecto.
En criterio de Varela, esta situación sería ventajosa para Saab, puesto que correspondería al Ministerio Público de Cabo Verde demostrar su culpabilidad y al diplomático «se le darían todas las garantías de defensa y estaría en condiciones de demostrar su inocencia».
El académico sustenta esta posibilidad en la Carta Magna de la República de Cabo Verde, que en caso de negar una extradición, «establece que la persona está sujeta a la justicia nacional y no será automáticamente libre. O bien se prueba que no hay nada en contra del imputado (…) y se le pone en libertad, o se le atribuyen los hechos y se le condena a la luz del ordenamiento jurídico interno. Así, se garantizaría que no sería torturado ni condenado a muerte».
Por otro lado, el jurista destacó que es responsabilidad del Tribunal Constitucional verificar si se han violado los derechos humanos de Saab, así como lo dispuesto en la Constitución caboverdiana en el proceso, y con esos indicios, reafirmar o anular la sentencia de extradición dictada en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Barlavento y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.
Está seguro del carácter políticamente motivado del proceso que se sigue en contra del venezolano, por más que Estados Unidos haya solicitado su extradición aludiendo a la comisión de ciertos delitos y a ese respecto destacó que «toda persona imputada es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, mientras se encuentre bajo el principio de presunción de inocencia», razón por la cual debe vigilarse que en el proceso de evacuación de pruebas, «nadie garantice que se puedan descubrir nuevos hechos que den lugar a nuevos cargos que impliquen la condena de los extraditados, por ejemplo, a la pena de muerte», explícitamente prohibida en la Constitución de Cabo Verde.
«Nuestra Constitución no permite extradiciones cuando la persona puede ser acusada, en el país que requiere la custodia, de delitos cuyo marco penal excede al vigente en Cabo Verde», precisó Bartolomeu Varela, a lo que añadió que «además de las razones políticas que claramente existen, y teniendo en cuenta la posibilidad de abrir una nueva etapa de producción de pruebas que pueda dictar cargos y sanciones más severas para el señor Alex Saab en los Estados Unidos, la extradición no debe ser autorizada por las autoridades judiciales caboverdianas».
Varela dijo a Notícias do Norte que si él fuera el abogado defensor de Álex Saab, «haría todo lo posible para intentar evitar la extradición por estos motivos», puesto que «nada garantiza que no sufrirá torturas, abusos y otras formas de coacción condenables», motivo adicional por el cual, en su opinión, Praia debe rechazar la extradición por la que presiona Washington.
Para el letrado también es evidente que en la detención del diplomático venezolano el pasado 12 de junio en la Isla de Sal, las autoridades policiales cometieron «algunas irregularidades». En particular aludió a la Alerta Roja de Interpol, que fue emitida varias horas después de su detención, con base en una orden de captura inexistente para el momento de los hechos.
Así las cosas, opinó que «el señor Alex Saab nunca debió haber sido detenido», puesto que, como ya han dicho otros juristas, «si las acusaciones que se le imputan no constituyen delitos en Cabo Verde, debería ser liberado automáticamente».
(LaIguana.TV)
