Una crisis holística atraviesa Brasil, en buena medida debida a las decisiones tomadas por el gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro. De un lado, apuntó el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea, está el colapso sanitario –por el que ya se comienza a responsabilizar al mandatario– y del otro, la aparente pretensión del gobernante de conformar fuerzas paramilitares a partir de polémicos decretos para flexibilizar el porte de armas y municiones entre los civiles.

Bolsonaro señalado por crímenes de responsabilidad y lesa humanidad

Brasil, epicentro regional de la pandemia y tercer país con mayor cantidad de infecciones, tras Estados Unidos e India, acumula a la fecha más de 13,5 millones de diagnósticos de COVID-19 y 358.425 decesos por esa causa, un caos del que distintos actores responsabilizan directamente a Bolsonaro.

A ese respecto, Pérez Pirela refirió que la comisión especial designada para investigar la actuación del gobierno en la pandemia dictaminó que el mandatario cometió crímenes de responsabilidad y lesa humanidad, no solamente por no adoptar las medidas sanitarias recomendadas por los expertos, sino por tomar decisiones que se han traducido en la aceleración de las infecciones.

La comisión creada por el Colegio de Abogados de Brasil, concluyó que Bolsonaro actuó deliberadamente para propagar el virus, dictamen que abre la puerta para que se inicie un juicio político en su contra o se le denuncie por crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Esta organización estima que debe ser responsabilizado directamente por el deceso de más de 355.000 brasileños por el coronavirus y más específicamente, tildó al gobernante de homicida.

La decisión fue remitida al Consejo Federal de Abogados y recaerá en ellos la decisión de solicitar un juicio político en su contra, completó el analista, pues en el parecer de los juristas, «a través de acciones y omisiones sistemáticas, el gobierno de Bolsonaro terminó teniendo la pandemia bajo su control, usándola deliberadamente como instrumento de ataque» e inclusive como «un arma biológica» para someter «a toda la población».

En este punto, el también director de LaIguana.TV destacó que no se trata de una acusación por apatía o por la toma de medidas a destiempo, sino que se acusa a Jair Bolsonaro de atentar contra la vida de más de 350.000 brasileños, quienes, de acuerdo con este punto de vista, fueron «asesinados» por su causa.

En el fallo también se denuncia que el gobierno no tuvo interés en negociar vacunas con Pfizer, se atrasó en la compra de la Coronavac –producida por China– y se denuncia que hubo resistencia para poner en funcionamiento medidas de confinamiento y de restricción de actividades comerciales, tal y como recomendaron los expertos.

Además, se destaca que en un informe elaborado por el Instituto de Investigación del Ejército brasileño se definió una hoja de ruta para actuar ante la emergencia, pero fue desestimado por el gobernante y por las mismas Fuerzas Armadas.

De su lado, relató el experto, Bolsonaro se defendió de las acusaciones señalando que Brasil es «un barril de pólvora», gracias a las medidas tomadas por los gobernadores y alcaldes para frenar la COVID-19.

«Brasil está al límite y estoy esperando a que la gente dé una señal, porque el hambre, el desempleo y la miseria están ahí. No lo ven quienes no quieren verlo», dijo el mandatario.

En reiteradas ocasiones, Bolsonaro ha criticado las medidas adoptadas por los gobiernos regionales y locales para frenar la expansión del virus y que han sido endurecidas durante las últimas semanas, en virtud del avance descontrolado de las infecciones en el país, recordó el comunicador.

Estas polémicas declaraciones las formuló mientras el Tribunal Supremo Federal, máxima instancia judicial del país suramericano, decide si debe conformarse una comisión Parlamentaria para investigar la gestión del gobierno de la pandemia, conforme lo ordenara una de sus magistradas.

En la misma intervención, el presidente brasileño sugirió que se investigara a los gobernadores y alcaldes, a quienes acusa de desviar fondos públicos para atender la pandemia, mientras sus detractores le recordaban que en las últimas semanas los decesos por COVID-19 han superado las 3.000 personas por día, han muerto más de 358.000 personas y los infectados suman más de 13,6 millones.

A sus equivocadas decisiones se suma que las variantes P1 y P2 tienen mayor capacidad de contagio y se han extendido por todo el país, ocasionando un colapso sanitario sin precedentes. Y lo que es peor: han afectado a naciones vecinas como Uruguay –que hoy ostenta la tasa de contagios más alta de todo el mundo– o Venezuela, cuyas cifras de infecciones y decesos se han disparado en las últimas semanas, sintetizó Pérez Pirela.

En adenda, el pasado 13 de abril, la jueza Carmen Lúcia solicitó al presidente de la Corte Suprema de ese país, Luiz Fux, que analizara una denuncia contra Jair Bolsonaro por «genocidio contra los indígenas» durante la pandemia

Para sumar términos a esta complicada ecuación, se divulgaron unos audios en los que se escucha al presidente de Brasil amenazar a un senador y demandar la destitución de jueces del Tribunal Supremo Federal.

Pérez Pirela explicó que las conversaciones las hizo públicas el senador Jorge Kajuru (centroderecha). En una se escucha a Bolsonaro calificar como «mierda» al legislador Randolfe Rodrigues (centroizquierda), a quien además amenaza con golpear.

Como respuesta, Rodrigues solicitó establecer una comisión para que investigue la actuación del gobierno de Bolsonaro y fue autorizada provisionalmente por el juez Luís Roberto Barroso.

En este orden de ideas, el analista criollo recuperó las declaraciones de la diputada Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores, quien calificó como «inaceptable» la amenaza del gobernante contra su colega parlamentario. «El presidente del país hablando de pegarse golpes con un senador de la República es un crimen. ¿Qué vendrá luego? ¿Amenaza de muerte?», señaló.

Hoffman añadió que «la conversación sobre la CPI del COVID-19 es otro crimen de responsabilidad de Bolsonaro, que intenta atacar a los jueces de la Suprema Corte para librarse de los crímenes sanitarios que cometió y culpar a los gobernadores y a los alcaldes».

De su lado, el gobernante cuestionó la divulgación de la conversación. «Fui grabado en una conversación telefónica. ¡A qué punto hemos llegado en Brasil», dijo al respecto.

Por su parte, el presidente del Centro Nacional de Alcaldes, Jonás Donicette, dijo no tener problemas con ser incluidos en la investigación porque todas las alcaldías tienen por obligación una web de transparencia. No obstante, lamentó los ataques del gobernante, cuando «el enemigo común es el virus».

Pérez Pirela comentó que desde comienzos de abril, un grupo de 119 diputados de distintas toldas políticas como el Partido de los Trabajadores, el partido Socialismo y Libertad (PSOL) y el Partido Socialista Brasileño, solicitó un nuevo ‘impeachment’ contra Bolsonaro por acusaciones de abuso de poder para interferir en la cúpula militar y delitos de responsabilidad durante la pandemia.

El movimiento, detalló, se sucedió a la renovación del gabinete que emprendiera el mandatario en la que fueron destituidos los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia, Casa Civil, Secretaría de Gobierno y Procuraduría General de la República y tras la renuncia de los titulares de tres componentes de la Fuerza Armada.

¿Qué pretende Bolsonaro con la flexibilización del porte de armas y municiones en Brasil?

A propósito de la suspensión de varias disposiciones de los decretos con los que Jair Bolsonaro pretende facilitar el acceso a armas de fuego por parte de Rosa Weber, magistrada del Tribunal Supremo Federal, el filósofo venezolano puntualizó que la jueza había sustentado su negativa alegando la existencia de un vínculo entre la flexibilización del acceso a las armas y el incremento de los delitos, toda vez que Brasil cuenta con uno de los índices de delictivos más altos del mundo.

La medida, que deberá ser discutida en una reunión virtual pautada para el venidero 14 de abril, suspende la entrada en vigor de la disposición que retiró al Ejército brasileño la prerrogativa de inspeccionar la adquisición y registro de algunos armamentos, así como la adquisición de munición de fusiles y escopetas, máquinas para la producción industrial de municiones y minas de largo alcance.

De momento, también quedó sin efecto la posibilidad de que civiles puedan adquirir hasta seis armas de fuego para uso personal y que agentes del orden puedan disponer hasta de ocho, sin que medie para ello algo más que una solicitud de necesidad.

Hasta que no exista un fallo definitivo, tampoco estará permitido el aumento del número de municiones que pueden comprar recolectores, francotiradores y cazadores que propusiera el gobernante, ni la compra de municiones en escuelas de tiro en cantidades ilimitadas, ni la práctica del tiro deportivo en mayores de 14 años, ni la vigencia de posesión de armas en todo el territorio nacional, ni autorización para que los CAC porten un arma de fuego desde su domicilio hasta el lugar de la actividad.

Según la magistrada, «el aumento en el número de municiones adquiridas por la población civil, especialmente por la CAC, representa un aumento en el riesgo de desvío de estos productos y, en consecuencia, de su aseveración por parte de traficantes y grupos criminales, considerando que las municiones vendidas a particulares en Brasil, como ya se vio, aún no están marcadas, lo que impide el rastreo del destino que reciben luego de su comercialización», citó el analista.

Con sorna, Weber acotó que el decreto de Bolsonaro «innovó», al autorizar el manejo simultáneo de hasta dos armas de fuego en población civil. «Parece irrazonable y desproporcionado dar a la gente común la oportunidad de portar armas en una cantidad comparable a la que utilizan los militares o la policía en sus actividades funcionales, sin que haya posibilidad de que estén adecuadamente entrenadas», dijo al respecto.

En su criterio, «los decretos violan los valores de seguridad pública y la defensa de la paz, creando un riesgo social incompatible con los ideales consagrados constitucionalmente que expresan, por ejemplo, el derecho de todos a reunirse en lugares públicos, pacíficamente y sin armas».

Miguel Ángel Pérez Pirela recordó, asimismo, que desde su campaña, Bolsonaro promovió sin rubores el incremento del uso de armas de fuego entre la ciudadanía, pero para el analista internacional Isaac Bigio, este discurso persigue unos fines oscuros, relacionados no solamente con el afán de lucro, sino con la intención de crear su propio ejército.

De este modo, Bigio argumenta que los precitados decretos pretenden crear las condiciones para que se constituyan milicias armadas, grupos paramilitares, que en el peor caso, insufladas por el extremismo que caracteriza al mandatario, podrían derivar en una guerra civil.

Así, en émulo de lo que se hizo en su día en Colombia, se conformaría un conglomerado de grupos privados de armas para que se encarguen de hacer lo que el Ejército regular no puede hacer tan abiertamente en tiempos de supuesta democracia, como enfrentar a los indígenas o a quienes intenten recuperar sus tierras, ilustró el comunicador.

Por otra parte, desde su punto de vista, el decreto en el que se autoriza a ciudadanos comunes a poseer hasta seis armas para su «autodefensa contra la delincuencia» resulta muy preocupante, porque Brasil es el país más poblado de la región, comparte fronteras con Venezuela y Colombia y su gobierno es partidario de las intervenciones armadas extranjeras.

Las armas de fuego en América Latina: más liberalización es sinónimo de más criminalidad

Para cerrar, Pérez Pirela comentó un trabajo periodístico realizado por Deutsche Welle (DW) a finales de marzo a propósito del debate sobre la tenencia de armas en Colombia, en el que se precisan algunos datos de interés en la región.

En ese orden de ideas precisó que en marzo, un grupo de congresistas del Centro Democrático (partido gobernante, uribismo) presentó un «polémico» proyecto de ley para flexibilizar el porte legal de armas de fuego en ese país.

La senadora María Fernanda Cabal argumentó que «los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos», mientras que la oposición subrayó la importancia de la prohibición en la reducción de los crímenes y acusó a los conservadores de levantar ‘una cortina de humo’ ante el evidente fracaso de la Política de Seguridad Nacional de Duque.

De otro lado, DW destaca que de acuerdo con el portal especializado gunpolicy.org, a diferencia de lo que ocurre en los Estados Unidos, el derecho a portar armas de fuego solamente está garantizado en las constituciones de Guatemala, Haití, México y Puerto Rico, mientras que en Honduras este derecho está garantizado por la ley.

En contraste, en el resto de los países, las agencias encargadas de autorizar el porte de armas de fuego exigen una serie de requisitos que suelen incluir exámenes físicos y a veces, psicológicos. A menudo se exige también la ausencia de antecedentes penales e incluso certificados de aptitud de tiro.

Así las cosas, para Pérez Pirela impera preguntarse de dónde surgieron los movimientos a favor de una flexibilización del porte de armas de fuego en América Latina.

La respuesta varía según el caso. En Colombia, Leonardo Bandarra, investigador del Instituto de Estudios Regionales Giga (Alemania) considera que la tenencia de armas está relacionada con el prolongado conflicto armado, pero también con la relación entre Bogotá y Washington, pues se importan armas desde Estados Unidos y este país propicia, a su vez, la construcción de armas en los países de la región que son sus aliados.

En términos absolutos, un estudio de Small Arm publicado en 2018 precisa que Brasil lidera la cantidad de armas en circulación en manos de civiles (17.510.000), seguido de México (16.809.000), aunque también se destaca «la gran presencia de armas en países pequeños como Guatemala» y se concluye que «en aquellos países donde hay flexibilización para que los civiles porten armas de fuego, parece existir mayor incidencia delictiva», finalizó el analista venezolano.

(LaIguana.TV)

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