Simultáneamente, en modo de tormenta perfecta, varias crisis estremecen a Brasil. La pandemia de covid-19 que azota sin descanso al país vecino, manejada criminalmente por Jair Bolsonaro, quien podría ser sometido a un juicio político y hasta acusado de delitos de lesa humanidad. Paralelamente, el mandatario ultraderechista sigue empeñado en flexibilizar las normas sobre tenencia y porte de armas en un país que ya, de por sí, registra altos índices de violencia criminal.
Ambos temas, que parecen evidenciar la vocación de Bolsonaro por la muerte, fueron el centro del análisis de Miguel Ángel Pérez Pirela en su programa Desde Donde Sea.
“La situación de Brasil es explosiva en varios frentes, empezando por el de la pandemia. Aunque India lo superó en el segundo lugar de número de contagiados, sigue en ese puesto en cuanto a número de fallecidos. En el primer lugar está Estados Unidos con 31 millones 413 mil970 contagios; India llegó a 13 millones 873 mil 825; y Brasil tiene ahora 13 millones 599 mil 994. En cuanto a fallecidos: EEUU registra 564 mil 271 y Brasil 358 mil 425”, expuso.
Estima el filósofo y comunicador venezolano que en Brasil se está dando “una tormenta perfecta, lo que en política se llama un efecto bumerán, algo similar a lo que le pasó a Trump: Bolsonaro lanzó sus ataques contra medio mundo y ahora le están explotando en la cara. Lo que está ocurriendo es de una gravedad extrema, pero es silenciado por la mediática internacional”.
“Una comisión investigadora especial determinó que Bolsonaro cometió un crimen de responsabilidad y lesa humanidad. No se trata solamente de que no haya hecho nada por resolver la crisis sanitaria, sino que además tomó medidas para acelerar los contagios. Fue intencional, voluntario”, señaló.
Una comisión creada por la Orden de Abogados de Brasil que analiza la gestión del presidente Jair Bolsonaro frente a la pandemia de covid-19, aseguró que el mandatario actuó deliberadamente para propagar el virus. Este veredicto puede dar lugar a un juicio político o una denuncia por un crimen de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. Según el dictamen, el presidente debe ser responsabilizado por la muerte de más de 355 mil brasileños en esta pandemia considerada como un homicidio colectivo.
La decisión fue enviada al Consejo Federal de la OAB y ahora los representantes de las seccionales estatales decidirán si actuarán o no contra Bolsonaro. “A través de acciones y omisiones sistemáticas, el gobierno terminó teniendo la pandemia bajo su control, usándola deliberadamente como instrumento de ataque, un arma biológica, sometiendo a toda la población”, estimaron los juristas.
Insistió el presentador en que “no se trata de una acusación por apatía, por no tomar medidas a tiempo, sino que se le señala de, voluntariamente, atentar contra la vida de más de 350 mil brasileños, que entonces pueden considerarse asesinados por su responsabilidad”.
Los abogados consideran que hubo falta de interés del gobierno en negociar vacunas con Pfizer, un atraso en la compra de Coronavac y resistencia para tomar las medidas de restricción de circulación de personas y actividades comerciales, recomendadas por los expertos.
“Recuerden además las provocaciones, cuando se acercó a unos periodistas y los saludó sin mascarilla, o cuando rompió el protocolo y cuando se enfrenta a los gobernadores que han aplicado en sus estados medidas de cuarentena. Lo nuevo es que en esta ocasión, el desastre no es solo por omisión, sino también por acción –dijo-. En programas anteriores, hablamos de un informe elaborado por el Instituto de Investigación del Ejército, que definía una ruta para actuar ante la emergencia y que fue desestimado por las Fuerzas Armadas y por el Gobierno de Bolsonaro”.
El mandatario responde culpando a los mandatarios regionales y locales que han impuesto medidas de confinamiento en sus jurisdicciones. Afirmó que el país se ha convertido en «un barril de pólvora» por las medidas restrictivas adoptadas por algunos de los gobernadores y alcaldes de los estados para frenar la covid-19. «Brasil está al límite. Estoy esperando a que la gente dé una señal porque el hambre, la miseria y el desempleo están ahí. No lo ven quienes no quieren verlo», expresó.
“¿Será una provocación para que la gente salga a la calle? ¡Cuidado! porque la situación de Brasil no es un juego”, alertó el presentador.
Desde el comienzo de la pandemia, Bolsonaro ha criticado las medidas adoptadas por los gobernadores para hacer frente al virus, que han sido endurecidas estas últimas semanas ante el avance descontrolado de las variantes de la covid-19.
Las declaraciones del mandatario se producen el mismo día en que el Supremo Tribunal Federal (STF) debía decidir si confirma la instalación de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para analizar la gestión del Gobierno frente a la pandemia. Esta comisión fue propuesta por uno de los magistrados de la alta instancia judicial.
En respuesta, Bolsonaro volvió a sugerir que también sean investigados los gobernadores y alcaldes, a quienes acusa de desviar fondos públicos.
También arremetió contra la jueza Cármen Lúcia, que el martes pidió al presidente de la Corte, Luiz Fux, que analice una denuncia contra Bolsonaro por sospechas de genocidio contra los indígenas durante la pandemia. «Vi que un juez pidió que se analice una demanda para que me juzguen por genocidio (…) ¿Hasta dónde vamos a llegar?», declaró el jefe de Estado.
Pérez Pirela acotó que la “variante Bolsonaro” de la covid-19 ya no es un problema exclusivo del norte de Brasil, donde se originó (en Manaos, capital del estado fronterizo de Amazonas, a la que Venezuela tuvo que enviarle oxígeno pues fue abandonada a su suerte por el gobierno federal brasileño), sino que también pone de rodillas a sus países vecinos “Ahora las variante P1 y P2 son un grave problema para Uruguay, donde está haciendo desastres, al punto de que pasó a ser el país del mundo con mayor número de infectados y fallecidos con respecto a su población. También es un problema para Venezuela, donde estamos pagando las variantes. Si bien acá se mantiene la curva mucho más aplanada, estamos sufriendo los embates de una ola bastante fuerte: 20 muertos al día, es algo que no conocíamos”.
“Debemos redoblar las precauciones. No nos cansamos de decirlo. Hay que tener algo más de paciencia hasta que llegue la vacuna y pueda ser distribuida al menos para inmunizar a nuestros padres, madres, abuelos y abuelas”, dijo.
Audios reveladores
Los problemas de Bolsonaro en el ámbito de política interna se agudizan por revelaciones acerca de sus bárbaras conductas. En unos audios, divulgados por el senador Jorge Kajuru, se escucha al mandatario calificando de «mierda» al legislador Randolfe Rodrigues e incluso amenazando con golpearlo.
“Es una especie de simio, con el perdón de los simios”, comentó el conductor de Desde Donde Sea.
Rodrigues pidió abrir una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para analizar la actuación del Gobierno, y la semana pasada fue autorizada de manera provisoria por el juez Luis Roberto Barroso.
“La presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, a quien entrevistamos en este programa el año pasado, dijo que ‘es inaceptable la amenaza de agresión de Bolsonaro a Randolfe. El presidente del país hablando de pegarse golpes con un senador de la República es un crimen. ¿Qué vendrá luego… amenazas de muerte?», preguntó.
El diálogo divulgado, el mandatario también exige la destitución de algunos jueces del Supremo Tribunal Federal.
«La conversación sobre la CPI del covid-19 es otro crimen de responsabilidad de Bolsonaro, que intenta atacar a los jueces de la Suprema Corte en una conspiración para librarse de los crímenes sanitarios que cometió y culpar a los gobernadores y alcaldes», destacó Hoffmann.
Para el presidente, en cambio, el problema no es el contenido de sus palabras, sino el hecho de que el audio haya sido divulgado. «Fui grabado en una conversación telefónica, ¿a qué punto hemos llegado en Brasil?», deploró.
Por su parte, el presidente del Frente Nacional de Alcaldes, Jonas Donizette, dijo que no tener problemas con ser incluido en la investigación. «Por nuestra parte, no hay problemas. No estamos preocupados, porque casi todas las alcaldías tienen por obligación una web de transparencia», Lamentó los ataques de Bolsonaro contra los alcaldes y gobernadores. «No ayuda en absoluto (…) el enemigo común es el virus», enfatizó.
Avanza el impeachment
Desde comienzos de abril un grupo de legisladores de la Cámara de Diputados y el Senado Federal de Brasil, representantes de partidos opositores, anunciaron una nueva solicitud de juicio político (impeachment) contra el presidente Jair Bolsonaro por interferir en la cúpula militar y por el manejo de la pandemia. Contiene la firma de 119 diputados del Partido de los Trabajadores, el Partido Socialismo y Libertad y el Partido Socialista Brasileño. Entre los firmantes está Arlindo Chinaglia, presidente de la Cámara de Diputados.
Esto ocurrió luego de la reforma del gabinete que incluyó la destitución de los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa, Justicia, Casa Civil (despacho de la Presidencia), Secretaría de Gobierno y Procuraduría General de la República y luego de que renunciaran los comandantes de los tres componentes de las Fuerzas Armadas. “En ese momento dedicamos el programa a esta crisis holística, total, esta tempestad que está caracterizando la política brasileña”, rememoró Pérez Pirela.
Los legisladores consideran que el mandatario está tratando de “apropiarse indebidamente y por los intereses personales de las fuerzas militares en Brasil, con una evidente amenaza a la democracia”.
Otro foco de la crisis: el acceso a las armas
Una magistrada del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil suspendió varios artículos de cuatro decretos que Bolsonaro ha emitido a favor de la flexibilización y mayor acceso de los brasileños a las armas.
De acuerdo con la magistrada Rosa Weber existe una correlación entre la facilitación del acceso a las armas de fuego y el desvío de esos productos hacia organizaciones criminales, lo que incrementa los índices de delitos, de crímenes violentos y de homicidios.
La decisión de la magistrada Weber fue anunciada horas antes de la entrada en vigor de las normas, la cual estaba prevista para este martes 13 de abril.
Weber suprimió el artículo que aumentaba de cuatro a seis el límite de armas que pueden adquirir los civiles, y de seis a ocho las que pueden adquirir policías y otros agentes de seguridad, con una simple declaración de necesidad.
También suspendió la parte que autorizaba el porte simultáneo de dos armas, en lugar de una; otra que ampliaba el límite de municiones que pueden ser adquiridas por cazadores y tiradores deportivos, y un fragmento que permitía a las entidades y escuelas de tiro comprar municiones en cantidad ilimitada.
Se suspendió la norma que le quitaba al Ejército la facultad de inspeccionar y registrar algunos armamentos, municiones de fusiles y escopetas, máquinas para la producción de municiones y miras de largo alcance
“¡Es increíble, qué locura! Bolsonaro parece tener un pacto con la muerte, y lo peor es que llega al poder de la mano de los evangélicos, supuestamente en nombre de Dios. ¡Qué desastre!”, enfatizó Pérez Pirela.
Según la magistrada, “parece irrazonable y desproporcionado autorizar a la gente a portar armas, sin un entrenamiento adecuado, en una cantidad equiparable con las utilizadas los militares o la policía en sus actividades funcionales”.
En opinión del presentador, “bajo el gobierno de Bolsonaro, en Brasil, el que no está en riesgo por la covid-19, lo está por estas normas sobre armamento”.
Weber consideró que «la libre circulación de ciudadanos armados, portadores de múltiples armas de fuego, atenta contra los valores de la seguridad pública y la defensa de la paz, generando un riesgo social incompatible con los ideales consagrados constitucionalmente que expresan el derecho de todos a reunirse en lugares abiertos y públicos, pacíficamente y sin armas».
Desde su campaña electoral y luego ya como presidente, Bolsonaro siempre ha defendido el uso de armas. El analista internacional Isaac Bigio, asegura que su interés obedece no solo a las ganancias económicas que la venta de armas reporta, sino a una intención de tener su propio ejército.
“Estoy de acuerdo con este analista. Se crean condiciones para fenómenos paramilitares. Se esconde la intención de crear ejércitos propios como los paramilitares de Colombia. Esto sería cerrar el círculo, todo toma sentido. Serían fuerzas que hagan lo que el Ejército no quiere ya hacer, como la oligarquía colombiana con las bacrim”, planteó.
Es necesario tener en cuenta que este cambio en las normas de tenencia de armas en Brasil podría tener efectos en el resto de Suramérica, pues es el país más poblado de la región y tiene fronteras con Colombia (una nación con grupos irregulares alzados en armas) y con Venezuela (a cuyo gobierno está enfrentado el de Bolsonaro).
Un participante clamó por una coalición internacional para sacar a Bolsonaro del poder, pero Pérez Pirela considera que el mandatario será expulsado por su propio pueblo. “Por eso quiere generar caos sanitario y político. Él ya está fuera del poder, aunque tiene una base extremista dura, no lo olvidemos”, expresó
La tenencia de armas en América Latina
Para ahondar en el tema del derecho de la población civil a armarse, presentó fragmentos de un reportaje del medio alemán DW, publicado a finales de marzo sobre la situación de distintos países de América Latina.
El debate sobre la tenencia de armas es típico de EEUU luego de una masacre o de un tiroteo a cargo de civiles. Pero en marzo pasado se trasladó a Colombia, donde un grupo de congresistas del Centro Democrático -el partido conservador de Álvaro Uribe- presentó un proyecto de ley para flexibilizar el porte legal de armas de fuego.
La senadora María Fernanda Cabal argumentó que «los colombianos están pidiendo a gritos poderse defender de los peligros constantes a los que están expuestos”.
Los opositores rechazaron la propuesta y subrayaron la importancia de mantener la prohibición, que ha traído consigo una reducción de los crímenes. Acusaron a los conservadores de levantar una cortina de humo ante el evidente fracaso de la política de seguridad nacional del Gobierno del Centro Democrático.
“En materia de tenencia y porte de armas de fuego, la panorámica regional latinoamericana muestra enormes diferencias con el caso de EEUU. Según el registro por país del portal especializado GunPolicy.org, el derecho a la posesión de armas de fuego solo está garantizado condicionalmente en las Constituciones de Guatemala, Haití, México y Puerto Rico. En este último caso, porque rige la legislación de Estados Unidos. Adicionalmente, en Honduras este derecho está garantizado por la ley”, indica el reportaje.
En la mayor parte de las naciones de la región, se exige una serie de requisitos, que suelen incluir exámenes físicos y en algunos casos, psicológicos. A menudo es requisito también la ausencia de antecedentes penales e incluso certificados de aptitud de tiro. «En nuestros países no se puede ir a un Walmart a comprar un revólver”, dicen los conocedores del tema, comparando con las facilidades que hay en EEUU para este tipo de adquisiciones.
Pérez Pirela se pregunta ¿de dónde surgen estos movimientos a favor de una flexibilización del porte de armas de fuego?, y menciona las declaraciones de Leonardo Bandarra, un investigador del Instituto de Estudios Regionales GIGA, con sede en Alemania, quien sostiene que en el caso colombiano «tiene mucha relación con el conflicto y la violencia, pero también con la influencia de Estados Unidos”. El académico añade que «América Latina importa armas, pero también las produce. La región tiene un nivel de producción de armas de fuego muy importante incluso a escala mundial”.
“Se trata de un negocio del complejo industrial-militar -dijo el asiduo participante Diógenes-. Flexibilizar el porte de armas es abrir la caja de Pandora”. Pérez Pirela agregó que a eso juegan presidentes de ultraderecha como Bolsonaro y la llave colombiana de Uribe-Duque.
Otros usuarios señalaron que se está tratando de ampliar los mercados malditos para las asociaciones del rifle y creando condiciones para que surjan células guerrilleras y paramilitares.
La investigación reporta que Brasil es ya el líder en este sentido con 17 millones 510 mil armas en circulación, secundado por México, con 16 millones 809 mil. Según el estudio Small Arms Survey, publicado en 2018. Destaca, sin embargo, la gran presencia de armas en países pequeños como Guatemala y Honduras, donde hay graves problemas de violencia criminal. “Mientras más flexible es la normativa, mayor incidencia delictiva parece existir”, subrayó el moderador.
Personas que participan desde Colombia comentaron que si se flexibiliza la legislación de porte de armas, el país se encaminaría a una guerra civil. Pérez Pirela opinó que ya esa guerra existe, pero se pondrá peor con las facilidades para armarse.
En la emisión del miércoles 14 de abril, aparte de los ya habituales reportes de sintonía desde distintas regiones de Venezuela, países de América Latina, EEUU, Canadá, Europa y Australia, se registraron comentarios desde India y Nueva Zelanda.
A lo largo del programa continuaron las felicitaciones al equipo de LaIguana.TV por haber alcanzado los 160 mil suscriptores en el canal de la plataforma Youtube.
(LaIguana.TV)
