La relatora especial de la Organización de Naciones Unidas, Alena Douhan, alertó sobre la grave violación a los derechos humanos que representa el llamado Programa Antiterrorista de Recompensas de Estados Unidos, con el cual el régimen de esa nación ofrece recompensas a cambio de recibir información sobre personas a las que ellos consideran, muchas veces son pruebas que así lo sustentes, están relacionadas con el terrorismo.
Douhan, quien el pasado mes de febrero visitó nuestro país para conocer de cerca los daños que han causado las sanciones impuestas por la nación yanqui, emitió un comunicado en el que se expresa que dicho programa quebranta el derecho internacional, debido a que “violan los derechos humanos de aquellos individuos por los que ofrece una gratificación a quienes puedan dar información que conduzcan a su paradero”.
“A muchas de las personas a las que el Programa de recompensas tiene como objetivo, se las ha negado el derecho al debido proceso. Esos derechos comprenden el de la presunción de inocencia y el de un juicio justo, a los que Estados Unidos está obligado por las leyes internacionales. Ofreciendo dinero por la información que pueda conducir a su detención, el programa alienta a otras personas a participar en la denegación de esos derechos”, agregó..
Douhan lamentó que que “el ofrecimiento de dinero por la captura de individuos extranjeros supuestamente implicados en actividades terroristas o asociados con entidades descritas por Estados como implicadas en actividades terroristas, incluidas instituciones en Irán, Cuba y otros muchos Estados, viene acompañado de amenazas sobre la imposición de sanciones a aquellos individuos que no cooperen con las exigencias del gobierno estadounidense”.
Precisó la relatora que este tipo de acciones del régimen de Estados Unidos violan los más elementales derechos, debido a que los señalados no “tienen posibilidad de acceder a la justicia para protegerlos”, por lo que ven limitadas sus posibilidades de “al trabajo, la libertad de movimiento, el derecho a la buena reputación, el derecho a la vida y el derecho al olvido”.
En este sentido acotó que “una persona lleve a cabo tareas contra su voluntad bajo la amenaza de una sanción por no hacerlo equivale a trabajo forzoso”.
Douhan solicitó al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, revisar el Programa Antiterrorista de Recompensas para que esté acorde las leyes internacionales.
“La lucha contra el terrorismo es obviamente necesaria, pero sólo puede hacerse con el debido respeto a los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el derecho de los refugiados, de conformidad con la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el terrorismo”, indicó.
Cabe recordar que el 26 de marzo de 2020 durante la administración de Donald Trump el entonces el fiscal general de ese país, William Barr, ofreció una rueda de prensa en la presentó cargos contra líderes del gobierno nacional, entre ellos el presidente Nicolás Maduro, por supuestamente estar incursos en los delitos de narcotráfico, tráfico de armas, lavado de dinero y corrupción, por lo que ofreció recompensa por su captura.
En la lista presentada ese día figuraban, además del primer mandatario nacional, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López; el entonces presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello; y el ministro de Industria y Producción, Tareck El Aissami; además de Clíver Alcalá, Hugo Carvajal, Néstor Reverol, Joselit Ramírez, Edylberto Medina, Luis Motta Domínguez, Nervis Villalobos, Vasily Villarroel y Rafael Villanueva Fernández.
Por el presidente Maduro se ofreció recompensa de 15 millones de dólares, mientras que por el resto de los señalado ofrecían 10 millones.
(LaIguana.TV)
