En ocasión de los 152 millones de dólares que aprobara el grupo de exparlamentarios que secunda a Juan Guaidó, de los cuales 100$ millones presuntamente se usarían para cancelar vacunas anti-COVID-19 en el mecanismo Covax, el portal de periodismo de datos abiertos La Tabla compartió un conjunto de interrogantes sobre lo que parece ser otro nuevo caso de expolio de activos de la República.

La Tabla destaca que el monto aprobado el jueves 22 de abril con cargo a las cuentas del Banco Central de Venezuela (BCV), se añade a los 30 millones de dólares autorizados el pasado 19 de marzo y, a este respecto, se pregunta si ya se entregaron estos fondos, si de ser ese el caso, quién estaría a cargo de su manejo y, todavía más importante aún, «quiénes y cómo aprueban en el BCV de Guaidó el préstamo ‘autorizado’, si no hay directiva en funciones». 

En su pesquisa, el medio puntualiza que Ricardo Villasmil, el pseudofuncionario designado por el pseudogobierno usurpador «renunció en agosto de 2020», por lo que el cargo «está vacante» y la pseudojunta directiva tampoco parece estar operando, puesto que «en el caso del oro de Londres», en el que también está implicado el BCV, la representación de los intereses de Guaidó ha corrido por cuenta del bufete Arnold Porter.  

Así las cosas, dada la ingente cantidad de dineros que han sido puestos a disposición de la oposición antidemocrática, lo mínimo que cabe preguntarse es: «¿Cuándo fueron esas sesiones? ¿Quiénes participaron? ¿Dónde están las actas?». 

En atención a la adquisición de vacunas, el portal especializado inquirió cómo se entregarían a Covax los 100 millones de dólares aprobados, enumerando dos posibles alternativas: un depósito directo o a través de la mediación «del gobierno constitucional». 

Empero, en el trabajo periodístico se recuerda que ya Venezuela canceló más de 60 millones de dólares a Covax, por lo que no queda claro si los 30 millones de dólares aprobados en marzo para ese mismo fin «se suman a la cuenta», ni tampoco los recientes 100 millones. 

Adicionalmente, el sitio pone acento en «las implicaciones del acceso nada fantástico (sino con dinero real) a los más de 52 millones [de dólares] para financiar» las actividades de lo que denomina «la banda Guaidó«, que permitiría cancelar, entre otros rubros, «gastos en sueldos, comidas-bebidas e influencers en Internet», amén de contemplar 23,5 millones de dólares para la «defensa de la democracia».  

La Tabla cuestiona que haya pasado «‘por debajo de la mesa’ la información sobre la ‘autorización’ del crédito, puesto que ni ‘la banda Guaidó‘ hizo alharaca ni el gobierno denunció la acción». 

Para concluir, se refiere que en el momento en el que la aprobación ocurría, la violencia en la Cota 905 se posicionaba como el tema del día, acaso como maniobra para desviar la atención sobre este grave hecho.  

(LaIguana.TV) 

 

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