En los últimos días ha pasado de nuevo: primero ocurre una «situación irregular» en Caracas, protagonizada por alguna de las organizaciones delictivas que controlan barriadas enteras de la capital; y, apenas unas horas después, se producen eventos de gran magnitud en los que fuerzas paramilitares extranjeras pretenden ingresar al país.

Es una reiterada coincidencia que hace pensar en acontecimientos concatenados, más que en meras casualidades.

Como se difundió ampliamente, a finales de la semana pasada, hombres portando armamento de guerra, presuntamente pertenecientes a la banda de Carlos Luis Revete, alias «El Coqui», bajaron desde su reducto de la Cota 905 hasta la autopista, atacaron a unidades policiales y dieron demostraciones de su alto poder de fuego y control territorial.

Horas después han recrudecido los ataques de los grupos irregulares colombianos en el estado Apure en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), luego de varios días de un aparente retorno a la tranquilidad en la zona fronteriza. Las hostilidades han causado un número aún no precisado de bajas, incluyendo militares venezolanos.

La secuencia de eventos hace recordar al menos dos antecedentes. El primero ocurrió hace casi exactamente un año. A finales de abril de 2020, durante varios días, los vecinos de Petare y sus urbanizaciones aledañas, denunciaron que las bandas rivales de los barrios de la zona estaban enfrentándose a tiros en lo que parecía ser una guerra entre pandillas.

Lo extraño del asunto era que, pese a las incontables detonaciones de armas largas y cortas, no se apreciaban actividades para evacuar a muertos o heridos de los intrincados laberintos petareños. Todo muy raro.

Unas horas después de aquella insólita batalla sin víctimas, ocurrió el intento de invasión mercenaria y paramilitar que luego se conocería como la Operación Gedeón, mediante la cual se planeaba ni más ni menos que la toma del poder a través de un gran baño de sangre, todo ello sustentado en un contrato suscrito por Juan Guaidó y una empresa dirigida por un oficial retirado del Ejército de Estados Unidos, con experiencia en la guerra de Irak.

El segundo antecedente es mucho más reciente y corresponde precisamente al inicio de las operaciones armadas en la población de La Victoria, ribereña del río Arauca, supuestamente a cargo de disidentes de las guerrillas de las FARC, aunque esa filiación es muy dudosa, dado que, de forma insólita, cuando huyen hacia el lado colombiano son amparados por el gobierno ultraderechista de Iván Duque.

En las horas previas al estallido del conflicto en el lejano suroccidente del país, en Caracas se produjo otra operación malandra. La ya mencionada banda de «El Coqui» intentó nada menos que tomar la Comandancia de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en El Paraíso, con el declarado fin de robar unas baterías antiaéreas y otras armas pesadas.

Denominador común de estas movilizaciones de criminales es el apoyo mediático que reciben y que tiene varias formas de expresarse.

Algunas figuras de los medios de comunicación y de las redes sociales apoyan las acciones de los delincuentes, de manera abierta. Otros lo hacen fingiendo ironía, tal como el antiguo editor Rafael Poleo, cuando dijo que si «El Coqui» fuese ministro de la Defensa ya hubiésemos recuperado el territorio Esequibo. Otros más, en tanto, con un toque adicional de recato, aparecen como críticos de la situación y alegan que el despliegue de los grupos delictivos es una prueba de que las autoridades formales no consiguen ejercer la autoridad en amplias zonas de la ciudad. Esta versión, por cierto, abona a la tesis del Estado fallido y a la pertinencia de una intervención externa bajo la figura de la Responsabilidad de Proteger o R2P.

Ambos enfoques confluyen en el empeño de generar distracción hacia las operaciones de la delincuencia urbana, mientras avanzan las maniobras de invasión con apoyo foráneo.

Todo indica que el aparato mediático procura en estos casos presionar para que los cuerpos de seguridad intenten ingresar a los fortificados territorios de los llamados «pranes» citadinos, una acción que obligaría a utilizar una enorme cantidad de recursos logísticos, armamento y personal y que, dadas las características de estas zonas, tendría casi con toda seguridad un altísimo costo en vidas de civiles, en su mayoría inocentes.

El análisis de estas tres secuencias de hechos parece evidenciar que no se trata de casualidades o coincidencias, sino que hay u a relación entre las acciones del factor hamponil de Caracas y los intentos de agresión contra la FANB. Pero, para quienes aún lo duden, quedan también las recientes declaraciones del prófugo Iván Simonovis, quien lo ha revelado sin ningún tipo de reserva: se trata de un plan que está en marcha hace ya años y que procura generar caos en todo el país y en el que todos los hechos están relacionados.

(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)