La Comisión Electoral de Reino Unido encuentra pruebas suficientes para iniciar una investigación formal al primer ministro, Boris Johnson, por financiar de manera indebida la remodelación de su apartamento en Downing Street.
«Hemos concluido que hay evidencias razonables para sospechar que algún delito o delitos hayan ocurrido», afirmó la Comisión. La investigación determinará si la reforma del número 11 de Downing Street, la residencia oficial de los primeros ministros, fue debidamente financiada y comunicada a la comisión.
Implicaciones políticas
A ocho días de las elecciones municipales, el escándalo amenaza con perjudicar a los conservadores
Los primeros ministros solo están autorizados a utilizar un máximo de 30.000 libras de fondos públicos para redecoración de la residencia oficial. Sin embargo, los medios británicos especulan con que la cifra de las obras podría ascender hasta las 200.000 libras.
Según una portavoz de Johnson, todas las donaciones, regalos y beneficios fueron debidamente declarados. En particular, se estudia si parte de la reforma fue financiada con fondos de donantes del Partido Conservador, acusación que niega el entorno del primer ministro.
Su defensa argumenta que fue el propio Johnson quien pagó las obra, pero no se sabe cuándo ni si para hacerlo pidió algún tipo de préstamo. Según las leyes de financiación política, el premier debería haber declarado la forma y el origen del pago.
Por su parte, Dominic Cummings, principal asesor de Johnson antes de romper su relación el año pasado, afirmó el viernes que el primer ministro quería que los donantes pagaran por la reforma en secreto. Según su versión, Cummings le avisó de que ese plan era «poco ético, de locos e ilegal».
A tan solo 8 días de las elecciones locales en Reino Unido, Boris Johnson se enfrenta a a duras acusaciones de corrupción que podrían afectar al resultado de los comicios.
(La Vanguardia)
