En clara violación a lo establecido en el derecho internacional, Estados Unidos pretende extraditar y encarcelar a empresarios extranjeros, cuyo único crimen es haber evadido las medidas coercitivas unilaterales, sostiene un reportaje elaborado por el periodista Stansfield Smith para The Gray Zone.

Es el caso del diplomático venezolano Álex Saab, secuestrado en Cabo Verde desde el 12 de junio de 2020; pero también del empresario norcoreano Mun Chol Myong, detenido ilegalmente en Malasia y luego extraditado hacia los Estados Unidos, así como de Meng Wanzhou, ejecutiva de la tecnológica china Huawei, quien es rehén del gobierno canadiense desde 2018 a instancias de Washington.

En su investigación, Smith argumenta que «Estados Unidos utiliza las sanciones económicas como arma contra los Estados que eligen un camino de desarrollo independiente de la dominación global de Estados Unidos» y estas abarcan, entre otros aspectos, los bloqueos a las transacciones financieras y comerciales de un país, amén de funcionar como herramienta de desestabilización de gobiernos no dispuestos a plegarse a los dictámenes de la Casa Blanca.

Aunque la Organización de las Naciones Unidas ha establecido claramente que las sanciones estadounidenses son ilegales y representan medidas coercitivas unilaterales, el gobierno estadounidense ha hecho caso omiso de ello y, antes bien, ha impuesto nuevos paquetes sancionatorios sobre países como Cuba, Irán, Venezuela o Corea del Norte, pese a que sus efectos han sido innumerables veces señalados como «mortales para la población civil», destaca el periodista.

«Las sanciones de Estados Unidos contribuyeron a 40.000 muertes en Venezuela solo entre 2017 y 2018, así como a la muerte de 4.000 norcoreanos en 2018, la mayoría de ellos niños y mujeres embarazadas. En la década de 1990, las sanciones contra Irak provocaron la muerte de hasta 880.000 niños menores de cinco años debido a la desnutrición y las enfermedades», precisa la investigación.

La condición de posibilidad de este accionar global de Estados Unidos reside en su control del sistema financiero internacional, lo que le permite «bloquear las transferencias de dinero incluso para la transacción más pequeña y confiscar miles de millones de dólares en poder de gobiernos e individuos específicos» e inclusive «exigir que los bancos de países extranjeros acepten las restricciones estadounidenses o se enfrenten ellos mismos a ser sancionados», sintetiza The Gray Zone.

Por ello, si bien la normativa internacional proscribe explícitamente a los Estados a imponer sanciones a otros Estados y delega esa prerrogativa exclusivamente al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el gobierno estadounidense hace caso omiso de ello y hasta se atreve a sancionar a funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) por investigar los crímenes de guerra cometidos por el Ejército de Estados Unidos en Afganistán.

«Prohibiremos a sus jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Sancionaremos sus fondos en el sistema financiero de Estados Unidos y los procesaremos en el sistema penal de Estados Unidos (…). Haremos lo mismo con cualquier empresa o estado que ayude en una investigación de la CPI sobre estadounidenses», amenazó John Bolton, asesor de seguridad nacional de la administración Trump, que rápidamente pasó de la palabra a la acción.

Otro tanto, asegura Stansfield Smith, ha sucedido en relación con los intentos de extradición de empresarios extranjeros, que sin haber quebrantado las leyes internacionales, hoy están en la mira de Washington para ser procesados bajo la justicia estadounidense, como asegurara Bolton que haría su gobierno contra miembros de la CPI.

«Alex Saab, ciudadano venezolano; Mun Chol Myong, un empresario norcoreano; y Meng Wanzhou, del gigante tecnológico Huawei de China, han sido acusadas de violar las sanciones ilegales de Washington, aunque todas son ciudadanas no estadounidenses que viven y realizan negocios fuera de los Estados Unidos. Los tres están siendo perseguidos políticamente por actuar en interés de sus propios países, y no de Estados Unidos», puntualiza al respecto.

Álex Saab, secuestrado en Cabo Verde

Saab, quien está detenido ilegalmente en Cabo Verde desde junio de 2020, está acusado por Estados Unidos de «lavado de dinero», pero, como apunta Smith en su trabajo, «en su caso y en el de los otros dos extranjeros en la mira de Estados Unidos, el lavado de dinero no significa más que realizar transacciones comerciales internacionales, que generalmente deben pasar por el sistema financiero SWIFT controlado por Estados Unidos por el que pasan todas las transacciones en dólares, que eluden Sanciones unilaterales de Washington». Se trata, añade, del «cargo que usa Washington para hacer cumplir sus medidas coercitivas unilaterales en el resto del mundo».

Adicionalmente, el empresario goza de inmunidad diplomática porque fue designado como enviado especial de la República Bolivariana de Venezuela para realizar trámites relativos a la adquisición de alimentos, medicinas y otros insumos esenciales, razón por la cual no debió haber sido detenido y, mucho menos, es susceptible de ser extraditado, como dictaminó el tribunal de justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO).

No obstante, Saab sigue enzarzado en una batalla legal con las autoridades caboverdianas, que insisten en hacer cumplir una orden de extradición improcedente e incluso insostenible desde el punto de vista de la opinión pública, pues Suiza, país que lo investigó durante más de dos años atendiendo a una acusación de lavado de activos, cerró la investigación el pasado 25 de marzo y admitió que no había cometido ningún delito.

The Gray Zone destaca que inclusive «el Departamento del Tesoro de Estados Unidos retiró el 31 de marzo las sanciones que el presidente Trump había emitido a un grupo de empresas presuntamente vinculadas a Álex Saab», por lo que su detención, calificada como secuestro por las autoridades de Venezuela, carece de toda justificación.

Mun Chol Myong, secuestrado en Malasia y extraditado a Estados Unidos

Con pocas diferencias, algo similar enfrentó el empresario norcoreano Mun Chol Myong, quien fue extraditado desde Malasia hacia los Estados Unidos, acusado de «lavado de dinero» y «conspiración», así como de suministrar «bienes a Corea del Norte» -aún no especificados–, violando las leyes estadounidenses.

Casi al calco de lo que luego le hiciera Washington a Saab, Mun fue capturado en Malasia en mayo de 2019 tras emitirse una orden de arresto en Washington. Del mismo modo que hoy lo hace el diplomático venezolano, el norcoreano estuvo casi dos años tratando de impedir su traslado ilegal a los Estados Unidos, alegando que su caso estaba políticamente motivado y que estaba siendo usado como «moneda de cambio» entre los dos gobiernos.

«Una acusación del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia alega que Mun y sus ‘coconspiradores’ no identificados utilizaron empresas ‘fachada’ y cuentas bancarias registradas con nombres falsos en nombre de entidades norcoreanas que estaban excluidas de SWIFT. Según el FBI, al ocultar transacciones que beneficiaron a Corea del Norte, Mun engañó a las instituciones financieras estadounidenses para que procesaran más de 1,5 millones de dólares en transacciones que de otro modo no hubieran procesado», explica Smith.

Empero, a pesar del empeño del gobierno estadounidense por revestir de legalidad este acto de administración de justicia extraterritorial, John C. Demers, fiscal general adjunto de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia de Estados Unidos, celebró públicamente que Mun era «el primer agente de inteligencia norcoreano, y el segundo agente de inteligencia extranjero de la historia, que ha sido extraditado a Estados Unidos por violar» sus leyes.

El comunicador resalta, además, que para Washington, los diplomáticos norcoreanos y los empresarios extranjeros son, si así conviene, «agentes de inteligencia», lo que abre el peligroso compás para que «los ciudadanos extranjeros que nunca hayan estado o hayan trabajado en los Estados Unidos pueden ser extraditados allí por violar ‘sus leyes'».

Más todavía: según se desprende de las declaraciones de funcionarios estadounidenses adscritos al departamento de Justicia, la extradición de Mun puede ser apenas la primera de otras que su gobierno tenga en mente.

«Continuaremos utilizando el largo alcance de nuestras leyes para proteger al pueblo estadounidense de la evasión de sanciones y otras amenazas contra la seguridad nacional», dijo Demers al respecto.

Cínicamente, Estados Unidos defiende su más reciente paquete de medidas coercitivas unilaterales contra Corea del Norte, basándose en el presunto desarrollo de armas nucleares por parte de Pyongyang, pese a que ha sido el único país que ha utilizado esas armas en contra de población civil y que desde hace décadas, usa sus ojivas para amenazar a otras naciones a las que define como enemigas, tal y como sucede con Irán.

Meng Wanzhou, apresada injustamente en Canadá

Justamente de este costado se colgó Washington para emprender una persecución judicial contra Meng Wanzhou, directora financiera y vicepresidenta de la junta directiva de la tecnológica china Huawei, a quien acusa de haber engañado al banco británico HSBC acerca de los negocios de la compañía que representa en Irán, lo que habría traído como consecuencia que la institución financiera quebrantara las sanciones estadounidenses.

En 2018, un tribunal de Nueva York emitió una orden de captura en su contra, que acabó por ejecutar la justicia canadiense el 1 de diciembre de 2018. Desde entonces, Meng ha estado en prisión domiciliaria, pese a que Beijing ha calificado su arresto como «ilegal, sin razón y despiadado» y sin que haya valido alegato judicial alguno para revertir la situación.

De acuerdo con The Gray Zone, la administración Trump habría montado el caso contra la empresaria china con base en dos artículos publicados por la agencia Reuters en 2012 y 2013 y dejando de lado el Acuerdo Nuclear de 2015, en el que se suspendieron todas las medidas coercitivas unilaterales que se habían impuesto sobre Teherán, usando como pretexto su programa nuclear.

Por tanto, arguye Smith, «las sanciones unilaterales de Estados Unidos a Irán se impusieron sin ningún fundamento legal, y la justificación de Washington para extraditar a Meng viola así el derecho internacional, porque las sanciones que supuestamente el ejecutivo de Huawei eludió son ilegales según el Consejo de Seguridad de la ONU».

En opinión del analista político K.J. Noh, la única culpa de Meng Wanzhou es ser hija del fundador de Huawei y con su detención, Washington pretendería presionar a Huawei y al gobierno chino, así como «frenar el desarrollo» tecnológico de la nación asiática.

Como sucede con Álex Saab y ya sucedió con Mun Chol Myong, su defensa ha denunciado reiteradamente que el caso posee un evidente tinte político y, además, se han presentado pruebas falsas para inculparla extraterritorialmente de delitos que no ha cometido ni dentro ni fuera de Estados Unidos.

«No hay conexión (…). Ninguna de las presuntas conductas de [Meng] ocurrió ni en su totalidad ni en parte en los Estados Unidos. Tampoco tuvieron ningún efecto allí», aseguran sus abogados.

La novedad: imponer sanciones sobre personas y no sobre instituciones

Para Stansfield Smith, lo que muestran estos tres casos es que, a contrapelo de su práctica habitual, Washington haya optado por imponer sanciones sobre individuos y no sobre instituciones, porque «cuando un ejecutivo está llevando a cabo una política corporativa, uno esperaría que no se imputaran cargos a las personas, sino que se multaría a la corporación», como ya ha sucedido en el pasado.

Desde 2010, una veintena de instituciones financieras internacionales ha sido multada por el Tesoro estadounidense por incumplir con las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, Irán y Sudán, sin que ello haya implicado el apresamiento de sus directivos o representantes.

Así las cosas, Smith vaticina que, de ser extraditados, «lo más probable es que Saab, Mun o Meng recibieran un juicio fuertemente politizado y tan ‘justo’ como el infligido a los cinco cubanos o a Simon Trinidad».

«Estos son casos políticos, disfrazados de casos penales. El ‘crimen’ es la violación de las sanciones de los Estados Unidos –ilegales según las Naciones Unidas– por parte de ciudadanos no estadounidenses que viven fuera de los Estados Unidos», agrega, por lo que su intento de judicializarles, en realidad persigue como objetivo usarles como rehenes frente a sus gobiernos, cuyos intereses «Washington busca aplastar».

Para finalizar, el periodista advierte que «estos casos abren la puerta para que Estados Unidos acuse y extradite a cualquier persona en el mundo por acusaciones infundadas de ‘crimen organizado, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo’, si esta se involucra en un comercio internacional perfectamente legal que el gobierno de los Estados Unidos declare que viola sus sanciones unilaterales».

(LaIguana.TV)

 

 

Artículos relacionadosMás del autor