El director de Radio Rumbos, el periodista Manuel Isidro Molina, esclareció el supuesto cierre y censura de la emblemática emisora venezolana al compartir su versión de lo que subyace de la «decisión» del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que derivó en la suspensión de la programación.
Molina explicó que por medio de la sentencia de disistimiento de amparo de la Sala Constitucional del TSJ desalojaron a la presidenta de Radio Rumbo, Elsa Siciliano, y a todo el personal fue hecha por un juez parroquial mediante la instalación de un tribunal y no mediante la notificación con un emisario, como es el procedimiento usual. «Cuando él [el juez parroquial] me dice que se trata de una decisión del TSJ, le pregunto por la sentencia, porque no sabíamos de la existencia de alguna, y ahí no aparece por ninguna parte una sentencia del TSJ», indicó para Cara a Cara, segmento del periodista Clodovaldo Hernández, de LaIguana.TV.
En este sentido, Molina calificó de «patraña» el procedimiento para desalojar la estación porque él se comunicó con los magistrados de la Sala Constitucional y ellos no sabían nada al respecto. Entonces, como director general, procedió a suspender, responsablemente, la programación porque no sabían a quién le entregarían la emisora para que se hiciera cargo. «Afuera estaban los abogados de la mafia de Pedro Torres Ciliberto esperando que se produjera el desalojo y salieron frustrados porque la presidenta de la Sala Consitucional llamó al juez y le ordenó paralizar el procedimiento», subrayó Molina.
Molina reveló que el juez le mintió a la magistrada de una manera misteriosa al decir que se trataba de una notificación, cuando era totalmente falso, ya que él estaba instalado y efectuando el desalojo. Esto, señaló Molina, despertó una ola de apoyo entre sus colegas y los oyentes.
Por otro lado, Molina también agregó que este problema data desde 2017, cuando Octavio Orta, el representante de la «mafia» de Pedro Torres Ciliberto y Pedro Torres Picón, ambos prófugos de la justicia y residenciados en Estados Unidos intentan apropiarse de Radio Rumbos. Según Molina, estos personajes son financistas de los golpistas contra el presidente Nicolás Maduro, además de participar en manipulaciones internacionales contra Venezuela y han estimulado el bloqueo criminal.
En 2018, según Molina, intentan reapropiarse de la estación radial por medio de una juez de parroquia corrupta lograron desalojar a Siciliano y colocar en la presidencia a Germán Febres Chataing. Luego de la autoproclamación de Guaidó como «presidente encargado», pasaro a ser la emisora matriz de las transmisiones y alocuciones del ahora exdiputado desde la Asamblea Nacional que se empeñó en dirigir de manera ilegal. Esta imposición duró hasta septiembre del año 2019, cuando gracias a recurso de Amparo regresa Siciliano a la presidencia de la emisora.
Ante la interrogante de Hernández sobre qué pasó con los accionistas de Radio Rumbos, Molina explicó que Francisco José Vargas Pérez recibió las acciones de manos de su hermana, quien huyó del país en calidad de prófuga. En el período bajo su mando, la mala administración ocasiona pérdida de oyentes y popularidad; por ello, se deshace del 50% de las acciones vendiéndolas a Elsa Siciliano, más adelante le vendió el 50% restante a Octavio Orta. Sin embargo, Molina explicó que el asunto se oscurece porque Vargas Pérez se retracta de la venta y la negó por notaría, introduce un amparo y luego lo retira, dejando en evidencia un casi psicopático y de corrupción, indicó Molina.
Finalmente, a solicitud de Hernández, Molina indicó que la mejor manera de resolver este conflicto de naturaleza interna es que se aplique la justicia y se resuelvan los cuatro casos abiertos que las maromas corruptas dejaron inconclusos.
(LaIguana.TV)
