Colombia está atravesada por un caos sociopolítico empeorado por la pandemia, el recrudecimiento de la violencia en diversas zonas del país, el asesinato de líderes sociales y una polémica propuesta de reforma tributaria que, de aprobarse, regresaría al país a lógicas de la colonia, donde los más vulnerables deben cancelar onerosos impuestos para que la élite mantenga sus privilegios.
Así las cosas, los principales gremios del país vecino convocaron a un paro nacional de 24 horas que se cumplió a cabalidad, pero no sin que se registraran saqueos y enfrentamientos y el Estado reprimiera duramente a los manifestantes e impusiera toques de queda, en un intento por aplacar las protestas, que dejaron el saldo de una persona fallecida.
Estos acontecimientos fueron analizados detalladamente por el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela en la edición 297 de su programa Desde Donde Sea, quien dedicó la transmisión a la memoria del profesor Aristóbulo Istúriz, luchador histórico de las causas revolucionarias que actualmente ejercía como ministro de Educación del Gobierno de Venezuela.
A modo de contexto, el experto refirió un acontecimiento histórico, el Movimiento de los Comuneros, antecedente directo de las luchas independentistas contra el Reino de España, que se gestó en el Virreinato de la Nueva Granada en marzo de 1781 y con el que se pretendía frenar los altos impuestos que la Corona imponía a los criollos.
A su parecer, en el presente, el Gobierno de Iván Duque pretende hacer lo mismo que entonces: cumplir órdenes de instancias extranjeras como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), para lo cual busca imponer la reforma tributaria contra la que hoy protestan los colombianos, aún en medio de una pandemia.
El gremio médico reclama a Duque el desastre colosal de la pandemia
Para Pérez Pirela, el deficiente manejo que ha tenido la administración Duque de la pandemia ha causado «un desastre colosal». Particularmente, destacó que ante lo prolongado del caos, en la actualidad, el personal sanitario denuncia el deterioro en las medidas de bioseguridad, así como desgaste emocional y físico.
Estas razones de fondo empujaron al gremio médico a sumarse al conjunto de protestas que se sucedieron en el contexto del paro nacional, al tiempo que pidió al Ejecutivo dejar de lado los criterios políticos y escuchar a los científicos colombianos para combatir la pandemia.
Esta petición, relató el comunicador, llega después de que la red hospitalaria pública esté a punto de colapsar varias zonas de la nación.
«Después de un año, no se ha aprendido a combatir la pandemia. Durante tres días consecutivos, el país ha superado su propio récord en el número de fallecidos por la COVID-19, alcanzando más de 400 personas fallecidas por día», reza un comunicado suscrito por el medio.
En el texto, el Colegio de Médicos denuncia «la falta de políticas eficaces de prevención por parte de las autoridades colombianas de salud», lo que «obliga a medidas de restricción de movilidad pública (…), pero su cumplimiento por parte de la ciudadanía depende de una renta básica real y digna para las familias», citó el también director de LaIguana.TV.
El gremio médico también pidió a Duque tomar medidas ante las aglomeraciones presentes en el transporte público, la revisión de la cuarentena –tres días de encierro y cuatro de movilidad–, activar las pruebas, rastreo y aislamiento selectivo, asuntos que, según sostienen, el gobierno ha manejado mal.
Para concluir el recuento de este aspecto de la crisis, mencionó que a la fecha, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Bogotá registran una ocupación del 89% y la ciudad tiene más de 40.000 casos activos, lo que implica que el sistema médico está al borde del colapso.
Masacres, asesinatos de líderes sociales y desplazados: los grandes ausentes de los titulares
El analista venezolano considera que la violencia sostenida y sus efectos –desplazamientos forzados, masacres y asesinato sistemático de líderes sociales– son otra de las causas detrás del paro nacional de 24 horas y las manifestaciones que en él se produjeron.
Atendiendo a cifras divulgadas por la Defensoría del Pueblo de Colombia el pasado 26 de abril, precisó que en el primer trimestre de 2021, más de 27.000 personas han sido víctimas de desplazamientos forzados a causa de la violencia que azota a varias regiones del país.
Esa instancia reconoce que las amenazas reiteradas, los homicidios y el reclutamiento forzado ejercido por grupos irregulares sobre los pobladores, son la causas subyacentes a estos desplazamientos.
También mencionó que la agrupación política Comunes, surgida tras la firma de los Acuerdos de Paz de 2016, denunció que han matado a 271 firmantes del pacto suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP.
De otra parte, refirió que desde el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se recordó que en lo que va de 2021 Colombia ha registrado 32 masacres, que han dejado el saldo de 116 víctimas. El año pasado, el mismo organismo dio cuenta de 91 masacres.
«Lo que da más vergüenza, es que de esto no hablan los medios de comunicación privados internacionales, las agencias internacionales, la mediática no habla de absolutamente nada de esto», reflexionó al respecto.
El paro nacional desde la mirada de sus convocantes
Con el propósito de ubicar en contexto a la audiencia fuera de Colombia, Miguel Ángel Pérez Pirela puntualizó que el paro nacional de 24 horas lo convocaron, junto a otras agrupaciones y movimientos sociales de ese país, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (FECODE), la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General de Trabajadores de Colombia (CTC).
Específicamente, explicó, estas organizaciones rechazan el proyecto de ley de reforma tributaria que promueve el Gobierno de Iván Duque, pues atenta contra los derechos de los colombianos y favorece la corrupción y la evasión fiscal.
En el caso de los docentes, el paro también rechazó la imposición por parte del Ministerio de Educación de la denominada «política de alternancia», que procura el retorno gradual a la presencialidad, pero en ausencia de condiciones para protegerse de la pandemia, sintetizó el comunicador.
Según la FECODE, los maestros exigen «garantías para la continuidad del año escolar en casa», así como que se adapten las instituciones escolares «para una educación en condiciones dignas, con medidas de bioseguridad». También demandan «la aplicación de las vacunas del coronavirus a las maestras y maestros colombianos, y estudiantes mayores de 10 años de edad, previo al proceso de presencialidad».
Para redondear estas referencias, comentó que además de los maestros, en el departamento de Antioquia, centenares de campesinos, motocarreros y comerciantes se concentraron a modo de protesta en un parque de una localidad desde el domingo hasta hoy, comentó.
Los intentos de las autoridades por impedir o posponer el paro
En virtud de la amplia acogida que recibió entre la población este llamado a paralizar Colombia por un día, las autoridades hicieron todo cuanto estuvo a su alcance para impedir –o al menos posponer– las manifestaciones populares que se esperaban durante la jornada, incluyendo el apelar a la evidente crisis pandémica. No lo consiguieron.
Entre las posturas recuperadas por Pérez Pirela para ilustrar la actuación del Gobierno colombiano estuvo la del ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, quien había solicitado aplazar el paro durante algunas semanas, apoyándose en el llamado a la solidaridad que realizara el Comité Asesor para la Respuesta a la Pandemia, que alertó sobre los riesgos para la salud pública que las marchas representan en este momento crítico, posición a la que se sumó la Procuraduría General de la Nación.
A su parecer, estos exhortos no tuvieron el efecto deseado porque la población colombiana está tan desesperada, que prefiere arriesgar la vida en marchas, concentraciones y manifestaciones, con tal de no seguir inmersa en una situación que le resulta asfixiante.
De su parte, Nelly Yolanda Villamizar, jueza del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, intentó impedir el paro, ordenando la suspensión de las marchas por considerar que vulneran el derecho a la salud de la ciudadanía, en medio de la pandemia y conminó a los sindicatos a manifestar de forma virtual.
Este otro rechazo, en su opinión, era completamente esperable, puesto que los gremios consideraron que ejercerían su derecho fundamental a protestar, «el cual no está sometido a permiso ni a autorización previa y que no se puede suspender, ni siquiera en los estados de excepción», de acuerdo con lo que indicaron en una declaración.
Pese al fallo judicial, el experto indicó que la convocatoria se mantuvo firme con una discusión añadida, consistente en la interrogante acerca de si debía o no penalizarse a los manifestantes que están en desacato, pero los gremios, advirtiendo la amenaza velada tras la prohibición, instaron a las personas con algún riesgo de salud asociado a su edad o con patologías subyacentes a no participar en las marchas.
Con la finalidad de minimizar los riesgos de contagio, los convocantes definieron un protocolo de bioseguridad que debían cumplir a rajatabla los manifestantes, a saber: guardar una distancia de al menos dos metros entre sí, llevar alcohol en gel para lavarse las manos tantas veces como fuera posible, usar tapabocas, no saludar de mano ni de abrazo y no permanecer más tiempo del estipulado en las concentraciones, pero la dinámica propia de esta clase de actividades, aunado a la represión policial, impidió que esto se cumpliera según lo previsto.
Entretelones del paro nacional
Seguidamente, a partir de los datos aportados por la analista Cecilia González para la agencia RT, Pérez Pirela realizó un recuento de los entretelones del llamado a paro nacional, que lejos de circunscribirse exclusivamente al proyecto de reforma tributaria aupado desde la Casa de Nariño, se refieren a desigualdades y problemas estructurales de Colombia.
En su trabajo, González relata que en mensajes de redes sociales se han sumado reclamos que van desde el aumento de la pobreza hasta el asesinato de defensores de derechos humanos, las masacres récord, el uso de glifosatos y los altos niveles de gasto militar que mantuvo el gobierno, en lugar de usar esos recursos para combatir la pandemia.
Sobre este punto, comentó que a propósito de la entrada de un avión ruso al espacio aéreo colombiano en un punto distinto del que había sido autorizado, medios de comunicación y personeros del gobierno de Duque hicieron de ello un escándalo, con el propósito de justificar la compra de más aviones porque su flota está a punto de cumplir su vida útil, asunto que resulta cuesta arriba de mencionar ante la opinión pública, dada la crisis que atraviesa el país.
En opinión del filósofo venezolano, uno de los motivos del paro son los muy altos gastos militares en los que ha incurrido el Gobierno de Iván Duque, en desmedro de los programas sociales y, para más, su respuesta ha sido proponer una reforma tributaria que solamente cargará de más impuestos a un pueblo ya sumido en el hambre.
Regresando a los datos sistematizados por Cecilia González, detalló que las marchas comenzaron el día previo en distintos puntos del país y no solamente en la capital, como se pretendió posicionar en medios de comunicación. Además, al inicio de la jornada, indígenas Misak derribaron la estatua del conquistador español Santiago de Belalcázar, ante la mirada de la Policía, que optó por no intervenir.
Francisco Maltés Tello, presidente de la CUT, recordó que la jornada incluiría otras formas de protesta, incluyendo el activismo de redes sociales y trapos rojos en las ventanas de las casas, que simbolizan el hambre que padece gran parte de la sociedad colombiana y también estaban previstos cacerolazos nocturnos, que según informes de la audiencia, se cumplieron.
Detalles sobre «el paquetazo» de Duque
Siguiendo con el trabajo de Cecilia González, el analista concentró su atención en los puntos que contempla la cuestionada reforma tributaria y que explican por qué los gremios la bautizaron como «el paquetazo de Duque».
González apuntó que el conflicto social estalló luego de que Duque propusiera al Congreso una reforma tributaria bajo el nombre de Ley de Solidaridad Sostenible, que entre sus principales aspectos supone un incremento en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en productos y servicios, así como la ampliación del padrón de contribuyentes.
De acuerdo con el Ejecutivo colombiano, su entrada en vigor permitiría 6.800 millones de dólares, que supuestamente serán usados para pagar los efectos de la crisis económica generada por la pandemia.
Empero, Pérez Pirela señaló que no debe perderse de vista que Colombia ha recibido préstamos internacionales importantes para atender la pandemia, amén que no es un país sancionado ni bloqueado, por lo que bien cabe preguntarse qué fue de esos dineros.
Regresando al trabajo de Cecilia González, destacó que los sindicatos advierten que al menos tres millones de trabajadores deberán hacer una declaración de renta de la que ahora están exentos por sus bajos ingresos. Además, en adelante, al menos la mitad de estos trabajadores más pobres tendrá que pagar impuestos.
Según la reforma, el IVA alcanzará la cota de 19% para los servicios públicos de energía, gas doméstico y alcantarillado, y comenzará a cobrarse en alimentos básicos, antes exonerados. También se contempla una reducción del monto mínimo a partir del cual los ciudadanos deben pagar impuestos.
«En medio de una pandemia, Duque decidió que los más pobres paguen los platos rotos de la corrupción, de la mala gestión, del desastre colosal de su gobierno», acotó el comunicador y para soportar su opinión, relató que en Colombia, el salario mínimo es de alrededor de 250 dólares mensuales. Si se aprueba la reforma, quienes ganen 663 dólares estarán obligados a declarar impuestos en 2022, pero al año siguiente, el padrón tributario crecerá porque el padrón tributario se aplicará a quienes reciban 470 o más dólares por mes.
En contraste, quienes poseen un patrimonio superior a 1,2 millones de dólares deberán pagarán el 1% de ese monto de manera extraordinaria en 2022 y 2023; quienes perciban cuatro millones de dólares o más, pagarán el 2%, y aquellos que ganen 2.700 dólares mensuales o más, cubran un impuesto extra por única vez, además del impuesto sobre la renta que ya están obligados a sufragar.
Oficialmente, dijo para cerrar este aspecto del análisis, de manera general, la iniciativa presentada por el ministerio de Hacienda afirma que la pobreza extrema bajará en 15,8 puntos porcentuales, lo que es rebatido por las centrales sindicales, que alertan sobre un empeoramiento de las condiciones de vida de los colombianos.
El elevado gasto militar: una fuente de descontento poco conocida
Para cerrar las reflexiones en torno a las causas últimas por las cuales los ciudadanos colombianos decidieron acogerse al llamado a paro nacional que realizaran las principales organizaciones sindicales de su país y se arriesgaran a participar en manifestaciones, pese a la pandemia, Pérez Pirela ofreció detalles que permiten poner en contexto regional el elevado gasto militar de Colombia.
Esta nación, explicó, con la excusa de luchar contra el narcotráfico y las guerrillas, tiene su territorio plagado de bases estadounidenses hace más de dos décadas y destina ingentes recursos a la defensa, en desmedro de la inversión social.
En términos regionales, precisó, es el segundo país de América Latina con la la inversión más alta en gasto militar, solo por detrás de Brasil, como muestra un informe realizado por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz (CIPRI), con sede en Estocolmo (Suecia), que reveló que en 2020, a nivel mundial la inversión en defensa se incrementó en 2 billones de dólares (2,6%), a pesar de la pandemia.
Ese reporte sostiene que en Latinoamérica, el gasto militar cayó en 2,1% durante el mismo período y precisa que esta ligera pero importante reducción se explica porque el gasto de Brasil cayó 3,2% en 2020. Aún así, sigue siendo el líder en este rubro. Globalmente, la región alcanzó la cifra de 43.000 millones de dólares asociados a gastos en armamento, con Brasil y Colombia encabezando la lista. Este último país, en 2020 gastó 9.200 millones de dólares.
Para Julián Arévalo, decano de Economía de la Universidad Externado de Colombia, esta alta cifra se debe a las dinámicas de crimen y violencia por las que atraviesa el país en la actualidad y aunque este experto reconoce que la inversión es necesaria, teniendo en cuenta la conflictividad interna, también opina que el gobierno debe desarrollar propuestas e inversiones sociales, así como promover el desarrollo en las zonas más afectadas por el conflicto, para que de esta forma no se vea obligado a recurrir siempre a los criminales por la vía armada.
El académico también apuntó que las inversiones de gasto militar se convierten en una suerte de círculo vicioso. «Cuando tenemos en Colombia regiones del país sin infraestructura y sin oportunidades de producción y completamente marginadas de las dinámicas económicas del país, encontramos unas regiones completamente vulnerables al crimen. Ellos aprovechan las debilidades del Estado en estas regiones, precisamente para fortalecer sus actividades criminales y el gobierno, entonces, tiene que gastar sumas enormes para poderlos enfrentar», argumentó al respecto.
Otra crítica que genera el elevado gasto militar en el vecino país, es que en medio de la emergencia sanitaria se esperaría que el gobierno priorizara los costos de vacunación y el pago de los trabajadores sanitarios y no ha sido el caso: se aumenta el gasto militar, se pechan más impuestos a los más vulnerable y el dinero se queda en manos de añejos y nuevos oligarcas, reflexionó Pérez Pirela.
Para el senador Iván Cepeda, «el llamado es a contrarrestar la expansión del gasto militar, del comercio de armas y de la proliferación de armamentos en el mundo. Es un llamado de alerta frente a lo que está ocurriendo en el mundo: aumenta el gasto militar y se concreta en hechos como la compra de 24 aviones de guerra», quien, como otros, vio en la presunta incursión del avión ruso una tentativa para abonar el terreno ante la eventual necesidad de tener que justificar el gasto desmedido en armamento en un contexto pandémico, al tiempo que se despoja a los vulnerables del dinero necesario para sufragarlo.
Para concluir la emisión, destacó que el reporte del CIPRI de 2020 se refiere también a la inversión militar en México, que alcanzó los 6.116 millones de dólares; la de Paraguay, que trepó hasta los 364 millones de dólares y, Uruguay, con 1.164 millones de dólares. Muy por encima de este límite está el gasto militar de los Estados Unidos, que el pasado año alcanzó la exorbitante cifra de 778.000 millones de dólares.
(LaIguana.TV)
