Este jueves, los senadores estadounidenses Marco Rubio y Ted Cruz presentaron ante el Congreso de su país el proyecto de Ley de Preservación de la Responsabilidad por los Activos Nacionales del 2021 (Ley PANA), instrumento con el que pretenderían confiscar los activos de «personas ligadas» a los gobiernos de los presidentes Hugo Chávez y Nicolás Maduro que han sido condenadas por corrupción dentro del sistema penal de su país.

Según se explica en un comunicado difundido por la oficina de prensa de Rubio, estos fondos estarían a disposición del departamento de Estado «para fortalecer la democracia y la sociedad civil» de Venezuela.

En la propuesta se contempla el establecimiento de un «Fondo de Restauración de Venezuela» en el departamento del Tesoro, cuyos montos serán manejados por el secretario de Estado para el «fortalecimiento de la gobernabilidad democrática e instituciones, incluida la Asamblea Nacional de Venezuela electa democráticamente», la defensa de «los derechos humanos del pueblo de Venezuela reconocidos internacionalmente, incluyendo el apoyo a los esfuerzos para documentar los delitos de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos», el «apoyo a los esfuerzos de los medios de comunicación independientes, más allá de los canales limitados dispuestos por el régimen de Maduro» y «combatir la corrupción y mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones» que son parte del Gobierno de Maduro.

La iniciativa presentada por Rubio y Cruz ante el Congreso estadounidense se soporta en una aplicación extraterritorial de sus leyes a partir de la cual se autoriza al Gobierno de los Estados Unidos a apropiarse de dineros que presuntamente otrora fueron sustraídos al Estado venezolano –y que, por tanto, le pertenecerían–, para financiar acciones claramente orientadas al socavamiento y eventual derrocamiento del Gobierno del presidente Maduro, sin poner en cuestión la ausencia de legalidad tras las acciones de su protegido, el exdiputado Juan Guaidó y del grupo que le secunda.

De aprobarse, la legislación otorgaría al secretario de Estado la prerrogativa de financiar las actividades «de gobiernos y organizaciones no gubernamentales (ONG) para el avance de los propósitos» antes descritos, sin menoscabo de los fondos que ya Washington destina para tales fines.

Esto abriría la puerta para que se otorguen los activos venezolanos a terceras naciones –y no solamente ONG– para que violenten soberanía de Venezuela, con el pretexto de restaurar la democracia o bien para justificar intervenciones armadas amparadas en supuestas violaciones a los derechos humanos, tal y como se contempla en la doctrina Responsabilidad de Proteger (R2P), una carta que Estados Unidos ha tratado de activar en distintas instancias –Organización de Estados Americanos, Comisión de Derechos Humanos de la ONU y Grupo de Lima– desde la era Trump.

De su lado, el vocero de Guaidó en Washington, Carlos Vecchio, felicitó a los legisladores republicanos por hacer ley una demanda que, según confesó, ha formulado desde 2019.

Vecchio sostuvo que los fondos de Venezuela presuntamente procedentes de la corrupción que, de aprobarse la Ley PANA, Estados Unidos controlaría a su antojo, podrían usarse «para atender el drama humanitario de los venezolanos y la pandemia», aunque dichos asuntos están claramente excluidos del proyecto.

«El dinero incautado debe estar en un fondo administrado por EEUU en coordinación con el Gobierno Interino del presidente Juan Guaidó para recuperar Venezuela», indicó en un trino.

Desde que el exparlamentario se autoproclamó presidente interino en enero de 2019, él y su grupo cercano se han apropiado indebidamente –con la venia y participación de Washington– de importantes activos del país, cuyo monto asciende a «más de 30.000 millones de dólares», según precisó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en una entrevista para RT.

Se trata de hechos públicos y que han sido documentados por fuentes ajenas al chavismo. Por ejemplo, el pasado 22 de abril, la agencia Bloomberg refirió que de los 342 millones de dólares que tenía Venezuela depositados en una cuenta de Citibank y que fueron transferidos a una cuenta de la Reserva Federal manejada por la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2020, aún quedarían 97 millones de dólares, si Guaidó lograra hacerse del control de los 52 millones que fueron «aprobados» por el grupo de exdiputados que usurpa funciones legislativas.

(LaIguana.TV)

Artículos relacionadosMás del autor