La soberanía, piedra angular de los Estados-Nación contemporáneos fue el tema elegido para abordar por el filósofo, comunicador y analista político Miguel Ángel Pérez Pirela en la edición 298 de su programa Desde Donde Sea, que se transmite de lunes a viernes a las 7 de la noche, hora de Venezuela, a través de las plataformas de YouTube, Facebook, Instagram y Twitter.

A través de ejemplos recientes, el experto mostró cómo aún en tiempos de pandemia, las potencias –a veces con la colaboración de sus agentes locales– han realizado acciones orientadas a debilitar la soberanía de los Estados-Nación de América Latina, una condición necesaria, a su parecer, para controlar abundantes los recursos naturales y minerales de la región.

El Estado-Nación es imposible si no está presente la soberanía

Para entrar en materia, Pérez Pirela refirió a la audiencia que los Estados-Nación contemporáneos comenzaron a configurarse en Europa en el siglo XVII, momento en el cual aparecieron las primeras reflexiones filosóficas que trataban de explicarlo a partir del concepto de soberanía, que inicia a partir de la reflexión sobre la soberanía –entendida como defensa– del cuerpo y sus límites.

Explicó, asimismo, que esta noción se extendió hacia los terrenos de las teorizaciones acerca del Estado-Nación, al punto de convertirse en su condición de posibilidad.

Posteriormente, apuntó que el sociólogo Max Weber definió tres condiciones para la existencia de un Estado nacional, a saber: la existencia de fronteras comunes que han de ser respetadas tanto por Estados como por entes privados o particulares, la posibilidad de ejercer el monopolio legítimo de la violencia, es decir, la existencia de unas Fuerzas Armadas cuya función es proteger la soberanía y, finalmente, la unidad del liderazgo.

Así, ilustró, en Colombia la soberanía está socavada por distintos flancos, ya que si bien puede hablarse de una Nación colombiana, hay por lo menos tres Estados dentro de ella, en tanto Bogotá ha cedido el control de extensas porciones de su territorio tanto a grupos armados irregulares –paramilitarismo e insurgencias guerrilleras–, como a Estados Unidos, país al que le permitió instalar bases militares.

Además, como parte de los acuerdos entre Colombia y Estados Unidos, el gobierno neogranadino accedió a que los militares estadounidenses que cometieran crímenes en su territorio, no fueran juzgados conforme lo establecido en su legislación, lo que implicó la cesión de parte de su soberanía jurídica.

Violación de la soberanía territorial: el caso de las Islas Malvinas

Para ilustrar cómo funciona la violación de la soberanía territorial, el también director de LaIguana.TV apeló a un caso paradigmático: el conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas.

Según un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores del país austral, el ‘impasse’ más reciente entre las dos naciones se produjo cuando el Reino Unido, que ostenta la soberanía de las islas reclamadas por ese país desde 1833, inició entre el 28 y el 29 de abril maniobras militares en territorio argentino ilegítimamente ocupado que incluyeron incluso el lanzamiento de misiles.

«Estas maniobras constituyen una injustificada demostración de fuerza y nuevamente hacen caso omiso de los llamamientos de las numerosas resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía», reza parte del texto divulgado por la cancillería argentina.

Según el gobierno encabezado por Alberto Fernández, estos lanzamientos violarían la Resolución 41-11 de la Asamblea General de la ONU sobre Zonas de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur, la cual exhorta a los Estados a que respeten escrupulosamente la zona del Atlántico Sur como «zona de paz y cooperación», así como la Resolución 31-49 de la Asamblea General de la ONU, que ha sido vulnerada «por la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur».

En virtud de lo anterior, comentó el comunicador, el Ejecutivo argentino emitió un aviso náutico, con el objetivo de que el tráfico marítimo en la zona no fuese puesto en peligro por los ilegítimos ejercicios militares británicos.

«Detrás de la vulneración de la soberanía de algún país, evidentemente, en la inmensa mayoría de los casos se encuentran intereses económicos, intereses en términos de recursos naturales e intereses geoestratégicos ligados con las lógicas belicistas», añade la protesta oficial de Argentina, cuya Cancillería sostiene que «estas maniobras militares demuestran, una vez más, que la ocupación ilegítima de Malvinas es la excusa para el establecimiento de una desproporcionada base militar».

Empero, pese a la creciente conflictividad, la diplomacia argentina reiteró su voluntad de negociación con el Ejecutivo británico para dirimir la larga disputa de soberanía sobre las islas.

El detonante de este foco de conflictividad, explicó el filósofo venezolano, fueron las declaraciones del primer ministro británico, Boris Johnson, quien el pasado 16 de marzo anunció la intención de su país de aumentar la presencia militar permanente en las Islas Malvinas, al tiempo que se refería a Argentina como «socio estratégico».

No obstante, esta disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Islas Georgias del Sur, Islas Sándwich y los espacios marítimos circundantes no empezó con las recientes declaraciones de Johnson, sino que se remonta al 03 de enero de 1833, cuando el entonces Imperio Británico quebrantó la integridad territorial argentina al ocupar ilegalmente las islas, expulsar a las autoridades locales –a las que impidió regreso– y erradicar a todos los argentinos que procedían del continente.

Desde entonces, continuó relatando el analista, el Reino Unido se ha mostrado contrario a cualquier negociación, pese a las acciones de Política Exterior desarrolladas por Argentina para resolver el conflicto de forma pacífica.

La excepción a esta conducta conciliadora por parte de Buenos Aires se produjo a fines de 1981, cuando la dictadura de Leopoldo Galtieri consideró como alternativa la solución armada para recuperar las islas mediante una acción sorpresiva. Empero, lejos de alcanzar su propósito, implicó un inmenso fracaso militar que abrió los caminos para que el régimen autoritario trocara su fin.

«La cuestión de Las Malvinas es emblemática, ya que en ella se enmarca la disputa por la soberanía de una importante región territorial que ha sido usurpada mediante una acción colonialista por el Reino Unido y que continúa en el presente a través de mecanismos neocoloniales soportados en la acumulación por desposesión», reflexionó Pérez Pirela.

Por ello, explicó que en este caso, la apropiación de importantes recursos geoestratégicos como los hidrocarburos, pero también las reservas de agua dulce y los recursos naturales, en general, así como la vía marítima del Atlántico Sur, son parte de los objetivos del Reino Unido sobre Las Malvinas.

No en balde, agregó, esta disputa se intensificó a partir del descubrimiento de reservas petrolíferas de gran magnitud en el mar argentino, una situación a la que, con sus variantes también están expuestos los otros países suramericanos.

A su parecer, el verdadero objetivo de la presencia militar británica en Las Malvinas está relacionado con el control de las 38 cuencas hidrográficas internacionales que cubren el 60% de la superficie terrestre de Suramérica y, además, aprovechar la potencialidad energética de la región, ora por los hallazgos en sus costas de petróleo, los recursos gasíferos de Bolivia y los descubrimientos petrolíferos en la Faja del Orinoco en Venezuela, sumado al potencial energético del Atlántico Sur.

Por lo antes expuesto, Argentina cuenta con el respaldo de los países de América Latina y el Caribe a través de la CELAC, en su defensa por el territorio usurpado y en el llamado a la reanudación de negociaciones, que es compartido incluso por la Organización de Estados Americanos (OEA), el G-77 + China y otros foros multilaterales y regionales, agregó el analista.

Si el análisis se focalizara solamente en este país suramericano, desde su punto de vista, el interés británico podría sintetizarse en las reservas de hidrocarburos presentes en el subsuelo argentino, pues estos, junto con el agua, son los recursos naturales que lideran el ranking de intereses de los países «desarrollados» en la región.

En Ecuador, Moreno y Lasso apuestan a la privatización del Banco Central

En el criterio de Miguel Ángel Pérez Pirela, las violaciones y vulneraciones a la soberanía no se producen exclusivamente en el ámbito territorial, sino que abarcan otros aspectos, tales como la reducción de la capacidad de un país para administrar sus recursos financieros y a ese respecto, trajo a colación que el todavía presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, inició «un peligroso proceso de vulneración de la soberanía económica y financiera» de su país, cuyo remate estará a cargo del recién electo presidente derechista –y banquero–, Guillermo Lasso.

Sobre el tema, mencionó que el pasado 22 de abril, el Parlamento ecuatoriano aprobó la Ley para la Defensa de la Dolarización, que aunque fue presentada como una estrategia de «protección» de las reservas del Estado, varios congresistas denunciaron que se trata de una vulgar privatización del Banco Central del país y, por tanto, constituye una violación a la soberanía económica de ese país.

Específicamente, esta ley reformaría el Código Orgánico Monetario y Financiero Ecuatoriano y en ella se propone que el Banco Central de Ecuador sea conducido de manera «independiente», con el pretexto de evitar manejos políticos de las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado.

En la práctica, apuntó, esto se traduce a que las autoridades ecuatorianas están entregando el control de su banca a la Reserva Federal de los Estados Unidos, como parte de las metas estructurales del acuerdo que firmó Moreno para endeudar a Ecuador ante el Fondo Monetario Internacional, en tanto que cuando se solicitan préstamos ante esta instancia o ante el Banco Mundial, se obliga a los países a aplicar recetas neoliberales que persiguen desestructurar el Estado-Nación, valiéndose de estrategias que quebrantan su soberanía.

Internamente, el proyecto ha encontrado oposición en la bancada progresista en el Congreso saliente, que ha denunciado la inconstitucionalidad de la iniciativa y ha señalado que se está trasladando al sector privado una competencia que es exclusiva del Estado.

Además, miembros de Alianza País, entonces liderada por el expresidente Rafael Correa, denunciaron en 2017 que Lasso, ahora presidente electo, «posee toda la estructura empresarial para sacar del país las divisas que servirían para mantener el poder adquisitivo de los ecuatorianos», indicó el filósofo para cerrar este caso.

Los variados atentados a la soberanía de Venezuela

En el parecer de Pérez Pirela, en la actualidad, Venezuela es el país de la región cuya soberanía está siendo más fuertemente atacada, mediante acciones que apuntan hacia un debilitamiento de sus integridad como Estado-Nación en los flancos sanitario, financiero, económico y territorial.

En relación con la vulneración de la soberanía sanitaria de los venezolanos, desde su punto de vista, imposible de disociar de la vulneración de la soberanía financiera, refirió que desde el 21 de abril, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha exigido en nombre del Ejecutivo venezolano el respecto a la soberanía y el acceso a las vacunas contra la COVID-19.

En la última edición de la Cumbre Iberoamericana –celebrada prácticamente de forma virtual, cuya organización estuvo a cargo de Andorra–, Rodríguez exigió a esos países que respeten la soberanía venezolana y las decisiones de su pueblo y por eso solicitó la mediación de Portugal, país que preside las instancias sanitarias europeas, para que Venezuela pueda acceder a sus recursos, hoy secuestrados en suelo de Europa.

La posición de Venezuela fue respaldada por el gobierno de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien en su participación recordó que «se debe respetar al gobierno legítimo de Venezuela» y demandó a otros países que «no se inmiscuyan en sus asuntos internos».

El analista venezolano opina que se trata de un chantaje impuesto por Estados Unidos, que se traduciría en estos términos: «O ustedes ponen al exdiputado Juan Guaidó –por quien nadie votó para el cargo– en la presidencia, o nosotros vulneramos su soberanía desde todo punto de vista: vulneraremos sus fronteras, crearemos un gobierno paralelo, trataremos de dividir la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nos haremos del tesoro nacional venezolano en cuentas extranjeras, etcétera».

Con base en este proceder, considera que esta apuesta no es más que «un negocio redondo donde los Estados Unidos gana por todas partes: vulnera la soberanía de Venezuela, se hace de sus recursos y si les salen las cosas bien –cosa que hasta ahora no han podido–, instalan un gobierno fantoche».

Por ello, comentó que el presidente Díaz-Canel resaltó que es hipócrita referirse a la crisis venezolana sin aludir a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Washington, a las que se han sumado algunos países de Europa.

«Sería útil y sincero reconocer que lo hecho por Estados Unidos contra Venezuela fracasó», dijo el mandatario cubano, que también llamó a los países que manifiestan supuesta preocupación por Venezuela a respetar los principios de la proclama: «América Latina como zona de paz».

Otro de los flancos en los que la soberanía de Venezuela ha sido sistemáticamente atacada es el territorial y en ese orden de ideas, Pérez Pirela recuperó las declaraciones del ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, quien sentenció que la FANB está preparada para dar una respuesta contundente, si desde Colombia se atreven a vulnerar la soberanía territorial.

«Enfrentaremos con toda la fuerza a los enemigos. No se equivoquen en Colombia como ya se los hemos dicho», aseguró el militar venezolano.

El analista explicó que esta declaración se produce en el contexto de las acciones operativas que realiza la FANB en el estado Apure (sur) desde mediados del pasado mes de marzo en contra grupos del narcotráfico colombiano.

Específicamente, Venezuela denuncia que desde el territorio vecino, la fuerza pública no controla a los irregulares que intentan posicionarse en suelo venezolano para realizar acciones delincuenciales. Las razones del descontrol serían, a su parecer, la imposibilidad de Colombia de controlar efectivamente sus fronteras, pues ha abandonado extensas zonas del país y ha permitido que estas sean controladas por ejércitos irregulares (paramilitarismo y guerrillas).

Exxon-Mobile, el tercer actor en la disputa territorial entre Guyana y Venezuela

Si bien los casos antes descritos ilustran suficientemente las reiteradas vulneraciones a su soberanía a la que es sometida Venezuela, el frente más antiguo es el de la disputa por la soberanía del Esequibo con Guyana, conflicto que se ha reavivado luego de que el 18 de diciembre de 2020, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se declarara competente para intervenir en la reclamación histórica de Venezuela.

A este asunto, relató el comunicador, el gobierno venezolano respondió manteniéndose al margen, con el propósito de despojar a la acción legal de todo tinte de legitimidad y creó una Comisión Presidencial en defensa por los intereses en el Esequibo.

Empero, pese a los esfuerzos de revestir la acción con los ropajes de la justicia, hay un tercer actor que está detrás de la jugada guyanesa de llevar el caso ante la CIJ: la petrolera estadounidense Exxon-Mobil, pues Georgetown reconoció públicamente que sufragó gastos ante La Haya con fondos provenientes de esa trasnacional.

Los intereses de la Exxon-Mobile en la Zona en Reclamación son de larga data, pues el inicio de sus exploraciones se remonta a casi tres décadas atrás. En ese tiempo durante ha delimitado un bloque de más de 26.000 kilómetros cuadrados que no solo se extiende sobre el territorio guyanés, sino que transgrede los límites de la soberanía venezolana.

De parte de Venezuela, el diputado Hermann Escarrá, presidente de la Comisión de Defensa del Territorio de la Guyana Esequiba y la Soberanía Territorial ha dicho que la decisión de la CIJ está basada en el supuesto consentimiento de ambos países, cuando realmente no ha habido consenso, sino que ha ocurrido lo opuesto, en tanto Venezuela no ha firmado ninguna cláusula compromisoria con Guyana y ha rechazado abiertamente la solicitud.

Guayana defiende un límite establecido en 1899 por una Corte de Arbitraje en París, mientras Venezuela reivindica el Acuerdo de Ginebra firmado en 1966. Este acuerdo se firmó con el Reino Unido antes de la independencia de Guyana y establece mecanismos para una solución práctica, sintetizó el filósofo.

Y si bien Caracas aún no ha anunciado si comparecerá o no ante la CIJ, pues es una decisión que compete al presidente y Jefe del Estado venezolano, sí ha enviado numerosas notas de protesta a Guyana por otorgar concesiones a Exxon-Mobile en la Zona en Reclamación, pero lejos de detenerse, las actividades de la petrolera se han expandido.

Otras de las acciones emprendidas por el gobierno venezolano para hacer frente a esta amenaza fue la aprobación de un decreto en el que se crean cuatro Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, así como la propuesta de una Ley de Asuntos Limítrofes, ante lo que Guyana ha respondido con el mantenimiento de su política de otorgar concesiones en el territorio disputado para la explotación de oro, bauxita y otros minerales estratégicos.

Como solución a este conflicto, refirió Pérez Pirela, el jurista Hermann Escarrá señala que «para que ambas naciones puedan favorecerse de la riqueza natural y energética del Territorio del Esequibo, antes deben lograr la solución práctica en el marco del Acuerdo de Ginebra, garantizando que la soberanía nacional no se vea afectada».

No obstante, desde su punto de vista, no puede olvidarse que esta disputa no empezó con Guyana, sino con el Reino Unido, potencia colonial que pretendía despojar a Venezuela de su territorio y que usó la independencia de su antigua colonia para presentar a Venezuela como un país con pretensiones expansionistas, que pretendía despojar a su «débil» vecino de una porción significativa de su territorio.

Reforma tributaria y trasnacionales de alimentos: dos maneras de socavar la soberanía

Para concluir, Miguel Ángel Pérez Pirela aludió, por un lado, a la reforma tributaria adelantada por el gobierno de Iván Duque en Colombia y, por otro, a la operación de trasnacionales como Monsanto, que de maneras muy diferentes producen el mismo efecto: el socavamiento de la soberanía de los países.

Así, relató que la reforma tributaria propuesta por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que fuera asimilada por el gobierno de Duque, detonó las recientes manifestaciones y el paro nacional en Colombia, precisamente porque constituye una cesión de soberanía a intereses foráneos, puesto que se supedita directamente al pueblo colombiano a los intereses extranjeros, usando como vehículo los impuestos.

A su parecer, es todavía más grave aún la manera en que las trasnacionales de la industria alimentaria, como Monsanto, comprometen la soberanía alimentaria de los países de América Latina.

Según un informe difundido este martes por la Red Internacional FIAM sobre las violaciones a los derechos a la alimentación y a la nutrición en varios países de América Latina y consultado por por él para la edición del programa, «los agrotóxicos afectan la salud humana, la naturaleza e impiden la plena realización del derecho a la alimentación en al menos ocho países de la región».

Finalmente, apuntó que cuando a soberanía alimentaria es gestionada por trasnacionales como Monsanto, el resultado es que las semillas genéticamente modificadas que venden, mueren una vez dan frutos, lo que ata a los países a seguir comprándoles semillas que, dicho sea de paso, traen resultados nefastos para la tierra, con zonas enteras que han sido convertidas en desiertos, lo que aunado a su combinación con los agrotóxicos, además comprometen la salud de las personas.

(LaIguana.TV)

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