Las actuales protestas que se llevan a cabo en Colombia no solo tenían como objetivo frenar la reforma tributaria, impulsada por Iván Duque, por medio de la cual se pretendía fijar la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un 19%, sino también buscan detener la reforma relacionada al sector salud. La normativa en cuestión hoy día se encuentra en las Comisiones Séptimas del Congreso colombiano, aún sin ser cancelada.

Este martes 4 de mayo, tras varias horas de discusiones en el Parlamento de Colombia, se llegó a la conclusión de que no se retirará de la mesa la reforma al sistema de salud. Según señalan los medios de comunicación, esta normativa respondería a una iniciativa de origen Legislativo y no emana directamente del Ejecutivo.

Ante este panorama, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Francisco Maltés señaló lo siguiente: “Sucede este hecho luego de seis días de paro nacional, en donde autoridades civiles, militares y policías han cercenado las garantías democráticas para la protesta social. La gente en las calles está exigiendo mucho más que el retiro de la reforma tributaria”.

El sindicalista reiteró las exigencias del denominado Pliego de Emergencias que hace meses le presentaron al Ejecutivo colombiano. Entre estas destacan el retiro del proyecto de ley de la reforma a la salud y el fortalecimiento de la vacunación masiva.

A todas estas es oportuno preguntarse lo siguiente: ¿qué implica el proyecto de reforma al sistema de salud colombiano? Acá algunos datos:

-Aunque el Ejecutivo neogranadino asegura que este nuevo marco legal mejorará el sistema de salud colombiano, brindará mejores condiciones a los trabajadores del referido sector y ayudará a prevenir futuras crisis como la presentada durante la actual pandemia, otros señalan que sus artículos se redactaron a puerta cerrada y sin antes ser consultados con la totalidad del Parlamento.

-Uno de los artículos de la reforma prohíbe la tercerización de los trabajadores de la salud, con el objetivo de “mejorar las condiciones de quienes laboran en el sector”. Según diferentes agremiados y congresistas, actualmente ya este tipo de cosas se encuentran prohibidas. Afirman que lo único que hace falta es imponer ciertas sanciones y controles. De acuerdo a varios congresistas, la normativa estaría dejando por fuera a los especialistas y establecería un plazo de 15 días de pago que podría resultar riesgoso.

-Algunos señalan que la reforma, por la manera en que se haya redactada, no contempla la solución de los problemas de fondo. “Presentan un proyecto de ley rimbombante, adornado con un discurso, que cuando uno va a ver lo que dicen, no está reflejado en ningún lado”, indicó el congresista por el partido Alianza Verde, Mauricio Toro.

-Otro punto polémico es el referente a la posibilidad de implementar la especialidad de medicina familiar, como base principal del sistema de salud. Según este mecanismo, la idea es que un médico de esta rama se encargue de grupos familiares específicos para acompañarlos y llevar un mejor control. Muchos aseguran que esto podría impedir el acceso a las rutas de salud con otros especialistas. Igualmente, afirman que la vecina nación no cuenta con el número necesario de profesionales de esta especialidad.

-De acuerdo al director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc), este proyecto no sería una reforma sino un ajuste a mecanismos ya existentes. La normativa no estaría creando nuevas fuentes de financiación, ni estaría modificando los presupuestos. Desde el gremio hospitalario insisten en que el sistema de salud requiere una reforma completa y no solamente ajustes.

-Según el presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Gustavo Morales, este proyecto es inoportuno pues distrae a los actores en un momento clave de pandemia. También resulta innecesario pues muchas de las medidas allí expuestas no requerirían de una Ley.

-La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho, por su parte, señaló que la reforma de salud, desde su origen, posee vicios de trámite. Además contendría aspectos que atentarían contra la Constitución al abrir un boquete para la privatización de los recursos de la salud, legalmente públicos. Por otra parte, Corcho criticó que la Ley le otorgue funciones de policía al Ministerio de Salud con respecto al tema de los confinamientos y las cuarentenas; esto atentaría contra las libertades ciudadanas.

(LaIguana.TV)