La más reciente ola de violencia que atraviesa a Colombia, en la que fuerzas del orden público y el paramilitarismo han arremetido con armamento de guerra contra el pueblo que protesta en las calles, lejos de ser un asunto de reciente aparición, motivado por un proyecto de reforma fiscal que promovía el gobierno del presidente Iván Duque, es un fenómeno que, cuando menos, tiene siete décadas de existencia.

Con base en esta premisa, el filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela detalló ante la audiencia de su programa Desde Donde Sea, las condiciones estructurales que explican estos episodios que hoy son presentados como novedosos, que acompañó con un recuento de algunos de los hitos de terror que ha padecido el país durante las últimas tres décadas.

Inventario de la última jornada de terror

Para entrar en materia, el analista aludió a un mensaje que compartiera en su cuenta de Twitter, que recoge lo que acontece en la nación vecina: «lo que pasa en Colombia hay que entenderlo en su real magnitud: no es cualquier país, Colombia está armada hasta los dientes. Sin monopolio del poder legítimo. Acostumbrado a la violencia de la guerra. Con dinero del narcotráfico y drogas inundando sus calles. Con sangre en su historia…».

A su parecer, uno de los problemas más serios de ese país hermano es que los 70 años de conflicto armado entre el Estado, las guerrillas y los paramilitares han permitido que las armas proliferen por doquier, se hayan conformado tres Estados, sin que ninguno –pero muy particularmente el del gobierno ejercido desde la institucionalidad– ostente el monopolio de la violencia y se haya impuesto la violencia propia de las guerras.

De esta manera, explicó, las serias manifestaciones que se han presentado en países como Chile –violaciones de derechos humanos incluidas–, no pueden siquiera comparase con las que hoy sacuden a Colombia, por cuyas calles pulula el dinero del narcotráfico y circulan las drogas ilícitas, lo que en conjunto ha permitido que se configure un escenario de confrontación que podría derivar en una guerra civil.

Los signos, en su opinión, están allí. Nada más en la jornada del miércoles 5 de mayo, en la ciudad de Pereira (departamento de Risaralda), se informó de ataques a balazos desde motos y automóviles con vidrios polarizados contra una concentración de jóvenes, mientras que la Fiscalía anunció que imputará a tres policías por la muerte de manifestantes y solamente admitió la existencia de 11 asesinados, pese a que ONG como Tiembla elevan la cifra la cifra a 37.

Al mismo tiempo, el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y el Ejército continuaban reprimiendo las protestas con armas de guerra. Desde el inicio de las manifestaciones el pasado 28 de abril, se han computado 1.708 casos de violencia policial y más de 100 desaparecidos, así como mujeres violadas y jóvenes asesinados.

En detalle, puntualizó el también director de LaIguana.TV, a la fecha se registran 222 casos de violencia física, 37 homicidios, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas, 22 personas con lesiones oculares permanentes, 110 víctimas por balas desenfundadas por policías y 10 mujeres violadas.

Incluso, refirió que tras haber sido aupados por declaraciones del alcalde de Pereira, sicarios asesinaron de ocho disparos a Lucas Villa, un joven activista y estudiante universitario que había participado en las protestas.

Según dijo, mientras mataban a Villa y a otro joven, los ejecutores gritaban: «bala es lo que hay, plomo es lo que viene».

Las tres demandas estructurales de los manifestantes

Seguidamente, con el propósito de explicar por qué, a pesar de que el gobierno de Duque retiró la controvertida reforma tributaria, los colombianos siguen colmando las calles del país, haciendo referencia a un trabajo publicado por BBC, Pérez Pirela puntualizó tres demandas de la población que no pueden ser satisfechas sin que se produzcan cambios significativos en las políticas adelantadas desde la Casa de Nariño.

En primer término mencionó que los ciudadanos de Colombia exigen una economía igualitaria, con el agravante de que las iniciativas de Duque arrastran un problema que, en este momento, luce irremontable: la desconfianza, puesto que personajes como el exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, representan el modelo que las protestas buscan enterrar y el propio mandatario es un reconocido aliado del sector privado, puesto que viene de un partido ligado a los terratenientes y comprometido con la ortodoxia neoliberal.

De otro lado, destacó que aunque podría decirse que el modelo neoliberal le ha otorgado al país cierta estabilidad macroeconómica prolongada, ello ha sido al precio de la desigualdad, que según cifras del Banco Mundial, lo ubica como el más desigual de la región y el séptimo más desigual de todo el mundo.

Por ello, señaló que para los manifestantes del paro, la economía colombiana está anclada en el clientelismo político, que ha eximido de pechar impositivamente a los grandes oligopolios del banano, el azúcar y la minería, entre otros sectores de la élite tradicional.

Adicionalmente, retomando una bandera que ya enarbolaran en 2020, los manifestantes piden una reforma a la Policía –institución clave para una nación que sufre los embates de un conflicto armado desde hace más de seis décadas–, así como el desmantelamiento del ESMA, organización que ha estado al frente de las acciones represivas de la última semana.

La necesidad de reforma apunta, en primer lugar, a deslindar a la Policía del ministerio de Defensa, puesto que tal adscripción ha traído consigo que los efectivos estén formados y capacitados para acabar con las guerrillas y aunque hace dos semanas el mandatario colombiano anunció la creación de una justicia militar «con independencia financiera, administrativa y operacional», que no estará bajo el mando de ministerio de Defensa, los miembros de la fuerza pública seguirán siendo juzgados por militares y estarán sujetos al Ejecutivo.

A modo de síntesis, Pérez Pirela mencionó que los manifestantes aspiran que la autoridad no los trate como subversivos sino como civiles, y que esté sujeta a mecanismos de sanción imparciales, rigurosos y eficientes, lo que viaja a contrapelo de lo que expresó el expresidente Álvaro Uribe en el tuit en el que se refirió a los ciudadanos colombianos que protestan contra las políticas de Iván Duque como «terroristas», «vándalos» y «violentos».

Por último, mencionó que los colombianos exigen una mejor implementación del proceso de paz, porque hasta el momento, el único resultado concreto fue el premio Nobel de la Paz que le otorgaron al expresidente Juan Manuel Santos, pues luego de que las FARC-EP se desmovilizó, sus excombatientes han sido asesinados sistemáticamente.

Desde el punto de vista sociopolítico, indicó que la generación que lidera las protestas creció en un país en guerra, bajo los mantras polarizantes de la Guerra Fría y hoy, su mayor anhelo es superar esos traumas y hablar de temas como educación, derechos sociales o legalización de las drogas, pues estos jóvenes «han sido amamantados por medios de comunicación», que sin darse por enterados del fin del llamado mundo bipolar, siguen replicando un discurso anticomunista.

En su juicio, para Duque, quien llegó a la presidencia por el auspicio de Uribe, la implementación efectiva de los acuerdos de paz, resulta en una demanda muy cuesta arriba de satisfacer, en primer lugar porque el sector al que pertenece no le interesa que funcione.

Por lo contrario, en lugar de actuar como garante del acuerdo, el gobernante ha permitido que aumenten las masacres, el asesinato de líderes sociales y los desplazamientos forzados en regiones remotas del país, amén de aumentar las aspersiones de los cultivos de hojas de coca con glifosfatos, una práctica que había sido suspendida en 2015 gracias a las protestas de grupos campesinos y en atención a las recomendaciones fijadas por la Organización Mundial de la Salud.

Las reacciones internacionales a la violencia en Colombia

Miguel Ángel Pérez Pirela destacó que el nivel de represión «tan descarado y espectacular» ejercido en contra del pueblo colombiano ha traído consigo una reacción de repudio de una parte de la comunidad y los medios internacionales, usualmente guardianes celosos del silencio que Bogotá ha impuesto sobre las masacres y el asesinato de líderes sociales, pues desde el 28 de abril, la ONG Temblores registra al menos 37 personas asesinadas.

Así, refirió el lunes, la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea rechazaron las medidas extremas adoptadas por Colombia para reprimir las protestas contra la reforma tributaria –ya retirada– y una reforma sanitaria inconveniente para el pueblo colombiano, a lo que se suman las correspondientes declaraciones del ALBA-TCP, la Confederación Internacional de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana y la Oficina para América Latina y el Caribe de la Federación Democrática Internacional de Mujeres.

Entre las personalidades que se pronunciaron está la vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Cuba, Ana María Mari, quien cuestionó la violencia contra el pueblo colombiano, mientras que desde EE.UU., senadores como el demócrata Jim McGover censuraron «la brutal respuesta a las manifestaciones pacíficas», y el también demócrata Gregory Meeks pidió a Duque «moderar la respuesta».

Todavía más enfáticamente declaró el ministro portavoz del gobierno de Chile, Jaime Bellolio, quien sostuvo que «la violación de los derechos humanos debe ser perseguida sin matices».

En Venezuela, continuó relatando el filósofo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez aseguró que «Colombia es un proyecto imperial fracasado que ha condenado a su pueblo a la peor crisis jamás vista: primer productor de drogas del mundo, excluido de la vida política del país y sin posibilidad de expresarse libremente».

A este aluvión de cuestionamientos, la respuesta de Duque y su partido, el Centro Democrático, fue calificar las manifestaciones como «amenazas terroristas» y, a través del ministro de Defensa, Diego Molano, responsabilizar a disidencias de las FARC-EP y el ELN «por los actos premeditados».

En particular, Molano ha dicho que «estos grupos terroristas tienen planes de asesinar a nuestros policías. Ya acabaron con la vida del capitán de la Policía Jesús Alberto Solano en Soacha, han dado la orden de quemarlos», al tiempo que el Jefe de Estado colombiano reafirmó que no se va a replegar a los uniformados en los puntos en donde se produzcan actos de vandalismo.

«Duque está jugando a tener una fuerza que no tiene, un liderazgo que no tiene, se le va a ir de las manos todo esto y van a terminar pidiendo su cabeza: elecciones anticipadas. Está jugando con fuego», reflexionó el experto.

Desde su punto de vista, Iván Duque erró al anunciar una convocatoria diálogo con los líderes de partidos, que debía realizarse en el transcurso de la semana, puesto que del proceso fueron excluidos los convocantes del paro y representantes del pueblo colombiano.

Los hitos del terror en Colombia

En la última sección de Desde Donde Sea, Pérez Pirela realizó un recuento de algunos de los hitos de terror que ha padecido Colombia durante las últimas décadas, empezando por las protestas de fines de 2019, si bien desde que arribó al poder en 2018, el actual presidente de ese país ha tenido que enfrentar protestas multitudinarias que se han prolongado durante varias semanas y que han tenido como protagonistas a los jóvenes.

Explicó que tras la firma de los acuerdos de paz con las FARC, esta generación no solo rechaza la violencia, sino que demanda al Estado políticas que mejoren sus condiciones de vida.

Alentados por esa posibilidad, en noviembre de 2019, cientos de manifestantes colmaron las calles de Colombia, convocados por el llamado Comité Nacional del Paro: sindicatos, estudiantes, indígenas, ambientalistas y opositores protagonizaron tres semanas de protestas a favor de la educación pública y gratuita, contra la corrupción, en respaldo al Acuerdo de Paz de 2016 y en repudio al asesinato sistemático de líderes sociales y exguerrilleros.

Refirió que entonces, las protestas dejaron un saldo de cuatro fallecidos y unos 500 heridos, entre los que resaltó especialmente el caso de Dylan Cruz, joven de 18 años que fue asesinado en las protestas por la Policía, porque fue visto por los manifestantes como un ejemplo de la impunidad de la que goza la fuerza pública, que, entre otros señalamientos, ha sido acusada de violar menores o ejecutar civiles, haciéndolos pasar como guerrilleros.

En 2020, el descontento volvió en razón de la brutalidad policial y el detonante fue el asesinato de Javier Ordóñez, de 43 años, a manos de uniformados que lo sometieron a un violento castigo físico.

Al hacerse pública la noticia, la gente se lanzó sobre más de un centenar de puestos policiales, que quedaron destruidos. Murieron 13 personas en la capital y en sus alrededores, la mayoría, jóvenes entre 17 y 27 años. Cientos resultaron heridos e inclusive la alcaldía de Bogotá denunció que los uniformados dispararon indiscriminadamente contra los ciudadanos.

Por estas acciones, recordó el comunicador, el gobierno pidió perdón por los excesos de la fuerza pública y en abril de 2021, uno de los policías fue condenado a 20 años por la muerte de Ordóñez.

De manera similar, en el presente, la reforma tributaria fue el detonante de las manifestaciones, aunque no su causa fundamental, si bien no puede dejarse de lado que la pandemia trajo consigo una crisis económica en el que la pobreza alcanza al 42,5% de los hogares y el desempleo supera el 16%.

Pese a lo dicho, Iván Duque presentó ante el Congreso una iniciativa que pretendía incrementar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los servicios públicos y mercancías esenciales, así como ampliar la base tributaria, pues se obligaría a los más pobres a tapar el hueco fiscal.

«La violencia contra el pueblo colombiano, el terrorismo de Estado, la represión y las masacres no nacieron en los últimos días. Se trata de una violencia generalizada e histórica. La novedad es que, por primera vez, la comunidad internacional pone el foco sobre Colombia, que cuenta con un historial de criminalización de quienes se opongan a los intereses de la oligarquía», reiteró Pérez Pirela.

Para sustentar este alegato, hizo referencia al exterminio del que fueron objeto los militantes del partido político Unión Patriótica (UP). Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre 1985 y 1993, fueron asesinados 1.163 integrantes de la UP y desaparecidos otros 123, en un contexto de masacres relacionadas con la dinámica electoral, situación que, con sus bemoles, hoy sufren los miembros del partido Comunes, pues después de abandonar la lucha armadas, la oligarquía comenzó a masacrarlos.

Además, mencionó que según el Informe ¡Basta Ya!, Colombia: memorias de guerra y dignidad, publicado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1985 y 2012, se registran 1.982 casos de masacres que dejaron 11.751 víctimas, fenómeno que desde entonces no ha dejado de crecer.

De acuerdo con esa fuente, el paramilitarismo ejecuta el 58,8%; las guerrillas, el 17,3%; la fuerza pública, el 8%; grupos armados no identificados el 14% y un 1% por unión de militares y paramilitares.

Históricamente, se precisa que la región que más ha sido afectada por las masacres es el departamento de Antioquia, en cuyo territorio se perpetraron 598 de las 728 masacres registradas desde el inicio del conflicto armado hasta la firma del acuerdo de paz en 2016, la mayor parte de estas en la región de Urabá, que en los años 70 y 80 fue un enclave territorial importante para las guerrillas de las FARC-EP y el ELN.

A fines de los años 80, el flujo constante de masacres anunció la llegada de los paramilitares. La matanza continuó en la década siguiente, en la medida que se propagaba la campaña contra las insurgencias de izquierda.

Pérez Pirela destacó que después de la formación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Urabá se convirtió en uno de los puntos de expansión del paramilitarismo hacia otras zonas del país, al punto tal que para 2000, estaba bajo el control paramilitar y aunque la frecuencia de las masacres disminuyó, aumentó de forma exponencial en otros lugares, en la medida en que se creaba un corredor estratégico que enlazaba la región con la costa norte y el oriente del paso.

En el departamento, la ciudad con mayor número de masacres es Medellín y estas reflejan las complejas interacciones entre pandillas, paramilitares, guerrillas y narcotraficantes, transversales a todos los grupos irregulares, que, en conjunto, han creado ciclos de «terrorífica violencia», sintetizó el analista.

Estas han tenido como protagonistas a la fuerza pública y el paramilitarismo en el marco de una campaña contra las guerrillas por el control de los barrios periféricos entre finales de la década de 1990 y principios de 2000, si bien se precisa que las más recientes fueron cometidas por las Bacrim –bandas criminales–, por representantes de la mafia y de las pandillas que seguían luchando por el control de narcotráfico, indispensable para el mantenimiento de la economía nacional.

En el documento consultado por Pérez Pirela, también se indica que entre 1979 y 1991, un promedio anual de 25 jueces o abogados fueron asesinados o sufrieron atentados; entre 1960 y 2018 se han presentado 24.518 víctimas, la mayoría pertenecientes a la población civil.

Varias de estas masacres perpetradas por paramilitares, en complicidad con las fuerzas castrenses regulares, se realizaron contra miembros de la UP y otros grupos políticos. Hasta diciembre de 2020, se registraron 66 masacres en distintas regiones del país y una degradación del conflicto, con un promedio de una masacre cada dos días, solo en ese año, mientras que la ONU documentó el asesinato de 97 defensores de los derechos humanos en el mismo período.

Paramilitares a sus anchas: la masacre de El Salado

Para cerrar la edición, el filósofo detalló los pormenores de la masacre de El Salado, acción cometida por las AUC entre el 16 y el 21 de febrero en el municipio Carmen de Bolívar, departamento de Bolívar (norte).

En esos días, en la villa y lugares cercanos, miembros de un grupo paramilitar conocido como Los Cara Tapadas cometieron un número significativo de crímenes contra civiles y obligaron a más de 4.000 personas a huir de la región.

Meses antes, Carlos Castaño, jefe de las AUC, sentenció: «los guerrilleros son objetivo militar, estén de civil o estén uniformados» y la planificación de las acciones corrió por cuenta de los jefes paramilitares del Bloque Norte de las AUC en el departamento de Magdalena, Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo y John Henao, cuñado de Castaño.

Según contó Pérez Pirela, en la operación armada participaron 450 paramilitares, divididos en tres grupos, que cercaron a la comunidad para impedir la salida y la entrada de personas, pues les interesaba controlar ese territorio para desarrollar actividades ilícitas ligadas con el narcotráfico, la extorsión y el contrabando de armas.

El 23 de diciembre de 1999, un helicóptero paramilitar sobrevoló el casco urbano de El Salado y arrojó volantes que invitaban a los pobladores a celebrar las festividades de fin de año. Según la octavilla, sería la última vez que lo harían, pese a ello, las autoridades no hicieron nada para proteger a la población ni para frenar a los paramilitares.

Inclusive, el 15 de febrero de 2000, el Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de Colombia alertó sobre fuertes indicios de que un fuerte incidente de violencia estaba por ocurrir en la zona.

Paralelamente, una unidad de la extinta guerrilla de las FARC atacó repetidamente a uno de los grupos paramilitares que avanzaba hasta El Salado, pero se vio obligada a replegarse porque los miembros de la AUC recibieron refuerzos y atacaron a la insurgencia izquierdista con un helicóptero artillado, lo que les dio carta blanca para actuar a sus anchas durante varios días, en los que asesinaron cruelmente a decenas de personas y violentaron de diversos modos a los pobladores de la zona.

Según el Centro Nacional de la Memoria Histórica, inicialmente se identificaron 59 víctimas fatales: 51 hombres y ocho mujeres, aunque con posterioridad la Fiscalía dictaminó que eran más de cien.

De vuelta al presente, dejó para la reflexión lo apuntado por el periodista y filósofo Eduardo Rothe, quien refiere: «Duque retrocede matando, esperando que el miedo calme la furia popular. ¿Podrán las mujeres y hombres de Colombia hacer lo que creen poder hacer? ¿Llegará el momento en que los gringos, la oligarquía y/o los militares consideren prescindir de su sanguinolento payaso para calmar el furor del pueblo’ ¿Cuántas veces más deberá caer acribillado Jorge Eliécer Gaitán en las calles de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Palmira y otras tantas ciudades, para que Colombia alcance una paz que no sea la paz de los sepulcros? Si este movimiento decae, ¿será para siempre o solo por el tiempo necesario para repetirse con más fuerza?».

(LaIguana.TV)

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