El diputado José Brito, quien preside la Comisión Especial de Investigación contra Daños a la República cometidos durante la legislatura anterior (2016-2021), reveló este miércoles detalles de una trama de corrupción en la compañía Monómeros Colombo-Venezolanos, filial de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) que está bajo el control de agentes del exdiputado Juan Guaidó desde 2019, uno de los cuales tiene comprobados nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo colombiano.

Según relató Brito en una conferencia de prensa, el pseudogobierno de usurpación de Guaidó acordó designar directivas «ad hoc» para la estatal petrolera y para la Corporación Venezolana de Petróleo (CVP), quedando esta última conformada por Miguel Ángel Antonio Soto Quintana, Gabriel Alejandro Rodríguez Rubio, Javier Ricardo Linares Peña, Luis Eduardo Giusti Lugo y Guillermo Andrés Benzecri Izaguirre.

De la lista de pseudofuncionarios, el parlamentario apuntó hacia Benzecri Izaguirre, cuya familia –particularmente su hermano Rodolfo– mantiene nexos de larga data con el narcotráfico colombiano, específicamente con Fabio Ochoa, socio de Pablo Escobar Gaviria, según puede constatarse a través de una búsqueda simple en internet.

Adicionalmente, denunció que también se conoce sobre la relación entre los hermanos Benzacri Izaguirre y otros de sus familiares con Pedro Barriga, alias «Toyota», un ciudadano colombiano que ejerce liderazgo en el grupo narcoparamilitar Los Rastrojos, así como con Elkin Javier López Torres, alias «Doble Rueda», un nombre que no es desconocido en Venezuela porque desde su finca partieron los mercenarios que ejecutaron la fallida Operación Gedeón.

La pesquisa de los miembros de la Comisión Especial de la AN determinó que «grupos del interinato» habían conseguido infiltrar a Guillermo Benzecri en la junta directiva ad hoc de la CVP, con el propósito de hacerse del control de Monómeros. Incluso, aseguró, la primera opera desde las oficinas de la segunda, en la ciudad de Cali. 

Para atisbar la trama de corrupción que involucra a las dos instancias, José Brito insistió en que es imprescindible reparar en el cambio en el esquema de producción operado en el seno de Monómeros, particularmente en lo tocante a la urea, que en el segundo trimestre de 2019 representaba el 14% de todo lo producido y, un año después, la cifra había trepado hasta 62% y, luego de tres meses, a 72%. 

Más allá de los cuestionamientos que podrían formularse por la sobreproducción de urea en desmedro de otros petroquímicos, los Benzecri Izaguirre aparecen en escena porque, según cifras de Monómeros correspondientes al tercer trimestre de 2020, el 65% de toda la urea producida por la compañía se comercializó a través de un conglomerado de empresas cuyo representante legal es Roberto Benzecri Izaguirre. 

«¿Cómo se explica que una persona vinculada en hecho público, notorio y comunicacional con carteles del narcotráfico colombiano a un cargo ad hoc, así sea un cargo de papelillo?», se preguntó el legislador, al tiempo que señaló que esto sucede «con la complicidad del Gobierno de Colombia», puesto que «hay evidencia de que el señor Pedro Barriga (…) es una persona directamente vinculada al mentor del señor presidente de Colombia, Iván Duque, que es el señor Álvaro Uribe Vélez».

Asimismo, Brito anunció que, aprovechando la aparente disposición que tendría el exdiputado Guaidó para dialogar, la Comisión Especial que investiga los daños al patrimonio cometidos entre 2016 y 2021 lo invitará para que le explique al país cómo fue que designó como directivo «ad hoc» de una empresa venezolana a Guillermo Benzecri Izaguirre, cuando «es un hecho público, notorio y comunicacional» que él y su hermano Roberto «son personas vinculadas a los carteles del narcotráfico colombiano» que en esta ocasión se aprovecharon de su posición para apuntalar la sobreproducción de urea en Monómeros y controlar su comercialización. 

En Colombia, «la urea va fundamentalmente a dos industrias: la de las flores y la del narcotráfico. Si no fue a la industria de las flores, ¿a dónde fue?», dijo al respecto. 

El parlamentario opositor recordó que si bien la Comisión Especial tiene como propósito establecer responsabilidades políticas y no penales, entre sus funciones está ayudar a los órganos administradores de justicia a «evacuar pruebas» que permitan iniciar los correspondientes procesos penales y, de ser el caso, imponer las penas a los responsables de esas acciones. 

Por este motivo, informó que estos hallazgos serán entregados a la Fiscalía General de la República, pero también a la Fiscalía de Colombia, porque esto ocurrió en su territorio y el ente está obligado a dar curso a una investigación en la que se cite a los presuntos implicados en esta trama y se explique, a la luz de las leyes, cómo el dinero del narcotráfico colombiano ingresó a Monómeros. 

(LaIguana.TV)