Alexis Algarra, consultor jurídico de la Federación de Ganaderos de Venezuela (Fedenaga), asegura que su gremio concurrió al llamado de la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional del Parlamento para «defender los derechos y reivindicaciones de los productores agropecuarios venezolanos, particularmente de los ganaderos», en medio de las múltiples «dificultades y carencias» que les afectan actualmente.
En el inventario de problemas a los que hizo referencia el abogado en su conversación con la periodista Mirelvis Gutiérrez para LaIguana.TV, Algarra mencionó ausencia de «seguridad jurídica» que, en su criterio, compromete el patrimonio de los productores agropecuarios del país.
En segundo lugar, aludió a la escasez de diésel, un asunto que resulta crítico para su labor, para la que diariamente se requieren unos «30.000 barriles diarios de diésel».
«El 80% –quizá más– de los equipos, de las maquinarias mayores, menores que se utilizan en las labores de campo, utilizan diésel, también conocido como gasoil. (…) Tractores, plantas eléctricas, motobombas, cosechadoras, equipos de riego (…) Si no tenemos diésel, se hace imposible ejecutar esas labores de campo, efectos que se ven, de no hacerlas, a largo plazo», detalló al respecto.
Por eso, aseguró que Fedenaga les ha demandado respuestas adecuadas a las autoridades, aunque también, dijo, el gremio ha presentado propuestas relacionadas con la posibilidad de «implementar o explorar alternativas para la importación de combustible», alternativa viable, desde su punto de vista, si se construye con el concurso del sector público y el sector privado.
Algarra también precisó que los productores se mantienen «en interacción permanente con todos los factores políticos» que muestren interés en conversar con ellos, porque necesitan «que el mundo político, el sector político, que quienes toman las decisiones que nos afectan a todos los venezolanos, miren hacia la ganadería».
A su parecer, el papel de los trabajadores del campo es «producir para abastecer el mercado nacional», pero también exportar para generar ingresos en divisas para el país, en este momento completamente necesarias, aunque para alcanzar estas metas, «necesariamente hay que tomar decisiones políticas que dependen de los políticos».
El representante de los productores agropecuarios destacó que el sector ganadero cuenta con una tradición de más de cinco siglos y no solamente está preparado para avanzar en la dirección que hoy la situación exige, sino que además está comprometido con el país.
«Queremos ver un futuro espléndido para todos los venezolanos y contribuir con lo que nos toca, de manera responsable, que se refiere a la producción de alimentos suficientes y a precios accesibles para los consumidores venezolanos», añadió.
Por otro lado, aunque reconoció que el sector no ha escapado a la «debacle económica» de los últimos años, exhortó a las autoridades a «que se ataquen las causas de ese flagelo, con miras a que podamos retomar la senda de crecimiento y de prosperidad.
En ese mismo orden, aseguró que la responsabilidad sobre los precios de los rubros del campo «no recae sobre los productores primarios», sino que ello es la resulta de la pérdida de «confianza» en la moneda nacional, lo que a su vez ha impelido a las personas a «refugiarse y proteger su patrimonio en moneda dura».
El consultor jurídico de Fedenaga sostuvo, asimismo, que, pese a la compleja situación económica de Venezuela, el gremio ha tomado medidas para evitar que los trabajadores del campo abandonen su actividad o migren a terceros países para ejercerla.
En este orden, puntualizó que «los trabajadores del campo en el sector primario, son de los mejores pagados», en tanto los de menor escala reciben un salario mensual en torno a los 60 dólares, además de otros beneficios como «alimentación, vivienda, bonos o ayudas».
Con respecto a las solicitudes que ha puesto sobre la mesa Fedenaga en sus encuentros con la Comisión de Diálogo, Paz y Reconciliación Nacional, defendió que no se han requerido «cosas imposibles o absurdas», sino bastante concretas que redundan y tributan al aumento de la producción nacional» que, en un buen caso podrían transformarse en exportaciones y, con ello, en una fuente de divisas.
Para concluir, Algarra comentó que desde el año pasado se está demandando una reforma de Ley Penal a la Actividad Ganadera, motivada por el hecho de en el país «anualmente se pierden 600.000 reses a manos de la delincuencia», con las que bien podría oxigenarse «a la economía agropecuaria nacional». Sin embargo, aunque las partes involucradas reconocen que se trata de un asunto fuera de toda discusión, todavía la iniciativa no se ha concretado.
(LaIguana.TV)
