Una médica colombiana que prestaba servicios en la Clínica Imbanaco de Cali (departamento de Valle del Cauca, Colombia) fue despedida después de que escribiera en un grupo de WhatsApp que compartía con colegas que le pagaría a paramilitares para que asesinaran a indígenas.
«Aquí más de uno se puede delicar –molestar–… pero dan ganas de que vengan las autodefensas y acaben literalmente con unos mil indicios. Así poquito, nada más para que entiendan… ¡Ay, yo supiera dónde tengo que dar plata para que esto pase, allá voy volando! Si alguien sabe, me avisa», reza el mensaje, que fue divulgado inicialmente por la cadena Noticias UNO protegiendo la identidad de su autora, a la que se refirieron solamente por su apellido: Rojas.
Al hacerse público el mensaje, se generó una oleada de indignación en las redes sociales. Según apunta la agencia RT, «los usuarios han pedido una investigación» en contra de la médica «por instigar al genocidio».
La infeliz declaración se produjo en un contexto de creciente represión en Cali, devenida en epicentro nacional de las protestas antigubernamentales que han sacudido al país desde el pasado 28 de abril y poco después de que la Minga Indígena fuera atacada a balazos por civiles armados cuando intentaba incorporarse a las manifestaciones.
El pasado 9 de mayo, ocho comuneros resultaron heridos de bala, según denunció el Consejo Regional Indígena del Cauca. Adicionalmente, los indígenas fueron apuntados con armas largas y agredidos verbalmente con la voz racista: «¡Váyanse, váyanse indios!», como pudo constatarse a partir de videos tomados desde el lugar de los hechos y difundidos ampliamente a través de las redes sociales.
La televisora aseguró que había contactado a la profesional para consultarle sobre su «idea de apoyar financieramente a grupos criminales y sobre el cumplimiento del juramento hipocrático cuando debía atender a indígenas», sintetiza RT. Ella respondió con un comunicado. Según la cadena, trató de impedir la divulgación del mensaje de odio alegando razones jurídicas.
«La información en esa captura de pantalla, esto es, mi nombre y número de teléfono móvil, fueron divulgados sin mi consentimiento y además vulnerando la expectativa de privacidad de la información en el contexto de un grupo de mensajería instantánea compartido con compañeros de profesión», reza parte del texto enviado por Rojas a Noticias UNO.
De su parte, la Clínica Imbanaco de Cali rechazó la postura de la médica e intentó deslindarse del escándalo, señalando a la cadena que ella ejercía «su práctica privadamente» en el consultorio que tenía en el centro de salud, pero sin hacer «parte de su nómina».
En un comunicado posterior, la institución informó que con base en lo estipulado en el Código de Ética, Conducta y Régimen Sancionatorio adoptado por la clínica, en el que se estipula que «ningún grupo de interés (…) podrá discriminar o favorecer a los pacientes en razón de su filiación política, credo religioso, etnia, raza o preferencia sexual» y «después de un análisis responsable de los hechos», había puesto fin «unilateral» a su relación laboral con la profesional sanitaria. Se abstuvieron de revelar su identidad por «razones de seguridad».
De otro lado, medios locales difundieron un texto que, aseguran, es de la autoría de Rojas. Indican que la médica borró su perfil en las redes sociales y su veracidad no ha podido ser comprobada por terceros, si bien es cierto que hasta el momento, el contenido tampoco ha sido desmentido.
En el documento, aparecido bajo la firma de Juliana Andrea Rojas Neira, se ofrecen sus «más sinceras disculpas a la comunidad indígena», así como a todos cuantos se ofendieron por lo que denomina «expresiones totalmente equivocadas» usadas en una conversación privada.
La persona achacó sus comentarios racistas y violentos al hecho de haber sido alcanzada por «el miedo, el agobio y la impotencia» que sentía en el «contexto de terror» que vive la ciudad de Cali.
«Ese desafortunado comentario lo hice dentro de un entorno de colegas que consideraba cercanos, pues quienes me conocen saben que jamás intentaría algo parecido a lo que ahí se expresa», figura más adelante.
Finalmente, manifestó que tras la divulgación de su nombre, número de teléfono y fotografía, había recibido «amenazas directas y serias», razón por la cual teme «por su vida» y especialmente, la de sus hijos menores.
RT sostiene que «algunos usuarios de las redes consideran como moderada la determinación de la clínica y piden que se le retire la licencia médica y que se abra una investigación judicial en su contra por promover el genocidio».
Por su parte, el Estado colombiano ha mantenido una actitud cuando menos tolerante con el racismo hacia los indígenas, cuando no, directamente racista. Así, el presidente Iván Duque responsabilizó a líderes indígenas de la violencia en Cali y les solicitó que retornaran «nuevamente a sus resguardos».
En la misma tónica, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, escribió en Twitter un mensaje de contenido abiertamente racista: «Algunos indígenas del Cauca olvidan que colegios, acueductos, centros de salud, electrificación, subsidio de viviendas que hay en sus municipios se hacen con impuestos pagados mayoritariamente en Bogotá, Medellín, Cali y otras ciudades», por el que recibió numerosas críticas de los internautas, pero ningún reclamo o exhorto de las autoridades.
(LaIguana.TV)
