Como parte de las acciones que adelanta el gobierno de Jair Bolsonaro para expulsar a los diplomáticos venezolanos destacados en Brasil, Folha de São Paulo reportó que la Policía Federal abrió un proceso de investigación para concretar su deportación. 
 
Según reseña el medio, el pasado 13 de mayo, la Superintendencia de la Policía Federal del Distrito Federal notificó a María del Pilar García, Ángel Gustavo Rodríguez, Freddy Efrain Meregote, Irene Auxiliadora Rondón, así como al general Manuel Barroso, quien funge como agregado militar de Venezuela en ese país, que contaban con «diez días para presentar su defensa técnica escrita». 
 
Folha de São Paulo precisa que si bien «los procesos de deportación son el resultado de meses de disputa» entre el gobierno de Bolsonaro y «los diplomáticos de Maduro», agrega que la jefa la misión venezolana, Irene Rondón, «se reunió con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en su visita a Brasilia, a inicios de mayo», por lo que el movimiento de las autoridades brasileñas puede interpretarse como una represalia, especialmente si se considera que el Partido de los Trabajadores (PT), del que «Lula» es líder histórico, ha adelantado variados esfuerzos para evitar la expulsión de los funcionarios venezolanos.
 
A ese respecto, cuando la Cancillería brasileña –Itamaraty– dejó de emitir los documentos de identidad para el personal diplomático designado por Caracas, con lo que aspiraban que abandonaran el país en un máximo de 60 días, el diputado Paulo Pimenta (PT) introdujo un amparo ante el Tribunal Supremo Federal (TSF), pedido que fue finalmente atendido por el ministro Luís Roberto Barroso, quien suspendió la expulsión «mientras durase el estado de calamidad pública por la COVID-19», que concluyó formalmente el pasado 31 de diciembre. 
 
Empero, a pesar de lo insinuado por el diario paulista, la arremetida de Itamaraty hacia los diplomáticos venezolanos inició en septiembre de 2020, cuando los declaró ‘personas no gratas’, acción que deja sin efecto su inmunidad y privilegios, aunque no fue hasta febrero de 2021 que los representantes del gobierno venezolano recibieron una comunicación en la que se les obligaba a regularizar su estatus migratorio «como ciudadanos comunes» en un máximo de 60 días o tendrían que abandonar el país y, una vez vencido el plazo, se iniciaron los trámites para su expulsión.
 
La Policía Federal se negó a dar detalles a Folha de São Paulo, argumentando que «no divulga informaciones respecto de procesos administrativos en contra de personas determinadas, en razón del secreto legal que protege a los titulares de las informaciones», mientras que la Cancillería aseguró que el hecho de haber impuesto la declaratoria de «persona no grata» sobre los funcionarios, no contraviene el dictamen del TSF. 
 
En todo caso, estos ataques diplomáticos responden fundamentalmente al hecho de que la administración de Bolsonario rompió lazos con el gobierno de Venezuela, cuando procedió a reconocer el «interinato» del exdiputado Juan Guaidó en 2019 y admitió como válida su «representación» en Brasilia.
 
En la práctica, el empeño del gobernante afectó el manejo de los asuntos diplomáticos y consulares entre Venezuela y Brasil, que se encuentran prácticamente suspendidos tras haber mantenido relaciones históricamente cordiales. Durante los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, el relacionamiento de los dos países alcanzó el nivel de cooperación estrecha en diversos ámbitos. 
 
(LaIguana.TV)