Este lunes 24 de mayo, Miguel Ángel Pérez Pirela destinó la edición 314 de su programa Desde Donde Sea a discutir algunos decursos de la grave situación que atraviesa a Colombia, sumida desde el pasado 28 de abril en una ola de protestas antigubernamentales que han sido duramente reprimidas por las fuerzas del orden y que los medios de comunicación, especialmente la revista política Semana, primero optaron por acallar y, luego, por satanizar.
El más reciente movimiento de Vicky Dávila, directora del semanario, que puede catalogarse acaso una de las plataformas propagandísticas más importantes del Gobierno del presidente Iván Duque y del uribismo en general, fue dedicar una cuestionable portada al senador Gustavo Petro, opositor a Duque, a quien responsabilizó enteramente por la violencia que atraviesa el país.
En opinión del experto venezolano, que se presente a Petro con el rostro ensangrentado, quemado y desfigurado, en un país donde los asesinatos por razones políticas, las desapariciones forzadas y las fosas comunes son moneda corriente, representa una amenaza de muerte, un llamado al asesinato y, cuando menos, una incitación a la violencia en contra del senador izquierdista, quien ya anunció que llevará a Semana a los tribunales.
Asimismo, Pérez Pirela apuntó que desde el inicio del Paro Nacional, Dávila se encargó de invisibilizar las protestas y cuando ya eso no fue posible, posicionó el mensaje que los ciudadanos que protestan eran poco menos que terroristas.
Para azuzar más a la violencia, la periodista optó por presentar a Petro, excandidato presidencial al que se le cometió fraude y por lo cual hay un juicio abierto en contra del presidente Iván Duque y su equipo de campaña, de un modo claramente promotor al odio.
Empero, Pérez Pirela destacó que ningún esfuerzo mediático-propagandístico ha podido detener a los manifestantes, pues el paro continúa a pesar de que los activistas están siendo amenazados y de que el Gobierno de Duque insiste en jugar sucio para ocultar la situación y eludir las responsabilidades, como demuestra su alianza con Semana para fabricar el ‘fake’ contra Petro.
Para contextualizar, rescató el trino con el que la periodista Vicky Dávila acompañó la censurable portada protagonizada por Petro: «Si Petro quería disimular el miedo que sigue incitando en algunos sectores, lo que ha hecho en medio de las protestas es todo lo contrario. Si usted está de acuerdo con esta editorial, acompáñelo con #PetroBastaYa».
En la misma línea de usar al senador como chivo expiatorio, el mandatario colombiano replicó: «Cuando yo gané las elecciones, el candidato que derroté dijo que él estaría en las calles todo mi mandato, que iba a protestar todo mi mandato, que su propósito era no dejarme gobernar el país», pero desde el punto de vista del analista criollo, en realidad se trata de una operación mediática para ocultar una realidad alarmante: que las fuerzas del orden y el paramilitarismo están desapareciendo, descuartizando y enterrando en fosas comunes a manifestantes de Cali.
Desapariciones, posibles fosas comunes y casas de pique en Cali
Con el propósito de sustentar su apreciación, el filósofo venezolano recuperó un tuit compartido por la periodista colombiana Patricia Villegas, directora de la multiestatal teleSUR, en el que se hace referencia al informe publicado ayer domingo por justiciaypazcolombia.com, que denuncia la existencia de posibles fosas comunes y casas de pique en Cali y citó extensamente algunos pasajes de su contenido.
En este orden, el documento inicia precisando que «desde el pasado 13 de mayo de 2021 nuestras organizaciones han recibido relatos absolutamente escabrosos y delicados que hieren la conciencia de la humanidad por el comportamiento y las prácticas policiales, que reflejan la gravedad de las consecuencias que la mentalidad y las órdenes emanadas por el más alto nivel del Estado genera al definir como ‘vándalos terroristas’ a los jóvenes manifestantes víctimas y blancos directos de planes criminales».
En el texto se sostiene que «desde el 14 de mayo se conocieron las primeras versiones de la existencia de fosas comunes en el área rural de los municipios de Buga y Yumbo en donde estarían llevando los cuerpos de muchos jóvenes caleños», a lo que se suma que «el domingo 2 de mayo, el CAM fue usado como un centro de operaciones encubiertas. Algunos jóvenes fueron llevados a unos sótanos, horas más tarde eran sacados en camionetas polarizadas».
Adicionalmente, justiciaypazcolombia.com denuncia que «dos fuentes posteriores informaron de la movilidad de camiones que, al parecer, hacen parte de los medios que usa la policía para su movilidad. En algunos de estos se habrían llevado jóvenes en horas de la noche al sector conocido como Mulaló, corregimiento de Yumbo, ubicado a 30 minutos de Cali. Allí, en un paraje previamente preparado estarían descargando cuerpos de jóvenes de los barrios populares que participan en las movilizaciones y que se dan por desaparecidos».
Según se detalla, «los jóvenes son detenidos, algunos de ellos habrían sido reportados como desaparecidos por sus amigos o familias, y en Guacarí, en Buga, 45 minutos de Cali, habrían sido ‘ajusticiados'».
La organización informa que «algunos de los sobrevivientes de los ajusticiamientos fueron encontrados con heridas por arma de fuego en centros asistenciales y hoy se encuentran aterrorizados y escondidos. Ayer, se conoció una versión más delicada de las operaciones de los grupos de civiles armados protegidos por policiales. Se habrían instalado una Casa de Pique en el exclusivo lugar de Ciudad Jardín».
Destacan, asimismo, que familiares de los jóvenes detenidos les contaron que el modus operandi es que una vez capturados, los manifestantes son llevados a una instalación policial en Meléndez y días después se desconoce de su paradero».
«Las dinámicas de represión se han ido sofisticando en estos casi 25 días con la pretensión cada vez mayor de evitar que sea identificable la responsabilidad policial en operaciones de tipo paramilitar y evidentemente criminal», asevera justiciaypazcolombia.com.
Además, continuó relatando Pérez Pirela, esta instancia demanda con urgencia «un especial para verificar las actuaciones investigativas», «dada la ausencia de imparcialidad manifiesta en desarrollo del Paro Nacional por parte de la Fiscalía General de la Nación» y reclama que «ante el temor fundado que asiste a eventuales testigos de ser victimizados en su vida, integridad y libertad, se requiere la adopción de medidas técnicas propias de la investigación judicial».
De acuerdo con lo referido en el citado informe, los testigos temen «que la policía pueda desarrollar estrategias de presión, de intimidación, de estrategias para encubrir el asesinato de más jóvenes» y que sus familias no sepan más nunca de su paradero, sintetizó.
Para cerrar este punto, mencionó que el documento incluye una lista con nombre y apellido de 120 personas –en su mayoría, jóvenes–, que han sido reportadas como desaparecidas.
Por su lado, la periodista Naile Manjarrés, directora de Investigación de LaIguana.TV, comentó en YouTube que «este fin de semana aparecieron cadáveres en el río Cauca. Hombres y mujeres tenían sus pies y manos amarrados».
La moción de censura contra Molano por crímenes de lesa humanidad
Apoyado en imágenes de El Mundo en un Minuto, producción exclusiva de LaIguana.TV dedicada en esta oportunidad a Colombia, Miguel Ángel Pérez Pirela hizo referencia a la convocatoria que hiciera el Comité Nacional del Paro a nuevas movilizaciones para este lunes 24 y para el martes 25 de mayo.
El motivo de los plantones, forma de manifestación elegida en esta ocasión, es apoyar la moción de censura en el Congreso colombiano contra el ministro de Defensa, Diego Molano, refirió, aunque los convocantes también invitan a ayudar con alimentos no perecederos, medicinas e, incluso, dinero, para sostener los puntos de resistencia en el Valle del Cauca. Para el miércoles 26 de mayo se planificó una toma pacífica de capitales, desde los municipios hasta las capitales de todos los departamentos.
Entrando en materia, el analista criollo relató que hoy inició el debate en el Senado para imponer una moción de censura al ministro de Defensa, en homenaje a los jóvenes de Colombia que han muerto o desaparecido mientras protestaban por un cambio social y político.
Según el senador Iván Cepeda, que ha estado muy activo en su cuenta de Twitter para denunciar los desmanes que se cometen en Colombia, Molano es responsable de crímenes de lesa humanidad perpetrados en Colombia desde el pasado 28 de abril, por acción y por omisión, apuntó el comunicador.
Específicamente, detalló, Cepeda denuncia que hay grupos de sicarios armados vestidos de civil, que son escoltados por la Policía Nacional. En un video compartido en sus redes sociales, se escucha decir a una mujer que quienes salen a protestar están dispuestos a todo, incluso a morir, si es necesario.
El congresista sostiene que la responsabilidad del ministro de Defensa de Duque está ligada al menos a 15 patrones de conducta, cuyos elementos probatorios están siendo presentados en el Senado y ya fueron enviados a la Corte Penal Internacional por organizaciones de derechos humanos.
El historial de mociones de censura y de terrorismo de Estado de los ministros de Defensa de Duque
Apoyado en una recopilación realizada por el diario El Espectador (Colombia), Pérez Pirela compartió con la audiencia un conjunto de datos que ponen de manifiesto la tradición histórica de terrorismo de Estado que ha caracterizado las últimas administraciones del ministerio de Defensa, particularmente bajo la administración de Iván Duque.
Así, de acuerdo con analistas políticos de colombianos, en la cartera de Defensa ha predominado la falta de liderazgo y la escasa preparación para asumir las situaciones de orden público, lo que ha llevado a situaciones como las que actualmente se viven.
Hoy, Molano, en el punto de mira del Congreso, debía responder por el tratamiento de guerra que le ha dado a la situación social, por medio de una moción de censura impuesta en su contra por la oposición. Mañana se enfrentará al mismo mecanismo pero en la Cámara de Representantes, que lo citará por exceso de la fuerza pública y la implementación de la asistencia militar en el marco del Paro Nacional, apuntó el comunicador venezolano.
Imágenes compartidas a través de las redes sociales recuperadas a propósito del programa, dan cuenta de helicópteros disparando al pueblo colombiano, pues se ha usado artillería contra los manifestantes por tierra y aire, una acción que inclusive fue criticada por José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, quien admitió que nunca había visto algo parecido.
En todo caso, resaltó Pérez Pirela, para los citantes, la situación de derechos humanos en las protestas se ha caracterizado por un uso excesivo, desproporcionado y arbitrario de las fuerzas públicas, que ha derivado en una crítica situación.
De hecho, según un informe de la ONG Temblores, al 21 de mayo se computaron 2.905 denuncias por violencia policial y 43 muertes a manos oficiales, al tiempo que la Defensoría cuenta 42 muertes, 15 de ellas relacionadas con las manifestaciones y cuatro con casos judicializados.
El Espectador recuerda que antes de que Molano estuviera en el ojo del huracán por tener «conocimiento del uso desmedido de las armas y no emitir órdenes que alentaran a los agentes a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos», estuvieron esa cartera Guillermo Botero y el recién fallecido Carlos Holmes Trujillo, quien en su paso por el cargo, «hizo todo cuanto estuvo a su alcance para propiciar una guerra contra Venezuela», remató el analista político.
El diario refiere que Botero renunció a la jefatura el 6 de noviembre de 2019, tras haber sido acusado en dos mociones de censura de haber ocultado información sobre la muerte de siete menores de edad entre 7 y 17 años en un bombardeo del Ejército en el departamento de Caquetá.
«El debate, aunque no prosperó por falta de quórum, dejó en evidencia la denuncia del senador Roy Barreras: que Botero presentó a los jóvenes como delincuentes muertos en el desarrollo de operaciones militares. Así, antes de que el Senado votara la moción de censura en su contra, Botero renunció», citó el también director de LaIguana.TV, que añadió que la razón fue haber «creado un falso positivo».
Botero fue reemplazado por Carlos Holmes Trujillo, enemigo acérrimo de Venezuela, quien en octubre de 2020 encarnó dos debates de control político y dos mociones de censura por los abusos de la fuerza pública en protestas, por haber incumplido el fallo que le dictó pedir perdón por los excesos policiales en las manifestaciones de 2019 y por la presencia de tropas estadounidenses en suelo colombiano sin haber consultado al Congreso. En su caso, el Senado revocó con 58 votos, la moción contra Holmes Trujillo, sintetizó.
Según Jairo Libreros, profesor titular de Defensa de la Universidad Externado, consultado por El Espectador para el trabajo periodístico, estas situaciones demuestran que los tres últimos ministros de Defensa de Colombia, no entienden el papel del poder civil en un Estado social de derecho.
Según Libreros, «un ministro de carácter civil en la cartera de Defensa, debe garantizar la supremacía del poder civil sobre la fuerza pública. No es una frase hecha, sino un principio liberal que sustenta la Constitución colombiana de 1991. Es increíble que un ministro diga que los menores de edad son máquinas de guerra y siga en el cargo. Se ha salvado porque la coalición política ha sido más fuerte y el partido de gobierno y otras colectividades han cerrado filas a su favor, pero sus comportamientos van en detrimento de los derechos humanos y de la legitimidad de la fuerza pública».
Por su lado, Leider Perdomo, abogado de la Corporación Jurídica Libertad de Colombia, citado por El Espectador, «Botero provenía del empresariado, Trujillo era experimentado pero con poca relación en los temas de seguridad y Molano, actual ministro de Defensa, fue presentado por Duque como estudiante del Colegio Militar y por eso, dijo que era idóneo para el cargo, cuando no hay idoneidad ni creatividad para enfrentar los problemas de orden público y, por eso, es que se acude a lo más inmediato: el uso de la fuerza».
Además, Perdomo añade que el Ejército y la Policía tienen tanto poder que se igualan al poder civil y se impone la lógica de la fuerza.
Los analistas citados por El Espectador coinciden en que «desde 1991, las mociones de censura no han servido para sacar a los ministros de su cargo, pero han servido para hacerles renunciar para evitar ser el primer caído. Por lo tanto, el efecto del mecanismo se ha cumplido políticamente», indicó el experto para cerrar el tema.
La negativa de Duque a recibir a la CIDH en Colombia
Otra arista de la compleja situación que atraviesa Colombia, es la negativa de la Casa de Nariño a autorizar la visita de los funcionarios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para una visita de trabajo motivada por las crecientes denuncias acerca de los excesos de la fuerza pública y presuntas violaciones a los derechos humanos.
La vicepresidenta y cancillera, Martha Lucía Ramírez, justificó la decisión de su gobierno, aduciendo que «primero se debe dejar trabajar a las instituciones colombianas para que los entes internacionales puedan venir al país a evaluar la situación, tras varias semanas de protestas», decisión que comunicó luego de viajar a Washington para reunirse con Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo al que también le postergó la visita para evaluar la situación en Colombia.
Pérez Pirela refirió que a la salida del evento, fue interrogada por ciudadanos colombianos residenciados en la capital estadounidense, quienes criticaron la negativa de Bogotá a recibir a los funcionarios de la CIDH, al punto de comparar al gobierno de Iván Duque con el de Maduro en Venezuela, que impidió la visita de este órgano a comienzos de 2020.
Sobre esto último, el experto matizó que, para entonces, Venezuela no formaba parte del sistema interamericano y, además, consideraba que la OEA se había constituido en un adalid del golpismo en la región, como ocurrió en el caso del golpe de Estado que se perpetrara en contra del presidente Evo Morales (Bolivia).
En todo caso, desde el 14 de mayo, la CIDH hizo una solicitud a Colombia para que le permitiera realizar una visita de trabajo orientada a verificar la situación de los derechos humanos, en el marco de hechos de violencia sucedidos durante las protestas iniciadas el pasado 28 de abril.
Desde su punto de vista, este retraso obedece a que Colombia quiere ganar tiempo para ocultar las evidencias de los múltiples desmanes a los que está siendo sometido el pueblo colombiano, bajo el amparo del Estado.
Para ilustrar el punto, compartió con la audiencia una nota aparecida en el portal de LaIguana.TV, intitulada: De lanzacohetes a tiros por la espalda: Videos de colombianos ante la brutalidad policial de Duque, que contiene una compilación de piezas grabadas y divulgadas por la ciudadanía en las redes sociales durante las últimas noches.
Los videos dejan claro que persisten los excesos, la brutalidad y el abuso de poder por parte de la fuerza pública colombiana. «Hablamos desde el uso de un lanzador de cohetes hasta disparos por la espalda contra personas desarmadas, como se ha visto desde el 28 de abril cuando iniciaron el paro y las protestas, cuya represión ha dejado, según las ONG, más de 50 muertos y un sinnúmero de heridos y desaparecidos», resumió Pérez Pirela.
A contrapelo de lo anterior, continuó relatando, Duque asegura que hay un policía muerto y más de 1.000 han sido heridos, una versión que ha sido firmemente sostenida por Semana y otros medios, que la han acompañado de otras publicaciones alarmantes, como la portada que la otrora prestigiosa revista política dedicara a Petro. En últimas, opinó, intentan victimizar a los represores y satanizar a los jóvenes que protestan, que desaparecen o que fueron asesinados.
Miniperfil de Gustavo Petro, el chivo expiatorio de Duque
Aunque se han hecho públicos los nombres de las víctimas y de los presuntos responsables de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo, Pérez Pirela señaló que aunque hay un contexto de masacres y de creciente impunidad, el gobierno de Duque ha decidido descargar toda la responsabilidad en una sola figura –y ya no es Maduro–, sino en Gustavo Petro, que hoy encabeza todas las encuestas presidenciales.
El político izquierdista militó en su juventud en el M-19, entre 1990 y 1991 ocupó el cargo de asesor en la gobernación de Cundinamarca, resultó electo en varias oportunidades al Congreso de la República, destacando su elección como senador por el Polo Democrático Alternativo en 2006, votación en la que obtuvo el segundo mayor caudal de votos del país.
En 2009, Petro renunció al cargo para aspirar a la presidencia de Colombia en las elecciones de 2010, en representación de la misma coalición. En 2011 fue electo Alcalde Mayor de Bogotá por el Movimiento Progresista y se destaca que su carrera política se ha desarrollado a través de vínculos con movimientos sindicales y obreros.
El analista venezolano precisó, asimismo, que el congresista cumplió condena en prisión durante varios años por su pertenencia al M-19. Al salir, se unió nuevamente al grupo insurgente, viajando a Santander y a Tolima donde junto a Carlos Pizarro, sentó las bases de lo que sería la paz entre la insurgencia y el gobierno de Belisario Betancourt, que al ser el primer proceso de este tipo exitoso en toda América Latina, luego sería usado como base para los realizados en Honduras y Guatemala.
Tras este éxito, Gustavo Petro, junto a otros desmovilizados, fundó el partido Alianza Democrática M-19, movimiento que consiguió un considerable respaldo popular y ayudó a redactar la Constitución de 1991. En 1994 recibió sus primeras amenazas públicas de muerte por denunciar tramas de corrupción. Optó por abandonar el país y fue designado Agregado en la Embajada de Colombia en Bélgica hasta 1996.
Regresó a Colombia en 1998, se postuló nuevamente a la Cámara de Representantes y resultó electo en la circunscripción de Bogotá. Desde 2002, denunció la presunta infiltración paramilitar en la Fiscalía General de la Nación durante la gestión de Luis Camilo Osorio, así como las múltiples alianzas de la mafia narcoparamilitar y decenas de congresistas de la coalición del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
En 2006 fue electo senador con la segunda votación más alta del país. Durante ese año destapó el escándalo de la llamada Parapolítica, que demostraba vínculos de políticos con paramilitares, lo que lo llevó a ser elegido como el personaje del año por diferentes medios de comunicación.
En 2010, cuatro días después de las elecciones en las que resultara ganador Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, buscó un diálogo con él por la tenencia de la tierra y el agua en el país.
En 2011, ganó las elecciones como alcalde de Bogotá. Su mayor logro de gestión fue reducir la tasa de homicidios, debido a que la restricción del porte de armas de fuego comenzó a mostrar resultados tangibles.
Así, subrayó Miguel Ángel Pérez Pirela, a modo de conclusión, después de lo descrito sobre el personaje, «puede entenderse la figura a la que Duque pretende atribuir toda la violencia criminal desatada por la fuerza pública contra los ciudadanos colombianos y se entiende entonces por qué Petro se convierte en la amenaza y, a su vez, amenazado de muerte, por Vicky Dávila, Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y la revista Semana; queda claro por qué se coloca a Petro en la primera página de Semana ensangrentado, quemado; evidentemente, incitando a su asesinato o, cuando menos, a la aplicación de una violencia muy cruel contra su humanidad».
(LaIguana.TV)
