La Fiscalía General de Bolivia dijo que ha iniciado los trámites para extraditar al exministro de Gobierno, Arturo Murillo, desde EEUU, con objeto de juzgarlo por corrupción, incumplimiento de deberes y otros delitos.
«El Ministerio Público ha iniciado el procedimiento de extradición previsto en nuestra normativa procesal penal para que la solicitud de extradición sea atendida y resuelta por la autoridad jurisdiccional competente», dijo en conferencia de prensa el fiscal general, Juan Lanchipa, según reportaron varios medios.
El arresto de Murillo en EEUU, junto con otros cuatro implicados, fue revelado el miércoles y desató una ola de pedidos de máximo castigo a los supuestos corruptos, incluso de parte de la expresidenta Jeanine Áñez (2019-2020) y socios políticos del exministro ahora encarcelado en Miami.
El trámite de extradición fue anunciado al tiempo que la policía de Bolivia detenía a dos estrechos colaboradores de Murillo, practicaba allanamientos y recababa información del sistema bancario, estrechando el cerco contra lo que el Gobierno calificó como «clan maleante» de la pasada administración transitoria de Áñez.
Trámite urgente
Lanchipa dijo que las gestiones iniciales estaban a cargo de la Fiscalía de La Paz, donde está abierto desde el año pasado un proceso contra Murillo y el exministro de Defensa, Luis López, por irregularidades denunciadas por la Procuraduría local en una compra de materiales antidisturbios para la policía.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó el jueves que la audiencia de lectura de cargos contra Murillo se realizaría el 7 de junio y que había la posibilidad de que el exministro logre su excarcelación bajo fianza, para defenderse en libertad.
«En ese caso, pediremos inmediatamente y con carácter de urgencia la extradición», declaró Del Castillo a la red de televisión Unitel.
Fuentes judiciales citadas por medios locales dijeron que la extradición de Murillo procedería después de que cumpla una eventual condena por lavado de dinero y extorsión, delitos derivados de la compra con sobreprecio de materiales antidisturbios, realizada en los primeros días del Gobierno de Áñez.
El supuesto lavado de dinero en bancos estadounidenses involucraría a los casi 2,4 millones de dólares que Murillo y los otros acusados habrían acopiado como sobreprecio de los materiales policiales, según la investigación de la policía federal FBI.
El proceso en Bolivia por la misma compra se refiere a delitos de daño económico al Estado, incumplimiento de deberes y tráfico de influencias, entre otros.
Cerco
Entretanto, la policía confirmó la detención de dos colaboradores de Murillo, su cuñado Daniel Aliss y su exedecán, el capitán de policía Daniel Bellot, quienes prestaban declaraciones ante los fiscales que dirigen la investigación del llamado «caso gases lacrimógenos».
Medios locales dijeron que Aliss fue detenido cuando retiraba dinero y otros valores de una caja de seguridad registrada a nombre de Murillo en un banco de Cochabamba (centro).
El capitán Bellot fue señalado por fuentes policiales como ejecutor de operaciones bancarias millonarias ordenadas por Murillo.
La policía realizó también allanamientos a las viviendas de Murillo, Aliss, Bellot y del exjefe de gabinete del exministro, Sergio Méndez, detenido también en EEUU.
(Sputnik)
