La violencia política, muchas veces tomada de la mano con el narcoterrorismo, hunde sus garras en los procesos electorales de América Latina. Bajo esta premisa, Miguel Ángel Pérez Pirela destinó la edición 317 de su programa Desde Donde Sea para cuestionar la noción de democracia que se maneja en la región, toda vez que, en su opinión, eventos como el asesinato de candidatos, masacres de líderes sociales o el terrorismo económico y social, socavan efectivamente el ejercicio soberano del sufragio.

En el ejercicio reflexivo, el analista consideró los casos de México, Colombia, Perú y Venezuela, que aún siendo de naturalezas distintas, permiten, de una parte, ilustrar la variedad de formas en las que la violencia política se ejerce y, de otra, dar cuenta del carácter histórico del flagelo.

México: Cien candidatos asesinados en cada campaña electoral

Para dar inicio a la discusión, Pérez Pirela hizo mención de los recientes asesinatos de candidatos en México y en este orden, relató que de acuerdo con reportes de la cadena teleSUR, en los últimos días se ha informado del asesinato de candidatos a alcaldías en Sonora y Tamaulipas, pero durante el transcurso de la campaña, en la que se disputan 22.000 puestos, se han computado 88 homicidios de aspirantes, especialmente a las alcaldías.

Refirió asimismo que las autoridades policiales y electorales parecen estar a merced de las bandas de crimen organizado, sindicadas por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de perpetrar los crímenes.

En su relato, comentó que Alma Barragán, candidata del partido Movimiento Ciudadano (izquierda) a la alcaldía de la ciudad Moroleón (Guanajuato), invitó a sus seguidores a un acto y poco después yacía en una camilla acribillada a balazos; que el mismo día fue atacado el candidato a la alcaldía de Acapulco, Alberto Alonso; que poco antes, tres candidatos murieron en Puebla y que en Jalisco, el candidato a la alcaldía Pedro Cumamoto recibió una cabeza de cerdo como amenaza.

El también director de LaIguana.TV detalló que la participación de la mafia en las campañas electorales, presentando a sus propios candidatos y asesinando a sus rivales, no es una realidad novedosa en México, donde durante los últimos tres años se registraron 85.000 homicidios dolosos.

Por su lado, la consultora Etelec aseguró que se trata de la campaña más sangrienta desde el año 2000 y que la mayoría de las víctimas son candidatos a las alcaldías, espacios que son importantes para la mafia porque les permiten tener el control de la Policía Municipal –indispensable para las transas ilegales–, así como para recibir información sobre la situación económica de los residentes de cara a posibles chantajes y extorsiones y para extorsionar directamente a las autoridades o conseguir contratos.

«Es una profunda herida en la democracia de México que en cada proceso electoral tengan que morir 100 mexicanos en disputas políticas», reflexionó el comunicador, aunque, en su criterio, esta cruda realidad se soporta en el hecho de que muchas campañas son financiadas con dinero ilegal proveniente del narcotráfico y de otras mafias.

Colombia I: de los asesinatos de candidatos presidenciales a las masacres y asesinatos de líderes sociales

Colombia, país con una lamentable tradición de violencia política, fue el segundo caso expuesto por Pérez Pirela, cuya expresión más visible ha sido el asesinato sistemático de candidatos presidenciales de izquierda o progresistas, pero no solamente, pues en los últimos años, la violencia estatal y paraestatal ha enfilado sus armas hacia líderes sociales, defensores de derechos humanos e incluso, civiles que participan en protestas antigubernamentales.

En su opinión, la historia de esta violencia tiene como punto de arranque el asesinato de Jorge Elécer Gaitán el 9 de abril de 1948, suceso que desencadenó el Bogotazo, «partió en dos la historia de Colombia» e inauguró una nefasta tradición de homicidios por razones políticas.

De este modo, en 1987 fue asesinado en Cundinamarca Jaime Pardo Leal, dirigente de la izquierda y de la Unión Patriótica, que como candidato presidencial en los comicios de 1986, había obtenido una cifra récord de votos. En 1989 fue el turno de Luis Carlos Galán Sarmiento. En 1990 cayeron Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León-Gómez. El primero era de origen liberal, el segundo era jefe de la Unión Patriota y el tercero acababa de desmovilizar a su grupo, el M-19, sintetizó el filósofo venezolano.

Pérez Pirela se detuvo en el caso del asesinato de Carlos Pizarro León-Gómez y explicó que en 1990, el exmovimiento guerrillero competía por primera vez a la presidencia, mientras su proyecto avanzaba en popularidad y captación de simpatías e incluso algunos analistas aventuraban una alianza entre ellos y la Unión Patriótica, orientada a construir una alternativa política desde la izquierda.

Lamentablemente, aseguró, el sicariato arrancó de cuajo la posibilidad, pues el dirigente fue ametrallado en un avión, a pesar de contar con una escolta de funcionarios de la Dirección Administrativa de Seguridad (DAS).

En enero de 2010 se determinó que funcionarios del DAS, entre ellos su exdirector, fueron partícipes de este homicidio, recalificado a partir de la investigación como crimen de Estado. En otros casos, añadió, también estuvieron implicados agentes del Estado en asociación con jefes de la mafia y paramilitares.

Mencionó también que en 1994 se usó el sicariato para acabar con Manuel Cepeda Vargas, secretario general del Partido Comunista Colombiano y líder de la Unión Patriótica. Los perpetradores fueron oficiales retirados del Ejército y ejecutaron la acción en el marco de la operación Golpe de Gracia, mediante la cual sectores del alto mando militar y el paramilitarismo procuraron la liquidación definitiva de las estructuras de la Unión Patriótca.

En dato no tan conocido, el analista señaló que el asesinato político en Colombia tiene antecedentes aún anteriores al Bogotazo, pues en 1914, otro presidenciable, Rafael Uribe Uribe, apoyaba el desarrollo del movimiento sindical y del cooperativismo, quien fue asesinado a hachazos.

Desgraciadamente, apuntó que si bien es cierto que en los últimos años no se ha asesinado a candidatos presidenciales, la lista de líderes sociales, así como de candidatos a alcaldes y a legislaturas asesinados es muy larga.

A ese respecto, indicó que de acuerdo con las cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020 han sido asesinados 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), 101 de ellos solo en 2020, mientras que en 2021 han sido ultimados 39 líderes sociales.

En juicio de Pérez Pirela, lo antes dicho permite concluir que Colombia no es una democracia, porque en un país donde cada vez que hay elecciones asesinan a candidatos presidenciales o municipales o a líderes sociales o a un partido político entero –la Unión Patriótica–, los ciudadanos votan en condiciones de extrema violencia y se exponen a ser asesinados si deciden postularse a un cargo de elección popular.

Colombia II: la violencia del Estado ejercida sobre la población civil

La violencia política en Colombia se ha extendido hacia la población civil que manifiesta en las calles demandando cambios políticos y sociales profundos al gobierno de Iván Duque y por tal razón, el experto recuperó algunos mensajes que dan cuenta del contexto represivo y de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que padece el pueblo colombiano, sin que existan señalamientos ni escándalos por parte de la mayoría de los medios de comunicación y, peor todavía, de los organismos internacionales.

En primer término, rescató el testimonio de un manifestante a quien los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) atacaron en la cara, ocasionándole la pérdida de un ojo, así como de varios músculos del rostro, lo que le impide hablar con normalidad y ejecutar ciertos movimientos.

«Es frustrante cómo el gobierno nos matan», dijo entre lágrimas el joven afectado, mientras que Paola Holguín, senadora uribista, se burlaba del incidente con la infeliz frase: «dejen de estar llorando por un solo ojo».

El comunicador recordó que la práctica de dejar a los manifestantes sin ojos, es una herencia de la represión ejecutada en Chile por el gobierno de Sebastián Piñera y resaltó que este país y Colombia, a menudo presentados como democracias modélicas, exhiben de los mayores niveles de violencia política y represión de la región.

Apuntó, asimismo, que el testimonio compartido previamente se puede multiplicar por decenas, porque las protestas tienen un mes y la represión no ha cesado. Solamente la noche de este miércoles, en Usme, al sur de Bogotá, la actuación policial dejó 185 heridos y decenas de detenidos.

Sostuvo, además, que esto ha podido conocerse debido a que gran parte del esfuerzo y trabajo de contrastación de datos y hechos, además de la denuncia ante los organismos internacionales ha recaído en analistas, investigadores, medios independientes y algunos canales como teleSUR.

Precisamente Patricia Villegas, periodista colombiana que encabeza la cadena multiestatal, realizó un reportaje sobre el día 29 del paro en Tuluá, Valle del Cauca en el que relata la quema del Palacio de Justicia local y comenta que la población está sometida a un estado de terror nocturno, con toques de queda y en un clima de crispación tal, que pocos periodistas, aún experimentados y curtidos por la tristemente natural violencia en el país, se atreven a divulgar.

Pérez Pirela indicó que a partir de estos testimonios se comprende la denuncia del senador Gustavo Petro, quien informó a través de su cuenta en Twitter de los desmanes de la fuerza pública en Bogotá –los peores desde el asesinato de Gaitán– y conminó a la alcaldesa capitalina a actuar en favor de los ciudadanos.

Por su parte, el senador Iván Cepeda Castro escribió un trino en el que acusó a «la extrema derecha colombiana» de producir «un nuevo tipo de nazismo: el narconazismo».

El comunicador insistió en que «ninguno de estos acontecimientos son aislados ni pueden interpretarse de forma aislada» y por ello mencionó el recuento que hiciera senador Gustavo Bolívar acerca de los nexos innegables, documentados por medio de fotografías, de la actual administración con el narcotráfico.

Mientras tanto, dijo para cerrar este punto, el gobierno de Iván Duque parece haber reculado o ya terminó de hacer gran parte del trabajo, pues tras haber pedido un plazo, la cancillera Martha Lucía Ramírez aseguró este miércoles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede visitar el país «mañana, si así lo desea», para constatar la situación de derechos humanos durante las protestas, que ya han dejado más de 40 fallecidos y un número indeterminado de desaparecidos.

Perú: un ataque terrorista que sirve al fujimorismo para desempolvar miedos del pasado
 
A efectos de analizar el reciente atentado terrorista en la selva del Vraén (Perú), que dejó el mortal saldo de 18 personas asesinadas, Miguel Ángel Pérez Pirela presentó a la audiencia de Desde Donde Sea parte de los datos referidos por el analista político Ociel Alí López en un trabajo publicado en RT. 
 
López apunta que este ataque, cometido a pocos días de la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Perú, tiene un objetivo muy concreto: trasladar el final de la campaña al esquema de confrontación de la década de 1990: el fujimorismo versus el terrorismo.
 
En ese sentido, refiere que la candidata derechista Keiko Fujimori aprovechó el evento para redirigir su liderazgo hacia las Fuerzas Armadas, las instituciones y el ‘establishment’ peruano que, como entonces, se siente amenazado, solo que no por Sendero Luminoso sino por la figura del profesor Pedro Castillo. 
 
En el trabajo se puntualiza que el presidente Francisco Sagasti no mencionó a Sendero Luminoso ni a ningún grupo terrorista cuando habló del hecho, pero sí aludió al «narcoterrorismo» al que calificó como «una plaga» o una pandemia», con lo que hace parte de la campaña contra Castillo.
 
A diferencia del presidente, el general César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sí apuntó directamente a Sendero Luminoso, asegurando que había identificado a los responsables y que estos pertenecían a la agrupación. 
 
Pérez Pirela señaló que los medios peruanos, también deseosos de torpedear al candidato izquierdista, reaccionaron rápido al acontecimiento y afirmaron que, según fuentes policiales, el ataque lo perpetró el Partido Comunista de Perú, militarizado por remanentes de Sendero Luminoso.
 
A su juicio, esta campaña electoral no está basada solamente «en la mentira, sino en el terrorismo», particularmente la que desarrolla la candidata Keiko Fujimori, que se vale del asesinato de 18 personas para amedrentar a la población.
 
Ociel Alí López subraya que, a pesar de las afirmaciones de ciertos voceros gubernamentales y de K. Fujimori, los nexos de Sendero Luminoso con el incidente no han sido comprobados, pues apenas la Fiscalía ordenó una investigación. 
 
Tampoco abona a esta tesis que el líder histórico de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, preso desde 1992 ni el comandante que lidera los remanentes del grupo hayan reconocido la autoría del ataque, cuando lo habitual era que reivindicaran sus atentados, que entre 1980 y 2000 dejaron más de 30.000 muertos. 
 
«El fujimorismo es la corriente política que logró introducirse en los resquicios de la organización autodenominada maoísta. Su ala más militarista y policial gira en torno a Vladimiro Montesinos, actual compañero de presidio de Guzmán», resumió Pérez Pirela. 
 
Sin embargo, estas figuras del senderismo tienen casi 30 años en la cárcel y, a su parecer, debería ponerse en cuestión si realmente podrían rehabilitar su influencia sobre células remanentes o dormidas, para participar a su modo en la campaña electoral, asunto que claramente conviene a Keiko Fujimori. 
 
De su lado, López precisa que los aparatos armados que quedan de Sendero Luminoso se han tenido que plegar a un orden pragmático, en el que su existencia está aparejada a su posibilidad de insertarse en las zonas cocaleras, como en la que ocurrió el incidente y destaca que, aunque no suela ser mencionado a menudo, Perú es el segundo productor de cocaína del mundo. 
 
Además, apunta que en el lugar de los hechos, Castillo tiene todas las de ganar en las urnas, así que la abstención inducida en esos territorios por efecto del terror, solamente mermarán el voto dirigido a su partido, de modo tal que puede comprobarse que el efecto del ataque perjudica a Castillo y beneficia a Fujimori. 
 
El analista refirió que tres semanas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ocurrió otro atentado terrorista atribuido a Sendero Luminoso el departamento de Ayacucho, sobre el cual no se han ofrecido más detalles. 
 
En relación con la popularidad de los candidatos, la empresa Datum indica que Pedro Castillo sube en intención de voto y aventaja por 4 puntos a Keiko Fujimori, al tiempo que IEP refleja una distancia de 10 puntos y para IPSOS, la diferencia es de 5 puntos. 
 
En todos los casos, destacó Pérez Pirela, Castillo sería el presidente, por lo que se entiende que el fujimorismo busque sacar ventaja de la situación y la use para edulcorar su campaña de miedo. 
 
Para concluir el tema, relató que el candidato izquierdista ha evitado las acusaciones de «venezolanización» y de «socialismo», confrontando al presidente Nicolás Maduro, a quien exigió que repatriara a los venezolanos que habían ido a Perú a delinquir, una grave acusación, que aún proferida en medio de una campaña electoral, no deja de representar la estigmatización de todo un grupo humano. 
 
Venezuela: la caotización de la vida cotidiana para impedir que el chavismo gane elecciones
 
Para cerrar la edición, Miguel Ángel Pérez Pirela expuso las manifestaciones de la violencia política electoral en Venezuela, que aunque no adopta la forma del asesinato de candidatos, ni se desaparecen o masacran personas, se asienta en un conjunto de afectaciones a la vida cotidiana de los venezolanos, que son programadas desde el extranjero y ejecutadas localmente por los agentes de los sectores antidemocráticos de la oposición. 
 
De este modo, relató, los venezolanos nos hemos acostumbrado a votar condicionados por la violencia política que se ejerce a través de la desestabilización de servicios básicos como agua, electricidad e internet; así como por un incremento desmedido en los precios de las mercancías esenciales. 
 
Refirió, asimismo, que los medios internacionales y locales alineados con la derecha venezolana, de vocación abstencionista, aportan, meses antes de la elección, su grano de arena al clima de crispación para tratar de evitar el voto. 
 
Para ilustrar el punto, compartió el titular de una nota publicada en el portal de la agencia France24, en la víspera de las elecciones legislativas de 2020 que el G4 se negó a reconocer: «La economía venezolana se hunde a días de las elecciones legislativas».
 
En una conducta que, para Pérez Pirela, forma parte del terrorismo que padece el país, los analistas citados en la nota, elevan sentencias lapidarias y muestran una realidad, pero distorsionan o desdibujan a los protagonistas. Se decían cosas como que a 10 días de las votaciones convocadas para elegir a un nuevo parlamento, cuyos partícipes afirman que ayudarán a recuperar la economía nacional, los números del país se hunden y se destaca que en las últimas tres semanas, el bolívar se devaluó en más de 60% y la hiperinflación escaló. 
 
El relato, aseguró, es casi permanente. Este año ya empezó la carrera por las megaelecciones regionales y municipales que se celebrarán el 21 de noviembre y con ella recrudecen los cortes del servicio eléctrico en el interior del país y se acentúa la especulación, que no solamente contribuyen a la devaluación del bolívar sino del propio dólar.
 
El analista defendió que estos microataques políticos a la población son perpetrados por agentes de todos los sectores derechistas, como puede comprobarse en el trabajo periodístico de Mirelvis Gutiérrez para su espacio audiovisual En La Pista. 
 
Comerciantes de Táchira dijeron a Gutiérrez que no es posible hacer transacciones cotidianas en bolívares –acaso solo a través de transferencias bancarias– y ellos se ven obligados a cambiar el dinero a pesos colombianos y a dólares, cuyo precio fluctúa arbitrariamente, razón por la cual también deben modificar constantemente los precios de las mercancías que ofrecen, perjudicando de este modo a sus clientes. 
 
«Esto debe sufrir el pueblo venezolano cada vez que hay elecciones: no hay masacres como en Perú, ni se asesina a partidos políticos enteros como en Colombia, ni cien candidatos son asesinados en cada campaña como en México, pero en Venezuela se trata de determinar el voto escondiendo los productos, subiendo los precios, atacando el sistema eléctrico, haciendo invivible la cotidianidad. Esto también es terrorismo político», dijo el comunicador venezolano, a modo de conclusión.
 
 

(LaIguana.TV)