La violencia política, muchas veces tomada de la mano con el narcoterrorismo, hunde sus garras en los procesos electorales de América Latina. Bajo esta premisa, Miguel Ángel Pérez Pirela destinó la edición 317 de su programa Desde Donde Sea para cuestionar la noción de democracia que se maneja en la región, toda vez que, en su opinión, eventos como el asesinato de candidatos, masacres de líderes sociales o el terrorismo económico y social, socavan efectivamente el ejercicio soberano del sufragio.
En el ejercicio reflexivo, el analista consideró los casos de México, Colombia, Perú y Venezuela, que aún siendo de naturalezas distintas, permiten, de una parte, ilustrar la variedad de formas en las que la violencia política se ejerce y, de otra, dar cuenta del carácter histórico del flagelo.
México: Cien candidatos asesinados en cada campaña electoral
Para dar inicio a la discusión, Pérez Pirela hizo mención de los recientes asesinatos de candidatos en México y en este orden, relató que de acuerdo con reportes de la cadena teleSUR, en los últimos días se ha informado del asesinato de candidatos a alcaldías en Sonora y Tamaulipas, pero durante el transcurso de la campaña, en la que se disputan 22.000 puestos, se han computado 88 homicidios de aspirantes, especialmente a las alcaldías.
Refirió asimismo que las autoridades policiales y electorales parecen estar a merced de las bandas de crimen organizado, sindicadas por el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de perpetrar los crímenes.
En su relato, comentó que Alma Barragán, candidata del partido Movimiento Ciudadano (izquierda) a la alcaldía de la ciudad Moroleón (Guanajuato), invitó a sus seguidores a un acto y poco después yacía en una camilla acribillada a balazos; que el mismo día fue atacado el candidato a la alcaldía de Acapulco, Alberto Alonso; que poco antes, tres candidatos murieron en Puebla y que en Jalisco, el candidato a la alcaldía Pedro Cumamoto recibió una cabeza de cerdo como amenaza.
El también director de LaIguana.TV detalló que la participación de la mafia en las campañas electorales, presentando a sus propios candidatos y asesinando a sus rivales, no es una realidad novedosa en México, donde durante los últimos tres años se registraron 85.000 homicidios dolosos.
Por su lado, la consultora Etelec aseguró que se trata de la campaña más sangrienta desde el año 2000 y que la mayoría de las víctimas son candidatos a las alcaldías, espacios que son importantes para la mafia porque les permiten tener el control de la Policía Municipal –indispensable para las transas ilegales–, así como para recibir información sobre la situación económica de los residentes de cara a posibles chantajes y extorsiones y para extorsionar directamente a las autoridades o conseguir contratos.
«Es una profunda herida en la democracia de México que en cada proceso electoral tengan que morir 100 mexicanos en disputas políticas», reflexionó el comunicador, aunque, en su criterio, esta cruda realidad se soporta en el hecho de que muchas campañas son financiadas con dinero ilegal proveniente del narcotráfico y de otras mafias.
Colombia I: de los asesinatos de candidatos presidenciales a las masacres y asesinatos de líderes sociales
Colombia, país con una lamentable tradición de violencia política, fue el segundo caso expuesto por Pérez Pirela, cuya expresión más visible ha sido el asesinato sistemático de candidatos presidenciales de izquierda o progresistas, pero no solamente, pues en los últimos años, la violencia estatal y paraestatal ha enfilado sus armas hacia líderes sociales, defensores de derechos humanos e incluso, civiles que participan en protestas antigubernamentales.
En su opinión, la historia de esta violencia tiene como punto de arranque el asesinato de Jorge Elécer Gaitán el 9 de abril de 1948, suceso que desencadenó el Bogotazo, «partió en dos la historia de Colombia» e inauguró una nefasta tradición de homicidios por razones políticas.
De este modo, en 1987 fue asesinado en Cundinamarca Jaime Pardo Leal, dirigente de la izquierda y de la Unión Patriótica, que como candidato presidencial en los comicios de 1986, había obtenido una cifra récord de votos. En 1989 fue el turno de Luis Carlos Galán Sarmiento. En 1990 cayeron Bernardo Jaramillo Ossa y Carlos Pizarro León-Gómez. El primero era de origen liberal, el segundo era jefe de la Unión Patriota y el tercero acababa de desmovilizar a su grupo, el M-19, sintetizó el filósofo venezolano.
Pérez Pirela se detuvo en el caso del asesinato de Carlos Pizarro León-Gómez y explicó que en 1990, el exmovimiento guerrillero competía por primera vez a la presidencia, mientras su proyecto avanzaba en popularidad y captación de simpatías e incluso algunos analistas aventuraban una alianza entre ellos y la Unión Patriótica, orientada a construir una alternativa política desde la izquierda.
Lamentablemente, aseguró, el sicariato arrancó de cuajo la posibilidad, pues el dirigente fue ametrallado en un avión, a pesar de contar con una escolta de funcionarios de la Dirección Administrativa de Seguridad (DAS).
En enero de 2010 se determinó que funcionarios del DAS, entre ellos su exdirector, fueron partícipes de este homicidio, recalificado a partir de la investigación como crimen de Estado. En otros casos, añadió, también estuvieron implicados agentes del Estado en asociación con jefes de la mafia y paramilitares.
Mencionó también que en 1994 se usó el sicariato para acabar con Manuel Cepeda Vargas, secretario general del Partido Comunista Colombiano y líder de la Unión Patriótica. Los perpetradores fueron oficiales retirados del Ejército y ejecutaron la acción en el marco de la operación Golpe de Gracia, mediante la cual sectores del alto mando militar y el paramilitarismo procuraron la liquidación definitiva de las estructuras de la Unión Patriótca.
En dato no tan conocido, el analista señaló que el asesinato político en Colombia tiene antecedentes aún anteriores al Bogotazo, pues en 1914, otro presidenciable, Rafael Uribe Uribe, apoyaba el desarrollo del movimiento sindical y del cooperativismo, quien fue asesinado a hachazos.
Desgraciadamente, apuntó que si bien es cierto que en los últimos años no se ha asesinado a candidatos presidenciales, la lista de líderes sociales, así como de candidatos a alcaldes y a legislaturas asesinados es muy larga.
A ese respecto, indicó que de acuerdo con las cifras del Instituto para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2020 han sido asesinados 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), 101 de ellos solo en 2020, mientras que en 2021 han sido ultimados 39 líderes sociales.
En juicio de Pérez Pirela, lo antes dicho permite concluir que Colombia no es una democracia, porque en un país donde cada vez que hay elecciones asesinan a candidatos presidenciales o municipales o a líderes sociales o a un partido político entero –la Unión Patriótica–, los ciudadanos votan en condiciones de extrema violencia y se exponen a ser asesinados si deciden postularse a un cargo de elección popular.
Colombia II: la violencia del Estado ejercida sobre la población civil
La violencia política en Colombia se ha extendido hacia la población civil que manifiesta en las calles demandando cambios políticos y sociales profundos al gobierno de Iván Duque y por tal razón, el experto recuperó algunos mensajes que dan cuenta del contexto represivo y de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que padece el pueblo colombiano, sin que existan señalamientos ni escándalos por parte de la mayoría de los medios de comunicación y, peor todavía, de los organismos internacionales.
En primer término, rescató el testimonio de un manifestante a quien los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD) atacaron en la cara, ocasionándole la pérdida de un ojo, así como de varios músculos del rostro, lo que le impide hablar con normalidad y ejecutar ciertos movimientos.
«Es frustrante cómo el gobierno nos matan», dijo entre lágrimas el joven afectado, mientras que Paola Holguín, senadora uribista, se burlaba del incidente con la infeliz frase: «dejen de estar llorando por un solo ojo».
El comunicador recordó que la práctica de dejar a los manifestantes sin ojos, es una herencia de la represión ejecutada en Chile por el gobierno de Sebastián Piñera y resaltó que este país y Colombia, a menudo presentados como democracias modélicas, exhiben de los mayores niveles de violencia política y represión de la región.
Apuntó, asimismo, que el testimonio compartido previamente se puede multiplicar por decenas, porque las protestas tienen un mes y la represión no ha cesado. Solamente la noche de este miércoles, en Usme, al sur de Bogotá, la actuación policial dejó 185 heridos y decenas de detenidos.
Sostuvo, además, que esto ha podido conocerse debido a que gran parte del esfuerzo y trabajo de contrastación de datos y hechos, además de la denuncia ante los organismos internacionales ha recaído en analistas, investigadores, medios independientes y algunos canales como teleSUR.
Precisamente Patricia Villegas, periodista colombiana que encabeza la cadena multiestatal, realizó un reportaje sobre el día 29 del paro en Tuluá, Valle del Cauca en el que relata la quema del Palacio de Justicia local y comenta que la población está sometida a un estado de terror nocturno, con toques de queda y en un clima de crispación tal, que pocos periodistas, aún experimentados y curtidos por la tristemente natural violencia en el país, se atreven a divulgar.
Pérez Pirela indicó que a partir de estos testimonios se comprende la denuncia del senador Gustavo Petro, quien informó a través de su cuenta en Twitter de los desmanes de la fuerza pública en Bogotá –los peores desde el asesinato de Gaitán– y conminó a la alcaldesa capitalina a actuar en favor de los ciudadanos.
Por su parte, el senador Iván Cepeda Castro escribió un trino en el que acusó a «la extrema derecha colombiana» de producir «un nuevo tipo de nazismo: el narconazismo».
El comunicador insistió en que «ninguno de estos acontecimientos son aislados ni pueden interpretarse de forma aislada» y por ello mencionó el recuento que hiciera senador Gustavo Bolívar acerca de los nexos innegables, documentados por medio de fotografías, de la actual administración con el narcotráfico.
Mientras tanto, dijo para cerrar este punto, el gobierno de Iván Duque parece haber reculado o ya terminó de hacer gran parte del trabajo, pues tras haber pedido un plazo, la cancillera Martha Lucía Ramírez aseguró este miércoles que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede visitar el país «mañana, si así lo desea», para constatar la situación de derechos humanos durante las protestas, que ya han dejado más de 40 fallecidos y un número indeterminado de desaparecidos.
(LaIguana.TV)