El estallido social de Colombia, el mayor de su historia reciente, cumple este viernes un mes, y se espera una jornada de protestas antigubernamentales masivas en momentos en que, sin una salida a la vista, las fuerzas de seguridad siguen reprimiendo el movimiento que dejó decenas de muertos, miles de heridos y cientos de desaparecidos.

Marchas, bloqueos de rutas, actos culturales y musicales, «plantones» y cacerolazos están previstos para este viernes en Colombia, todas variantes de las manifestaciones convocadas por el Comité Nacional del Paro (CNP), el conglomerado de organizaciones que promueve las protestas.

El Gobierno del presidente Iván Duque, en tanto, muestra ambigüedad sobre la pretensión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de visitar el territorio para relevar las frecuentes denuncias de violencia institucional y policial contra manifestantes.

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez dijo el jueves que la CIDH puede venir a Colombia «sin ningún problema», un cambio de postura respecto de lo anunciado días antes, pero el presidente fue más esquivo y evitó dar fechas, apenas una jornada después de un duro informe del organismo sobre abusos de las fuerzas de seguridad.

La visita de la CIDH quedó en el centro de la escena porque el cuerpo había pedido llegar a Colombia y el Gobierno prefería esperar a fines de junio para ese paso, un dato que la misma Ramírez le dio a los delegados de la organización en Estados Unidos, pero la noche del jueves, después del documento crítico, pareció cambiar de opinión.

La visita de organismo es clave cuando se conocen nuevas cifras de víctimas de todo tipo.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó un informe a una representante del Alto Comisionado para los derechos humanos de Naciones Unidas, y la ONG Indepaz difundió el propio, que habla de unos 60 muertos, casi 40 casos de agresiones sexuales de diversa modalidad cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado.

El informe registra asimismo 715 personas heridas por el «accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad)».

Al menos 60 personas fueron asesinadas en el marco de las manifestaciones, según Indepaz, y al menos 43 de estos crímenes fueron con presunta autoría de la Fuerza Pública, a la que también se responsabiliza por 46 personas víctimas de heridas oculares.

La ONG defensora de los derechos humanos sostiene que esta metodología, presente también en el estallido social iniciado en Chile en octubre de 2019, evidencia que no se trata de daños colaterales del control de los disturbios en la protesta, sino de un «modus operandi» de las fuerzas de seguridad en algunos países de la región.

(Télam)

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