Diversas formas de violencia, destacando entre ellas las ejercidas por el poder del narcotráfico y el capitalismo imperialista, ponen en duda el vigor de la democracia en América Latina. Los procesos electorales en nuestros países se enfrentan a diversos tipos de coerción que tienen el objetivo común de desviar los resultados e imponer candidatos y gobiernos.

El tema fue analizado en el programa Desde donde sea, a cargo del filósofo y comunicador Miguel Ángel Pérez Pirela, quien se basó en el análisis de cuatro realidades nacionales, las de México, Colombia y Perú, muy condicionadas por la narcopolítica; y la de Venezuela, claramente influenciada por las pretensiones hegemónicas de la derecha neoliberal.

“¿Se puede hablar de democracia en América Latina cuando los procesos electorales están determinados por la violencia política? Por ejemplo, en México o Colombia donde asesinan candidatos a granel, o en Venezuela, donde cada vez que vamos a un proceso electoral vemos como se nos corta la luz, los comerciantes  alimentan la inflación como fórmula de terrorismo electoral para que ganen los partidos de derecha. ¿Y qué decir de Perú, donde acaban de asesinar a 14 seres humanos como maniobra para tratar de inclinar las elecciones a favor de Keiko Fujimori?”, preguntó el moderador, como punto de partida de la reflexión, y añadió que  “si no definimos esto, vamos a seguir hablando de la democracia como un fenómeno abstracto, etéreo, no tangible”.

México
Comenzó la revisión con México, donde los asesinatos de candidatos están a la orden del día. Para evidenciarlo, presentó en pantalla varios  titulares de los últimos días, relativos a asesinatos de un candidato a alcalde en Sonora y de otro a diputado en Tamaulipas.

“En la recta final de las elecciones legislativas, regionales y locales del 6 de junio, con 22 mil puestos en disputa, ya se registran 88 candidatos asesinados. ¿Ustedes sabían eso en sus países? El gobierno  y las autoridades electorales parecen estar completamente indefensos”.

Entró en algunos detalles: La candidata a alcaldesa de Moroleón, Guanajuato, Alma Barragán, de centro-izquierda, invitó a sus seguidores a un acto y unos minutos después yacía en una camilla, acribillada a balazos. El mismo día se produjo un ataque contra Alberto Alonso, candidato a la alcaldía en el balneario de Acapulco. Poco antes, tres candidatos murieron en Puebla. En Jalisco, el candidato a la alcaldía Pedro Kumamoto recibió una cabeza de cerdo como amenaza.

El presidente Andrés Manuel López Obrador culpó al crimen organizado de todos estos actos. La participación de la mafia, presentando sus propios candidatos y asesinando a los rivales no es una realidad para nada nueva en México.

El nivel de asesinatos de políticos es proporcional a las cifras generales, pues México registró 85 mil homicidios en tres años. De acuerdo con la consultora Etellekt, se trata de la segunda campaña más sangrienta de la historia.

La mayoría son candidatos a alcaldes. Esta instancia de gobierno es importante para la mafia por al menos tres razones: 1) control de la policía municipal; 2) fuente de información sobre la situación económica de los residentes, lo que permite optimizar los chantajes de protección, delito en boga en México; 3) extorsionar al municipio y conseguir contratos públicos.

“Es una profunda herida para la democracia mexicana que en cada proceso electoral deban morir un promedio de cien mexicanos. Muchas de las campañas son financiadas con fondos ilegales, provenientes del narcotráfico y de otras mafias. Con el caso mexicano tenemos una primera demostración de que es necesario redefinir y resemantizar el concepto mismo de democracia en América Latina”.

Colombia
Prosiguió el análisis con Colombia, país con una historia y una realidad actual muy parecida en lo que respecta al uso del asesinato en la política.

La lista de candidatos presidenciales asesinados incluye a Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal,  Luis Carlos Galán Sarmiento, Bernardo Jaramillo Osa y Carlos Pizarro Leongómez. El más resonante fue el de Gaitán, en 1948, porque desató el Bogotazo, pero luego, en 1987 fue asesinado en Cundinamarca  Jaime Pardo Leal, dirigente de la izquierda y de la Unión Patriótica, que en las presidenciales de 1976 había obtenido una cifra récord de votos.

En 1989 fue el turno de Luis Carlos Galán Sarmiento (liberal). En 1990, Jaramillo Osa (Unión Patriótica) y Pizarro Leongómez (quien acababa de desmovilizar al grupo guerrillero M-19). En estos días se avizoraba la posibilidad de una alianza entre el M-19 y la muy golpeada UP para avanzar en la construcción de una alternativa política.

Carlos Pizarro Leongómez fue ametrallado dentro de un avión a pesar de “poseer escolta del Departamento Administrativo de Seguridad”. En enero de 2010 se confirmó que funcionarios de ese cuerpo, incluyendo su exdirector, participaron en el asesinato, lo que demuestra que fue un crimen de Estado. En los otros dos casos también salieron salpicados funcionarios estatales, en complicidad con la mafia y paramilitares.

En 1994 nuevamente se usó el sicariato para acabar con un liderazgo de izquierda en Colombia, el de Manuel Cepeda Vargas, secretario general del Partido Comunista Colombiano y dirigente de la Unión Patriótica, quien fue ejecutado por oficiales retirados del Ejército. Se enmarcó en la Operación Golpe de Gracia mediante la cual, sectores del alto mando militar junto al paramilitarismo avanzaron hacia la liquidación definitiva de las estructuras de la UP.

“El asesinato político en Colombia tiene muchos más antecedentes. En 1914, el presidenciable Rafael Uribe Uribe fue asesinado a hachazos. Apoyaba el desarrollo del movimiento sindical y cooperativista. Últimamente no se ha asesinado a candidatos presidenciales, pero la lista de líderes sociales, candidatos a alcaldes y a instancias legislativas es larga, muy larga: 904 líderes sociales y 276 excombatientes de las FARC-EP fueron asesinados desde el 1 de diciembre de 2016 hasta finales de 2020. En 2020 se produjeron 101 de estos asesinatos. En lo que va de 2021 ya van 39 líderes sociales asesinados”, agregó.

“Esto nos lleva a decir que Colombia no es una democracia porque no puede llamarse así a un país donde cada vez que hay elecciones asesinan  candidatos presidenciales y a todos los demás cargos. En el caso de la UP se asesinó a un partido político entero. ¿Puede postularse un ciudadano o una ciudadana si sabe que pone su cabeza en juego?”, interrogó.

Presentó en pantalla el conmovedor testimonio de un joven manifestante que quedó sin un ojo debido a la ola represiva actualmente en curso en Colombia.  También tiene dificultades para hablar por haber perdido varios músculos de la cara. Ante ello, la senadora uribista Paola Holguín reaccionó diciendo que se pretende engañar a los colombianos y a la comunidad internacional. “¡Dejen de estar llorando por un solo ojo!”, exclamó en un video.

“¿Se puede hablar de democracia cuando una senadora se burla así de este joven? –preguntó Pérez Pirela-. Por cierto, esta práctica de disparar las balas de goma directamente a la cara de los manifestantes, para causarles este tipo de daño, nació en el Chile de Piñera, con la Constitución de Pinochet. ¿Se puede hablar, entonces, de democracia en Chile? Los dos países que la derecha vende como los paradigmas de democracia están entre los menos democráticos de la región. Los que más critican a Venezuela por supuesto irrespeto a los derechos humanos, son los que cometen estas atrocidades. Todo está al revés en Latinoamérica”.

“Lo peor del asunto es que en Colombia la represión no ha cesado. Únicamente en la noche del miércoles 26 y solo en el sur de Bogotá, la actuación policial dejó 185 heridos. Los grandes medios colombianos y globales no informan sobre esto. La visibilización es posible por la difusión que hacen los ciudadanos, algunos medios independientes  (como LaIguana.TV y su programa Desde donde sea) y canales multiestatales como Telesur”.

Como muestra del trabajo que está realizando este último medio, presento el video  de la directora, Patricia Villegas, correspondiente al día 29 del paro en el Tulúa,  al sur de Valle del Cauca.

También consignó los  mensajes de los senadores Gustavo Petro, Iván Cepeda Castro y Gustavo Bolívar.

Petro informó de los desmanes: “Que tengamos 139 heridos anoche en el sur de Bogotá indica la más profunda crisis humanitaria de la historia desde el 9 de abril de 1948 La alcaldesa como jefe de policía, debería dar la.orden pública de suspender la actividad del Esmad y convocar la manifestación pública”,

Cepeda Castro dijo, por su lado: “La extrema derecha colombiana ha producido un nuevo tipo de nazismo: el narconazismo”.

Y Bolívar, en tanto, abordó el tema de los vínculos del uribismo con la droga, en un tuit acompañado de las respectivas fotos: “-Uribe y Duque con piloto q cayó en Guatemala con cocaína -Uribe con piloto q cayó con 450 kilos en Providencia. -Embajador d Duque con laboratorios de cocaína en su finca -NarcoÑeñe en campaña de Duque -Canciller en negocios con narco MemoFantasma Aquí está la próxima narcoserie”.

“Duque, al parecer, reculó en este tema o es que ya terminó su trabajo porque, luego de haberse negado a permitir la inspección, la canciller Martha Lucía Ramírez dijo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puede visitar mañana el país, si así lo desea, para constatar la situación de los derechos humanos durante las protestas que ya han dejado 40 fallecidos y un número incontable de desaparecidos”, remató Pérez Pirela, insistiendo en su pregunta sobre si se puede hablar de democracia en un país donde ocurren estas violaciones a los derechos de los ciudadanos y en el que son tan evidentes los nexos de la élite gobernante con el poder del narcotráfico.

Perú
Pasó a analizar el caso de Perú, país que se encuentra en el tramo final de la segunda vuelta presidencial y donde se están registrando hechos de una violencia política preocupante.

Citó ampliamente una nota de Ociel López en el portal RT, en la que se informa sobre una masacre atribuida al grupo guerrillero ya desarticulado Sendero Luminoso.

“El acto terrorista perpetuado en la selva del Vraem, a pocos días de la segunda vuelta electoral en Perú, tiene un objetivo muy concreto: trasladar el final de campaña al esquema de confrontación de los noventa; es decir, fujimorismo vs. terrorismo. La candidata de inmediato aprovechó el suceso para oxigenar y redirigir su liderazgo hacia las fuerzas armadas, las instituciones y el ‘establishment’, que, al igual que en los 90, se siente amenazado, solo que ahora por la figura de Pedro Castillo”. 

“El presidente Francisco Sagasti no mencionó a Sendero Luminoso ni a ninguna banda terrorista en concreto cuando habló del hecho. Planteó, eso sí, y en términos generales, la actuación del «narcoterrorismo» como una «plaga» o «pandemia». En cambio, el general César Astudillo, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, apuntó directamente a Sendero Luminoso, asegurando tener identificados con ese nombre a los autores.(…) Los medios reaccionaron rápido ante el acontecimiento y dijeron tener «fuentes policiales» que indicaban que era un ataque del Partido Comunista de Perú militarizado por remanentes de Sendero Luminoso. Nada de ello ha sido comprobado, y la Fiscalía ha ordenado una investigación, pero ya se da por descontado por la mediática hegemónica en el país.

“Ni el líder histórico del grupo armado Sendero Luminoso, Abimael Guzmán –también conocido como ‘presidente Gonzalo’ en la nomenclatura guerrillera–, preso desde 1992 en la base naval de la marina de guerra en Callao, ni tampoco el comandante que estaría liderando los remanentes del movimiento en el territorio, se habrían responsabilizado del ataque. (…) Por lo general Sendero Luminoso reconocía sin pudor sus atentados, que dejaron más de 30.000 muertes, según la Comisión de la Verdad, entre 1980 y el 2000. El fujimorismo es la corriente política que ha infiltrado de mejor manera los resquicios que quedan de la organización maoísta. Su ala más militarista y policíaca gira en torno a Vladimiro Montesinos, actual compañero de cárcel del comandante Abimael”, prosigue la nota de RT.

Estas figuras tienen casi 30 años en la cárcel y podrían reactivar su influencia sobre células operativas o dormidas con el fin de participar, a su modo, en la campaña electoral. (…) Los aparatos armados que quedan de Sendero Luminoso se han tenido que plegar a un orden pragmático. Están vivos y operativos porque se han arrimado a las zonas cocaleras. Perú es el segundo productor de cocaína del mundo. El lugar del incidente es territorio cocalero. (…) En el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), Pedro Castillo tiene todas las de ganar en las urnas, así que la abstención inducida hacia estos territorios por actos violentos solo puede mermar el voto que iba dirigido a su partido. Si el ataque hubiera sido en lugares de clase media de Lima, entonces sí buscaría aumentar la abstención o el miedo a votar hacia los seguidores de Keiko”.

“Tres semanas antes de la primera vuelta electoral, celebrada el pasado mes de abril, ocurrió otro atentado atribuido a Sendero Luminoso en Huarcatán, Ayacucho. (…) La última encuesta de la empresa Datum dice que los últimos días Pedro Castillo estaría subiendo en la intención del voto y pasando por unos 4 puntos a la candidata del fujimorismo. Otra firma, Iep, refleja una distancia de 10 puntos. Para la encuestadora Ipsos, la diferencia es de 5 puntos. En todas Castillo se convertiría en presidente”.

“El fujimorismo primero, y todo el ‘establishment’ luego, necesitan un golpe de último minuto para cambiar esta tendencia. Por eso utilizan rápidamente el acontecimiento como forma de criminalización del adversario, cuando incluso no se sabía a ciencia cierta que había pasado. (…) Sin dudas, el triste suceso beneficia a la estrategia de Fujimori. Le permite acelerar su campaña de miedo”.

“Pedro Castillo ha sido hábil. Antes que llenaran el país de vallas publicitarias contra la ‘venezolanización’ y el socialismo, el candidato salió a confrontar a Maduro y pedirle que se lleve a los venezolanos que ‘fueron a delinquir’ a Perú. Cuando lo acusaban de ‘senderista’, él sacaba su pasado ‘rondero’. Las rondas son organizaciones que se enfrentaron en el terreno a las guerrillas”.

Luego  de concluir la lectura del reportaje,  Pérez Pirela dejó en el aire nuevas interrogantes: ¿A quién le conviene este tipo de atentados?  Si hay una campaña electoral basada en el terror, ¿se puede hablar de democracia en Perú?

En interacción con la audiencia, señaló que en los tres casos estudiados se observa la presencia del narcotráfico como uno de los factores comunes. Esto permite concluir que la narcopolitica en Latinoamérica está acabando con la democracia.

Aprovechó para criticar los puntos de vista expresados por Pedro Castillo sobre los migrantes venezolanos. “Si ha comenzado a hablar de esa forma, al menos a mí me hace perderle el respeto porque una cosa es asumir una postura electoral o, incluso, electorera, y otra es generalizar, ofendiendo a los venezolanos, sobre todo porque nosotros acá tenemos a muchos peruanos desde hace mucho tiempo y no andamos por ahí diciendo que son delincuentes o sacándole en cara que llegaron con hambre y acá viven dignamente”, expresó.

Venezuela
Un tipo de violencia electoral diferente a las anteriores es la que se observa en Venezuela, pero no por ello deja de tener un gran peso en la vida política. “Acá se ejerce violencia política, sin fosas comunes, masacres o desaparecidos, pero basta que estemos en una campaña electoral para que desde Estados Unidos se conspire para cortarnos la luz y sabotear otros servicios básicos; para que se dé una escalada de especulación, agudizando situaciones de por sí difíciles.  Se incrementa violentamente los precios de los productos de primera necesidad, mientras los medios de comunicación internacionales y locales, aportan su grano de arena para tratar de evitar el voto, pues la derecha venezolana es abstencionista y trata de boicotear los procesos electorales”, explicó.

Como  uno de tantos ejemplos, presentó un trabajo publicado por el portal France 24 poco antes de las elecciones parlamentarias  de diciembre pasado, titulado “La economía venezolana se hunde a días de las elecciones legislativas”.

El subtítulo de este trabajo reza: “Venezuela se acerca a unas cuestionadas elecciones parlamentarias mientras su economía profundiza su caída, sin perspectivas de mejora en el panorama”. 

Y el texto se inicia de esta manera: “A 10 días de unas votaciones convocadas para escoger un nuevo Parlamento, y cuyos partícipes afirman servirán para mejorar la economía de Venezuela, los números del país se hunden. En las últimas tres semanas la moneda nacional, el bolívar, se ha devaluado en más de 60% y la hiperinflación ha empinado su alza”.

Pérez Pirela subrayó que este año, como ya estamos de nuevo en etapa preelectoral, se inició el recrudecimiento de los cortes de luz, las fallas en internet, los problemas con la gasolina y la especulación desatada. Se trata de microataques contra la población para agudizar el descontento.

Presentó una de las más recientes entregas del programa de LaIguana.TV En la pista, que conduce la periodista Mirelvis Gutiérrez, en el que se abordó este punto, específicamente en la zona fronteriza del estado Táchira. Allí se demuestra que los comerciantes no usan prácticamente el bolívar, salvo por transferencias. Todas las operaciones se manejan con pesos  colombianos  o en dólares.

“Lo que se busca es hacer invivible la existencia de los venezolanos. Es terrorismo político puro”, aseveró el presentador.

Uno de los participantes hizo una acotación histórica muy significativa: es en la Venezuela actual en la que no hay masacres ni fosas comunes, pues tales prácticas existieron en la IV República, siendo el momento más destacado el Sacudón de 1989. “Tiene razón y hay que decir que eso cambió cuando llegó al poder Hugo Rafael Chávez Frías, guste o no guste”, recalcó Pérez Pirela.

(LaIguana.TV)