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El guion de atacar violentamente y luego atribuir al gobierno la culpa de la sangre derramada y los daños materiales sigue en marcha en Nicaragua. En las últimas horas, los grupos terroristas se ensañaron contra Masaya, conocida como la Ciudad de las Flores, destruyendo unos 140 pequeños negocios y varias edificaciones públicas y bloqueando la urbe por todas sus vías de acceso, mientras la prensa de la derecha asegura que la población “le puso el candado a la ciudad” por temor a ser agredidos por los cuerpos policiales.

 

La identificación de la policía como el adversario ha permitido a los grupos opositores desatar una persecución de las fuerzas de seguridad, inclusive de los funcionarios que están recluidos en hospitales.

 

Se han registrado varios intentos de linchamiento contra agentes policiales, así como contra civiles identificados como militantes o simpatizantes sandinistas.

 

Un reporte publicado por Radio La Primerísima de Managua indica que Masaya, ubicada a unos 25 kilómetros al sur de la capital, considerada un enclave de la artesanía y de la cultura autóctona nicaragüense, pasó de la prosperidad al caos, tras ser alcanzada por la violencia desatada en Nicaragua hace más de 40 días.

 

Según la radioemisora, los habitantes denunciaron que la violencia delincuencial alcanzó niveles insospechados cuando individuos armados irrumpieron en un hospital y amenazaron e intimidaron a pacientes y trabajadores. “Sin un mínimo de respeto por la tranquilidad de los enfermos y el personal del hospital Humberto Alvarado, sujetos encapuchados, con morteros y armas blancas, invadieron el centro con la excusa de buscar policías antimotines”, relató un funcionario gubernamental.

 

Los sujetos, que son calificados por la prensa opositora como “manifestantes pacíficos” exigieron identificación a cada paciente recluido para descartar que pertenecieran a cuerpos policiales. Se supone que, en caso de ser funcionarios, habrían sufrido algún tipo de represalia. Antes de retirarse, advirtieron al personal médico y de enfermería que tienen prohibido atender a policías, so pena de ser castigados con acciones como la quema de sus viviendas.

 

La radio cita al comisionado mayor Ramón Avellán, quien aseguró que factores de la oposición pagan a los manifestantes entre 300 y 500 córdobas (entre 9 y 16 dólares) para que cometan actos vandálicos y siembren el terror. Indicó que en su mayoría son delincuentes comunes o jóvenes y adolescentes infractores que perpetran tales acciones bajo los efectos del alcohol o drogas, también suministrados por los grupos políticos que están detrás de la operación desestabilizadora.

 

Los medios opositores insisten en asegurar que los cierres de vías son ejecutados por “la población de Masaya” o los “autoconvocados”, aunque en las fotografías y videos solo se observa la acción de grupos de encapuchados, apertrechados con morteros artesanales, máscaras antigás, guantes y otros componentes de la indumentaria que ya se ha hecho tradicional en los países donde se aplica el Manual del golpe suave, de Gene Harp, muy conocida en Venezuela luego de los cuatro meses de violencia guarimbera de 2017.

 

(LaIguana.TV)

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