El presidente de Colombia, Iván Duque, arribó a la ciudad de Cali (suroeste) para encabezar un consejo de seguridad debido a los actos de violencia registrados en la jornada que dejaron varios destrozos y tres personas muertas en un tiroteo a un mes del paro nacional.
 
«El presidente acaba de llegar a Cali (…). Adelantará consejo de seguridad», informó la Presidencia de Colombia en un mensaje a la prensa.
Colombia vivió una nueva jornada de movilización social convocada por el Comité Nacional del Paro (CNP), al cumplirse un mes de las protestas contra medidas impulsadas por el Gobierno, y aunque la mayoría de las manifestaciones fueron pacíficas, en Bogotá se registraron bloqueos y en Cali fueron vandalizados una estación de Policía, incendiada una estación del sistema de transporte público y saqueado un almacén de la cadena Dollar City.
Asimismo, varios sujetos lincharon a un agente de la Fiscalía, a quien acusaron de disparar en contra de manifestantes.
 
La información preliminar indica que hombres que bloqueaban la vía acusaron al agente de estar infiltrado en la protestas y lo atacaron, ante lo cual el funcionario disparó contra dos de ellos y les causó la muerte, lo que derivó en un arremetida contra el agente, a quien lincharon y asesinaron en una calle vecina.
 
Tras el hecho, el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, se pronunció en redes sociales.
 
«Fredy Bermúdez Ortiz, hoy muerto en estos mismos hechos, era un funcionario adscrito al CTI (Cuerpo Técnico de Investigaciones, de la Fiscalía), quien de acuerdo con la información recopilada hasta este momento disparó hacía varias personas, ocasionando la muerte de unos civiles», dijo Barbosa.
Agregó que «debe indicarse que este funcionario ingresó en el año 2012 a la institución y que en el momento de los hechos no se encontraba en cumplimiento de alguna labor propia de su función porque estaba de descanso».
 
Asimismo, señaló que «el señor Bermúdez terminó muerto a manos de personas que se encontraban en el sector de los hechos».
 
Colombia cumplió el viernes 31 días de paro nacional que inició el 28 de abril en rechazo a la radicación en el Congreso de una polémica reforma fiscal y otras medidas impulsadas por el Gobierno, lo que ha derivado en fuertes enfrentamientos entre civiles y policías en diferentes ciudades, así como disturbios, saqueos y actos de vandalismo.
 
Al menos 59 personas han muerto durante las protestas, la mayoría a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 866 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 50 sufrieron lesiones oculares por disparos efectuados por la policía, según denuncias de organizaciones defensoras de derechos humanos.
 
Además, se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.152 personas y se cometió violencia de género contra 87 personas.
 
Por su parte, la Fiscalía informó el 24 de mayo en un comunicado que recibió reportes de 43 muertes en las protestas, y que las pruebas dan cuenta de que 17 de ellas tienen nexo directo con las manifestaciones, hay siete fallecimientos en proceso de verificación y en 19 «hay evidencia suficiente de que no guardan vínculo con las movilizaciones».
 
Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica.
 
(Sputniknews)
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