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La situación de Nicaragua frente a Estados Unidos es mucho más compleja de lo que se observa a simple vista. El país centroamericano se encuentra sometido a un asedio parecido al que sufre Venezuela y en el horizonte inmediato se ciernen amenazas muy serias.

 

Esa situación crítica puede explicar la cautela que ha mostrado Managua en acciones de política exterior, tales como su postura frente a la resolución que pretendía suspender a Venezuela en la Organización de Estados Americanos. El embajador de Nicaragua se abstuvo en la votación, gesto que fue considerado tibio por diversos sectores nicaragüenses y del resto del hemisferio, pues como país aliado de Venezuela, se esperaba que votara en contra.

 

Una revisión del clima geopolítico permite entender mejor la prudencia mostrada por el gobierno de Daniel Ortega Saavedra, que sigue siendo miembro de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

 

Algo ha cambiado

 

Estados Unidos había tolerado a Ortega en la presidencia de Nicaragua, luego de que este retornó electoralmente en 2007. Las autoridades imperiales no habían prestado demasiada atención a sus proclamas socialistas y a sus vínculos con el gobierno de Venezuela y los otros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Todo indicaba que estaban evaluando más sus posturas conciliadoras respecto a la empresa privada interna y a las inversiones extranjeras.

 

Sin embargo, a partir de finales de 2017, la actitud de Washington ha cambiado radicalmente. La mano larga del poderoso imperio se observa en el formato y en el financiamiento de las protestas violentas, disfrazadas de pacíficas, contra el gobierno de Ortega.

 

Asimismo, el Congreso estadounidense está discutiendo una ley destinada a ahorcar financieramente a Nicaragua, mediante el veto de todos los préstamos que el país centroamericano solicite a organismos multilaterales.

 

¿Qué cambió? Si nos guiamos por las declaraciones diplomáticas, la causa del giro en la postura estadounidense es el cuestionamiento al resultado electoral de 2016, que ratificó a Ortega como gran líder el país centroamericano y extendió su mandato hasta 2021.  Sin embargo, esa es tan solo la causa aparente. Hay al menos dos significativas razones geopolíticas para que EEUU se haya replanteado su actitud ante Ortega y se esté embarcando ahora en una riesgosa operación para derrocarlo.

 

Primera razón: la presencia rusa

 

Como en tiempos de la gran confrontación Este-Oeste, Estados Unidos ve con recelo cualquier tipo de cooperación de los países latinoamericanos con potencias del otro hemisferio.

 

En este caso, las reservas estadounidenses se refieren a  la reciente instalación de una estación satelital rusa en la laguna de Nejapa, cerca de Managua. Se trata de equipos de navegación global por satélite (Glonass por su acrónimo ruso), un sistema similar al GPS, pero con tecnología del país euroasiático.

 

La derecha interna y los medios de comunicación del capitalismo hegemónico han hecho esfuerzos para teñir el acuerdo del aire de misterio apropiado para sembrar el miedo en sectores de la población nicaragüense y en los gobiernos de países vecinos. Se le ha presentado como un proyecto militar, reviviendo los viejos atavismos de la era soviética, que Rusia dejó atrás hace ya casi tres décadas.

 

En lo que evoca las películas de espías estadounidenses, algunos comentaristas nicaragüenses señalan que desde la base satelital de Nejapa se puede observar el edificio de la embajada estadounidense en Managua.

 

La población centroamericana es particularmente sensible a esos miedos porque durante casi todo el tiempo de duración de la Guerra Fría (1947 a 1991), ese territorio fue escenario de los llamados conflictos de baja intensidad, golpes de Estado dados “para frenar al comunismo”, invasiones estadounidenses y regímenes dictatoriales atroces.

 

El Pentágono ha acusado a Rusia de usar a Nicaragua para crear una esfera de espionaje militar en las propias narices de EEUU. El jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd (que ha hecho varias declaraciones similares sobre Venezuela), expresó, ante el Comité de Servicios Armados del Senado, en abril pasado que «Rusia mantiene una actitud inquietante en Nicaragua” y advirtió que esto “podría afectar a la estabilidad de la región».

 

Otros aspectos de la colaboración ruso-nicaragüense que les quitan el sueño a los gobernantes estadounidenses son los siguientes:

 

·         Un acuerdo que permite la llegada de buques de guerra rusos a puertos de  Nicaragua, anunciado por el  ministro de Defensa Serguéi Shoigú durante su visita al país centroamericano en febrero de 2015.

 

·         La donación de 50 tanques rusos modelo T-72B1 a Nicaragua. El primero de ellos llegó el año pasado, para escándalo de los medios de la derecha nicaragüense y de las naciones vecinas.

 

Analistas de organizaciones académicas de derecha indican que EEUU teme que esa influencia rusa se disemine como una epidemia en el istmo, pues se ha sabido de acercamientos con las fuerzas armadas de El Salvador y Guatemala.

 

Segunda razón: la presencia china

 

Por si la supuesta invasión rusa no fuera suficiente motivo para desplegar las baterías imperiales contra Nicaragua, hay un segundo actor de gran calado internacional envuelto en la geopolítica centroamericana. Se trata de China, que ha decidido asumir el reto de construir el Gran Canal Interoceánico, que eliminaría el monopolio de Panamá como vía de comunicación marítima entre el Atlántico y el Pacífico.

 

El proyecto se divulgó justamente a finales del año pasado, antes de que comenzaran las tentativas de EEUU por desestabilizar a Nicaragua mediante los recursos del llamado golpe suave o las  revoluciones de colores.

 

China tiene la probada capacidad para hacer ese canal en tiempo récord. De hecho, está en proceso de construir uno en el istmo de Kra, entre el océano Índico y el mar de China, alternativa a la ruta del estrecho de Malaca, más larga y azotada por la piratería en pleno siglo XXI.

 

Desde hace muchos años se sabe que Nicaragua es el lugar apropiado para construir un segundo canal centroamericano, pues los grandes lagos que hay dentro de su territorio funcionarían como parte de la ruta navegable. Por razones estratégicas, EEUU se opone a que dicho canal sea construido con apoyo de naciones rivales en su competencia por la hegemonía planetaria.

 

El de Panamá fue construido por EEUU y estuvo en su poder directo por casi cien años. Luego se entregó formalmente a las autoridades panameñas, pero desde el punto de vista geopolítico sigue bajo control estadounidense.

 

La amenaza de la Nica Act

 

Tanto sus alianzas militares como la elección de socios para construir un canal marítimo deberían ser decisiones soberanas de Nicaragua. Pero EEUU está resuelto a evitar que estas medidas se concreten.

 

En 2016,  la senadora ultraderechista Ileana Ros-Lehtinen y el representante cubano-estadounidense Albio Sires presentaron un proyecto de ley de claros propósitos injerencistas, denominado Nicaraguan Investment Conditionality Act, conocido en los medios como Nica Act. En esa ley se plantea bloquear cualquier préstamo internacional que solicite Nicaragua en organismos  multilaterales en los que EEUU tiene poder de veto, como el Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo.

 

La Nica Act pretende obligar al gobierno de Daniel Ortega a “realizar elecciones libres, justas y transparentes, respetar los derechos humanos y restablecer la institucionalidad”, es decir, la misma letanía que se aplica a Venezuela. 

 

Esa ley fue aprobada en 2016, pero luego perdió vigencia debido a que expiró el período legislativo. A principios de abril de este año, mientras los grupos de choque calentaban las calles, 25 congresistas estadounidenses introdujeron un proyecto de ley aún más duro que el anterior pues aborda aspectos claramente internos como la elaboración de un informe sobre la corrupción en el sector público, con participación de las agencias de inteligencia estadounidenses.

 

Tanto el gobierno de Nicaragua como la Cámara Nicaragüense Americana de Industria y Comercio (AmCham) han contratado empresas de lobby para desarrollar labores de cabildeo en EEUU y tratar de impedir la aprobación de esta legislación.

 

Comentaristas del ámbito diplomático señalan que posiblemente los cabilderos le hayan recomendado al gobierno de Estados Unidos no votar en contra de la solicitud de suspensión hecha nada menos que por el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, pues ello dificultaría sus gestiones para detener o suavizar la Nica Act.

 

(LaIguana.TV)

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