La situación en Colombia se degrada rápidamente y, para Miguel Ángel Pérez Pirela, el que paramilitares equipados con armamento de guerra disparen sobre civiles en la ciudad de Cali, es un indicio de que en la vecina nación puede estarse cebando una guerra civil, asunto que analizó en detalle en la edición 318 de su programa Desde Donde Sea de este lunes 31 de mayo de 2020.
El Estado y los medios le lavan la cara al paramilitarismo
El comunicador relató que se difundieron fotografías y videos de un ataque paramilitar perpetrado contra la población civil –aparentemente, manifestantes–, en el barrio Ciudad Jardín, al sur de la ciudad de Cali, mientras los agresores estaban rodeados por la Policía, en un incidente que dejó siete personas muertas, aunque las autoridades investigan seis casos más.
Asimismo, mencionó que aunque la Procuraduría asumió la investigación sobre la Policía en Cali y se informó que diez uniformados y cinco civiles se encuentran bajo investigación, la acción luce tardía, porque además de la Policía, fuerzas paramilitares están masacrando a la población caleña.
A su parecer, la acción del Estado colombiano es cuestionable, porque tanto el presidente Iván Duque como los funcionarios que deberían asumir las responsabilidades asociadas a estos graves hechos, han optado por «correr la arruga» y lavarse las manos.
Para ilustrar, recuperó las declaraciones del jefe de la Policía Nacional, Jorge Luis Vargas, que a propósito del incidente, dijo: «Hemos actuado oportunamente, identificando tanto a las personas no uniformadas como a los uniformados para que las autoridades y los entes de control actúen oportunamente».
A esta tibia declaración, Pérez Pirela sumó comentarios acerca de la entrevista que la emisora BluRadio le hizo a Andrés Escobar, uno de los civiles que descargó fuego contra sus pares en Cali, que ni siquiera fue imputado por accionar un arma de guerra contra otras personas, sino que, además, fue presentado como un empresario local cuyo accionar era, al menos en alguna medida, justificable.
Cuando fue inquirido por la prensa acerca de una posible acción conjunta entre las fuerzas del orden y la Policía para disolver las manifestaciones, Escobar negó la existencia de un operativo, justificó el ataque señalando que los comerciantes y empresarios «están cansados» de las trancas y las protestas y desean proteger sus locales de la violencia que generan «infiltraciones guerrilleras».
En opinión del comunicador venezolano, el hecho de que este ciudadano no haya sido apresado o neutralizado en el acto por la fuerza pública y que se le contacte para declarar en los medios, es clara demostración de lo que la pensadora Hannah Arendt denominaba la banalización del mal.
Justamente en esto reside, en su juicio, la condición de posibilidad para que se asiente el germen de la guerra civil en Colombia, toda vez que el Estado no solamente consiente el paramilitarismo y masacra a los manifestantes, sino que permite que civiles sean agredidos por otros civiles, por lo que, si la situación se prolonga, lo más probable es que quienes protestan se vean impelidos a responder de la misma manera.
A su parecer, el que periodistas se refieran a los ataques paramilitares en términos de actos ejecutados por «gente de bien que de alguna manera está intentando hacer justicia por cuenta propia», tampoco contribuye a disminuir las tensiones, puesto que es la reproducción de una narrativa clasista que separa a los manifestantes, en su mayoría pobres, de aquellos que, como Escobar, alegando una supuesta «sensación de peligro hacia la integridad de las personas», posicionan como deber ciudadano el «apoyar a la fuerza pública», incluso a través de cuestionables métodos.
«El problema es que esto no es nuevo en Colombia, el problema es que lo que está pasando es que ahora es especta-ocular.(…) Ya no es un apare-ser, es un ser, una realidad que todos estamos conociendo en esa Colombia que se nos vendía como el paradigma de la democracia y los derechos civiles en la región», reflexionó, puesto que ya no es posible ocultar que en ese país se desaparece cotidianamente a ciudadanos y que las fosas comunes, los torturados, así como los desplazados internos y externos, son cosas de todos los días.
Las cuestionables cifras oficiales
El también director de LaIguana.TV también presentó testimonios y declaraciones que dan cuenta de la flaca actuación del Estado colombiano durante la ola de manifestaciones que sacude al país desde el pasado 28 de abril, asuntos que han sido ocultados o minimizados por la múltiple prensa afín al gobierno de Duque, pero que muchos otros se han empeñado en divulgar.
A ese respecto, compartió la denuncia que formularan líderes juveniles en razón de los excesos cometidos por la fuerza pública en Valle del Cauca) y de las transformaciones que han sufrido las manifestaciones.
Uno de los activistas explicó que después de las 8:00 pm, los manifestantes abandonan los espacios de protesta y después de esa hora, civiles con armas de fuego de distinto calibre y radios de comunicación, desplazan por vía violenta a los ciudadanos que se encuentran al frente de las concentraciones y barricadas.
A lo anterior se añaden las discrepancias en las cifras de asesinados durante las jornadas de protesta del paro nacional. Así mientras la Fiscalía de Colombia admite que 17 civiles y dos policías han fallecido en casos relacionados con las protestas y reporta 129 casos de desapariciones, la Organización No Gubernamental Temblores informa de 43 homicidios cometidos por la fuerza pública, con 34 más en verificación y computa 3.405 hechos de violencia policial, lo que da cuenta, en promedio de unas 103 por día.
De su lado, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) suma 65 muertes, 45 de ellas por acción de la fuerza pública, 368 desapariciones, 47 heridos en los ojos y 27 víctimas agresión sexual.
Sobre esto, Pérez Pirela apuntó que pese a las discrepancias en las cifras aportadas por las distintas organizaciones de derechos humanos, la tendencia es al alza y el gobierno colombiano continúa empeñado en desdibujar la realidad.
«Hasta que el Estado colombiano, acostumbrado a hacer lo que le venga en gana con ese pueblo, no le dé un parado a los atentados a los derechos humanos de los colombianos, pero también de atentados económicos a partir de lógicas neoliberales que dejan a los pobres cada vez más pobres y a la oligarquía con cada vez más poder, el problema en Colombia no se va a solucionar», sentenció al respecto.
El cinismo sin límites del uribismo
Tras un mes de protestas masivas en todo el país y a pesar de las múltiples pruebas existentes de abusos y crímenes de las fuerzas del orden contra la ciudadanía, los funcionarios colombianos insisten en eludir su responsabilidad y en achacársela a terceros, como hiciera el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, quien afirmó que las protestas y las cifras que se difunden forman parte de un plan adelantado por organizaciones criminales internacionales, que buscan deslegitimar a Colombia y a su gobierno.
Ruiz acusó a estas «organizaciones criminales internacionales» de «atentar contra el Estado colombiano» y de estar empeñadas «en montar un gobierno de pensamiento distinto», al tiempo que señaló que las muertes acaecidas en las manifestaciones eran «hechos aislados que se presentan por riñas callejeras, por intentos de hurto, de robo, etcétera».
En su juicio, lo dicho por el ministro de Justicia de Colombia, contiene dos aspectos que merecen ser analizados en detalle: de un lado, el que se presente como «normal» que a diario aparezcan cadáveres de jóvenes torturados, que se les asesine en las calles y se les saquen los ojos y que los desaparecidos se cuenten por decenas; de otro, que se estigmatice que los manifestantes deseen elegir una opción política distinta del uribismo, el neoliberalismo, el paramilitarismo y la narcopolítica actuales.
«Están buscando que no se pida solamente frenar las reformas. Esto va a terminar en una guerra civil o pidiendo la renuncia de Duque y elecciones anticipadas», agregó.
Desde su punto de vista, en el mismo registro se inscriben las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aseveró que le «preocupan los civiles armados» en las manifestaciones y dijo que temía que lo ocurrido en Cali se extendiera a otros puntos del país.
Sin embargo, el comunicador recordó que el gobernante Centro Democrático no reconoce a una oposición democrática y no escatima esfuerzos para buscar chivos expiatorios y sacudirse las culpas, aunque salpiquen directamente a lo que él considera «su gente».
Por eso, señaló que la preocupación de Uribe contrasta duramente con sus llamados a defender la propiedad privada por encima de la vida y con el tuit de mensaje encriptado en el que alentaba a erradicar «la revolución molecular disipada», que incluso fue bloqueado por la plataforma Twitter.
Las voces alzadas contra el paramilitarismo, la represión y la militarización del país
El asesinato a mansalva de civiles por parte de otros civiles en Cali, bajo la mirada cómplice de la Policía, así como la creciente militarización y el agravamiento de la represión, desataron una andanada de reacciones de personajes opuestos al uribismo, pero también por parte de instituciones internacionales, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
Al respecto, Pérez Pirela compartió un tuit de la exsenadora y activista por los derechos humanos Piedad Córdoba, quien cuestionó la matriz de opinión según la cual las armas que portaban los paramilitares en Cali, eran de juguete.
También recuperó el trino del senador Iván Cepeda Castro, quien desde el inicio de las manifestaciones ha estado muy activo en las redes sociales, enunciado tajantemente los desmanes gubernamentales.
«Lo pueden intentar explicar o adornar como quieran: civiles disparando al lado de policías, es paramilitarismo», reza uno de sus mensajes. En otro, el congresista se pronunció contra la militarización y contra la aparición de civiles en medio de la avanzada militar, además de denunciar que el decreto 575-2021 –que permite, entre otras cosas, la militarización del país y la sustitución de autoridades civiles por militares–, es «abiertamente inconstitucional».
Por su lado, la oficina de Bachelet emitió un comunicado en el que solicitó una investigación independiente sobre las muertes ocurridos en Cali. En el mensaje que acompañaba el documento, la funcionaria «expresó su profunda preocupación» por los sucesos, llamó al diálogo y al respecto de los derechos humanos y reconoció el deceso de 14 personas.
El senador Gustavo Petro, el más fuerte opositor al mandatario colombiano, compartió una seria denuncia relativa al asesinato de un adolescente de 16 años por parte de la Policía en Cali, evento por el que responsabilizó directamente al ministro de Defensa, Diego Molano.
En juicio de Pérez Pirela, Petro también hace esfuerzos para invitar a la conciliación entre ciudadanos enfrentados. Esa habría sido la razón por la que compartió un video en el que se muestra a un grupo de jóvenes organizados mientras libran a un agente policial de un linchamiento.
Según el portal Contagio Radio, el Comité del Paro, convocante inicial de las protestas e interlocutor de los manifestantes en Bogotá, precisó que con la militarización y violencia, el gobierno bloqueó de facto la negociación y denunció que se ha instalado «un discurso de odio» que se expresa en declaraciones estigmatizantes y en el hecho de que casi 70 personas han sido asesinadas desde que iniciaron las jornadas de protesta, el pasado 28 de abril.
Este grupo, destacó el analista, también denuncia que se desvaneció la «simulada» voluntad de diálogo del gobierno, y estima que las declaraciones de Molano y del ministro de Justicia, son una clara muestra de que no reconocen las exigencias de la movilización como legítimas.
El Comité develó el carácter sustancial de las observaciones, que pretendió incluir el gobierno en el documento contentivo del preacuerdo logrado entre las partes, tras varios días de negociación, señalando que se habría excluido del texto lo relativo al abandono de la militarización y el respaldo de los militares en el control de las manifestaciones, así como la prohibición de uso de las armas de fuego y la apertura de un debate sobre la reforma de la Policía.
El grupo además agradeció las declaraciones de la ONU y de los embajadores de la Unión Europea en las que se invita a superar la crisis por medio del diálogo, sostuvo que acompañan a los gobernadores y alcaldes que se han opuesto al decreto de militarización; aseguran que el paro continúa y convocan a «las más grandes, organizadas y pacíficas movilizaciones» y también a impulsar un diálogo con la juventud sobre las agendas de cambio que la sociedad demanda a gritos en medio de una represión generalizada contra sus voces levantadas.
Las estrategias del gobierno de Duque para sofocar las manifestaciones
Para cerrar la emisión, Miguel Ángel Pérez Pirela comentó algunos datos relacionados con la coyuntura política en Colombia recuperados del portal Alainet, que destaca que la magnitud de la represión es desproporcionada y se corresponde con un conjunto de estrategias deliberadas del gobierno y de la fuerza pública para tratar de sofocar las manifestaciones.
Según se indica en esa fuente, el caso más visible de violencia sexual se dio en la ciudad de Popayán 12 de mayo. Allison Meléndez (17) se encontraba cerca de las manifestaciones registrando los acontecimientos, cuando fue detenida por cuatro policías y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía, lugar donde habría sido abusada sexualmente. Tras ser liberada, la jovencita se suicidó.
Alainet destaca que la divulgación del video de su detención obligó a la Policía a reconocer los hechos, pese a que inicialmente los negó. Allison era hija de un agente policial activo. Los hechos terminaron con la quema de las instalaciones donde presuntamente ocurrieron los vejámenes contra la menor.
Para este portal, lo descrito previamente forma parte de una estrategia que está poniendo en marcha el Estado que consiste en infiltrar las manifestaciones para permitir que grupos paramilitares actúen a sus anchas, como ya sucede en Cali y Yumbo.
En el caso de Allison Meléndez, hasta el momento y pese a las filmaciones, la Fiscalía no ha mostrado los resultados de las investigaciones que dijo que adelanta y, ante la presión, Duque ha reconocido a regañadientes y sin mayor contundencia, los desmanes cometidos por la fuerza pública.
El sitio electrónico indica que el mandatario tampoco se ha pronunciado a favor de la constitución de una Comisión de la Verdad, que con la presencia de delegados internacionales, indague sobre los hechos ocurridos en Colombia.
La segunda estrategia que Alainet identifica, es criminalizar y judicializar a los líderes sociales que han sido activos en las convocatorias y las manifestaciones. El hecho más notorio fue propiciado por el ministro de Defensa, Diego Molano, cuando el pasado 15 de mayo, al finalizar un consejo de seguridad en Popayán, señaló a cuatro reconocidos líderes sociales de ser los instigadores del ataque de la sede de Medicina Legal de esa ciudad.
El exabrupto, mencionó Pérez Pirela, tuvo que ser desmentido por el gobernador departamental y el alcalde de la ciudad. Fue por este hecho y por los asesinatos de manifestantes en las protestas, el funcionario se enfrentó el 25 de mayo a una moción de censura en el Senado.
La tercera y última estrategia que estaría adelantado la administración Duque, es tratar de ampliar su base política con nuevos aliados, incluyendo al Partido Liberal, actualmente encabezado por el expresidente César Gaviria.
Alainet insiste en que la coyuntura es altamente volátil por la proximidad de las elecciones presidenciales y del Congreso e incluso, de hecho, los manifestantes ya le infligieron dos derrotas al gobierno: la salida deshonrosa de la cancillera Claudia Blum y el hundimiento del proyecto de reforma sanitaria, que planteaba profundizar en la privatización del sistema de salud.
Esta fuente sostiene, asimismo, que aunque resulte difícil de creer, Duque aún no está actuando a sus anchas, pues tiene adversarios poderosos ligados al sector empresarial, que no se inclinan a declarar el estado de conmoción nacional.
De otra parte, pese a que la presión de la comunidad internacional no se ha activado contra Colombia como se esperaría, dada la gravedad de los hechos, destaca que un importante bloque parlamentario del Partido Demócrata ha avanzado posturas críticas en relación con los sucesos de Colombia, a las que se suman algunas «voces tímidas» desde la Unión Europea, la ONU y algunos gobiernos de la región, pero, proporcionalmente, la respuesta ha sido precaria.
A modo de conclusión, Pérez Pirela destacó que la cooptación de los órganos de control le ha permitido al gobierno un uso excesivo de mecanismos represivos, sin que eso tenga mayores consecuencias ni dentro ni fuera del país, pues el Fiscal, el Contralor, la Procuradora y hasta el Defensor del Pueblo «son funcionarios de bolsillo del uribismo».
(LaIguana.TV)
