Fatou Bensouda, Fiscal General de la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, aseguró que después de la próxima presentación judicial, su despacho hará pública su posición sobre la denuncia que introdujeran naciones aglutinadas en el Grupo de Lima acerca de la comisión sistemática de presuntas violaciones a los derechos humanos por parte del Gobierno de Venezuela. 

En una entrevista concedida al periodista Marc Perelman para la agencia France24, Bensouda dijo que su despacho había avanzado «significativamente» sobre el caso de Venezuela. 

En adelanto de lo que ya parece un hecho consumado, pues anunció que su pronunciamiento ocurrirá antes de que abandone el cargo en julio, avanzó que «se han cumplido la mayoría de los criterios para la apertura de una investigación preliminar». 

Lo inusualmente expedito de este procedimiento –tres años–, así como las evidentes motivaciones políticas de los denunciantes, reconocidos agentes de la desestabilización del gobierno del presidente Nicolás Maduro, impulsaron a que el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, denunciara que la oficina de Bensouda no había cooperado suficientemente con las autoridades venezolanas en el esclarecimiento de las graves acusaciones y que el país estaba recibiendo un trato discriminatorio en la CPI.  

Para fundamentar su versión, Saab señaló que el Estado venezolano había presentado cinco informes ante la Fiscalía de la CPI desde noviembre de 2020 y, a la fecha –27 de mayo de 2021– no había recibido respuesta alguna.  

Esa oficina tampoco envió delegaciones para investigar los hechos en el terreno, a pesar de que las autoridades venezolanas cursaron formalmente la solicitud. 

Adicionalmente, el funcionario venezolano comparó la duración de los procesos de examen preliminar que sigue la CPI en contra de Colombia y Guinea, que datan de 16 y 11 años y contrastó la actuación del ente en el caso venezolano, cuyas autoridades andan «a ciegas» y no disponen de la hoja de ruta correspondiente, como sí sucede en los otros dos casos.  

Entonces, Saab dijo que aspiraba que la Fiscalía de la CPI no basaría «sus consideraciones en un examen preliminar sobre documentación extraída ilegalmente y aceptaría fuentes de información y denuncia que se acrediten como parciales, obrantes bajo mala fe o sin rigor probatorio alguno» y exigió que la institución actuara conforme a lo establecido por el Derecho Internacional, que garantiza que los Estados puedan defenderse.   

Ante esto, Bensouda salió al paso, negando la especie: «Mi oficina y yo hemos apoyado ampliamente a Venezuela y sus altas autoridades se han reunido con nosotros», aseguró.  

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la Organización No Gubernamental Human Rights Watch (HRW), sostuvo en una entrevista concedida a Radio Rivadavia de Argentina, que «probablemente» la Fiscalía de la CPI anunciaría «a mediados de junio» si este caso que se sigue contra el país avanzará a la fase de investigación, lo que se compadece con lo dicho por la Fiscal de la CPI a France24. 

De otra parte, Fatou Bensouda no se pronunció sobre el caso Venezuela II, en el que el Estado venezolano denunció al gobierno estadounidense por la comisión de crímenes de lesa humanidad por medio de la imposición de medidas coercitivas unilaterales, pese a que la Fundación Latinoamericana por los Derechos Humanos y el Desarrollo Social (Fundalatin), organización de derechos humanos asentada en el país, presentó esta semana en La Haya nuevos casos de víctimas del bloqueo sobre Venezuela.  

(LaIguana.TV)