El Comité Nacional del Paro (CNP) de Colombia, que desde el pasado 13 de mayo mantenía una serie de reuniones con el Gobierno para poner fin a las manifestaciones que se mantienen en el país desde el 28 de abril, suspendió unilateralmente el domingo la interlocución con el Ejecutivo.
«Hoy el Comité ha decidido suspender unilateralmente la interlocución en la mesa de diálogo. Nosotros, el Gobierno estamos listos», aseguró el Ejecutivo en un comunicado difundido por la oficina de Emilio Archila, alto Consejero para la Estabilización y quien actúa como vocero negociador del Gobierno con el CNP.
Ambas partes mantenían diálogos sin mayores avances, pero con la voluntad de continuar, según habían expresado.
De hecho, la última información entregada a los medios era que el domingo a las 15.00 hora local (20.00 GMT) los representantes del Gobierno y los voceros del CNP se reunirían una vez más en un centro de convenciones en el norte de Bogotá.
Sin embargo, a las 17.39 hora local (22.39 GMT) la oficina de Archila dio a conocer la suspensión unilateral por parte del CNP, que aún no se pronuncia sobre su decisión.
«Tenemos todas las instrucciones del presidente (Iván Duque) para llegar a un texto de garantías y, sobre todo, para avocar los temas del Pliego. El CNP ha dejado al país en mora de soluciones y, sin haber condenado los bloqueos», señala el comunicado, que fue leído a la prensa por el Consejero Archila.
Desde semanas atrás el Ejecutivo insiste en que las principales centrales obreras del país (que integran el CNP) intermedien para que se levanten los bloqueos en diferentes carreteras como única condición para avanzar en las negociaciones, mientras que el CNP sostiene que los cortes de rutas son legales en medio de la protesta y que el Gobierno debe retirar a militares y policías de varios municipios como muestra de garantías para la protesta social.
«Dado que el Comité del Paro no representa a toda la población que protesta, mantendremos todos los otros espacios con todas las otras representatividades, se fortalecerá el diálogo con jóvenes y en las regiones y, a pesar de lo que hacen hoy, (estamos) igualmente abiertos a explorar con el CNP», dijo Archila al leer el comunicado.
El funcionario remarcó que «el Gobierno refrenda su voluntad de diálogo».
En días pasados, el CNP anunció que el 24 de mayo se logró un preacuerdo con el Gobierno, pero que después el propio Ejecutivo lo cambió, lo que terminó por dilatar aún más los diálogos.
Al respecto, el comunicado del domingo señaló que dicho documento era un borrador, «el cual siempre se entendió como sujeto a revisión por ambas partes, lo que implicaría más trabajo, revisiones y variaciones», ya que el texto «necesitaba incluir que los colombianos no deberían padecer las consecuencias nefastas de los bloqueos».
Aunque el CNP no ha rechazado los bloqueos, como se lo pide el Gobierno, sus voceros señalaron en días pasados que gracias a su mediación varias vías fueron desbloqueadas.
«Se avanzó mucho y el jueves 3 de junio se habían logrado concordancias significativas. Pero el viernes, el CNP (…) nos trasmitió que no obstante los avances y a pesar de que las dos partes habíamos acordado esta forma de trabajo, ahora les parecía que ya no era apropiada y que el Gobierno debería firmar el borrador del 24 de mayo», señala el texto leído por Archila el domingo.
Además, según la versión del Gobierno, el CNP introdujo una petición sobre el decreto 575 de 2021 que implicaba una nueva discusión, ya que pide que se retire el Ejército y la policía de varios municipios, luego de que el 28 de mayo Duque anunció la «asistencia militar» en diferentes zonas debido a los actos de violencia y vandalismo ocurridos ese día al término de las manifestaciones, lo que es interpretado por el CNP y la oposición como una «conmoción interior disimulada».
Según denuncias de la Campaña Defender la Libertad un Asunto de Todas, una organización defensora de derechos humanos, entre el 28 de abril y el 4 de junio al menos 77 personas han muerto durante las protestas en Colombia, 34 de ellas a manos de efectivos de la Fuerza Pública, y 1.246 civiles han sido heridos, de las cuales al menos 74 sufrieron lesiones oculares, mientras que suman 87 los casos de personas heridas por armas de fuego.
Los datos, que fueron revelados el domingo, muestran además que en poco más de un mes de paro se detuvo de manera arbitraria al menos a 2.808 personas y se cometió violencia de género contra 106 personas.
Por su parte, la Fiscalía informó el 31 de mayo en un comunicado que recibió reportes de 48 muertes en las protestas, y que las pruebas dan cuenta de que 20 de ellas tienen nexo directo con las manifestaciones, hay nueve fallecimientos en proceso de verificación y en 19 «hay evidencia suficiente de que no guardan vínculo con las movilizaciones».
Ante las denuncias de abusos por parte de la Policía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y organizaciones de derechos humanos, entre otros, han denunciado ante la comunidad internacional un uso desproporcionado de la fuerza publica.
A raíz de esos hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegará el lunes a Bogotá para iniciar una verificación de la situación de los derechos humanos en el país, proceso que realizará entre el martes 8 y el jueves 10, indicó a Sputnik la oficina de prensa de dicha comisión.
(Sputnik)
