El esfuerzo del Gobierno estadounidense para reunir a las familias migrantes separadas por la administración anterior ha tenido pocos resultados, con solo siete niños reunidos con sus padres por un grupo de trabajo lanzado en febrero, en un caso que implica a miles de menores.
Según un informe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) publicado este martes, se tiene previsto reunir a otras 29 familias en las próximas semanas.
El presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva poco después de asumir el cargo que estableció un grupo de trabajo para reunificar a los niños separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México bajo el exmandatario Donald Trump.
Durante la gestión del magnate estadounidense, más de 3.900 menores migrantes fueron separados de sus padres en la frontera con México durante la política de “tolerancia cero”.
«El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está comprometido con la tarea de reunir a las familias separadas cruelmente por el gobierno anterior», señaló en un comunicado el titular de dicho departamento, Alejandro Mayorkas.
El conteo del grupo de trabajo para la reunificación familiar del Gobierno de Biden, de 3.913 menores separados entre el 1 de julio de 2017 y el final de la presidencia de Trump, está muy por debajo de los más de 5.500 identificados por la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU) en documentos judiciales, basándose en información gubernamental.
El grupo de trabajo dijo que identificó a “casi todos” los menores que fueron separados con base en esa política, pero que revisará otros 1.723 casos desde julio de 2017, lo que podría elevar el número total de expedientes examinados a 5.636, más parecido al conteo de la ACLU.
La discrepancia parece radicar principalmente en el fallo de una corte federal en San Diego, que excluyó a 1.723 niños que fueron apartados por otros motivos, como el riesgo de que estuvieran en peligro o de que hubiera dudas sobre paternidad.
La administración Trump dividió a miles de familias migrantes bajo una política general de «tolerancia cero» que pedía el enjuiciamiento de todos los que cruzaban la frontera no autorizados en la primavera de 2018.
Los defensores y los defensores del gobierno han descubierto que las separaciones comenzaron antes y continuaron después de la política.
(teleSUR)