Citgo Petroleum, filial de Petróleos de Venezuela asentada en la ciudad de Houston, acordó pagar al fisco estadounidense una indemnización de 19,6 millones de dólares por el daño ambiental que sufriera la cuenca del río Calcasieu desde que la compañía instalara un mecanismo de tratamiento de aguas residuales procedentes de su refinería de Lake Charles en 2006, reportó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en un comunicado.

Esta fuente, citando el contenido de la demanda conjunta que presentaran autoridades federales y del estado de Luisiana contra la compañía venezolana, aseguró que «Citgo descargó millones de galones de aceite de desecho (desechos) y aguas residuales aceitosas de dos tanques de aguas residuales y marejadas ciclónicas de diez millones de galones en su instalación de tratamiento en la refinería de Lake Charles», lo que ocasionó que unas 150 millas de la costa se contaminaran» con el petróleo de Citgo, incluidas áreas residenciales y pantanosas».

Las consecuencias ambientales que, se sostiene, trajo este derrame de desechos del petróleo, ocasionó la muerte de «aves, peces y otras formas de vida acuática, contaminó hábitats acuáticos y costeros, forzó el cierre del canal de navegación e interrumpió el uso recreativo del río y los lagos afectados».

«Las compañías petroleras tienen la responsabilidad de proteger nuestras aguas, personas, vida silvestre y diversos hábitats de los derrames de petróleo, y aquellos que violen ese deber serán responsables de los daños que causen», dijo el fiscal general adjunto interino Jean E. Williams para la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Departamento de Justicia.

Por su parte, Alexander C. Van Hook, fiscal federal para el Distrito Oeste de Luisiana, indicó que «si bien los productores de petróleo y gas son una fuente importante de empleo en Luisiana», están obligados a proteger el medio ambiente y a utilizar los recursos naturales «con prudencia». «Este acuerdo envía una clara señal de que quienes contaminan nuestro medio ambiente serán responsables», añadió.

Trascendió que el dinero de la multa será usado «para planificar, diseñar y realizar proyectos de restauración para compensar los daños causados por el derrame de petróleo» y que Citgo también deberá sufragar los gastos asociados con «la evaluación de lesiones pendientes de pago de los fideicomisarios», cuyo monto supera los 528.000 dólares.

Según se refiere en el texto divulgado por el Departamento de Justicia, un tribunal de distrito dictaminó que el daño ambiental fue una consecuencia de «la negligencia grave de Citgo en la operación y mantenimiento de su planta de tratamiento de aguas residuales y la falta de capacidad adecuada de almacenamiento y tratamiento».

Concretamente, se alega que «durante años», la compañía venezolana no utilizó adecuadamente los tanques de almacenamiento de aceites, lodos y aguas residuales y habría sido esta la causa fundamental para que, durante una tormenta, se desbordaran «al menos 54.000 barriles de aceite residual» y una cantidad incontable de «millones de galones de aguas residuales aceitosas» y fluyeran hacia las cuencas fluviales cercanas.

Con base en estos indicios, la corte «determinó que Citgo ‘no parece haber reconocido la importancia del cumplimiento, el control de la contaminación, la responsabilidad ambiental y el deber general impuesto a las empresas para operar de manera segura'», en tanto aunque se produjo un derrame de petróleo «masivo y excesivo», la empresa «no informó a la Guardia Costera de la verdadera naturaleza del incidente».

Entonces, se impuso a la compañía que implementara correctivos «sustanciales para mejorar la capacidad y las operaciones de almacenamiento y tratamiento de sus instalaciones de tratamiento de aguas residuales», además de pagar una multa de tres millones de dólares al Departamento de Calidad Ambiental de Louisiana y otra multa de 81 millones de dólares. Empero, Citgo se declaró culpable y el pago se redujo a 13 millones de dólares.

Finalmente, el Departamento de Justicia precisó que «el decreto de consentimiento propuesto está sujeto a un período de comentarios públicos de 30 días y a la revisión y aprobación del tribunal».

Recordemos que desde hace unos tres años, esta filial de PDVSA en Estados Unidos se encuentra bajo la administración del exdiputado Juan Guaidó, quien con el consentimiento de ese país, ha nombrado juntas directivas ad hoc, cuyas gestiones han sumergido a la compañía en la inoperancia, pérdidas económicas y pugnas internas por le poder.

(LaIguana.TV)