El alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, José Vicente Rangel Ávalos, denunció ante la Contraloría General de la República (CGR) a su antecesor, Carlos Ocariz, «por la realización de actos, hechos y omisiones en el ejercicio de su cargo durante el período 2014-2017», que afectaron el patrimonio de la jurisdicción.
Desde la sede de la contraloría, en Caracas, Rangel Ávalos indicó que el procedimiento abarca además a 18 directores y presidentes de institutos municipales de la anterior gestión, quienes cometieron «hechos delictivos que han afectado significativamente la calidad de vida de los habitantes de la localidad».
«Al exalcalde Ocariz y su tren ejecutivo se les fue la gestión conspirando contra la economía del país, el gobierno y el pueblo venezolano y utilizando los recursos de los habitantes del municipio Sucre para financiar sus estructuras políticas e instigar a la violencia; por esto y otras razones, exigimos a la justicia que investigue para que castigue a los culpables», expresó.
Detalló que desde su llegada a la alcaldía, a fines de 2017, se encontraron con diversos casos como el cierre de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), de radiología y quirófanos del Hospital Ana Francisca Pérez de León 1, la desaparición de ambulancias del recinto hospitalario y el deterioro de más del 80% de su infraestructura, así como falta de equipos e implementos médicos.
«Tenemos que ver que, por falta de mantenimiento en el hospital, hoy día las inversiones para recuperarlo y poderlo reabrir deben ser multimillonarias», subrayó el alcalde.
En esa línea, denunció el desmantelamiento de la policía del municipio: sólo están activas dos unidades de patrullaje de las 149 registradas en inventario y cinco motos de las 216 contabilizadas. A ello se suma la la falta de armas reglamentarias y equipos de trasmisiones.
Con respecto a los servicios públicos, de 53 recolectores de basura en este momento solo hay tres operativas y tampoco existen camiones cisternas ni bombas de agua para satisfacer la demanda.
«También pedimos que se estudie la asignación de pagos fantasmas por la recolección de desechos sólidos que nunca se realizó», resaltó el alcalde, tras indicar que la gestión de Ocariz pagaba por recoger 45.000 toneladas de basura al mes, cifra que no coincide con la real, que es 25.000 toneladas.
«No se invirtió ni en salud, ni en agua, ni en seguridad, solo se hizo en la recolección de desechos sólidos y se consiguieron irregularidades en las contrataciones, ya que se otorgaron adjudicaciones directas sin consultas de precios ni la documentación requerida», agregó Rangel.
Al respecto el contralor general, Manuel Galindo Ballesteros, anunció que en 30 días la CGR dará respuesta a la denuncia; en caso de que se determine alguna responsabilidad penal, el caso será remitido a la Fiscalía General para su investigación.
(AVN)
