Samark López, empresario venezolano sindicado por Estados Unidos de fungir como supuesto «testaferro» del ministro Tareck El Aissami, demandó al departamento del Tesoro de los Estados Unidos por emprender una campaña falsa en su contra, en la que se le acusa de ser un «narcotraficante» de talla internacional, recoge The Associated Press (AP).
En un trabajo periodístico firmado por Joshua Goodman, se precisa que en la demanda presentada por López ante la corte federal de Washington este martes, se indica que las sanciones que le impuso la administración Trump en 2017 a partir de las cuales fue designado como «capo de la droga», mermaron su «riqueza», afectaron su «reputación» y comprometieron su sustento económico.
Tanto López como El Aissami, entonces vicepresidente de Venezuela, fueron sancionados el mismo día por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), tras lo cual un tribunal federal de Nueva York los acusó penalmente «por supuestamente violar esas sanciones cuando utilizaron a varios proveedores con sede en Miami para organizar vuelos fletados a Rusia y otros lugares», recuerda Goodman, quien añade que ambos fueron incluidos en 2019 en la lista de fugitivos más buscados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Para sustentar su demanda, el empresario venezolano no solamente sostuvo su inocencia, sino que alegó que ni él ni el Ministro han sido acusados formalmente por la justicia estadounidense de traficar estupefacientes o de lavar dinero.
Como argumento en favor de la supuestamente mal habida fortuna de Samark López, AP refiere que posee en suelo estadounidense activos valorados en «más de 160 millones de dólares», incluyendo «un jet Gulfstream 200, dos yates y una mansión de 12,5 millones en Miami», si bien no se ha establecido que estos bienes tengan un origen ilícito.
Pese a ello, las propiedades fueron incautadas por tribunales estadounidenses y entregadas a otros particulares que siguen demandas en contra de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), grupo al que la justicia de Estados Unidos acusa de haber financiado sus actividades por medio del tráfico de drogas.
Empero, la agencia reconoce que «las sanciones de 2017 contra López y El Aissami no mencionan al grupo rebelde colombiano, incluso cuando vinculan a El Aissami con los supuestos cargamentos de cocaína llevados a cabo por los cárteles mexicanos, así como por narcotraficantes colombianos y venezolanos previamente imputados».
Estas acusaciones han sido negadas reiteradamente por El Aissami y a la fecha, ningún funcionario estadounidense ha aportado una prueba al respecto.
En la demanda del empresario contra el Tesoro se asegura, que «las acusaciones de la OFAC y sus pruebas de apoyo son falsas, si no totalmente fabricadas» y se destaca que López es «un hombre de negocios internacional cuya reputación ha sido difamada y cuyo sustento ha sido seriamente amenazado por las acciones ilegales y las denuncias difamatorias de los demandados».
También se alega que «no pudo haber actuado en nombre de un narcotraficante, como alega Hacienda, porque El Aissami no era un traficante sancionado en el momento de sus supuestos negocios juntos», sintetiza el trabajo periodístico.
Goodman consultó con Russ Dallen, considerado un experto en los litigios que se avanzan contra Venezuela en tribunales estadounidenses y jefe en Caracas de Capital Markets, una compañía asentada en Miami, y este le aseguró que «la demanda de López puede tener más que ver con el acceso a la inteligencia clasificada que tiene el gobierno de los Estados Unidos»
Dallen comparó el caso con el del empresario ruso Oleg Deripaska, recientemente desestimada en una corte federal que dictaminó la legalidad de las acciones de los funcionarios de Washington, pues López está siendo representado por el mismo abogado, un experto en sanciones llamado Erich Ferrari.
AP aclara que «a diferencia de los procesos penales, las personas objeto de sanciones no tienen los mismos derechos» que los ciudadanos y se pueden socavar tanto el debido proceso como el acceso «a las pruebas y la información». Sin embargo, añade la agencia de noticias, «las designaciones que se consideren arbitrarias o un abuso de discreción se consideran ilegales».
Esta fuente admite que en la demanda presentada por López se resalta que la presunta evidencia en su contra proviene de trabajos periodísticos sesgados.
Así, uno de los propósitos de los demandantes es conseguir una orden judicial que permita revelar «parte de los memorandos muy redactados» –sesgados y poco documentados– que utilizó la OFAC para sancionar a López y tildarlo de narcotraficante.
Según Goodman, el departamento del Tesoro de los Estados Unidos se negó a declarar sobre el caso.
(LaIguana.TV)
