El punto es muy simple: al Estado le preocupan los daños colaterales masivos que sufriría la población civil en un eventual enfrentamiento abierto, mientras los delincuentes tienen en esos daños potenciales su principal ventaja. Usan a la gente de sus enclaves como escudos humanos.
Esta es una de las claves del conflicto de seguridad más acuciante del momento en Caracas: la existencia de bandas con características paramilitares que se han atrincherado en sectores populares intrincados donde ejercen un poder omnímodo y desde los cuales realizan incursiones, cada vez más frecuentes y violentas, hacia zonas de la ciudad formal.
Cada vez que se registra un nuevo episodio de la acción impune de las bandas criminales en las zonas que controlan en Caracas y otros grandes entornos urbanos, aparece la exigencia de «mano dura». Se acusa a las autoridades de permitir estos crímenes o de ser incapaces de someter a los célebres jefes de las organizaciones criminales.
Expertos del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz estiman que lo más grave del problema es que seguirá agravándose mientras no haya una respuesta contundente, pero la hipótesis de que se lleve a cabo esa respuesta es mucho peor, sencillamente, catastrófica.
El extraordinario poder de fuego que estas bandas han logrado acumular obliga a los cuerpos policiales a evitar el escenario de una toma de las barriadas donde operan estos grupos, pues se desataría una situación semejante a la de una guerra convencional con la población inerme en medio del fuego cruzado. Ya ha habido escaramuzas que permiten imaginar lo que ocurriría si la fuerza pública intentara una acción a gran escala.
La lucha contra las bandas criminales es claramente desigual debido a este factor. Es una guerra asimétrica. Se asemeja a una situación de rehenes en la que intentar un rescate a sangre y fuego implica un altísimo costo en vidas inocentes.
El problema de la población civil
La población de las zonas controladas por las bandas no es un todo homogéneo ante el cual valga una respuesta única. Hay varios subgrupos:
Inocentes sometidos por el terror. Gente que reside en estos barrios, que han ido construyendo y desarrollando sus viviendas durante años o décadas, trabajan en la misma zona o en otras de la ciudad. Se incluyen acá los pequeños comerciantes que deben pagar protección a los pranes.
Familias vinculadas a los jefes de las bandas o con integrantes que forman parte de ellas. Los denominados pranes son nativos de sus comunidades. Han forjado su liderazgo negativo con actividades criminales en el seno de sus barriadas, dirimiendo disputas territoriales y de negocios ilícitos con otros delincuentes. Sus familias se encuentran radicadas allí. Lo mismo pasa con los lugartenientes de los pranes (luceros en la jerga carcelaria) y con el resto de los integrantes de las bandas. Por razones obvias, esas familias forman redes de inteligencia y contrainteligencia que actúan a favor de la organización criminal desde las entrañas mismas de la comunidad.
Gente que siente simpatías por la «gestión social» de las bandas. En muchos casos, los pranes actúan como benefactores de la comunidad en general o de personas o familias en dificultades, generando lazos de agradecimiento y simpatía. Más allá de emergencias y necesidades básicas, son frecuentes las grandes fiestas, en las que la banda aporta las bebidas, las drogas y los grupos musicales, incluyendo algunos de renombre nacional e internacional.
Líderes sociales positivos. Las personas que desempeñan funciones de liderazgo social y político se abstienen de actuar o se ven obligados a huir de la comunidad porque ellos mismos o sus familiares corren riesgo de muerte, bajo la acusación de ser confidentes de la policía.
Esta complejidad social hace difícil incluso las operaciones de infiltración y de intervención «quirúrgica» que se consideran recomendables en el combate de mafias, pandillas y bandas criminales en todas partes del mundo.
Por otro lado, la infiltración en el sentido opuesto (de las bandas hacia los cuerpos policiales) es una realidad latente lo que implica un gran riesgo para los funcionarios honestos. La corrupción orgánica en entes de seguridad es reconocida por los expertos del Ministerio como un factor clave.
Bandas mutantes
Los estudios criminalísticos indican que hay una mutación de las bandas en los últimos años, que responde a factores como:
–Nuevos códigos y antivalores que ponen por encima la organicidad delictiva para generar mayor rentabilidad del delito.
-Incidencia de modelos exógenos por importación de actores (colombianos, mexicanos, centroamericanos) que vinieron a modificar los métodos delictivos y hacerlos más sanguinarios y contundentes.
-Influencia mediática que naturaliza en la población juvenil destinataria los antimodelos del narco, el paraco, el tratante de personas o el traficante de armas.
Guerra mediática también asimétrica
La confrontación con las bandas delictivas urbanas es también muy asimétrica en su vertiente mediática.
Los medios globales y los locales de la llamada «prensa libre» (financiada por agencias de Estados Unidos, Reino Unido y otros países) actúan como los grandes propagandistas de estas bandas y sus jefes, a quienes han convertido en celebridades que a menudo encabezan las listas de tendencias en las redes sociales.
La operación mediática va en dos sentidos aparentemente opuestos:
Primer sentido. Cuando las bandas desarrollan sus acciones en sus propios enclaves o fuera de ellos, presentan las informaciones haciendo énfasis en la impunidad con la que actúan los delincuentes. Señalan que es una muestra de la falta de control territorial del Gobierno, una señal de Estado fallido. Al destacar la libertad de acción de las bandas hamponiles, exigen a las autoridades que intervengan, sumándose así a la operación de provocación.
Segundo sentido. Cuando el Gobierno ha ejecutado intervenciones en estas zonas bajo dominio de las bandas, los medios cambian la frecuencia y pasan a denunciar supuestos excesos, uso desmedido de la fuerza, allanamientos no autorizados, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
Para llevar a cabo esta segunda función, los medios cuentan con fuentes como ciertas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos (alguna de ellas también financiadas oír EE.UU. y otros gobiernos extranjeros); voceros de la Iglesia católica y, por supuesto, familiares de los detenidos.
En las versiones de esta prensa que primero reclama respuesta de las autoridades, todo lo que hagan los agentes del Estado es signado como ilegítimo, mientras los sujetos abatidos o privados de libertad son presentados invariablemente como jóvenes inocentes, trabajadores y deportistas.
Los relatos sostenidos por las ONG y difundidos como verdad absoluta por los medios opositores son tomados como insumos por la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet y por otros entes internacionales para elaborar sus informes en los que los individuos, armados con pertrechos de guerra, que resultan muertos en enfrentamientos con la fuerza pública son ubicados en las listas de presuntos crímenes de lesa humanidad.
Esta conducta ambivalente y acusadora de los medios, de las ONG y de los organismos internacionales se establece, así como otra razón que tienen los cuerpos de seguridad del Estado para no actuar ante las bandas. Saben que si aplican la tan solicitada «mano dura» van a ser criminalizados.
El componente político
Otro aspecto del problema de las bandas delictivas urbanas es que cada vez se hacen más evidente sus vínculos con los actores de la desestabilización política.
Basta recordar que varios de los más recientes capítulos de las acciones de estos grupos han sido maniobras de diversión para eventos mayores de la guerra geopolítica contra Venezuela. A finales de abril y comienzos de mayo de 2020, justo antes de la fallida Operación Gedeón, las bandas de Petare sostuvieron varios días de supuestos enfrentamientos que mantuvieron aterrorizados a los vecinos de la zona. Este año, los movimientos en la Cota 905 fueron el preludio de las acciones de guerra en Apure.
Las actuaciones de las bandas y de sus jefes son prácticamente aplaudidas por los dirigentes de la oposición extremista y para muchos militantes, desde una posición tan ambivalente como la de los medios y las ONG.
El peligro de que las organizaciones criminales sean instrumentos de la ultraderecha violenta ha sido advertido desde hace mucho tiempo. Uno de los autores se estas advertencias es el exdiputado Adel El Zabayar, quien aseguró, en septiembre del año pasado que, si no se mete en cintura a estos grupos armados, debemos prepararnos para diez años de guerra.
El Zabayar, quien participó como combatiente voluntario en la defensa de Siria, advirtió que ese tipo de bandas paramilitares fueron una suerte de ejército informal de la invasión extranjera que encabezó EE.UU. contra el país árabe.
«Existe una larga lista de organizaciones que manejan los cuerpos de seguridad, que han tomado control de varias regiones del país, incluso hay lugares donde los cuerpos de seguridad han sido expulsados, y son zonas neurálgicas que pueden representar un peligro para la región capital, como lo son la salida a Oriente, Occidente, Cota 905 y otros lugares. Es decir que tienen la capacidad de secuestrar Caracas y aplicarle una especie de alicate», dijo El Zebayar.
Añadió que desmantelar a los grupos armados requiere voluntad y determinación por parte del Estado. «Habrá fuertes consecuencias, pero el Estado tiene la posibilidad hoy de retomar el control en corto tiempo, es decir, dos o tres años, pues estos grupos ya avanzan en una articulación muy compleja. Para los sirios fue demasiado tarde, y llevan nueve años y quizás requieran otros cinco más de guerra para acabar con los mercenarios terroristas. Creo que retrasar las operaciones un año más, sería comprometer el país a una guerra de diez años, ya que estos grupos se habrán desarrollado, potenciado y ocupado más extensiones, en lugares estratégicos del país», alertó.
(Clodovaldo Hernández / LaIguana.TV)
